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Diagnósticos sobre transparencia

Información presupuestal y transparencia

El Financiero

David Colmenares Páramo

6 de octubre de 2017

Hace 10 años, el Imco elaboró un Índice de Información Presupuestal Estatal, el IIPE, con el fin de medir la calidad de su gasto con base en 116 criterios agrupados en 10 secciones, dentro de las cuales hay temas que han estado siempre llenos de opacidad, como es la desagregación de la información presupuestaria, el pago de participaciones a los municipios, el gasto en burocracia, los sueldos de los altos funcionarios, la información sobre la contratación de la deuda pública, los fideicomisos, el manejo de los programas sociales, las reglas fiscales, etcétera.

Esta semana informó que el cumplimiento estatal pasó de 53 a 83 por ciento en nueve años. Un avance importante, por supuesto, aunque aún hay lagunas y unos estados más retrasados que otros.

Por lo menos 25 estados rebasan 70 por ciento en su nivel de cumplimiento presupuestario; por otro lado, es cierto que mientras más pequeños en recursos son lo estados, es menor su rango de cumplimiento. En suma, la importancia del indicador de la institución que encabeza Juan Pardinas es que se trata de una institución no lucrativa y, por lo tanto, su información tiene un mayor grado de credibilidad social, quizá sólo alcanzado por la métrica de la misma que patrocina periódicamente el INAI.

Los temas de la armonización contable y la transparencia fiscal, no son nuevos y los avances que hoy existen son producto del esfuerzo de muchos funcionarios fiscales, de la evolución del marco jurídico y de varias instituciones estatales y federales.

Durante el sexenio de Fox, desde la Secretaría de Hacienda se hacían esfuerzos por establecer líneas de mejora en la información hacendaria de los estados, como quedó establecido en el Diagnóstico Integral de las Finanzas Estatales, que se elaboraba en la UCEF en colaboración con toda la secretaría y las aportaciones de los propios gobiernos estatales, con sus mejores prácticas en diversos temas de la agenda fiscal.

Efectivamente al elaborar ese trabajo eran evidentes algunas fallas que desde el Imco se han tratado de acotar. Por ejemplo, en muchos estados no se desagrega la información de las transferencias, particularmente había extrema opacidad en el pago de las participaciones municipales, las cuales se distribuyen a través de fórmulas, que son diferentes en cada estado.

Hay fórmulas buenas y muchas malas.

Ha sido común que no se les pague a los municipios a tiempo ni completas sus participaciones, a partir de muros de opacidad: las mismas se pagan a través de las secretarías de Finanzas estatales, para lo cual la Ley de Coordinación Fiscal es muy concreta en el tiempo para el pago, el cual debe ser en efectivo y no condicionado. Por supuesto que no es correcto ‘hacerles sus guardaditos’, como ha sucedido en muchos estados, llegando a presentar controversias o litigios administrativos, siendo los más destacados casos en Guerrero y Oaxaca.

Hoy que se están auditando las participaciones, tengo la impresión de que todavía hay poco conocimiento sobre la naturaleza de las transferencias condicionadas, que son recursos propios de libre disponibilidad, no más recursos federales, pero se va a mejorar.

Algunos estados publicaban su Ley de Ingresos, sin cifras, otro pagaría participaciones ‘de acuerdo con sus posibilidades’, otros les ‘hacen su guardadito a los municipios porque no entienden’ y no hacen previsiones para sus compromisos de fin de año. Para evitar eso, ayudan los avances ciertos en la armonización contable y la disciplina financiera, lo que ha contribuido a crear un mejor clima de cumplimiento de transparencia presupuestal.

En la Convención Nacional Hacendaria de 2004, se consideró crear un sistema integral de información de las haciendas públicas, y establecer mecanismos de armonización de los registros contables, de criterios de operación y rendición de cuentas de los tres órdenes de gobierno.