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Libertad de expresión – 30 de abril de 2017

Agresiones contra periodistas o medios

‘He cumplido una promesa tras otra’: Trump; arremete contra la prensa

Excélsior

EFE

29 de abril de 2017

l presidente estadounidense, Donald Trump, subrayó hoy que ha cumplido “una promesa tras otra” en sus primeros cien días en el poder y reiteró sus ataques a los medios de comunicación, a quienes criticó por estar alejados de la realidad.

“Mis primeros cien días han sido muy productivos (…) Hemos cumplido una promesa tras otra”, dijo Trump en un acto en Harrisburg (Pensilvania), uno de los estados claves de su victoria electoral en noviembre pasado, puesto que no votaba por un candidato presidencial republicano desde 1988.

En un acto con tono de campaña electoral más que de un presidente en el cargo, el mandatario aprovechó que esta noche se celebra en Washington la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca para lanzar una nueva andanada de ataques a la prensa.

“No podría estar más emocionado de estar a más 150 kilómetros de la ciénaga de Washington”, señaló en referencia al hecho de que es el primer presidente en el cargo que esquiva el evento en la capital estadounidense, algo que no ocurría desde hace más de dos décadas.

Durante el discurso, de cerca de una hora, rechazó las críticas vertidas sobre los fracasos registrados durante sus primeros 100 días de mandato, como la negativa del Congreso a aprobar su reforma de la ley sanitaria conocida como “Obamacare” y el bloqueo de los tribunales a su prohibición de entrada temporal en EEUU de viajeros procedentes de siete países de mayoría musulmana.

En este sentido, enfatizó que “las prioridades de la prensa no son nuestras prioridades” y volvió a recalcar que está concentrado “en volver a hacer grande de nuevo a EU”, su lema electoral.

“Si el trabajo de los medios es ser honestos y decir la verdad entonces creo que estamos de acuerdo en que la prensa se merece un suspenso bien grande y gordo”, sostuvo ante los aplausos de los cerca de 10 mil asistentes.

Trump reiteró los ejes de su campaña, como su voluntad de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con México o Canadá y su polémica promesa de construir el muro en la frontera sur.

“No se preocupen, lo vamos a construir”, dijo sin comentar los obstáculos que enfrenta en el Congreso, donde los legisladores han mostrado sus reticencias a desembolsar fondos para la ampliación del muro existente.

Asimismo, anunció que estará “tomando una gran decisión sobre el Acuerdo de París en las próximas dos semanas. Veremos qué ocurre”, y a la vez que reiteró su compromiso para revitalizar la industria del carbón y el petróleo.

Las declaraciones de Trump se producen el mismo día que se celebraron multitudinarias marchas en defensa del clima y contra sus políticas de desregulación medioambiental en Estados Unidos, incluida una con miles de manifestantes en Washington.

Esta semana, el mandatario firmó una orden ejecutiva para revisar las prohibiciones impuestas por Obama para permitir explotaciones petroleras en las costas del país, lo que podría abrir zonas del Ártico o del Golfo de México a nuevos pozos.

Estados Unidos está sopesando si se mantiene en el Acuerdo Internacional de París sobre cambio climático, que busca un cambio de modelo de desarrollo libre de combustibles fósiles y fue firmado por su predecesor Barack Obama.

Trump también se refirió a la escalada de tensiones con Corea del Norte, y defendió que está trabajando con China para solucionar un problema que calificó de “complicado”.

De hecho, insistió en que su decisión de no designar a China como manipulador de divisas, como había prometido, responde a la colaboración estrecha con Pekín para rebajar el conflicto.

“Creo que no es el momento de designar a China como manipulador de divisas”, afirmó.

Antes del acto, Trump recorrió una fábrica en la zona de materiales y herramientas de jardinería, y firmó una orden ejecutiva para la creación de una Oficina Presidencial para la revisión de políticas comerciales y de manufactura.

Exhiben peligro del periodismo en México

Diario Reforma

The New York Times

30 de abril de 2017

Las llamadas son cada vez más frecuentes: hallaron otro cuerpo, desmembrado, con la ropa hecha jirones, con heridas de bala. El teléfono suena de día, a la medianoche y a la madrugada.

Los colegas se reúnen de inmediato para rendirle honores; sus fotografías y mensajes son un testimonio sombrío de otro periodista que murió aquí en el Estado de Veracruz, al este de México: el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en todo el hemisferio occidental.

“Ya tiene rato que hemos estado viviendo en este infierno”, cuenta el periodista Octavio Bravo, mientras miraba fijamente el ataúd de un colega muerto a balazos el año pasado. “No te imaginas la impotencia, la frustración que sentimos”.

México es uno de los peores países en el mundo para ejercer el periodismo. Hasta la fecha hay registro de 104 periodistas asesinados desde el año 2000, y otros 25 están desaparecidos y, se cree, muertos.

En la lista de los lugares más mortíferos para ser reportero, México está ubicado entre Afganistán, un país devastado por la guerra, y Somalia, categorizado como Estado fallido. El año pasado fueron asesinados 11 periodistas mexicanos, la mayor cifra durante este siglo.

Hay pocas esperanzas de que la situación cambie en 2017.

Marzo ya fue el peor mes desde que hay registros, según los datos del capítulo local de Artículo 19, grupo que monitorea la violencia contra los periodistas en todo el mundo.

Siete periodistas fueron baleados en todo el País en marzo y tres de ellos murieron. Fueron asesinados afuera de sus casas, sentados en sus autos, saliendo de un restaurante o mientras hacían un reportaje, por hombres armados que desaparecieron sin dejar rastro.

Los motivos detrás de los asesinatos varían: hay matones de cárteles del narcotráfico molestos por una cobertura audaz en su contra, hay funcionarios públicos corruptos que quieren silenciar a los críticos, así como violencia arbitraria e, incluso, casos de reporteros que cambiaron de bando y se unieron a los mundos criminales que cubrían.

