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Transparencia y acceso a la información

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Diagnósticos sobre transparencia

Mal humor social

Mural

JAQUE MATE / Sergio Sarmiento

28 Abr. 2016

 

“Sé que a veces se puede decir… que no hay buen humor, que el ánimo está caído, hay mal ambiente, un mal humor social”.
Enrique Peña Nieto
GUADALAJARA.- Efectivamente, hay un mal humor social. La gente está molesta. Hay cuestionamientos constantes a las autoridades. La popularidad del mandatario está en 30 por ciento, uno de los niveles más bajos de la historia para un Presidente mexicano.
Enrique Peña Nieto considera injusta esta apreciación: “Hay muchas razones y muchos argumentos para decir que México está avanzando, que México está creciendo en distintos ámbitos, en distintos espacios…”. Pero el ánimo de la nación es una realidad que puede afectar decisiones empresariales y familiares.
El Presidente atribuye este mal humor social a “algunas notas, columnas y comentarios que recojo de aquí y de allá”, como dijo en el Tianguis Turístico de Guadalajara. Los columnistas y comentaristas, sin embargo, nunca han tenido el poder de modificar de esta manera el ánimo social y no hay razón para suponer que hoy lo puedan hacer.
De hecho, hoy más que nunca el gobierno debería tener la oportunidad de generar un ánimo positivo entre los ciudadanos. La radio y la televisión abierta han sido obligadas a reservar tres minutos de tiempo cada hora, cuatro minutos durante campañas, para celebrar el buen trabajo de los políticos. Las mismas emisoras, en ánimo de quedar bien con el poder, ofrecen diarias notas positivas sobre el Presidente y los gobernadores. El problema es que estas notas, como la propaganda política en spots, se han convertido en simple ruido ambiental. Nadie les hace caso. Al contrario, generan más escepticismo y nutren el mal ánimo. Las redes sociales, por otra parte, se han convertido en una fuente constante de críticas que hacen que la cobertura positiva en medios no tenga efectos.
El movimiento de Ayotzinapa ha tenido un impacto en la actitud social. Muy mal deben haberse manejado las cosas para que unas decisiones tomadas por un gobierno municipal del PRD hayan terminado por afectar la imagen presidencial. Ahora la ONU, el New York Times, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Washington acusan al gobierno federal de encubrimiento o incluso de complicidad.
La pérdida de popularidad del Presidente, sin embargo, parece deberse más a la Casa Blanca. La experiencia nos dice que la impresión de deshonestidad personal afecta más que cualquier otro factor a un mandatario mexicano. Quizá el Presidente no haya cometido ningún acto de corrupción, pero el simple conflicto de interés ha sido suficiente para deteriorar su imagen pública.
El Presidente tuvo mucho éxito en un principio para convencer a la población de que los problemas de inseguridad del sexenio de Felipe Calderón habían quedado atrás. La preocupación por la inseguridad, sin embargo, se ha vuelto dominante una vez más.
La economía también duele. Si bien el país está creciendo, bastante más que muchos de Latinoamérica, la expansión de 2.5 por ciento anual no se está sintiendo en los bolsillos. Esta falta de satisfacción económica personal es siempre uno de los principales factores de insatisfacción de una comunidad.
Peña Nieto no es el único mandatario con problemas de popularidad. En el mundo entero hay una actitud cada vez más hostil hacia los gobernantes. Por eso Donald Trump se convirtió en una opción política en Estados Unidos, por eso los partidos políticos no pueden formar gobierno en España, por eso Dilma Rousseff está a punto de ser derrocada en Brasil.
En México el rechazo al Presidente y al sistema político ha permitido a Andrés Manuel López Obrador convertirse nuevamente en puntero de la carrera presidencial. El mal humor social podrá descartarse como un simple malestar surgido de la mala leche de columnistas y comentaristas. Pero las consecuencias políticas pueden ser profundas.
SARMIENTOSAURUS
Es un dinosaurio saurópodo, un titanosaurio herbívoro cuyos restos fueron hallados en Argentina. Ya los Sarmientos mexicanos estamos tratando de establecer nuestro parentesco con el Sarmientosaurus argentino.
@SergioSarmiento
 

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Sistema anticorrupción #2.1de2.1 – Diligencias y aprietos de Zerón

El Universal

Katia D’Artigues

29 de abril de 2016

 

Un avance, aunque no todo lo que se quería. Ese parece que será el resultado de lo que saldrá del Sistema Nacional Anticorrupción por el momento.

