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Legislación en materia de radiodifusión y telecomunicaciones – 30 de noviembre de 2017

Impugnan reformas a ley de telecomunicaciones

Mural

César Martínez

29 noviembre 2017

Senadores de la República presentaron anoche una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones.

El oficio fue entregado al filo de las 23:00 horas con la firma de 47 senadores de los partidos Acción Nacional, Del Trabajo y Morena, cubriendo el requisito de juntar al menos el 33 por ciento de los legisladores, y a un día de que venciera el plazo constitucional luego de que las modificaciones aprobadas el 26 de octubre fueran promulgadas el 31 del mismo mes.

“Se consideran violentados los artículos 1 párrafos primero, segundo, tercero y quinto; 2, 3, 6 apartado B; y 28 de la Carta Magna”, se lee en el documento.

“Igualmente consideramos infringido el artículo 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la interpretación que sobre esa norma han realizado los órganos interamericanos de protección de derechos humanos”.

Tras la aprobación de las reformas en la Cámara alta en octubre pasado, la Oposición consideró que darían manga ancha a las televisoras para promocionar políticos o lanzar campañas negras en las elecciones de 2018.

En la acción de inconstitucionalidad, quedaron como representantes los senadores Ernesto Ruffo Appel, del PAN, y Dolores Padierna Luna, del PRD.

“Permite que libremente los concesionarios pongan a la venta entrevistas o propaganda encubierta que se muestra a las audiencias como información periodística y que deja jugosas ganancias comerciales en tiempos electorales o para desviar la opinión de determinados temas que no convienen a los gobiernos”, advierte la acción de inconstitucionalidad.

 


Derechos de las audiencias reviven: analistas

El Universal

Carla Martínez

30 de noviembre del 2017

Los derechos de las audiencias se mantienen vigentes tras la acción de inconstitucionalidad presentada por 47 senadores, coincidieron analistas.

Irene Levy, presidenta de Observatel, calificó como un gran paso la decisión de los senadores de interponer dicha acción ante la Suprema Corte de Justicia (SCJN). “Es un gran paso, creí que esto estaba muerto, y es una gran decisión del Senado, no está muerto el tema ni las audiencias”, aseguró.

Levy explicó que ahora la Corte debe estudiar su admisión, ver que cumpla los requisitos, la admita a estudio, sin que le dé la razón a nadie, y la turne a un ministro para que haga el primer proyecto y se discuta.

“Mientras tanto, no hay nada que hacer, porque no hay suspensión contra actos generales como son las leyes, y el instituto hará lo que le quedó acotado dentro del marco que tiene”, señaló.

Sobre los lineamientos de las au diencias que supuestamente abrogó el Congreso de la Unión con el segundo transitorio, la presidenta de Observatel opinó que desde su punto de vista entraron en vigor el 16 de noviembre, día en que se acababa el diferimiento que dictó el instituto.

Por otra parte, dijo que es indispensable que el IFT presente una controversia constitucional ante la Corte.

“No nada más en contra de aquellas modificaciones de la ley que le quitan facultades, también sobre el propio transitorio que supuestamente intenta abrogarle los lineamientos”, afirmó.

Por su parte, Gabriel Sosa Plata, analista en telecomunicaciones, mencionó que sería muy sano que el IFT presentara la controversia para que la Corte tenga mayores elementos para analizar el caso.

“Hemos estado viendo, algunas de las organizaciones, la posibilidad de presentar un amicus curiae”, indicó refiriéndose al documento que se puede enviar a la Corte como opinión sobre las decisiones que tomará.

El experto dijo que el instituto daría un muy buen mensaje a las audiencias y organizaciones que han promovido estos recursos, y demostraría que está en una posición de defensa de sus atribuciones “No compromete al instituto, por el contrario, creo que dejaría perfectamente claro hasta donde pueden llegar sus facultades en una materia tan delicada”, afirmó.

Sosa Plata consideró que será un proceso largo, que tal vez podría resolverse en un año, pero “al menos hay una esperanza para que se regresen estos derechos y su tutela que se habían desconocido”.

Mientras tanto, los artículos modificados de la ley seguirán vigentes, dijo el experto.



Presentan impugnación por reforma de ley telecom

El Universal

Alberto Morales y Jun Arvizu

30 de noviembre del 2017

El senador Ernesto Ruffo Appel presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada el pasado 31 de octubre, porque, afirma, es regresiva respecto a cambios decretados en 2014.

Informó que la impugnación fue ingresada el martes, con la presentación de la firma de 47 senadores, de 43 que se requieren, y se llevó a cabo dentro del plazo para la presentación del recurso, que concluye hoy.

“Para mí es evidente que se transgredió el contenido constitucional de la reforma que hicimos en 2014”, explicó, pues con el decreto del 31 de octubre pasado se habla de que cada medio va a definir su propio Código de Ética, “y de ética, yo conozco sólo una”.

La demanda destaca que se “debilita la figura de la Defensoría de Audiencias, pues ya no habrá obligación de que ésta se ajuste a criterios de imparcialidad e independencia”.

Con la reforma de 2014, el defensor de audiencia debía reportar sus conclusiones a las quejas al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), dijo, “y ahora lo va a hacer a su propio patrón, porque quien le pagará el sueldo es el propio patrón, el medio de comunicación”.

Agregó que “con la reforma del 31 de octubre no se aclara al ciudadano, lector o espectador de la televisión si lo que recibe es información del medio o de hechos que se dan en la realidad, pero que no tienen ninguna calificación de parte de nadie”

Ruffo Appel obtuvo las firmas de senadores de Acción Nacional, Partido del Trabajo (PT) y PRD en las dos sesiones plenarias de la semana pasada, y considera que habría unos siete u ocho votos adicionales de legisladores que comparten el sentido de la acción de inconstitucionalidad que se plantea a la Corte.

