Call us  Teléfono +52(33)3669·3434 ext. 3277 qmedios@iteso.mx

Periférico Sur Manuel Gómez Morín #8585 CP. 45604 · Tlaquepaque, Jalisco, México

Economía política de las empresas de medios de comunicación

Economía política de las empresas de medios de comunicación

Competencia

Río 2016, ¿un dolor de cabeza para el Canal 22 y el IFT?

El Economista

Nicolás Lucas

10 de mayo de 2016

 

El Canal 22 y otras señales de la televisión pública mexicana transmitirán las Olimpiadas de Río de Janeiro a partir del próximo 5 de agosto. Este sólo hecho pondría al Canal 22 en un predicamento de si estaría o no vulnerando la normatividad vigente en radiodifusión y telecomunicaciones, luego que la reforma del 2013 prohíbe expresamente a los medios públicos comercializar publicidad con fines de lucro.

Especialistas del sector han venido argumentando que con el sólo hecho de que por la pantalla del Canal 22 se muestre una pauta publicitaria desde la transmisión de origen de Río 2016, el canal podría estar incurriendo ya en una vulneración a las leyes.

El predicamento, sin embargo, no concierne, en este caso, al Canal 22 sino al IFT, puesto que desde su nacimiento esta señal tiene los permisos legales para comercializar tiempos de pauta publicitaria para sostener sus operaciones, según el título de concesión de Televisión Metropolitana S. A. de C. V., controladora del Canal 22, mismo que también deja en claro que esta es una empresa pública comercializara.

La TV pública sale al quite por Río 2016

América Móvil obtuvo en el año 2013 los derechos de transmisión de las Olimpiadas de invierno de Sochi 2014 y de verano de Río 2016, para toda América Latina, salvo el mercado brasileño.

En las últimas dos semanas, AMX ha confirmado que no logró llegar a acuerdos con las televisoras comerciales para transmitir los próximos juegos olímpicos en México y a su vez, Televisa y Televisión Azteca han informado que realizarán informes en sus noticieros deportivos sobre las jornadas de Río 2016.

AMX ya había anunciado que acordó con los canales públicos, principalmente los canales 11 y 22, transmitir ese evento deportivo, así como a través de su plataforma de Internet Uno TV.

La transmisión de Río 2016 por los canales públicos estaría alejando a América Móvil de cualquier penalización del Comité Olímpico Internacional, según expertos, en el sentido de que el COI exige a quien otorga los derechos de esos eventos a que éstos se transmitan por televisión abierta.

La última palabra sobre Río 2016, ¿en el IFT?

El título de concesión del Canal 22 le permite comercializar anuncios, pero la nueva legislación prohíbe esta posibilidad a los medios públicos. Y la misma ley entra en contradicción al establecer que no se deben modificar las condiciones que originalmente se fijaron en el título de concesión, por lo que el Canal 22 sí puede comercializar anuncios.

“Sin perjuicio de lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se expide por virtud del decreto, en la ley y en la normatividad que al efecto emita el IFT, las concesiones y permisos otorgados con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, se mantendrán en los términos y condiciones consignados en los respectivos títulos o permisos hasta su terminación, a menos que se obtenga la autorización para prestar servicios adicionales a los que son objeto de su concesión o hubiere transitado a la concesión única prevista en la LFTR, en cuyo caso, se estará a los términos y condiciones que el IFT”, se lee en el artículo séptimo transitorio de la LFTR.

“Tratándose de concesiones de espectro radioeléctrico, no podrán modificarse en cuanto al plazo de la concesión, la cobertura autorizada y la cantidad de Megahertz concesionados, ni modificar las condiciones de hacer o no hacer previstas en el título de concesión de origen y que hubieren sido determinantes para el otorgamiento de la concesión”, agrega este artículo transitorio.

Entonces, tocará, dado el caso, resolver al IFT si particularmente el Canal 22 estaría faltando a ley con transmitir anuncios dentro de las Olimpiadas de Río de Janeiro.