Ayer salió humo tricolor-verde. Los senadores de esos partidos ¡al fin! presentaron sus propuestas para cinco de siete leyes que integrarían el Sistema. Y las organizaciones de la sociedad civil que apoyaron la iniciativa ciudadana #3de3 —si bien hacen énfasis en que no es todo lo deseable y que es importantísima la parte penal— avalaron la moción.

Habrá que esperar qué sucede entre hoy y mañana que termina el periodo de sesiones, si sale o no, o si convocan a un periodo extraordinario. Y ver si —por presión del PAN— a última hora también se discute el tema de la Fiscalía Anticorrupción (que es un cambio a la Ley Orgánica de la PGR) y los tipos penales que deben quedar en el Código Penal.

Leo en Twitter a mucha gente enojada. Acusan a las organizaciones (el Instituto Mexicano para la Competitividad, Transparencia Mexicana, Centro de Estudios Espinosa Yglesias, México Evalúa, CIDE, Fundar, entre otras) de “venderse”, de “ceder”, hasta de “transar”. Me parece injusto. ¿Se hubiera preferido que no saliera algo, un paso adelante, y nos quedáramos igual? Bueno, sin duda que era una de las alternativas.

Lo más difícil de explicar será que el #3de3 no pasó: que todos tengan que presentar y publicar sus declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal. Quedó en algo así como #2.1de2.1. El acuerdo sería que sí se tenga que presentar y publicitar la declaración patrimonial; pero consideran que pueden ir sin montos y sin ubicación específica de los inmuebles. Sí se especificará ciudad y país donde se encuentran. Dependerá del funcionario si desea hacer pública dicha información.

También dejarán a la buena voluntad de los servidores públicos decidir si hacen o no públicos los datos patrimoniales de esposa/esposo y dependientes económicos. Y de ser así, deberán darles la autorización respectiva (habrá muchos y muchas espos@s que no quieran).

Proponen que los Órganos Internos de Control realicen verificación aleatoria de declaraciones patrimoniales.

Para la declaración de conflicto de intereses va la misma fórmula: podrán hacer pública la información de sus cónyuges, pero sólo previa autorización de ellos o ellas.

Y para la declaración fiscal, proponen que se incluya solamente la comprobación fiscal de que fue presentada.

Ayer lo decía Juan Pardinas: “A la clase política no le interesa, no está de acuerdo con presentar de dónde viene su riqueza”. Si no, ¿cómo explicar que sólo 16 senadores, de todos los partidos, han presentado voluntariamente su declaración como consta en la página del Imco?

La propuesta priísta-verde deja fuera la recompensa que planteaba la #3de3 para los ciudadanos que denuncien actos de corrupción. Tenían derecho al 10% del monto de lo recuperado.

El Instituto Mexicano para la Competitividad consideraba que aún es sujeto a discusión el contenido de esta propuesta que no es, ni siquiera, dictamen (hay que citar a una sesión para ello). ¡Ojalá nuestra clase política dé un paso más para lograr la transparencia y atender la exigencia de la ciudadanía! Finalmente son más de 600 mil firmas que lo piden.

Las horas que siguen serán clave.

Salió peor la “explicación”. Hoy, más que nunca, no me gustaría estar en los zapatos de ningún funcionario de la Procuraduría General de la República.

No sé con qué cara responderán a las observaciones hechas ayer por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, casi 48 horas antes de que termine su periodo de trabajo, sobre las nuevas fallas detectadas en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Evidenciaron que estamos lejos de ser un país donde se respeta el Estado de derecho.

