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Más de 50 mil firmas exigen a la FEADLE que consigne a Adrián Rubalcava por ataques a medios

Sin Embargo

 

Por Redacción / Sin Embargo

 

Noviembre 24, 2015

 

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).– Son 50 mil firmas en la plataforma Change.org. La petición fue lanzada el 25 de agosto pasado por la organización internacional Artículo 19. Exige que la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, y el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Nájera Herrera, consignen ante un juez a todos los involucrados en la red de acoso que opera contra periodistas y medios de comunicación.

El principal involucrado, de acuerdo con las escuchas telefónicas ordenadas por un juez federal a petición de la Policía Federal (PF) y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), es Adrián Rubalcava, un Diputado local y antes Delegado de Cuajimalpa. La investigación también involucra directamente a Alejandro Zapata, empleado de Rubacava, y Juan Carlos Zaragoza Ríos, un ex trabajador de Televisa despedido por esta empresa de comunicaciones luego de que se diera a conocer que operó, por encargo, ataques medios, periodistas y políticos.

Adrián Rubalcava pertenece al partido del Presidente Enrique Peña Nieto, el Revolucionario Institucional (PRI).

La investigación fue congelada por la FEADLE, aunque fue trabajo de casi un año de la Policía Federal. Ricardo Nájera Herrera, el fiscal, no ha explicado aún por qué. La única vez que se ha dirigido públicamente sobre el caso –25 de agosto pasado–, dijo que la FEADLE “buscará la ‘verdad histórica’”, un concepto utilizado por el ex Procurador Jesús Murillo Karam para definir el expediente con el que pretendió cerrar el caso de los 43 normalistas desaparecidos.

La FEADLE depende de Eber Omar Betanzos Torres, quien fue nombrado Subprocurador de derechos humanos de la PGR en mayo de este año.

A finales de septiembre, a raíz de que SinEmbargo, Proceso, Aristegui Noticias, Zeta de Tijuana y otra docena de medios mexicanos dieran a conocer la investigación federal, Rubalcava, ahora Diputado local, presentó siete recursos de amparo en contra de cualquier orden de aprehensión, búsqueda o localización giradas en su contra por la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Seguridad y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión y para evitar escuchas telefónicas por parte de la Policía Federal (PF), la misma PGR y CNS.

Un juez decidió negarle todos los amparos. Los estrados electrónicos del Poder Judicial de la Federación dan cuenta que el juez de la causa sobreseyó los juicios de amparo desde hace una semana, por lo que al no haber impugnaciones o quejas por parte de los involucrados, es una resolución firme que ha causado estado, es decir, que ya no es controvertible.

La organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión detalla en la petición que los portales informativos Aristegui Noticias, SinEmbargo, Cuna de Grillos y otros medios y periodistas fueron atacados en reiteradas ocasiones por una red identificada por una investigación encabezada por la Unidad Científica de la Policía Federal, con ayuda de un juez federal.

Esta red se dedica al acoso de periodistas y políticos incómodos. Juan Carlos Zaragoza Ríos fue grabado por la Policía Federal cuando ordenaba un video para inventarle, a un político veracruzano que dejó el PRI, que había engañado y violado a un menor de edad. Otros muchos casos similares quedaron documentados por durante el periodo de escuchas autorizado por un juez federal.

La red de acoso recurre a la difamación desde el anonimato. Un audio capturado por la Unidad Científica de la Policía Federal descubrió que además de políticos, periodistas han sido acosados con campañas en redes sociales. Además de SinEmbargo, el periodista Francisco Zea de Cadena 3 fue víctima de una campaña de acoso por cuando denunció un caso de presunto abuso que involucra a un hermano del ex Delegado de Cuajimalpa Adrián Rubalcava.

Se desconoce si las autoridades investigan la red de financiamiento de la cadena de acoso. Hasta el momento, la FEADLE no ha dado ningún avance en el expediente, a pesar de que lleva más de medio año que le fueron entregadas las pruebas.