De acuerdo con los datos del Gobierno, servidores públicos como alcaldes y policías han amenazado a los periodistas con más frecuencia que los cárteles; eso pone en peligro las investigaciones y despierta dudas sobre el compromiso gubernamental para hallar a los responsables.

Algunos periodistas fueron torturados o asesinados a petición de alcaldes; otros fueron golpeados en sus redacciones por hombres armados bajo órdenes de funcionarios locales y policías, que habían amenazado con matarlos por sus coberturas.

No obstante, de los más de 800 casos graves de acoso, ataques u homicidios contra comunicadores en los últimos seis años, sólo han sido emitidas dos sentencias por la Fiscalía creada especialmente para investigar delitos contra la libertad de expresión.

“No es que no puedan resolver esos casos, sino que no quieren o no los dejan”, comentó un funcionario de alto nivel que pidió mantener su anonimato por miedo a represalias por parte del Gobierno.

“Es una cuestión política. Los periodistas muertos hacen quedar mal al Gobierno, pero es peor si su muerte se debe a que estaban haciendo su trabajo”.

El Gobierno responde a las críticas con el argumento de que ha aprobado leyes que protegen a los periodistas y que les ha entregado botones de pánico, equipo de vigilancia e incluso les ha contratado guardias armados en casos en los que la amenaza es considerada lo suficientemente seria.

“Es un hecho indefectible que en México existe el ejercicio de la libertad de expresión”, indicó en un comunicado la Procuraduría General de la República, “este constante ejercicio ha implicado riesgos y obstáculos”.

“(Es)un ejemplo del esfuerzo que hace el Estado Mexicano para hacer valer (la libertad de expresión) y oponer ante cualquier amenaza que atente en contra de su libre ejercicio”, añadió.

Cientos de periodistas han sido puestos bajo protección gubernamental en años recientes. Ninguno de ellos había sido asesinado, hasta julio de 2016, cuando un reportero de nota roja que había recibido varias amenazas de muerte fue baleado afuera de su domicilio y murió camino al hospital.

Los mismos funcionarios que dirigen el programa de protección reconocen que gastar millones para prevenir el asesinato de los periodistas no es suficiente para atender la situación.

“Es un problema que no se resuelve con la protección, uno por uno, de los periodistas”, dijo Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. “Sin duda tenemos un enorme reto, que es el de la impunidad.”

Las consecuencias para México son mucho más graves que unas cuantas muertes más en un País donde el 98 por ciento de los homicidios quedan impunes. En la opinión de muchos periodistas, la delincuencia, la corrupción y la indiferencia están acabando con la premisa básica de una prensa libre, así como con un pilar central de la democracia del País.

“La libertad de expresión en México se convierte en un mito”, dijo Daniel Moreno, Director general de Animal Político, una agencia de noticias independiente.

“El Gobierno federal es incapaz de resolver casos de violencia, y que aparte ejerce esta misma, entonces el estado del periodismo nacional legítimamente se puede considerar en estado de emergencia”.

Tras casi una década de violencia en aumento contra los medios, ya sea por el crimen organizado o por funcionarios, la prensa se ha adaptado al censurar buena parte de lo que informa. La autocensura no solo es común, se podría decir que es casi la norma.

En marzo, una respetada periodista recibió ocho tiros cuando salía de su casa para llevar a su hijo a la escuela. En respuesta, uno de los periódicos para los que escribía anunció su cierre de manera repentina y lanzó una advertencia sobre el paisaje mortífero en el que los periodistas se ven obligados a vivir.

“Luchamos contra corriente, recibiendo embates y castigos de particulares y gobiernos por haber evidenciado sus malas prácticas y actos de corrupción”, escribió el editor en jefe del diario Norte en una carta abierta. “Todo en la vida tiene un principio y un fin, un precio que pagar. Y si esta es la vida, no estoy dispuesto a que lo pague ni uno más de mis colaboradores, tampoco con mi persona”.

El Presidente Enrique Peña Nieto se ha prometido atender la violencia contra los medios nacionales.

No obstante, el Gobierno federal ha establecido de manera reiterada que los delitos contra los periodistas no son ataques a la libertad de expresión, lo cual quiere decir que no ameritan la participación de éste.

Los investigadores federales han revisado 117 casos de asesinatos de reporteros desde el 2000, pero sólo decidieron investigar ocho. De esos, sólo ha sido resuelto uno.

En ocasiones, algunas autoridades se apresuran a decir que el asesinato de un periodista no está relacionado con su labor poco después de que se dé a conocer la muerte y mucho antes de que siquiera arranque la investigación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una decisión en marzo que dicta que todos los delitos contra los periodistas deben enviarse a los tribunales federales. Sin embargo, la decisión del máximo tribunal todavía no es vinculante y sólo aplica para delitos nuevos, lo cual quiere decir que una gran cantidad de casos se quedarán en los tribunales locales donde actualmente están. Estos cuentan con pocos recursos y son muy vulnerables a la corrupción.

Tres bolsas de basura

“En Veracruz es muy fácil matar periodistas”, dijo Jorge Sánchez Cerezo, cuyo padre, Moisés, fue secuestrado y asesinado hace dos años.

Moisés Sánchez Cerezo fue editor del periódico La Unión por más de una década, aunque, a decir de su familia, el peligro llegó hasta que comenzó a escribir notas sobre el desvío de fondos por parte de un Alcalde local en una zona que se había tornado cada vez más violenta.

En enero de 2015, hombres armados irrumpieron en la casa de Sánchez y lo sacaron a rastras, ante la mirada impotente de su familia. Días más tarde su cuerpo fue encontrado destazado y los restos metidos en tres bolsas de basura negras.

Durante meses, sus familiares y periodistas de Veracruz exigieron que el Gobierno federal investigara el caso como un ataque a la libertad de prensa. La Fiscalía Especializada que se creó para proteger la libertad de prensa se resistió a hacerlo.