“Vamos a ver cómo interpreta el IFT: tenemos esta restricción, por otro lado el artículo séptimo transitorio en su segundo párrafo que cita las no modificaciones al título original del título de concesión del Canal 22, que le permiten comercializar, como por ejemplo también a algunas otras estaciones del IMER”, dijo Agustín Ramírez, abogado especializado en telecomunicaciones del despacho de consultoría Aura Boros y ex presidente de la Amedi.

“El canal desde su origen es una concesión, no un permiso, y desde su origen vende publicidad. Y cuando Slim adquirió los derechos de transmisión y los cedió al Canal 22, no había mayor problema, porque los puede comercializar”, añadió Agustín Ramírez. “Lo interesante es ver cómo reacciona el IFT con esta prohibición de que los medios públicos no pueden transmitir publicidad, pero que también está ese artículo séptimo transitorio: o respeta el origen del título o aplica la nueva ley”.

 

 

 

Economía política de las empresas de medios de comunicación

Competencia

#TelevisaPapers, la corrupción de sus finanzas investigada en EU – Tercera Parte

Homozapping

Jenaro Villamil

10 Mayo 2016

 

Yate, Aeronaves, Departamentos

 

El mismo documento hace una descripción de las propiedades inmobiliarias de Alfonso de Angoitia, que incluyen tres casas en las Lomas de Chapultepec, un rancho en Acultzingo, Estado de México y un departamento en 1030 Fifth Avenue, adquirido por el vicepresidente ejecutivo de Televisa en 16.5 millones de dólares, “pagados con dinero en efectivo”.

 

En su respuesta al texto publicado en The Wall Street Journal, Televisa negó la existencia de un departamento de lujo en Nueva York, propiedad de De Angoitia. Sin embargo, desde 2013, la revista Observer publicó en su sección “estilo y diseño” un texto firmado por Kim Velsey donde resalta que De Angoitia y su esposa María de la Concepción Legorrera “pagaron en efectivo” 16.5 millones de dólares por esta propiedad en el mejor lugar de la Gran Manzana, que los hace vecinos de celebridades del espectáculo como Madonna.

 

Entre otros lujos se consigna la adquisición en 120 millones de dólares del yate de 257 pies de Emilio Azcárraga Jean, llamado TV, estacionado en Filipinas. Coincide con el mismo yate publicado en 2012 por Proceso (ver No. 1857). Desde 2013, añade el documento, “el mantenimiento mensual y los gastos de la tripulación son cargados al show Por el Planeta” que transmite Canal 2 en el espacio del noticiario de Joaquín López Dóriga.

 

Según el mismo documento, De Angoitia y Salvi Folch preparan la venta de este yate por 130 millones de dólares. Desde enero de 2016, el TV aparece en las revistas especializadas de yates de lujo en venta.

 

Describe la propiedad de al menos cuatro aeronaves privadas, utilizadas por los altos ejecutivos de Televisa, en sociedad con otras compañías, como el caso de Aero Personal S.A. de C.V., donde son socios en una tercera parte dos fideicomisos del Banamex (Nos. 11776-3 y 13037-9) y Transportes Aéreos Mexiquenses; otro es XA-EAJ, utilizado personalmente por Azcárraga Jean, con un valor de 100 millones de dólares; y XA-SKY, con Grupo Mexicano de Seguros y un valor de 250 millones de dólares. Esta aeronave es “para uso exclusivo de Alfonso de Angoitia y de su familia”.

 

Televisa se “Autoinvestiga”

 

En su edición del jueves 5 de mayo, The Wall Street Journal informó que la carta anónima llegó como correo electrónico a miembros del consejo de Univisión y presuntamente del Departamento de Estado norteamericano. Proceso confirmó que existe una investigación en curso. El Journal mencionó que para verificar la validez de esta carta envió correos a la cuenta de la que se originó la misma.

 

“Hasta la fecha, la identidad del remitente del correo electrónico no se ha determinado”, afirmó el rotativo en la nota firmada por José de Córdoba y Santiago Pérez.