Fue Carlos Beristáin quien respondió a Tomás Zembrón… ¡perdón, Zerón, Zerón, Tomás Zerón!, director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, quien tras ser balconeado con el hecho de que había ido a las inmediaciones del río San Juan un día antes de que se hayan encontrado ahí importantes evidencias, dijo que su visita del 28 de octubre de 2014 fue legal:

—Las afirmaciones del señor Zerón en su conferencia constituyen una tergiversación de la realidad.

Tomás Zerón dijo el miércoles pasado que en la visita que realizó el 28 de octubre de 2014  a las inmediaciones del Río San Juan, acompañado de Agustín García Reyes, –uno de los presuntos responsables quien los llevó a ver dónde estaban los restos de los alumnos calcinados–  también estuvieron presentes funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, entre ellos Omar Gómez Trejo  Lo dijo en un afán de legitimizar el recorrido.

Mal.

El GIEI aclaró que los funcionarios de la ONU “en ningún momento vieron a Agustín García Reyes en el escenario del Río San Juan ni estuvieron con ellos en dicho escenario”. Ayer mismo la oficina del Alto Comisionado en México avaló esa postura. El Equipo Argentino de Antropología Forense reiteró que ellos no tuvieron acceso a ningún documento pericial o ministerial de la PGR sobre ese día, y que no estuvieron presentes en el momento de la recolección de la bolsa con restos.

Se pone peor.

Zerón aseguró que está facultado para encabezar diligencias como la realizada en octubre de 2014, aunque ojo, esa visita no esté documentada ni su acta incluida en la Averiguación Previa, como sí está la visita realizada el día 29 de octubre.

¿Qué responderán las autoridades en torno a las 30 señas de tortura que presentó Agustín García Reyes en su revisión medica de las 00:50 horas del 28 de octubre de 2014, horas antes de viajar al Río San Juan? Cuando fue revisado por el médico naval al momento de su detención,  no tenía ninguna  lesión.

Los integrantes del GIEI reiteraron que, siguiendo protocolos internacionales, las declaraciones obtenidas con actos de tortura  no pueden tomarse en cuenta  en una averiguación y deben ser desechadas.

Sobre las anomalías en la clasificación de restos localizados el 28 pero que fueron fechados el 29 de octubre, Zerón dijo que se revisará esta situación por los órganos internos de la PGR. Al menos eso aceptó que hicieron mal.

–Las explicaciones del señor Zerón ponen de manifiesto que su comportamiento está en contradicción de los estándares mínimos internacionales en la investigación de los hechos. Y por lo tanto, agravan el problema.

Ayer por la tarde se anunció que la PGR ya pidió formalmente la investigación, en la Visitaduría General, sobre la actuación de Zerón.

Mañana se van Carlos Beristáin, Angela Buitrago, Francisco Cox, Claudia Paz y Paz, y Alejandro Valencia.  Falta esperar cómo será el mecanismo de seguimiento que hará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Cero y van dos. De nueva cuenta los integrantes de  Movimiento Ciudadano da muestra de que lo suyo no es la informática y menos la seguridad cibernética.  Ya aceptaron que, siguiendo los consejos de la empresa Indatcom, colocaron en la nube de Amazon Web Services la copia del padrón electoral que tenían, el cual quedó desprotegido ¡y a la venta! Dante Delgado dijo que todo se había tratado de un hackeo cometido por  Chris  Vickery.

Oh, oh. El presunto culpable ya respondió: que no hubo tal hackeo y que es más probable que Indatcom no cumpliera con todos los requerimientos de seguridad y quedó desprotegida.

Y no aprenden, eh. En febrero pasado el INE los multó con 76 millones de pesos ya que tuvieron una experiencia similiar con el padrón de 2013 que les entregaron. Qué raro que les pase dos veces.

