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Transparencia y acceso a la información – 31 de enero de 2017

INAI

INAI ordena a CNDH informar sobre documentación de torturas

MVS

Comunicado oficial

30 de enero de 2017

Esto luego que un particular solicitó información y el organismo no proporcionó.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) deberá informar cuántas opiniones positivas y negativas emitió en sus investigaciones para determinar hechos relacionados con tortura durante la pasada década, determinó el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Un particular solicitó conocer la cantidad de resultados positivos y negativos respecto de las opiniones médico-psicológicas especializadas, basadas en los criterios previstos en el Manual para la Investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes “Protocolo de Estambul” para el año 2006 y hasta el 26 de agosto de 2016.

La CNDH informó que del 1 de enero de 2006 al 26 de agosto de 2016, se practicaron mil 491 opiniones médico-psicológicas especializadas basadas en los criterios previstos en el Manual citado.

El sujeto obligado aclaró que la búsqueda del sentido de cada opinión aplicada con anterioridad al año 2015, implicaría una consulta uno a uno de los expedientes de queja registrados con la finalidad de contabilizar la misma, analizar su contenido e identificar la información precisada por el solicitante.

La CNDH también manifestó que la divulgación de la información solicitada supone un riesgo que podría dar lugar a alteraciones en elementos con valor probatorio y, por tanto, justificó la ‘clasificación’ de información relativa a expedientes en trámite.

Inconforme con la respuesta, el particular señaló como agravio la negativa de proporcionarle la información de su interés.

En alegatos, la CNDH señaló que nunca notificó la negativa de proporcionar información, sino que entregó los datos con los que contaba, así como las razones por las que estaba imposibilitada para proporcionar el resto del desglose requerido.

No obstante, el sujeto obligado, a través de la Primera Visitaduría, sólo entregó datos del año 2012 al 2016, dejando pendiente de 2006 a 2012.

Aunque en el análisis del proyecto de resolución, se reconoció que las dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ad-hoc, la ponencia del comisionado Acuña Llamas destacó que el sujeto obligado debe garantizar el acceso a la información con la que cuenta en el formato que la misma lo permita o se encuentre.

“Lo que es incontrovertible es que todo procedimiento de Estambul te lleva inevitablemente a la consecuencia de saber si hubo o no tortura, el poder decir en estos mil 491 en cuántos hubo tortura y en cuántos no, uno por uno, no es una cuestión que implique ir más allá de estadística, que si bien no se tiene así elaborada, sí debe haberlo y debe ponerse en conocimiento porque son datos estadísticos que en nada quebrantan”, reiteró Acuña Llamas.

Además, concluyó que la CNDH cuenta con otras unidades administrativas competentes, a las cuales no se turnó la solicitud en estudio como son la Oficialía Mayor, la Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia y la Dirección General de Planeación y Análisis.

Sobre los expedientes en trámite, el proyecto de resolución concluyó que toda vez que el particular requirió conocer información estadística y no las opiniones per se, no es susceptible su clasificación bajo supuesto alguno.

Por lo anterior, el Pleno del INAI revocó la respuesta emitida por la CNDH y le instruyó a realizar una búsqueda exhaustiva en las unidades administrativas omitidas, así como en las Visitadurías Generales, y proporcione la información al particular.

 

INAI ordena a CNDH informar sobre opiniones médicas para determinar tortura

Milenio Jalisco

Jorge Almazán

30 de enero 2017

La CNDH deberá revisar mil 491 opiniones especializadas entre 2006 y 2016 para informar a un particular cuántas de ellas documentó la comisión de tratos degradantes y tortura.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) deberá informar cuántas opiniones positivas y negativas emitió en sus investigaciones para determinar hechos relacionados con tortura durante la década pasada, resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), informó en un comunicado.

Un particular solicitó conocer la cantidad de resultados positivos y negativos respecto de las opiniones médico-psicológicas especializadas, basadas en los criterios previstos en el Manual para la Investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ‘Protocolo de Estambul’, de 2006 al 26 de agosto de 2016.