 

Ante la divulgación de parte del contenido de este, el presidente Azcárraga Jean manifestó su “apoyo inquebrantable” a De Angoitia y a su equipo y calificó las acusaciones como “ficticias y sin fundamento”.

 

Azcárraga Jean afirmó a The Wall Street Journal que la carta anónima es un “intento orquestado para infligir un daño a la reputación de la compañía y de sus empleados”.

 

Informó que contrató a un bufete de abogados de Nueva York, Wachtell, Lipton, Rosen and Katzobtener, autorizados por De Angoitia y sus familiares, para investigar a la propia empresa y a los altos ejecutivos mencionados en estos documentos.

 

Según Azcárraga Jean el bufete contactó a bancos relacionados con el vicepresidente de Televisa para confirmar o descartar la existencia de las cuentas bancarias que menciona la misiva privada.

 

En sintonía con la respuesta de Azcárraga Jean, el comentarista de la empresa Joaquín López Dóriga publicó en su columna de Milenio Diario que las acusaciones contra De Angoitia “rebasan la ficción” y que el mismo The Wall Street Journal “desecha”.

 

“El anónimo incluye datos personales de Alfonso, datos que dan una línea para descubrir al patrocinador o patrocinadora y a los operadores de esta ofensiva que tienen como común denominador el rumor a esta casa y sus antecedentes en la misma”, afirmó López Dóriga.

 

En su columna de trascendidos “Bajo Reserva”, El Universal afirmó que Televisa está “bajo fuego de ‘anónimos’”. En esta columna el rotativo que ha publica las versiones extraoficiales de Televisa relata:

 

“Un día atípico se vivió el jueves en Televisa, que preside Emilio Azcárraga, donde se conoció que en abril llegaron denuncias anónimas por correo electrónico contra directivos de la empresa, por supuestos actos de defraudación. Los mensajes fueron enviados también a consejeros del grupo Televisa y a algunas autoridades. Una firma independiente basada en Nueva York, Wachtell-Lipton, ha estado investigando y no ha encontrado irregularidad alguna de sus funcionarios. Nos dicen que en esa línea llama mucho la atención que hasta las cuentas bancarias a donde habría traspasos irregulares son inexistentes. Después de comenzar la indagatoria, nos comentan que este tipo de ataques son comunes en Estados Unidos, pero es la primera vez que enfocan sus baterías contra una empresa mexicana. ¿Quién desde suelo estadounidense estará atrás de estos actos de desprestigio a ejecutivos de la televisora y qué persiguen?”.

 

Al mediodía del viernes 6, Televisa envió un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores para afirmar que “la compañía ejercerá todas las acciones legales, a que haya lugar, contra los responsables de la carta”.

 

“Grupo Televisa confirmó que una carta anónima enviada por correo electrónico, y que contiene información imprecisa, falsa y engañosa sobre la compañía y personas asociadas a la misma fue distribuida como parte de lo que parece ser un esfuerzo coordinado para causar daño a la reputación de la compañía y sus ejecutivos”, reiteró el comunicado a la BMV.

 

 

 

 

Economía política de las empresas de medios de comunicación

Competencia

#TelevisaPapers, la furia y las contradicciones del consorcio

Homozapping

Jenaro Villamil

10 mayo 2016

 

Para ser un simple “anónimo” que sólo contiene “información imprecisa, falsa y engañosa”, Emilio Azcárraga Jean y sus ejecutivos de Televisa han hecho todo para sobredimensionarlo y elevarlo a categoría de “documento maldito” no por su carácter mentiroso sino por el contenido explosivo de sus revelaciones, quizá algunas ciertas y otras colocadas ahí exactamente para abrir pistas incómodas sobre la riqueza de los Cuatro Fantásticos.

 

Primero, Azcárraga Jean admite el 5 de mayo ante The Wall Street Journal la existencia del documento y revela que ordenó una investigación al bufete de abogados de Nueva York denominado Watchell, Lipton, Rosen and Katz, y advirtió que “ejercerá todas las acciones legales a que haya lugar contra los responsables de la carta”.