“No pudimos encontrar ni una sola prueba que sustentara esa afirmación”, dijo Ricardo Celso Nájera Herrera, el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

La negativa dejó atónita a la familia de Sánchez, ya que los funcionarios en Veracruz habían obtenido pruebas de que el asesinato se había dado por fines políticos. Un guardaespaldas del Alcalde de la localidad veracruzana, Medellín de Bravo, admitió que su jefe le había ordenado secuestrarlo y asesinarlo.

“Por supuesto que este caso está relacionado con su periodismo”, aseveró Luis Ángel Bravo Contreras, ex Procurador estatal de Veracruz, a finales del año pasado.

El Gobierno federal aceptó tomar el caso después de que la familia ejerció presión de manera constante y presentó una demanda legal. Durante los casi dos años que transcurrieron de por medio fue capturado uno de los seis principales sospechosos y el ex Edil se dio a la fuga.

Al igual que decenas de periodistas entrevistados en Veracruz, la familia de Sánchez tiene pocas esperanzas de que se vaya a hacer justicia. Para ellos, las muertes de periodistas caen en el cementerio de la impunidad que acompaña a la mayoría de los homicidios en México.

“Lo único que podemos hacer”, dijo Jorge Sánchez, quien ha seguido publicando el periódico de su padre, “es escándalo”.

Sin relación a su labor

Este 28 de abril, por quinta ocasión, los reporteros en la capital veracruzana, Xalapa, rindieron honor a su colega asesinada Regina Martínez.

Usualmente ponen una placa en una plaza en el centro de la ciudad, la cual renombran “Plaza Regina Martínez”. Los últimos cuatro años que lo han hecho, la placa ha sido quitada por el Gobierno.

Tal vez no haya otro caso más simbólico de la lucha de los periodistas mexicanos en Veracruz que la de Martínez, corresponsal de Proceso, un baluarte del periodismo independiente y una revista que históricamente ha tenido una postura crítica hacia el Gobierno local y nacional.

Sus reporteros lo han pagado caro; se encuentran entre los más amenazados, no sólo en Veracruz, sino en todo el País.

Martínez, una reportera aguerrida con más de 20 años de experiencia, era vista como el ejemplo de una periodista seria que no tenía miedo de cubrir los problemas más críticos de su tiempo, en especial los del nexo entre la delincuencia y la política.

La periodista fue hallada en el piso de su baño, tras ser golpeada y estrangulada, la noche del 28 de abril de 2012, un día después de que se publicaran artículos suyos -uno sobre la misteriosa muerte de un político y otro sobre el arresto de nueve policías que trabajaban para narcotraficantes-.

La muerte conmocionó al País. Los periodistas aquí son al mismo tiempo investigadores, cronistas y víctimas de la violencia y la corrupción desatada por la guerra contra el narcotráfico. Algunos reporteros incluso han llegado a ser partícipes; varios de los que viven en estados donde no impera la ley admiten que han aceptado dinero de los cárteles a cambio de cambiar sus coberturas.

“No me enorgullece recibir su dinero”, confesó un reportero de Veracruz que pidió mantener su anonimato por miedo a represalias de los cárteles. “Pero una vez que empiezas, ya no hay vuelta atrás”.

Los colegas dicen que Martínez era intachable, una periodista aguerrida y respetada. Si pudieron matarla a ella, entonces nadie está a salvo.

La revista para la que trabajaba, Proceso, exigió una investigación minuciosa y que se le diera acceso a los archivos del caso para asegurarse de que las autoridades lo estaban tomando en serio. El Gobierno aceptó y, según periodistas y ex funcionarios, de inmediato fueron evidentes las deficiencias de la investigación.

Del lugar de los hechos había desaparecido evidencia como botellas de cerveza vacías, junto con rastros de ADN, ya sea a propósito o por una labor policial pobre. Los investigadores federales que llegaron para brindar asistencia no tenían casi nada con qué trabajar debido a ese manejo inadecuado de la escena del crimen.

Jorge Carrasco, el reportero de Proceso que cubría la investigación, comenzó a recibir amenazas de muerte, por lo que tuvo que ser puesto bajo protección las veinticuatro horas del día; ello limitó su capacidad de darle seguimiento al caso.

La versión oficial de lo sucedido decepcionó al gremio. Las autoridades dijeron que el asesinato no estaba relacionado con la profesión de Martínez, sino que uno de los hombres que la mató presuntamente tenía una relación sentimental con ella y que se trató de un robo frustrado.

El sospechoso se dio a la fuga y fue detenido su cuñado, un hombre analfabeta, acusado de ser cómplice. El hombre confesó, pero meses más tarde, durante una audiencia pública, declaró ante el tribunal que lo había hecho bajo tortura, lo que provocó que el juez anulara su sentencia. La condena fue impuesta de nuevo por el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz.

Los periodistas veracruzanos estaban devastados al sentir que nunca se sabría la verdad detrás de la muerte de Martínez. Las autoridades anunciaron que el caso estaba cerrado.

Había una última opción: denunciar el caso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que tiene autoridad para iniciar investigaciones cuando se han agotado todas las instancias del sistema judicial de un país. Proceso prefirió no acudir ante la CIDH.

“Para ser honestos, no lo hicimos debido al miedo, sino la inseguridad, dadas las pruebas reales de que matan a periodistas”, dijo Carrasco en entrevista. “Cuando comienzas a recibir amenazas, ¿qué haces? Sería poner en riesgo a aquellos que están en las calles, reporteando”.

Señaló que Proceso esperaba en vez que el furor público resultante de la muerte de Martínez evitara que se repitiera otro caso como el de ella.

Esas esperanzas se desvanecieron poco después.

En Veracruz se sigue matando a los periodistas y no pasó mucho tiempo para que la muerte volviera a llevarse a un colaborador de Proceso.