Él lo dijo:

–Lo que sucedió (el enfrentamiento del domingo pasado)  fue magnificado de una manera malintencionada; nadie quiere decir, en ese momento ni en ningún otro, que no existan los problemas que se presentan en Guerrero: Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero.

 

 

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La lucha cuerpo a cuerpo: el SNA

El Universal

Enrique Cárdenas Sánchez

29 de abril de 2016

 

Mucho de lo propuesto desde la sociedad civil sea incorporado, y eso, en sí mismo y de aprobarse, es un enorme avance

Llevamos semanas, incluso meses, de estar librando una batalla cuerpo a cuerpo para convencer, con argumentos, la forma y el fondo del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) de nuestro país. Hoy, esa batalla se ha trasladado a quienes tienen la responsabilidad de legislar. Nosotros apenas somos personas interesadas, enteradas del tema, que hemos tratado de contribuir a la construcción del Sistema.

Ayer jueves, los senadores del PRI-Verde Raúl Cervantes y Pablo Escudero (éste último presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana) presentaron a la Junta de Coordinación Política del Senado una propuesta de cinco piezas de legislación —de un total de siete— que debe contener el nuevo SNA. Estos documentos consideran propuestas de todas las fracciones parlamentarias. En lo que concierne a la Ley General de Responsabilidades, la base fue la Ley 3de3 que los ciudadanos sometimos al Senado como Iniciativa Ciudadana con el respaldo de 634 mil 143 firmas. Ése fue un acuerdo de inicio en las Comisiones Unidas del Senado al comenzar el proceso legislativo. También se incorporaron los acuerdos esenciales de este mismo grupo de académicos y organizaciones de la sociedad civil que discutimos respecto de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Con relación a los otros tres cambios legislativos sometidos por los senadores, se incorporaron a su vez numerosas propuestas de las organizaciones y de legisladores de todos los partidos políticos. Ésa es la realidad: se trata de una propuesta amplia que incorpora de manera muy sensible lo aportado por los miembros de la sociedad civil que hemos participado. Lo demás es ruido partidista y preelectoral, o bien, cuestiones mediáticas que no se apegan al análisis cuidadoso del contenido de las iniciativas propuestas. Muchos senadores de todos los partidos han participado activamente en la construcción del sistema y, esta vez, grupos de la sociedad los hemos acompañado aportando conocimiento y experiencia técnica en la materia de combate a la corrupción.

Mucho del trabajo y propuestas que hemos realizado desde la sociedad civil se ha incorporado, y eso, en sí mismo y si se aprueba en sus términos, constituye un enorme avance —más allá de mis pronósticos más optimistas por la resistencia que se esperaba de la clase política. Las 634 mil firmas han ejercido un peso notable en este proceso. No hemos ido solos a las mesas de discusión (que no de decisión), con todas las fracciones políticas. Todos quienes firmaron y que buscan, como nosotros, un camino institucional a través del cambio de nuestro régimen jurídico para transformar instituciones y su operación en nuestro país, nos han acompañado.

Para aquellos con recelos y dudas sobre el contenido de la legislación propuesta, les pido que revisen todos los documentos que se han aportado para construir esta legislación y que se encuentran en el micrositio correspondiente en la página del Senado. Y les pido que lo hagan con minuciosidad y cuidado. Al hacerlo, tengan en mente el objetivo central: construir un Sistema Nacional Anticorrupción que sea eficaz y transparente, y que permita gradualmente erradicar este cáncer de nuestra sociedad.

Hasta el momento de escribir estas líneas, se puede decir que la tarea no ha concluido. Además de la aprobación de las cinco piezas legislativas enviadas ayer, que está en proceso, faltan dos piezas más de reforma legislativa que aún no se han sometido a la consideración del Senado, y que son indispensables para la construcción del SNA; a saber, que se reformen los tipos penales relativos a los delitos de corrupción y que se hagan explícitas las competencias que tendrá la nueva Fiscalía Especializada en Materia de Delitos de Corrupción. Demandamos respetuosamente que ello ocurra en las próximas horas o días… como estamos, todavía el Sistema está incompleto.