 

El viernes 6, como si no fuera suficiente la nota en The Wall Street Journal Televisa envía un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores para subrayar que el documento “parece ser un esfuerzo coordinado para causar daño a la reputación de la Compañía y sus efectivos”.

 

Es decir, Televisa desmiente, pero investiga al mismo tiempo. No queda claro si ordenó la investigación antes o después de la existencia del documento anónimo fechado el 20 de abril de este año.

 

En su mismo comunicado a la Bolsa indicó que la investigación ordenada “al día de hoy ha confirmado la naturaleza ficticia, sin excepciones, de las acusaciones que aparecen en la carta, por lo tanto la Compañía considera que la carta y las acusaciones de irregularidades son falsas y no materiales”.

 

Tres días después, en un comunicado leído por Joaquín López Dóriga en el noticiario estelar de Canal 2, Televisa vuelve a mencionar una investigación “en curso” cuyos resultados aún no son definitivos:

 

“Las imputaciones contenidas en la carta anónima son falsas como en su momento quedará demostrado por la investigación que está siendo practicada por auditores independientes a solicitud de la propia Televisa”.

 

¿Si son independientes por qué Televisa adelanta ya el resultado de una investigación? ¿No sería más fácil que hubieran contratado a Virgilio Andrade para que los exonerara a modo?

 

Televisa lo que no quiere es que se divulgue el contenido de un anónimo que le llegó a tres órganos reguladores y de investigación de Estados Unidos en la misma fecha: 20 de abril. Se trata de un texto de 15 cuartillas más un dossier de más de treinta documentos de soporte que le llegaron a la Securities and Exchange Comission (dependiente del Departamento del Tesoro), al Departamento de Justicia y a la División de Estudios Criminales.

 

El segundo ensayo de respuesta de Televisa se produjo después de que Proceso publicara partes del contenido del documento en su edición de esta semana y éstos fueron retomados por el periódico Reforma en notas informativas del fin de semana.

 

En ese momento, el consorcio no sólo intenta desacreditar al autor o autores del “anónimo” sino frenar la divulgación del contenido del documento, en un ejercicio vergonzoso de intento de censura por la vía de amedrentar con amenazas por la vía civil o penal.

 

El “control de daños” sólo magnifica el daño porque fue la propia empresa la que dio pie a analizar y a revisar las denuncias muy delicadas de triangulación de fondos, de no reportar hasta el 10 por ciento de ingresos por la vía de la venta irregular e ilegal de espacios en la pantalla para figuras políticas, y de otras transacciones que configuran un posible delito de lavado de dinero.

 

Si todo esto es falso, ¿por qué la furia? Del tamaño de su molestia es el tamaño del desatino en su respuesta o de la división y fractura interna en la cúpula de Televisa. Datos, montos, citas y mecánicas reveladas en este “anónimo” sólo pueden ser conocidas por alguien de adentro de la propia empresa y de muy alto nivel.

 

Extraoficialmente, Televisa ha dicho a través de Joaquín López Dóriga (en su columna de Milenio, 6-mayo-2016) que “el anónimo incluye datos personales de Alfonso (de Angoitia), datos que dan una línea para descubrir al patrocinador o patrocinadora, y a los operadores de esta ofensiva que tienen como común denominador el rencor a esta casa y sus antecedentes en la misma”.

 

A buen lector, pocas palabras: López Dóriga sugiere que se trata de alguien de adentro, que estuvo en Televisa y que le tiene rencor.

 

Sin embargo, el lunes 9 de mayo, el vicepresidente de Televisa, Javier Tejado Dondé, en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula sugiere que la divulgación del documento anónimo se relaciona con la disputa en telecomunicaciones.

 

“Hay algunos indicios, la verdad de que penamos quién puede estar detrás de eso. En el escrito se develan temas de telecomunicaciones. En estos momentos se está revisando nuestro régimen de preponderancia y el IFT pronto publicará sus informes de preponderancia”, afirmó Tejado Dondé.