En julio de 2015, dos meses después de huir de Veracruz tras denunciar ser víctima de acoso gubernamental -las autoridades lo seguían e intimidaban-, el fotógrafo Rubén Espinosa fue asesinado junto con cuatro mujeres en un departamento de Ciudad de México.

La mañana siguiente, los editores de Proceso y los defensores de los medios marcharon y exigieron una reunión con el Procurador de la capital.

Una de las primeras cosas que les dijo fue que el asesinato no había tenido nada que ver con el periodismo.

Vivir con precaución

Jesús Olivares escuchó la sirena de una ambulancia mientras estaba sentado en un restaurante de mariscos tomando un refresco. Giró en la silla para echar un vistazo por la ventana y alcanzó a ver el reflejo de las luces rojas y blancas mientras el vehículo pasaba a toda velocidad.

“Podría ser algo”, dijo, y se levantó.

Pero, en esa ocasión, no había nota. Después de un rápido recorrido por la autopista a bordo de su motocicleta descubrió que la columna de humo en un campo no era un cuerpo, ni despojos, ni ningún final macabro como los que conocía debido a su profesión como periodista de nota roja.

En esta ocasión, se trataba de agricultores haciendo quema de suelo.

“Nada que ver aquí”, dijo, dejando ver una sonrisa.

Durante casi tres años, Olivares ha sido reportero de El Dictamen, uno de los diarios de mayor tiraje en Veracruz. Su trabajo es una muestra del costo de la guerra contra el narco: cuerpos desmembrados, balaceras, secuestros.

El trabajo ha tenido su precio. En febrero, un comandante de policía lo amenazó de muerte si no dejaba de tomar fotos de una escena del crimen. Él reportó el incidente y ahora lleva consigo un botón de pánico que le entregó el Gobierno, que dijo le sirve de poco consuelo, pues llama al mismo cuerpo policial por el que se siente amenazado.

“El Gobierno es el peor”, expresó. “Por lo menos las amenazas de los narcos son directas, claras”.

Es así como Olivares ha decidido encargarse de su propia seguridad, al igual que la mayoría de los reporteros aquí, ha adoptado un sistema de vigilancia y seguridad en grupo.

Habla con cautela entre funcionarios públicos y escribe con eufemismos para evitar términos populares que no son del agrado de los cárteles, como “balacera”, “secuestro” y “ejecución”. También se hizo amigo de los bomberos, cuya estación se ha vuelto casi como su segundo hogar.

Entabló amistad con ellos tras la muerte de su madre hace dos años, ya que los vulcanos se llevaron su cadáver. Los hombres asistieron a su funeral, lo cual dejó una honda impresión en el reportero, que se sintió agradecido con la calidez del gesto.

Al principio, Olivares comenzó a pasar algunas noches con los bomberos para escapar de la tristeza de su casa. Cuando siguió apareciendo por allí, le dieron un uniforme y un lugar para dormir en la estación.

Sin embargo, una vez que las amenazas comenzaron, sus visitas fueron más útiles de lo que hubiera imaginado: el lugar se convirtió en un santuario, ya que estaba rodeado de defensores bien entrenados en todo momento.

Estos días, se pone el uniforme y acompaña a los bomberos, ayudando cuando puede mientras toma nota para sus reportajes. Le gusta la idea de vestirse con el uniforme cuando el deber llama.

Una noche reciente, Olivares se encontraba en el estacionamiento de la estación, ajustando su chaleco reflejante, mientras sus amigos intercambiaban historias. Uno de ellos relató cómo, hasta hace poco, la delincuencia organizada era quien estaba a cargo de la estación de bomberos, como una forma de extorsionar a aquellos que necesitaban sus servicios.

La situación cambió con la llegada de un nuevo comandante. La estación se abrió al público y los que pasaban hacían sonar la bocina de sus vehículos como un saludo a los hombres, reunidos en la banqueta bajo el resplandor amarillento de una farola.

Olivares parecía relajado tras haber terminado el ajetreo del día laboral. Se retiró a la trastienda de la estación de bomberos.

Obstáculos para la justicia

A finales de julio, el periodista de nota roja Pedro Tamayo Rosas estaba en la entrada de su casa, ayudando a su esposa con el puesto de hamburguesas que tiene en su modesta casa de Tierra Blanca, una ciudad de Veracruz.

Rondando las 23:00 horas, un hombre armado salió de una camioneta negra. Pidió una hamburguesa antes de vaciar el cargador de su arma contra Tamayo, y desapareció.

El hombre, quien estuvo desangrándose casi media hora en la acera y murió camino al hospital, fue el primer periodista mexicano en ser asesinado cuando estaba bajo protección del Estado, lo cual puso fin al saldo blanco de los casi 500 periodistas y defensores de los derechos humanos sujetos a un programa de resguardo gubernamental establecido hace unos cinco años.

Después de varias amenazas de muerte, funcionarios gubernamentales habían ayudado a Tamayo y a su familia a huir de Veracruz. Seis meses después, sin trabajo y nostálgico, regresó y le dijo a sus amigos que prefería morir en Veracruz que vivir en Tijuana.

Como sucede con muchos casos, no se sabe quién ordenó el asesinato. Su esposa cree que la Policía estuvo involucrada. Los oficiales estacionados en su calle no fueron tras los que dispararon.

La viuda afirma que uno de ellos le apuntó con el arma cuando trató de ayudar a su marido. Ahora está convencida de que el Estado tuvo que ver dada una serie de amenazas, de acosos y el arresto de su hijo.

Los amigos del reportero piensan que los cárteles estuvieron involucrados. De acuerdo con personas cercanas, Tamayo estaba revelando información sobre el robo de gasolina en su tierra natal y sus alrededores.

El hecho de que puedan ser responsables del homicidio el Gobierno y la delincuencia organizada -o ambos- refleja la crisis existencial a la que se enfrentan los reporteros en México.