El 26 de octubre, el pleno del Senado aprobó —por 72 votos a favor, 13 en contra y tres abstenciones— diversas reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Votaron a favor 55 priístas, 11 panistas, cinco legisladores del Verde Ecologista y uno sin bancada.

En contra estuvieron 12 panistas y un perredista. En abstención hubo tres panistas, mientras que ningún legislador del PT votó el dictamen.

Las firmas en la promoción de la acción de inconstitucionalidad las encabezan Ernesto Ruffo Appel, Fernando Herrera, Luis Sánchez, Angélica de la Peña, Pilar Ortega, Gabriel Ávila Ruiz, Manuel Bartlett, Alejandro Encinas y Dolores Padierna Luna.

En sus consideraciones, Ruffo Appel expresó que con la reforma que rechazan los promoventes “las audiencias ven acotados sus derechos, debido a que el artículo 256 se mutila y queda eliminado de la ley que el servicio público de radiodifusión deba prestarse en condiciones de competencia y calidad”.

Subrayó que la reforma que rechaza deja sin efecto las líneas de acción establecidas para que los contenidos respeten el interés superior de la niñez, la no discriminación y la equidad de género”.

Incluso afirmó que se eliminan atribuciones de supervisión, vigilancia y sanción del IFT. Los senadores, al referirse a los derechos de las audiencias, expresan en el documento ingresado en la Corte que “es falaz el argumento de que las modificaciones tienen el objeto de proteger la libertad de expresión”.

Señalan que “los derechos de las audiencias no sólo no se contraponen a la libertad de expresión, son una vertiente del derecho a la información”.

De esa manera, “al defender los derechos de las audiencias se defiende la dimensión social de la libertad de expresión, como han señalado los órganos interamericanos de protección de los derechos humanos”.

Tocante a la figura de la Defensoría de las Audiencias, aseguran que ésta “se debilita, pues no se garantiza que se ajuste a criterios de imparcialidad e independencia”, y sus titulares ya no rendirán informes ante el IFT, y ese organismo ya no podría sancionar por incumplimiento lo establecido en los lineamientos sobre defensa de las audiencias.

 

Telecom al TLCAN

Reporte Índigo

Lourdes González

29 de noviembre de 2017

El capítulo de telecomunicaciones en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) quedó pendiente en la última ronda de renegociaciones para modernizar ese acuerdo comercial, debido a que Estados Unidos quiere agregar en el escrito unas reglas que afectan a América Móvil.

La medida, que fue rechazada por México, buscaba integrar la reforma de telecomunicaciones al TLCAN, incluyendo la disposición que impide a América Móvil, principal empresa de Carlos Slim, cobrar a sus rivales, como la estadounidense AT&T, por terminar llamadas en su red, dijeron tres fuentes con conocimiento de la situación, según Reuters.

La tarifa cero de interconexión fue considerada el mayor logro en la reforma de telecomunicaciones del 2014, que se enfocó a reducir el poder dominante de Slim en el sector en México, donde posee casi dos tercios de las suscripciones celulares.

Sin embargo, un fallo de la Suprema Corte, en agosto de este año obligó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a fijar las tarifas de interconexión por lo que América Móvil volverá a cobrar a sus competidores, a partir de enero de 2018.

La propuesta de la Casa Blanca fue calificada por funcionarios mexicanos como un intento para devolver condiciones favorables para AT&T, quien se ha quejado de la eliminación de la tarifa cero de interconexión, debido a que llegó a México motivada por la reforma de telecomunicaciones y derramó una inversión de 4.4 mil millones de dólares en el mercado mexicano.

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Millones de dólares ha invertido AT&T en México

Otra inquietud por la medida de Washington es que pudiera atar de manos al IFT.

Los negociadores mexicanos rechazaron la forma en que se presentó la disposición porque se estructuró como un anexo al capítulo de telecomunicaciones que sólo se aplicaría a México.

Sin dar detalles de los avances técnicos de la quinta ronda de renegociación del TLCAN, la Secretaría de Economía informó en un comunicado que no se cerró ningún capítulo pero hubo adelantos en telecomunicaciones, anticorrupción, buenas prácticas, entre otras.

MEDIDA INACEPTABLE: GUAJARDO

En una entrevista del 16 de noviembre, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo declaró que el debate de la tarifa de interconexión cero contaminó un poco las discusiones para modernizar el pacto comercial, durante la cuarta ronda que se realizó en Virginia.

“De alguna manera, hizo que AT&T, que es norteamericana, pidiera a su gobierno que reflejara su interés en la negociación”, dijo Guajardo.

“Querían meter un anexo como si estuviera hecho a solicitud de parte, eso no es aceptable”

– Ildefonso Guajardo

Secretario de Economía

Debido a eso, México rechazó aceptar un anexo específico, pero dejó abierta la puerta a reflejar conceptualmente los compromisos de la ley de telecomunicaciones mexicana, que el gobierno busca consolidar, indicó.

La controversia por la propuesta de Washington ocurre cuando la mayor empresa de telecomunicaciones, AT&T sufrió un revés en su intención de comprar a Time Warner, luego que el departamento de Justicia estadounidense presentó una demanda para bloquear la operación con un valor estimado de 85.4 mil millones de dólares.

85,400

Millones de dólares asciende la compra de Time Warner por AT&T

Randall Stephenson, presidente de AT&T y el abogado Dan Petrocelli reaccionaron de inmediato, con llevar la defensa de la fusión a los tribunales.