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Piden a IFT no criminalizar a las radios comunitarias

El Universal

Carla Martínez

10 de octubre de 2017

La Organización de Radios Comunitarias de Occidente rechaza la criminalización a radios comunitarias que operan sin concesión en el país.

Al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) le pide certeza y garantía a solicitudes de comunidades indígenas para una respuesta favorable cuando pidan concesiones.

“Aunque la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) es clara de los requisitos a cumplir, la autoridad reguladora tarda dos años en dar respuesta favorable”, aseguran en redes sociales.

El IFT fue contactado pero no estuvo disponible para comentarios.

El pasado 4 de octubre, la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados aprobó cambios en la LFTR para inhabilitar por cinco años a quienes hayan sido sancionados por dar servicios de telecomunicaciones y radiodifusión sin concesión.

También se aprobó un cambio en el código penal para sancionar con entre dos y seis años de prisión a quien use el espectro o recursos orbitales sin autorización o concesión.

De acuerdo con la organización social, en México operan alrededor de 35 estaciones de radio indígenas y comunitarias, las cuales no sólo se ubican en comunidades alejadas, también se encuentran en grandes ciudades como Monterrey, Ciudad de México, Juchitán, Salina Cruz e Iguala. “Imponiendo multas, decomisos, y cárcel, no es forma de querer callar a las radios comunitarias”, subraya.

Gabriel Sosa Plata, analista en radiodifusión, dijo que esta medida es extrema y viola derechos humanos, pues es contraria a los estándares de libertad de expresión para una radiodifusión libre e incluyente.

“Radicaliza la actuación del Estado y fomenta la violencia injustificada a quienes desean ejercer su libertad de expresión a través de las frecuencias”, aseguró el analista.

Sosa Plata mencionó que el Estado debe establecer sanciones, pero no de carácter penal.