Rubalcava ha sido relacionado a una organización criminal que se dedica al secuestro y la extorsión, denominada “Los Claudios”.

Tampoco se sabe si esa conexión es investigada por la PGR.

Artículo 19 exige que ahora se integre el expediente con responsabilidad, y se consigne al menos a los principales cuatro involucrados en este caso de ataques a la prensa:

  1. Adrián Rubalcava Suárez, un político vinculado, con anterioridad, a un grupo criminal conocido como “Los Claudios”, dedicado al secuestro y la extorsión, de acuerdo con las autoridades capitalinas.
  2. Juan Carlos Zaragoza Ríos, un ex empleado de Televisa que trabaja no sólo para Rubalcava sino para otros políticos, como el ex Gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán.
  3. Alejandro Emiliano Zapata Sánchez, ex director de Comunicación Social de Cuajimalpa y operador de Rubalcava.
  4. Danna Vázquez, una representante de artistas vinculada al uso de cuentas de sus clientes para favorecer al Partido Verde.

Artículo 19 reclama en la petición: “La Unidad Científica de la PF, con apoyo de un juez federal, ha recabado suficientes elementos de prueba, incluyendo más de 30 intervenciones telefónicas que relacionan directamente a Rubalcava con Zaragoza. También se ha demostrado que el ex empleado de Televisa recibe instrucciones y dinero del funcionario priista desde hace años para coordinar campañas de difamación, desprestigio y extorsiones en contra de medios, periodistas y miembros de otros partidos políticos. Las intervenciones telefónicas, entregadas por la PF a SinEmbargo, muestran el posible uso de recursos públicos para financiar los ataques contra medios y periodistas”.

La organización internacional agrega que a pesar de la urgencia y la gravedad de los hechos, “la FEADLE –encargada de investigar los delitos cometidos contra periodistas–, a cargo de Ricardo Nájera Herrera, ha mostrado ser incompetente y omisa en beneficio del ex delegado de Cuajimalpa. De acuerdo con las grabaciones, Jeannette Aguirre, la primera agente del Ministerio Público a cargo del caso, supuestamente recibió dinero de los agresores. El actual MP ‘está de vacaciones’, postergando la resolución que podría ayudar a sentenciar al próximo legislador capitalino”.

SinEmbargo dijo recientemente, en su columna de casa, que si el trabajo de la Unidad Científica de la PF, que tuvo ayuda de un Juez federal comprometido, está allí, “ahora falta que Ricardo Nájera Herrera haga su trabajo”.

“Después de meses y meses de cooperación con la Fiscalía, el expediente del caso SinEmbargo está lleno, literalmente, de basura. La agente del Ministerio Público hizo declarar una y otra vez al menos a dos decenas de empleados de esta casa editorial; les mandó citatorios y, básicamente, les quitó tiempo. El expediente que armó Jeanette Emelia Aguirre Ramírez era un conjunto de papeles inservibles que conducían, en resumen, a exculpar a Rubalcava, a Zaragoza Ríos, a Zapata Sánchez y a Vázquez”, manifestó en su editorial este medio digital.

“Jeanette Emelia Aguirre Ramírez, quien lleva otros casos de periodistas como el de Moisés Sánchez –asesinado en Veracruz–, es mencionada por Zaragoza Ríos en una escucha. Él le presume a su madre que le pagó a la Ministerio Público para que se burlara de los periodistas. Desconocemos qué tanto hay de verdad en eso, pero al ver el expediente podemos decir que, en efecto, a simple vista, la agente parece haber hecho el trabajo que los acosadores de periodistas querían: que todo quedara en nada. Han pasado meses y meses desde que SinEmbargo interpuso su denuncia, el 20 de octubre de 2014. Meses en los que no pasó NADA, hasta que la Policía Federal, con ayuda de un juez sensible, hizo su trabajo”, señaló.