El organismo respondió que en dicho periodo se practicaron mil 491 opiniones médico-psicológicas especializadas basadas en los criterios previstos en el manual, pero que la búsqueda del sentido de cada opinión aplicada con anterioridad al año 2015, implicaría una consulta a cada uno de los expedientes de queja registrados con la finalidad de contabilizar la misma, analizar su contenido e identificar la información precisada por el solicitante.

La CNDH también manifestó que la divulgación de la información solicitada supone un riesgo que podría dar lugar a alteraciones en elementos con valor probatorio y, por tanto, justificó la ‘clasificación’ de información relativa a expedientes en trámite.

Inconforme con la respuesta, el particular señaló como agravio la negativa de proporcionarle la información de su interés.

En alegatos, la CNDH dijo que nunca notificó la negativa de proporcionar información, sino que entregó los datos con los que contaba, así como las razones por las que estaba imposibilitada para proporcionar el resto del desglose requerido, pero sólo entregó información de 2012 a 2016.

Aunque en el análisis del proyecto de resolución, se reconoció que las dependencias y entidades no están obligadas a generar documentos ad-hoc, la ponencia del comisionado Francisco. Javier Acuña Llamas destacó que el sujeto obligado debe garantizar el acceso a la información con la que cuenta en el formato que la misma lo permita o se encuentre.

“Lo que es incontrovertible es que todo procedimiento de Estambul te lleva inevitablemente a la consecuencia de saber si hubo o no tortura, el poder decir en estos mil 491 en cuántos hubo tortura y en cuántos no, uno por uno, no es una cuestión que implique ir más allá de estadística, que si bien no se tiene así elaborada, sí debe haberlo y debe ponerse en conocimiento porque son datos estadísticos que en nada quebrantan”, reiteró Acuña Llamas.

El comisionado concluyó que la CNDH cuenta con otras unidades administrativas competentes, a las cuales no se turnó la solicitud en estudio como son la Oficialía Mayor, la Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia y la Dirección General de Planeación y Análisis.

Sobre los expedientes en trámite, el proyecto de resolución concluyó que toda vez que el particular requirió conocer información estadística y no las opiniones per se, no es susceptible su clasificación bajo supuesto alguno.

Así, el Pleno del INAI revocó la respuesta emitida por la CNDH y le instruyó a realizar una búsqueda exhaustiva en las unidades administrativas omitidas, así como en las Visitadurías Generales, y proporcione la información al particular.

 

Urge Inai a Congreso aprobar Ley General de Archivos

El Universal

Alberto Morales

31 de enero del 2017

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) urgió al Congreso de la Unión a aprobar la Ley General de Archivos, tercera de las tres normas que forman el Sistema Nacional de Transparencia.

Al inaugurar el foro “Balance sobre la iniciativa de la Ley General de Archivos”, la comisionada presidenta del Inai, Ximena Puente de la Mora, aseguró que la gestión documental es una herramienta indispensable para la transparencia.

“Considero fundamental la generación de sinergias y esfuerzos transversales con el Archivo General de la Nación y el Senado para impulsar la eventual aprobación de la ley”, dijo.

Afirmó que los archivos son un pilar fundamental del derecho a la verdad, la transparencia y la rendición de cuentas, “elementos indispensables para la consolidación del México transparente y democrático”.

El comisionado y coordinador de Gestión Documental y Archivos del Inai, Francisco Javier Acuña, consideró que los trabajos para la aprobación de la Ley General de Archivos caminan lento.

“Lo políticamente correcto es que, al margen de las angosturas económicas que nos han reducido los recursos, se hubiere dicho: ‘En archivos no, archivos merece una excepción por el significado trascendente que tiene esta causa’; sin embargo, no pasó así”, expresó.

El comisionado recordó que existe la posibilidad de que esta ley considere la transformación del Archivo General de la Nación de un organismo descentralizado a uno autónomo.