Especialista en temas de seguridad y política exterior.

 

 

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El Senado debe aprobar Ley 3de3

Mural

DE CONVICCIÓN LIBERAL / ROBERTO NEWELL

28 de abril de 2016

 

Estamos a pocos días de que concluya el periodo legislativo ordinario y el Senado aún no ha aprobado las dos leyes secundarias que definirán cómo funcionará el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). A pesar del hecho que la abrumadora mayoría de los mexicanos percibe que la corrupción gubernamental es uno de los principales problemas nacionales a corregir, el PRI y el PVEM parecen haber decido asumir el costo político asociado con el estatus quo, instrumentando tácticas dilatorias para bloquear la discusión y aprobación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como la Ley 3de3.
La Ley 3de3 es una iniciativa ciudadana. Cuenta con el respaldo formal de más de 600 mil ciudadanos, excediendo por mucho, el piso establecido para este tipo de iniciativa legislativa. La propuesta de Ley fue redactada por un grupo experto multidisplinario que trabajó durante varios meses preparando el texto actualmente bajo consideración. La iniciativa de Ley dota al SNA con dientes y corrige los principales defectos de las leyes actuales.
Uno de las principales ventajas de la 3de3 es que se trata de una Ley General. Esto significa que las normas que en ella se establecen deben ser observadas en todo el País y los gobiernos en todos los niveles: federal, estatal y municipal. Al ser una Ley General, la 3de3 obliga a los gobiernos estatales y locales a homologar sus normas con lo dispuesto en la Ley General, asegurando con ello que se cuente con reglas uniformes para combatir las redes de corrupción que operan en el País.
Otra de las grandes virtudes de la 3de3 es que en su texto se definen 10 tipos de conductas corruptas, eliminando con ello el hueco que tienen las leyes actuales. Cada una de estas conductas (soborno, peculado, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de justicia, colusión, utilización de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción) están definida en la Ley, donde se aclara en qué consisten y quiénes serán considerados responsables en el caso de que se incurra en cualquiera de ellas. Estas definiciones corrigen una de las principales deficiencias del marco normativo actual.
Los procesos de investigación que se proponen en la iniciativa están basados en las mejores prácticas internacionales para combatir la corrupción y la colusión económica. Para mejorar la eficacia de estos procesos en la propuesta se dota a la autoridad investigadora con facultades para proteger a los denunciantes, testigos y terceros coadyuvantes; se establecen incentivos económicos para recompensar a las personas que denuncien casos de corrupción; dota a los investigadores con facultades para intervenir las comunicaciones de las personas bajo investigación y para acceder a su información financiera y fiscal. La propuesta de ley faculta a la autoridad para hacer embargos precautorios y para suspender provisionalmente a funcionarios públicos que estén siendo investigados. Además, permite a la autoridad que audite y coteje las declaraciones de los servidores públicos sobre su situación patrimonial y fiscal y sus posibles conflictos de interés.
Para evitar que las autoridades investigadoras abusen las facultades que les confiere la Ley, la iniciativa propone un sistema de pesos y contra-pesos diseñados para proteger los derechos de las personas que están siendo investigadas. La figura clave en este diseño son los Tribunales Administrativos Especializados que oirán y resolverán los casos de conductas corruptas. Para evitar que los tribunales incurran en conductas incorrectas, la iniciativa establece un catálogo de sanciones que califica la gravedad de la violación, el daño económico causado y el beneficio ilegítimo obtenido por las personas implicadas. En ese catálogo se establecen las sanciones correspondientes, incluyendo las medidas requeridas para reparar el daño causado. Los fallos de los Tribunales podrán ser apelados en instancias superiores. Los individuos que enfrentan procesos administrativos por conductas corruptas no perderán ninguno de sus derechos y en caso de abusos de autoridad podrán ampararse ante las autoridades correspondientes.
Por todo lo anterior, creo que la Ley 3de3 tiene los atributos que esperaría uno encontrar en una Ley moderna diseñada para combatir la corrupción con mayor eficacia y eficiencia, evitando crear circunstancias que puedan resultar en decisiones caprichosas por parte de las autoridades. La iniciativa de Ley que fue presentada para ser considerada por el Senada resuelve varias de las limitaciones que tienen las leyes actuales, pero sin perjudicar los derechos de las personas y los funcionarios.
El Senado debe aprobar la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Roberto Newell G. es economista y vicepresidente del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. Las opiniones expresadas en esta columna son personales