 

Quizá este es el tema que le preocupa al señor Tejado Dondé, experto en telecomunicaciones, pero el documento no habla de la disputa por el mercado del triple play sino de un presunto fraude a accionistas de Televisa, de una serie de maquinaciones para encubrir cantidades millonarias que ingresan a la compañía y no son reportadas ante los organismos reguladores. Televisa cotiza en la bolsa de valores de Estados Unidos, por eso está sujeta a regulaciones como el acta Sarbanes-Oxley.

 

En la noche del mismo lunes 9 de mayo, López Dóriga ya no dio su opinión sino que leyó a prisa y a trompicones un comunicado de Televisa para anunciar que actuará “con toda firmeza” en los ámbitos penal y civil para que se establezcan responsabilidades que correspondan y en su caso “reparen los daños causados a la empresa”.

 

El mismo comunicado vuelve a la contradicción:

 

“A pesar de que se trata de un anónimo carente de veracidad y sin soporte alguno, fueron los directivos de Televisa quienes ante este caso solicitaron la investigación independiente”. ¿Hay que aplaudirlos por eso?

 

“La aparición de las cartas anónimas y la difusión que se ha dado por medios nacionales, no obstante la evidente falta de veracidad de sus imputaciones evidencia que estamos ante una campaña de desprestigio que pretende dañar la imagen de Televisa y sus directivos. Se trata de los mismos medios que se han acreditado (sic) como promotores de campañas de desprestigio contra esta empresa”.

 

Al viejo estilo priista, Televisa no se atreve a dar públicamente los nombres de esos “medios que se han acreditado” como sus “desprestigiadores”.

 

Sin embargo, llama la atención que las palabras “falsas, imprecisas y engañosas”, utilizadas en las primeras comunicaciones sobre el documento anónimo, se han sustituido por la frase “evidente falta de veracidad” para mencionar al anónimo maldito que ha desatado la santa furia al interior de los Cuatro Fantásticos.

 

 

 

Economía política de las empresas de medios de comunicación

Empresas de medios presentes en otras ramas de la economía

Rompe el Bronco con TV Azteca

Publimetro
Víctor Badillo
10 de mayo de 2016

La empresa de la Familia Salinas Pliego, única beneficiaria del Programa estatal SE Educa fue dada de baja del padrón de proveedores anunció el Gobierno de Jaime Rodríguez Calderón en un comunicado.
“A toda la población beneficiaria del Programa de Becas SE Educa:
La participación de la Universidad CNCI de México en el Programa de Becas denominado “SE Educa” del Gobierno del Estado ha finalizado.” Anunció la administración estatal.
“Para garantizar el avance académico de los beneficiarios, el Gobierno Ciudadano, a través de la Secretaría de Educación, implementará distintas acciones que permitan establecer la continuidad en la preparación de los estudiantes.” Rezó su comunicado.
Uno de los párrafos fue dedicado a los beneficiarios de este programa a los cuales El Gobierno del Estado agradeció su comprensión.
“El gobierno refrenda su compromiso con todos los beneficiarios del programa “SE Educa” que participaron en el proceso de validación del 22 al 26 de abril del año en curso, con el objeto de concluir su formación educativa en el nivel medio superior y superior.
En las próximas semanas se dará a conocer un nuevo programa que garantizará la continuidad de los estudiantes actuales, así como apoyos educativos para todos los jóvenes de Nuevo León.” Concluyó el informe.
CNCI había sido denunciado en la agencia Anticorrupción por inflar la lista de alumnos a los que les brindaba servicios de beca. La empresa filial de TV Azteca argumentaba becas a más de 10mil estudiantes cifra que fue cuestionada por la autoridad estatal por lo que se inició una investigación se concluyó que los becados reales no rebasaban los mil estudiantes.
Los alumnos de este programa se reportaron directamente a las oficinas gubernamentales en donde se les darán nuevas opciones para concluir sus estudios.