Las opiniones recabadas durante este foro serán enviadas a ambas cámaras legislativas para que sean tomadas en consideración, anunció la comisionada Patricia Kurczyn.

“La ley viene a conformarse como un tripie, como una base con la Ley General de Protección de Datos Personales; la Ley General de Acceso a la Información y, naturalmente, con toda su reglamentación”, dijo.

La directora general del Archivo General de la Nación, Mercedes de Vega, aseguró que la aprobación de la ley en la materia es urgente y debe salir con presupuesto para el órgano y para los archivos de los estados, una vez que sea promulgada.

Ana Carolina Ibarra, directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, recordó que el rector Enrique Graue destacó las preocupaciones de los historiadores y se pronunció en favor de esta ley.

 

INAI urge al Congreso a aprobar Ley General de Archivos

MVS

Ernestina Álvarez

31 de enero de 2017

El ordenamiento de los documentos es fundamental para la transparencia y la democracia, consideró la comisionada presidente del INAI, Ximena Puente.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales urgió al Congreso de la Unión a aprobar la Ley General de Archivos y consolidar el tercer pilar del Sistema Nacional de Transparencia.

Al inaugurar el Foro “Balance sobre la iniciativa de la Ley General de Archivos”, la comisionada presidente del INAI Ximena Puente, aseguró que el ordenamiento de los documentos es fundamental para la transparencia y la democracia por lo que reconoció la labor del Archivo General de la Nación.

El comisionado coordinador de Gestión Documental y Archivos, Francisco Javier Acuña Llamas, consideró que los trabajos para la aprobación de la Ley General de Archivos caminan lento.

Pero, señaló que existe la posibilidad de que ésta ley contemple la transformación del Archivo General de la Nación de un organismo descentralizado a uno autónomo.

Mientras que los comisionados resaltaron que las opiniones recabadas durante este foro serán enviadas a las Cámaras de Senadores y de Diputados para que sean tomadas en consideración por legisladores.

 

Comisionados del INAI urgen al Congreso aprobar Ley General de Archivos

La Jornada

Alonso Urrutia

30 de enero 2017

Ciudad de México. En el marco del foro Balance sobre la iniciativa de Ley General de Archivos, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, comisionados del organismo y especialistas urgieron al Congreso a aprobar la mencionada legislación, cuyo retraso alcanza ya dos años. Sin embargo, advirtieron que en los términos en que fue presentada la iniciativa representa un importante retroceso en materia archivístico, dado que se ha privilegiado los criterios políticos sobre los técnicos en el contenido de la ley.

Durante el foro, la presidenta del INAI, Ximena Puente destacó que la importancia de alcanzar es una buena legislación en materia de archivos es porque los documentos oficiales son la clave para que pueda garantizarse realmente el acceso a la información. “Los archivos son un pilar fundamental del derecho a la verdad, la transparencia y la rendición de cuentas. Todos ellos elementos indispensables para la consolidación de México transparente y democrático.

Clara Inés Ramírez, coordinadora del Archivo Histórico de la UNAM, llamó a los legisladores a realizar una verdadera consulta entre los especialistas para aprobar una legislación que verdaderamente reconozca la importancia, por ejemplo, de los archivos históricos y la forma de enriquecerlos mediante un procesamiento adecuado y en plazos previstos, de los denominados archivos de concentración y evitar su saturación.

Subrayó que los archivos históricos son claves para la recuperación de la memoria histórica, de ahí que debe quedar claro este proceso pues de lo contrario, existe el riesgo de la clasificación de documentos con valor histórico por no tener claridad de lo que debe ser un archivo históricos.

A su vez, Abel Roque, presidente de la Red Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior deploró los términos actuales de la iniciativa de ley porque sería un retroceso. Subrayó que desde la academia existe preocupación porque se incorpore en la ley un conjunto de restricciones de acceso a los archivos históricos.