 

Pese a la Alerta Temprada 9 periodistas agredidos por policías el fin de semana’, denuncia Artículo 19

Homozapping

 

Sin autor

 

24-11-15

 

La organización internacional Artículo 19 documentó que por lo menos nueve periodistas fueron agredidos por policías durante el pasado fin de semana en Boca del Río y Xalapa, en el marco de las protestas magisteriales contra la evaluación educativa.

A través de un comunicado la organización inglesa por la libertad de expresión resaltó que estas agresiones de las fuerzas de seguridad contra los comunicadores se dan a 20 días de la publicación de la ‘Alerta Temprana‘ firmada por el gobierno de Javier Duarte y el gobierno federal de Enrique Peña Nieto.

“En la que el gobierno de Veracruz se compromete a crear políticas preventivas para garantizar la libertad de expresión. No obstante, la jornada violenta de los días pasados contradice el discurso oficial“.

Artículo 19 detalla que durante las protestas en Xalapa el sábado 21 de noviembre en los operativos que mantuvo la policía, los periodistas Roger López, de Imagen del Golfo; Raziel Roldán, de Plumas Libres; Yerania García de AVC Noticias; y un fotógrafo del gobierno del estado de Veracruz, fueron hostigados mientras documentaban las agresiones de los elementos contra los manifestantes.

“Roldán fue derribado con una patada en las piernas por lo que el lente de su cámara se dañó al impactar contra el piso. Roldán, beneficiario del Mecanismo federal de protección para periodistas, accionó el dispositivo de alerta –para su uso en caso de una agresión. Sin embargo, el aviso no fue respondido hasta media hora después vía telefónica y nunca llegó el apoyo de la policía federal. Roger López señaló que parecía que los “tenían ubicados” y que las agresiones las hacían con la intención de amedrentarlos”, denuncia Artículo 19.

 

 

 

 

 

-Censura

 

Prensa internacional destaca “El silencio de Los Pinos”

 

Homozapping

 

El zappo

 

24-11-15

 

The Economist, publicación que se especializa en informes detallados sobre la situación política y el escenario económico de distintos países, en especial del tercer mundo, publicó el pasado 21 de noviembre un artículo titulado “The silence of Los Pinos” (“El silencio de Los Pinos”), donde habla sobre “la paradoja” de Enrique Peña Nieto.

En el artículo, se se menciona que durante el primer año y medio de su gobierno, Peña Nieto “disfrutó de un éxito extraordinario”, debido a la serie de reformas estructurales que llevó a cabo; sin embargo, escribe The Economist, después de eso “todo empezó a ir mal”.

“Una reforma tributaria de mano dura, el asesinato de 43 estudiantes en septiembre 2014 por narcotraficantes en convivencia con las autoridades locales en el estado de Guerrero, la revelación de que la esposa del presidente y su ministro de Finanzas habían adquirido casas de lujo con la ayuda de una empresa de construcción que había ganado contratos con el gobierno; la apresurada cancelación de un contrato a un consorcio para construir un ferrocarril de alta velocidad, la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán (…) añadieron la humillación a la vergüenza”, sentencia The Economist.

El artículo señala la caída en la aprobación de Peña Nieto ante la sociedad mexicana, destacando que “el gobierno es el blanco de desprecio despiadado entre las clases de la Ciudad de México”; y puntualizando que sus principales problemas y señalamientos son dos: la seguridad y la corrupción.

Entre un análisis sobre los distintos problemas del gobierno de Peña Nieto, The Economist termina el artículo señalando que “a pesar de todos los escándalos, el PRI y sus aliados mantuvieron su mayoría en el Congreso en las elecciones de mitad de periodo en junio. El señor Peña todavía puede ser capaz de obtener su sucesor elegido en 2018 con sólo la conservación de voto duro de la base de la alianza PRI en torno al 36%. Esto es así porque la oposición está fragmentada, y la constitución no requiere una segunda vuelta. El problema es que esta fórmula intensificará la desilusión de los mexicanos con su todavía joven democracia”.