La crisis no acabó con la muerte de Tamayo. Al menos no para su familia.

Su esposa, Alicia Blanco Beisa, informó a sus abogados y a las autoridades estatales encargadas de proteger a los periodistas que había sido amenazada en varias ocasiones por funcionarios de Tierra Blanca, incluso en el día del funeral.

Su casa fue incendiada y su hijo arrestado por el robo de un vehículo, un delito en el que ella asegura no estuvo involucrado. Blanco Beisa declaró haber recibido amenazas de un funcionario de seguridad de alto rango que, apuntándole con un arma, le ordenó guardar silencio sobre su marido.

El caso de homicidio está en un punto muerto, dicen sus abogados. En una reunión reciente en la Procuraduría estatal, los abogados de Tamayo solicitaron al Fiscal que incluyera el ataque, el incendio y el arresto de su hijo en el mismo caso.

Éste se negó, considerando que todos eran episodios inconexos y que no estaban relacionados con el homicidio de su esposo, según dijo la gente que estuvo presente en dichas reuniones.

Entonces reviró la pregunta a la señora Tamayo, preguntándole por qué no había denunciado los hechos formalmente ante las autoridades.

“Lo hice”, contestó Blanco Beisa, quien aseguró que fue a las oficinas gubernamentales correspondientes a presentar las denuncias. “Se negaron a registrarlas”.

Sus abogados, que trabajan para el grupo de defensa de derechos de los periodistas Artículo 19, ahora están preocupados por la seguridad de la viuda. Dicen que las denuncias de acoso contra funcionarios públicos son una maniobra mortal en Tierra Blanca, un lugar especialmente mortífero en un estado especialmente mortífero.

“Este es uno de los casos más emblemáticos”, dijo Erick Monterrosas, abogado de Artículo 19.

Y como en muchos de estos casos, añadió, los homicidas de Tamayo siguen libres.

 

Censura

Bloquea Turquía acceso a ‘Wikipedia’; acusa campaña de difamación

La Jornada

Notimex / AFP

29 de abril de 2017

Ankara. El gobierno de Turquía bloqueó hoy el acceso a la enciclopedia en línea Wikipedia, a la que acusó de formar parte de una campaña de difamación contra el país, informó el Ministerio de Transportes, Asuntos Marítimos y Comunicación.

En un correo electrónico, la dependencia señaló que Wikipedia ha sido bloqueado debido a que sus artículos y comentarios aseguran que Turquía está en coordinación con varios grupos terroristas, informó la agencia de noticias Anadolu.

Por la mañana, los habitantes de Estambul no se podían conectar a Wikipedia a no ser que usaran un acceso VPN (red virtual privada), constató la Afp.

“La falta de accesibilidad (de Internet) en el país es constante por los filtros utilizados para censurar el contenido”, afirma Turkey Blocks, un organismo de vigilancia en la red.

La enciclopedia en línea se ha convertido en una fuente de información que forma parte de una “campaña de difamación contra Turquía” en la comunidad internacional, indicaron las autoridades.

De acuerdo con el gobierno turco, se pidió a Wikipedia que eliminara de sus páginas las “ofensas contra el país”, pero la enciclopedia en línea se negó.

Ankara señaló que la prohibición al acceso de Wikipedia será levantada si cumple con las demandas de Turquía.

De acuerdo con la página web de la Autoridad de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, el gobierno turco había impuesto esta mañana una restricción al acceso en todos los idiomas al portal de información Wikipedia en el país “bajo una orden administrativa provisional”.

La medida del gobierno se basó en las consideraciones de la ley 5651, que regula los contenidos y la criminalidad en internet en el país.

El grupo Turkey Blocks, que vigila las restricciones al uso de internet en Turquía, señaló que la pérdida de acceso corresponde a los filtros de la red usados para censurar el contenido en el país y que han sido utilizados en el pasado para bloquear redes sociales como YouTube y Twitter.

 

Turquía bloquea el acceso a Wikipedia

El Economista

AFP y Notimex

29 de abril de 2017

El gobierno de Turquía bloqueó hoy el acceso a la enciclopedia en línea Wikipedia, a la que acusó de formar parte de una campaña de difamación contra el país, informó el Ministerio de Transportes, Asuntos Marítimos y Comunicación.

En un correo electrónico, la dependencia señaló que Wikipedia ha sido bloqueado debido a que sus artículos y comentarios aseguran que Turquía está en coordinación con varios grupos terroristas, informó la agencia de noticias Anadolu.

La enciclopedia en línea se ha convertido en una fuente de información que forma parte de una “campaña de difamación contra Turquía” en la comunidad internacional, indicaron las autoridades.

De acuerdo con el gobierno turco, se pidió a Wikipedia que eliminara de sus páginas las “ofensas contra el país”, pero la enciclopedia en línea se negó.

Ankara señaló que la prohibición al acceso de Wikipedia será levantada si cumple con las demandas de Turquía.

De acuerdo con la página web de la Autoridad de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, el gobierno turco había impuesto esta mañana una restricción al acceso en todos los idiomas al portal de información Wikipedia en el país “bajo una orden administrativa provisional”.

La medida del gobierno se basó en las consideraciones de la ley 5651, que regula los contenidos y la criminalidad en internet en el país.

El grupo Turkey Blocks, que vigila las restricciones al uso de internet en Turquía, señaló que la perdida de acceso corresponde a los filtros de la red usados para censurar el contenido en el país y que han sido utilizados en el pasado para bloquear redes sociales como You tube y Twitter.

Purga a funcionarios y veto a programas de televisión

El gobierno turco lanzó este sábado una nueva purga política y despidió a casi 4.000 funcionarios, además de prohibir los programas de citas en televisión, muy populares en el país, y el acceso internet a Wikipedia.

Un total de 3.974 trabajadores públicos fueron destituidos, incluyendo 1.000 empleados del ministerio de Justicia y más de 1.000 personas que trabajaban para el ejército, según un decreto de urgencia, que detalla los nombres de los despedidos.