Asimismo, dijo que si se deja a criterios discrecionales la transición de documentos de los archivos de concentración a los archivos históricos, privilegiando criterios técnicos y no políticos para definirlos porque esto forma parte de un cimiento democrático de una sociedad.

 

Presidirá Peschard Sistema Anticorrupción

La Jornada

Alonso Urrutia

30 de enero 2017

El comité de expertos que designó el Senado para realizar el procedimiento de selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) designó hoy a la ex consejera del Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información, Jacqueline Peschard como presidenta de dicho órgano y que, por tanto, también presidiría, en este año la Comisión Ejecutiva del SNA.

De igual forma, el Comité de Expertos determinó también que la ex Integrante de organizaciones de derechos humanos, Marie Claire Acosta se desempeñará por dos años; Octavio López Presa, ex comisionado del entonces IFAI, fungirá como integrante del Comité de Participación Ciudadana, por tres años; Luis Manuel Pérez , abogado vinculado a promoción de causas ciudadano se desempeñará por cuatro años y Alfonso Hernández, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Oriente fue nombrado por cinco años.

Al término de la votación, José Luis Caballero, vocero del comité dio a conocer que solo se notificará al Senado de la República de la designación de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana sin que esta instancia pueda tener incidencia alguna para modificar o vetar a alguno de los miembros.

Peschard tiene una larga trayectoria en órganos colegiados del estado mexicano, desde que participó en la primera integración del Instituto Federal electoral. Académica de la UNAM, Peschard presidió en su momento al IFAI. El comité de expertos dio a conocer que el criterio para el escalonamiento en los años en que se desempeñarán, obedeció a la aportación que podrían dar al Comité de Participación Ciudadana con base en su trayectoria profesional y académica.

Edna Jaime Treviño, quien presidió el comité señaló que se tomó en cuenta como criterios de selección la equidad de género, la diversidad de experiencias profesionales y académicas, capacidad de interlocución con diversas organizaciones ciudadanas, mérito profesional y académico.

Explicó que hacía el final del proceso quedaron 16 aspirantes de entre los cuales quedaron las cinco propuestas que fueron votadas hoy por unanimidad de los miembros del comité de expertos. Indicó que hubo una consulta previa para sondear los posibles consensos entre quienes serían propuestos a votación.

En principio, dicho comité de Participación Ciudadana comenzará a funcionar a partir del 9 de febrero, una vez que sus miembros presenten sus declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses.  Jaime Treviño dijo que hoy mismo notificará al Senado de la conclusión de este procedimiento.

Caballero mencionó que cada uno de los integrantes del comité de Participación Ciudadana presidirá ese órgano en el último año de su gestión.

 

Diagnósticos sobre transparencia

Alertan riesgo en neutralidad de la red

Diario Reforma

Alejandro González

31 enero 2017

El impedimento de que los proveedores de internet en Estados Unidos ofrezcan condiciones preferentes a determinados servicios o contenidos, conocido como neutralidad de la red, está en riesgo de cancelarse en ese país.

El nuevo presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés), Ajit Pai, ha señalado que eliminarían los derechos que se reconocieron en la Administración de Barack Obama.

Carlos Brito, director de incidencia de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), explicó que el equipo que armó Donald Trump dentro de la FCC tiene una postura empresarial en contra de los derechos de la neutralidad de la red.

Que la discusión vaya en ese sentido en Estados Unidos podría afectar a México, agregó Brito.

“Nos debería preocupar en México porque sienta un precedente. Mientras la tendencia internacional había sido proteger los derechos de neutralidad de la red, en Estados Unidos ya cambiaron de postura”, dijo.

Efrén Páez, analista de la firma Mediatelecom, explicó que en la pasada Administración, la banda ancha fue reclasificada bajo el Título II de la Ley de Comunicaciones de Estados Unidos, lo que permitió considerar a los proveedores de internet como servicios de transporte común de internet, y por ello se impedía que vendieran condiciones preferentes.