 

Iglesia “oscurantista”, responde uno de los periodistas enjuiciados por el Vaticano

 

ARISTEGUI NOTICIAS

 

REDACCION

 

24 DE NOVIEMBRE DE 2015

 

El juicio abierto en el Vaticano a dos periodistas, y a otras tres personas, por sustracción y divulgación de documentos confidenciales es la expresión de una Iglesia “oscurantista”, denunció este martes Gianluigi Nuzzi, uno de los imputados.

En una rueda de prensa con periodistas extranjeros, Nuzzi, autor del libro Via Crucis, señaló que con el proceso iniciado este martes, el Vaticano “se pone fuera del derecho internacional sobre la libertad de expresión e información”.

“El proceso a los periodistas es la expresión de una Iglesia oscurantista que está en contraste y no corresponde con el limpido mensaje de revolución suave que el Papa Francisco expresa todos los días”, declaró el periodista, juzgado al lado de su colega Emiliano Fittipaldi, autor del libro “Avarizia”.

Señaló que solamente hizo su trabajo con la publicación de Via Crucis, en el que divulga documentos que le fueron entregados por los otros imputados: el sacerdote español Lucio Angel Vallejo Balda, su ex asistente Nicola Maio y la relaciones públicas, Francesca Chaouqui.

“La obra de limpieza del Papa ha detectado puntos críticos al interior de la Iglesia, de la curia romana y de su gestión financiera que se pueden ver en los documentos publicados en mi libro”, dijo.

Consideró que la “casta vaticana” no está contenta que ello se haya hecho del dominio público, mientras el proceso de renovación del Papa “desgraciadamente” avanza con una velocidad inferior a las expectativas.

Cuestionado sobre si el pontífice podría haber detenido el juicio en su contra, opinó que ello depende de la manera en que le haya sido presentada la situación.

“El Papa habla de robo de documentos, pero ninguno (de los imputados) ha sido acusado de robo o rapiña”, afirmó.

Dijo que la comisión (COSEA) que Francisco creó poco después de ser elegido, tenía el objetivo de detectar situaciones críticas en el manejo económico-financiero del Estado pontificio.

“El archivo de esta comisión fue violado y yo espero que la justicia vaticana identifique a quienes sustrajeron esos documentos”, añadió.

Asimismo, Nuzzi, que trabaja en la televisora privada Mediaset, negó haber presionado a monseñor Vallejo Balda, ex miembro de la COSEA, para que le pasara los documentos confidenciales.

“No veo la hora de hacer públicos los mensajes por What’sApp (con Vallejo Balda) en los cuales se puede ver que entre nosotros había una relación cordial y serena”, aseveró.

También denunció que le fue vetado conocer el expediente del juicio y que tampoco se le permitió nombrar a un abogado de confianza, sino que le fue designado uno de oficio que apenas conoció esta mañana, durante la primera audiencia.

“No creo que el saber como es manejado el dinero de las limosnas tenga que ver con la seguridad de un Estado. Nunca habría violado un secreto que pusiera en peligro la seguridad de un país. Las noticias que publiqué tienen que ver con el mal manejo, no con la seguridad del Vaticano”, insistió.

En tanto, en la audiencia de este martes ante el Tribunal de Estado de la Ciudad del Vaticano, el otro periodista acusado, Emiliano Fittipaldi leyó una declaración en la que se dijo “incrédulo” por verse imputado ante una autoridad judicial diferente a la de su país.

“En mi país la conducta de la que soy acusado no sería perseguible penalmente, porque no se me acusa de haber publicado noticias falsas o difamatorias, sino simplemente de haber publicado noticias, una actividad protegida y garantizada por la Constitución italiana, por la Convención europea de derechos humanos y por la Declaración universal de derechos humanos”, dijo. (Con información de Notimex)