Turquía se halla bajo estado de emergencia desde el fracaso de un golpe de Estado hace nueve meses, atribuido por el régimen a los simpatizantes de un predicador exiliado en Estados Unidos, Fethullah Güllen, cuyo movimiento tenía gran influencia en numerosos sectores del país.

Entre los despedidos también hay más de 100 pilotos del Ejército del Aire, y casi 500 profesores y académicos que trabajan en instituciones públicas.

Hace tres días el Gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan también anunció la detención de otras 1.000 personas y la suspensión de más de 9.100 policías.

Güllen asegura desde su refugio en Estados Unidos que su movimiento, una especie de cofradía religiosa, no tiene nada que ver con el intento de golpe.

Paralelamente, otro decreto anunció que como parte del estado de emergencia, los programas donde la gente, en su mayoría jóvenes, acuden para buscar amistades o relaciones amorosas, no pueden seguir siendo difundidos.

“En los servicios de radio y televisión, dichos programas en los cuales la gente se presenta para buscar amistades (…) no pueden ser permitidos” explicó el decreto oficial.

El viceprimer ministro Numan Kurtulmus ya anunció en marzo que el Gobierno preparaba esa prohibición por motivos morales.

“Hay algunos programas raros que dañan la institución de la familia y le arrebatan su nobleza y santidad” explicó Kurtulmus.

El presidente Erdogan consiguió el pasado 16 de abril, mediante un polémico referéndum, ampliar de forma sustancial sus poderes.

La autoridad turca de tecnologías de la información y comunicación (BTK) anunció también que el acceso a la enciclopedia virtual Wikipedia.org quedaba prohibido hasta nueva orden.

Según medios de comunicación turcos, Wikipedia es acusada de mantener contenidos que promueven el terror y que acusan a Turquía de prestar apoyo a varios grupos terroristas.

El fundador de Wikipedia, Jimmy Wales, respondió en Twitter: “el acceso a la información es un derecho humano fundamental. Siempre estaré a tu lado, pueblo turco, para luchar por ese derecho”.

Los residentes en Estambul no podían acceder a ninguna página de Wikipedia, en ningún idioma, sin conectarse previamente a una red privada virtual (VPN), constató un corresponsal de la AFP.

La extensión de poderes del presidente suscita críticas de la oposición, que teme que Turquía derive hacia un régimen autoritario.

 

Turquía bloquea el acceso a Wikipedia

El Economista

Notimex

29 de abril de 2017

Turquía ha bloqueado todos los accesos a la enciclopedia Wikipedia en línea, uno de los sitios web más populares del mundo, aunque no está clara la razón de la prohibición.

El grupo Turkey Blocks, un organismo de vigilancia en la red, señaló que el sitio era inaccesible desde las 08:00 horas locales (05:00 GMT) por orden de las autoridades turcas.

Desde la capital Estambul era imposible acceder a ninguna página de Wikipedia sin necesidad de utilizar una red privada virtual (VPN).

El gobierno turco ha impuesto una restricción al acceso al portal de información Wikipedia en todo el país “bajo una orden administrativa provisional”, de acuerdo con un mensaje en la web oficial de la Autoridad de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.

“Después de un análisis técnico y jurídico basado en la consideración de la Ley Nr. 5651, una medida administrativa se ha tomado para este sitio web”, precisó la Autoridad de Información de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.

La página se encuentra ahora mismo inaccesible a consecuencia de la existencia de un filtro “coincidente con los habituales empleados por las autoridades para censurar contenidos” y colocado desde las 08:00 de este sábado 29 de abril, reportó el canal turco de noticias NTV.

El grupo Turkey Blocks, y medios de comunicación turcos, incluyendo el Hürriyet Daily News, reportaron que la medida tendría que estar respaldada por un fallo de la corte en los próximos días.

Las redes sociales estaban alborotadas ante la prohibición que podría haber surgido como un intento de suprimir la crítica en la página de Wikipedia sobre el presidente Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan ganó un controvertido referéndum el pasado 16 de de abril, que en teoría le otorgara mayores poderes, un tema que ha dividido profundamente al país.

Turquía ha bloqueado en el pasado, temporalemente, varias redes sociales muy populares como Facebook y Twitter, sobre todo a raíz de las protestas masivas o ataques terroristas.

El gobierno ha negado que imponga la censura de Internet, y ha culpado de los cortes al uso intensivo que se ha registrado en algunos momentos después de grandes eventos.

Las luchas políticas en torno al referéndum constitucional llegaron hasta la entrada en inglés del presidente Recep Tayyip Erdogan en Wikipedia.

Durante el escrutinio de los votos, un internauta aprovechó la ocasión para mostrar su desaprobación con el ajustado resultado de las urnas: añadió como definición “dictador turco” en la primera frase del artículo sobre el mandatario

La polémica publicación fue rápidamente eliminada y la entrada sobre Erdogan no podrá ser editada por usuarios no registrados durante al menos una semana. Sin embargo, la noticia se viralizó en las redes sociales a través de una captura de pantalla.

 

Turquía bloquea Wikipedia tras acusarla de campaña de difamación

El Informador

29 de abril de 2017

El gobierno de Turquía bloqueó hoy el acceso a la enciclopedia en línea Wikipedia, a la que acusó de formar parte de una campaña de difamación contra el país, informó el Ministerio de Transportes, Asuntos Marítimos y Comunicación.

En un correo electrónico, la dependencia señaló que Wikipedia ha sido bloqueado debido a que sus artículos y comentarios aseguran que Turquía está en coordinación con varios grupos terroristas, informó la agencia de noticias Anadolu.

La enciclopedia en línea se ha convertido en una fuente de información que forma parte de una “campaña de difamación contra Turquía” en la comunidad internacional, indicaron las autoridades.