 

 

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Avala Senado dictamen sobre Ley General de protección de datos personales

MVS Noticias

Óscar Palacios Castañeda

28 de abril de 2016

 

Con 100 votos a favor y 3 en contra, la Cámara Alta aprobó el documento que establece que el Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.

El Senado de la República avaló el dictamen que expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que establece las bases y principios para garantizar el derecho de las personas a la protección de sus datos personales.

Con 100 votos a favor y 3 en contra, la Cámara Alta aprobó el documento que establece que el Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.

Desde la tribuna, el senador por el PRD, Zoé Robledo Aburto, destacó que se trata de una buena ley, que permitirá enfrentar retos como el que plantea el Internet, el cual, dijo, podría convertirse en una red de vigilancia y control que transgreda la privacidad de los ciudadanos.

En tanto, el senador por el PAN, Héctor Larios Córdova, resaltó que esta ley establece las medidas preventivas para proteger los datos personales, partiendo del principio de que sólo podrán utilizarse para el propósito que se requieran.

Finalmente, el senador por el PRI, Miguel Ángel chico Herrera, destacó que la ley abonará a la dinámica de transparencia que demanda la sociedad mexicana, la cual, afirmó, requiere mecanismos de protección de la información personal.

El dictamen aprobado se remitió a la Cámara de Diputados, donde deberá recibir el aval correspondiente.

 

 

 

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Piden organizaciones periodo extraordinario en Senado para aprobar #Ley3de3

MVS Noticias

Notimex

28 de abril de 2016

 

“Es nuestra opinión compartida que dichos proyectos deben ser llevados a la brevedad posible al seno de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, a fin de continuar con el proceso legislativo en curso”, reiteraron.

Organizaciones de la sociedad civil pidieron hoy al Senado considerar la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones para desahogar el proceso legislativo referente al sistema Nacional Anticorrupción.

Que el debate se de en las mejores condiciones de deliberación abierta y franca entre todos los grupos parlamentarios y las organizaciones de la sociedad civil que han sido invitadas a este diálogo, siguiendo los cuatro principios del parlamento abierto señalaron organizaciones como Transparencia Mexicana, IMCO, Red por la Rendición de Cuentas, CIDE, Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Fundar y México Evalúa, entre otras.

En un carta dirigida a los senadores Pablo Escudero y Raúl Cervantes, señalaron que el plazo constitucional que está corriendo en la materia, es todavía suficiente para completar las siete reformas mencionadas, con los mejores contenidos y el mayor consenso posibles.

Reiteraron su reconocimiento a la apertura del Senado para escuchar e incorporar propuestas, por lo que las organizaciones decidieron mantener un diálogo abierto con todos los grupos parlamentarios, “de buena fe y con nuestra más sincera convicción de contribuir al nacimiento de un sistema Nacional Anticorrupción completo y eficaz”.

“Es nuestra opinión compartida que dichos proyectos deben ser llevados a la brevedad posible al seno de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, a fin de continuar con el proceso legislativo en curso”, reiteraron.

“Si bien hemos sido testigos de que su construcción se basó en las iniciativas presentadas previamente por legisladores de diversos partidos políticos, así como en la iniciativa ciudadana que promovimos las organizaciones sociales que hemos colaborado en este esfuerzo colegiado, también consideramos que la mayor relevancia que los proyectos cuenten con el mayor respaldo posible de las fuerzas políticas que nos representan en el Congreso de la Unión”, señalaron.