De acuerdo con el gobierno turco, se pidió a Wikipedia que eliminara de sus páginas las “ofensas contra el país”, pero la enciclopedia en línea se negó.

Ankara señaló que la prohibición al acceso de Wikipedia será levantada si cumple con las demandas de Turquía.

De acuerdo con la página web de la Autoridad de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, el gobierno turco había impuesto esta mañana una restricción al acceso en todos los idiomas al portal de información Wikipedia en el país “bajo una orden administrativa provisional”.

La medida del gobierno se basó en las consideraciones de la ley 5651, que regula los contenidos y la criminalidad en internet en el país.

El grupo Turkey Blocks, que vigila las restricciones al uso de internet en Turquía, señaló que la pérdida de acceso corresponde a los filtros de la red usados para censurar el contenido en el país y que han sido utilizados en el pasado para bloquear redes sociales como You tube y Twitter.

 

Diagnósticos sobre libertad de expresión

100 días de choque con la prensa

El Universal

Enriqueta Cabrera

29 de abril de 2017

Al llegar a los primeros 100 días de su presidencia la relación con los medios se mantiene como la peor en la historia de Estados Unidos y la peor entre los países más desarrollados. El día uno de su presidencia, Donald Trump hizo una iracunda crítica hacia los medios acusándolos de mentir sobre lo que él percibía como los hechos de los que se debía informar. La cobertura informativa de su “Inauguration” lo enfureció, dijo que mentían los medios disminuyendo el número de personas que asistieron a su toma de posesión como Presidente, según él mucho mayor que la del presidente Obama. La información publicada no coincidía con lo que él esperaba que se dijera, una supuesta realidad que nunca pudo probar. Aquello se convirtió en un primer choque y derivó en una obsesión, abordó el tema en repetidas ocasiones ese mismo día incluso en el discurso de su primera visita a la CIA. El 16 de febrero, durante una conferencia de prensa afirmó que los medios son los “enemigos del pueblo.” A partir de entonces, ese es el trato que Trump da a la prensa en Estados Unidos, mientras llama a sus seguidores a no creer en los que dicen los medios, salvo excepciones, como la prensa escrita y electrónica más conservadora.

Otro hecho significativo para la relación de Trump con la prensa. Este sábado 30 de abril, Trump no asisitirá a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, donde el Presidente participa como invitado de honor desde la década de los veinte del siglo pasado, tampoco los miembros de su administración asistirían. Ronald Reagan en 1981 no asistió al encuentro con los corresponsales de la Casa Blanca, se recuperaba del atentado que pudo haberle costado la vida, pero se las arreglo para hablar telefónicamente durante la ceremonia, entre otras cosas dijo “si puedo darles algún pequeño consejo, es que cuando alguien les diga que se suban rápido al carro, lo hagan…” La anécdota ilustra la importancia del convivio para el presidente, así como el tono afable en que normalmente se desarrolla. No es una cuestión menor que Trump no asista y que el vocero de la Casa Blanca Sean Spicer, diga que “no hay razón para que él asista, se siente y pretenda que esto fuera simplemente otra noche de sábado… la relación y la cobertura que hemos tenido, no creo que debamos disimularla.” Sólo Trump cuestiona a la prensa y a los periodistas públicamente, como institución, esa es la política que definió desde el primer día de su gobierno y que lleva adelante contra los “enemigos del pueblo”. Nunca lo hizo ningún presidente a pesar de confrontaciones tan grandes como fue el caso Watergate que a partir de la investigación periodística de Woodward y Bernstein en el Washington Post, que siguieron otros medios y luego del Congreso llevó a la renuncia del Presidente Richard Nixon.

Trump reitera su política frente a la prensa: privilegia la hostilidad sobre la cordialidad, no entiende a los medios como un factor para el fortalecimiento de la democracia, sino pretende ponerlos al servicio del poder del presidente para manipular y fortalecer su imagen y gobierno. . Los autócratas atacan a la prensa con intensidad, ésta por su parte adopta un tono de mayor oposición y fortalece la crítica.

Más allá de las tensiones políticas, los medios en Estados Unidos han jugado, por lo general, el papel que les corresponde y soportado fuertes tensiones. Pero nunca las presiones, acusaciones y desencuentros alcanzaron el nivel al que han llegado en la turbulenta era Trump, en los primeros cien días de su gobierno obsesionado por la “prensa negativa”. Las presiones a la prensa tienen un carácter distinto, no se imponen sobre un determinado medio y en una determinada coyuntura, sino que están dirigidos a todos los medios impresos y electrónicos especialmente a los más críticos y de mayor influencia. Una tensa relación entre el gobierno y la prensa puede ser la clave para salvaguardar principios democráticos, pero una situación en que la confrontación desemboca en el trato de “enemigo del pueblo estadounidense” no pretendería el diálogo tenso o franco, sino el enfrentamiento y eliminación de la información por los canales habituales y de su rol analítico y crítico ante la opinión pública.

La labor de los medios fortalece la democracia, son factor importante para que los políticos y en particular el Presidente rindan cuentas. Frente a la política de Trump, la prensa estadounidense está fortaleciendo su labor informativa, la verificación de los hechos, la opinión, la crítica en general y en particular de políticas que buscan imponer retrocesos sociales y democráticos A lo largo de sus primeros 100 días de gobierno Trump ha mantenido el peor enfrentamiento de un presidente de Estados Unidos con la prensa. ¿Récord de los 100 días? Lamentable, pero así es.

El “First Amendment” de la Consitución protege la libertad de religión, de expresión y de prensa. Jefferson decía respecto a la prensa: “nuestra libertad no puede ser garantizada sino por la libertad de prensa.” En una ocasión afirmó que preferiría “la prensa sin gobierno que un gobierno sin prensa.”

 

La confrontación como estrategia

El Universal

Antonio Rosas-Landa

29 de abril de 2017

Chicago, Illinois.- Estados Unidos es una nación profundamente dividida y el actual presidente, Donald Trump, no ha hecho sino acelerar esa tendencia. Los estadounidenses viven aislados en el mundo en que se sienten cómodos, consumiendo información exclusivamente de fuentes liberales o conservadoras según sea su preferencia.

A tres meses de asumir el poder, Trump tiene el nivel más bajo de aprobación de inicio de mandato (54% lo aprueba y 40% lo desaprueba, según una encuesta realizada por el diario conservador The Wall Street Journal y la cadena de televisión liberal NBC).

Este estudio de opinión también muestra que la mayoría de votantes independientes reprueban el accionar de la administración y, por otro lado, que la base conservadora de Trump continúa apoyándolo pese a su falta de efectividad y a su manera poco ortodoxa de conducirse.

La esperanza de que la polarización de las campañas terminara con la elección se derrumbó ante los contantes embates que el presidente lanza contra rivales políticos, ilustrado en declaraciones incendiarias que distraen a la opinión pública de los atolladeros en que ha caído su gobierno y sus colaboradores.

Hasta ahora han sido algunos jueces quienes han mostrado el mayor contrapeso a las políticas del mandatario. Estos miembros del poder judicial detuvieron la puesta en marcha de las órdenes ejecutivas que buscaban negar la entrada a Estados Unidos de ciudadanos originarios de países de mayoría musulmana, así como la orden que castiga a las municipalidades que protegen a los indocumentados.

¿La respuesta del presidente? Una serie de vituperios que descalifican el accionar de los garantes de la aplicación de la ley. Aunque también hay que decir que Trump no está solo. La cadena de televisión conservadora Fox News llama “jueces liberales” a quienes obedeciendo la Constitución frenaron al Ejecutivo.

Hoy por hoy, en este país dominan las dicotomías: estás a favor o en contra del presidente, eres liberal o conservador, proteges a los ilegales o al Estado de derecho, y cada bando acusa de “extremistas” a aquellos con quienes se está en desacuerdo.

Volviendo al poder judicial, es verdad que la objetividad pura no existe pero también lo es que el deber del poder judicial es interpretar y ejecutar la ley, no imponer sus opiniones o sentir personal. Por ello, la intención explícita de Trump de nominar a “magistrados conservadores” a la Suprema Corte violenta la aspiración de un sistema imparcial y profesional.

El otro dique político llegó sorpresivamente del interior del Partido Republicano. La autodenominada fracción parlamentaria “Freedom Caucus”, integrada por legisladores de ultraderecha, que fueron los responsables de parar los cambios al sistema de salud prometidos por Trump. Esta ala radical también fue culpable de la renuncia de su anterior líder en la Cámara Baja, John Boehner, de paralizar al legislativo durante el gobierno anterior y seguramente contribuyó a que el cabello del presidente Barack Obama se tornara blanco.

El fuego amigo continuará si la ambiciosa reforma fiscal de Trump, que incluye recortes masivos de impuestos, dispara aún más el déficit nacional. Esto anticipa que los legisladores de ultraderecha y los libertarios monten una oposición activa a los planes presidenciales que prometen dinamismo económico si se adopta su plan fiscal.

Otros rivales son los medios de comunicación no alineados con el gobierno, no sólo los tradicionalmente liberales como la televisión de MSNBC, el diario The New York Times o los blogs de The Huffington Post, sino aquellos que por ser críticos del presidente han sido relegados por el poder.

En el crispado ambiente, los medios centristas como The Washington Post, CNN y Politico han radicalizado sus coberturas exhibiendo claras tendencias antiTrump.

Estas políticas editoriales enfocadas en reafirmar los prejuicios ideológicos de sus respectivas audiencias, sumado a la confrontación como estrategia que usa el presidente, sólo pueden anticipar la continua decadencia de la que solía ser la democracia más antigua y estable del mundo.

 

Libertad de prensa en el mundo, en su peor nivel en 13 años: Freedom House

El Universal

AFP

29 de abril de 2017

La libertad de prensa en el mundo está en su peor nivel en 13 años, amenazada por los ataques a los medios del presidente estadounidense Donald Trump y por restricciones impuestas por gobiernos autoritarios y democráticos, dijo el viernes un grupo de monitoreo.

El informe de Freedom House, una organización de derechos humanos con sede en EU, detectó crecientes preocupaciones por los esfuerzos de gobiernos alrededor del mundo para tomar medidas contra la prensa y la oposición.

“Los líderes políticos y otras fuerzas partidistas en varias democracias –incluyendo a Estados Unidos, Polonia, Filipinas y Sudáfrica– atacaron la credibilidad e independencia de los medios y el periodismo basado en hechos, rechazando el tradicional papel de vigilancia de la prensa en las sociedades libres”, dijo Jennifer Dunham, quien dirigió la investigación.

En un estudio de 199 países en 2016, el grupo concluyó que sólo el 13% de la población mundial disfruta de una “prensa libre”, donde la cobertura de noticias políticas es sólida, la seguridad de los periodistas está garantizada, la interferencia del estado en asuntos de los medios es mínima y la prensa no está sujeta a pesadas presiones legales o económicas.

Otro 42% de la población mundial tiene una prensa “parcialmente libre” y el 45% restante vive en países donde el ambiente de los medios “no es libre”, dijo el grupo.

Este informe hace eco de un estudio similar divulgado esta semana por Reporteros Sin Frontera, un grupo basado en Francia, que afirmó que la libertad de prensa enfrenta serias amenazas en 72 países, degradando el ránking de Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países.

El estudio de Freedom House dice que los derechos de la prensa están siendo erosionados por los esfuerzos de políticos en países democráticos por influir en la cobertura noticiosa y deslegitimar a los medios de comunicación.

“Cuando los políticos arremeten contra los medios, inducen a sus contrapartes en el exterior a hacer lo mismo”, dijo el presidente de Freedom House, Michael Abramowitz