Enfatizaron que la auditoría de estos proyectos es el resultado de las deliberaciones que han ocurrido durante varios meses entre todos los partidos y la sociedad civil, “y por ello creemos que es indispensable concluir formalmente este proceso, en busca del consenso que reclama el combate a la corrupción”, finalizaron las organizaciones.

 

 

 

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Propuesta anticorrupción del PRI y PVEM #Ley3de3 seria a consideración de funcionarios

MVS Noticias

Óscar Palacios Castañeda

28 de abril de 2016

 

El documento, signado por los senadores Pablo Escudero Morales (PVEM) y Raúl Cervantes Andrade (PRI), establece que los servidores públicos deberán presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses ante las autoridades competentes.

Las bancadas del PRI y del PVEM en el Senado presentaron su documento de trabajo sobre las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual deja a consideración de los funcionarios la decisión de hacer pública la totalidad de su declaración patrimonial.

El documento, signado por los senadores Pablo Escudero Morales (PVEM) y Raúl Cervantes Andrade (PRI), establece que los servidores públicos deberán presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses ante las autoridades competentes.

Sin embargo, se establece que sólo aquellos funcionarios que así lo determinen, podrán hacer pública la totalidad de su declaración patrimonial e incluir la información de sus cónyuges y dependientes económicos directos, siempre y cuando cuenten con su autorización.

Por otro lado, el documento -que será presentado a las comisiones dictaminadoras- descarta también la propuesta de intervenir comunicaciones telefónicas a fin de detectar posibles actos de corrupción.

Además, se establece un catálogo de faltas administrativas graves, entre las que se encuentran el abuso de funciones, cohecho, peculado y desvío de recursos públicos.

 

 

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Desacuerdo por 3 de 3

La Crónica de Hoy Jalisco

Alejandro Páez

29 de abril de 2016

 

La aprobación de las leyes anticorrupción se mantienen en vilo en el Senado a dos días de que concluya el  periodo ordinario de sesiones este 30 de abril pues no hay acuerdos para transitar en este paquete de leyes.
Ello mientras el PRI y PVEM entregaron su propuesta de leyes anticorrupción donde se matizó la ley 3 de 3 que presentaron las organizaciones civiles, pues se deja a consideración de los servidores públicos la decisión de hacer pública o no, la totalidad de su declaración patrimonial.
El documento, suscrito por el presidente de la comisión anticorrupción del Senado, Pablo Escudero Morales del PVEM y el priista Raúl Cervantes Andrade establece la obligación de que los servidores públicos deberán presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses ante las autoridades competentes.
Sin embargo, se precisa que sólo podrán ser públicas con la autorización expresa del servidor público.
Tampoco están obligados a incluir la información de sus cónyuges y dependientes económicos directos, como sus hijos, pues ello solo será posible siempre y cuando  cuenten con su  autorización expresa.
Hasta el cierre de esta edición, no había acuerdos para dictaminarla en comisiones, y luego llevarla al pleno antes de que termine este periodo.
No obstante, los coordinadores del PAN y PRD, Fernando Herrera y Miguel Barbosa, emplazaron al PRI y PVEM a sacarla las 7 leyes que componen el Sistema Nacional Anticorrupción  en un periodo extraordinario antes del 28 de mayo que se cumple el plazo legal para aprobarla, ello en caso de que no logren sacarla a más tardar el 30 de abril que expira este periodo.
La propuesta del bloque PRI-PVEM que será presentado a las comisiones dictaminadoras cancela también la propuesta de intervención de  las llamadas telefónicas cuando se  investiguen casos de presunta corrupción de algún funcionario.
Asimismo  se deja para otra ocasión la creación de un fiscal anticorrupción autónomo que se encargue de perseguir y sancionar los actos de corrupción en que se encuentren involucrados servidores públicos.
A cambio se fortalecen las facultades de la Auditoría Superior de la Federación  y se crea un Sistema de Fiscalización que será un subsistema dentro del Sistema Nacional Anticorrupción.
Se plantea que las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR) y la que crea la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción se analicen posteriormente.

Catálogo

El documento detalla un catálogo de  12 conductas graves en que pueden incurrir los servidores públicos como cohecho, peculado, recursos públicos, daños al patrimonio de la nación, utilización indebida de información, abuso de funciones, actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto, ocultamiento de conflicto de interés, tráfico de influencias, encubrimiento y desacato.
Se establece que este tipo de faltas, prescribe hasta los siete años, mientras que los delitos no graves a los tres años.
De igual manera se creará un Registro Nacional Patrimonial de los servidores Públicos y de intereses que llevará el Comité  Coordinador del Sistema Nacional  Anticorrupción mediante su secretario ejecutivo.
El proyecto del PRI-PVEM contempla cinco leyes: la General del Sistema Nacional Anticorrupción; de Responsabilidades de los Servidores Públicos; de Responsabilidades Administrativas (que es donde se ubica la iniciativa 3de3; la Orgánica de la Auditoría Superior de la Federación, y la del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Evidencian carencias

El PRD contrastó y evidenció lo que llamó “las carencias del documento del PRI-PVEM donde acusó que no establece un esquema de protección a testigos ni de recompensas a denunciantes de hechos de corrupción.
Acusa que no se establecen medidas de protección a los servidores públicos que denuncie o den datos sobre faltas administrativas graves.
También acusó que se achicó el rubro de faltas administrativas graves pues no se contemplan como hechos de corrupción las conducta del diputado federal o local que en el marco de la aprobación del presupuesto gestione o solicite recursos a favor de un ente público exigiendo  una comisión o dádiva, es decir  los llamados “moches”.
gr

 

 

 

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Diagnósticos sobre transparencia

 Equiparan corrupción a crimen organizado

Mural

Fernando Paniagua / Corresponsal

28 de abril de 2016

 

Querétaro, México (28 abril 2016).- El director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Juan E. Pardinas, equiparó a la corrupción con el crimen organizado y afirmó que incluso tienen modelos de negocio similares, por lo que es necesario que en las leyes 3de3 y del Sistema Anticorrupción se utilicen herramientas similares como testigos protegidos y recompensas.
Al participar en una reunión con socios de la Coparmex local, Pardinas señaló que México vive sumido en la corrupción y la impunidad.
“Yo no digo que (con la Ley 3de3) se vaya a acabar la corrupción, la corrupción no se crea ni se destruye, sólo se controla, lo que tenemos que crear con la ley es todo el engranaje del Sistema Nacional Anticorrupción, son mecanismos en los que la corrupción se vuelva más la excepción y no la regla.
“El principal incentivo (de la corrupción) es la impunidad, y como es algo similar al crimen organizado, tenemos que tener herramientas similares a las que tenemos para combatir al crimen organizado, ¿qué significa esto?, tenemos testigos protegidos, denuncias anónimas, recompensas, ahorita justo en la negociación hay senadores, ya lo manifestaron públicamente, que no quieren aprobar la posibilidad de recompensas”, indicó.
Recordó que en la redacción original de la ley se plantea que si persona denuncia y presenta evidencias, y si avanza el proceso, hay un fallo judicial y se recuperan los recursos, aquélla tiene el derecho de reclamar el 10 por ciento de lo recuperado.
“Así está redactada la ley, probablemente sea una de las cosas que no acabe aprobando el Senado, por ahí decían que iba a ser cacería de brujas. Pero sí tenemos que generar incentivos, esto ya ocurre en Estados Unidos para casos de corrupción”, dijo.

 

 

 

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Protección de datos personales

Aumentan 13% pedidos de datos personales a Facebook

El Economista

AFP

28 de abril de 2016

 

La estadounidense Facebook anunció este jueves que había recibido un 13% más de solicitudes gubernamentales de datos privados de usuarios en la segunda mitad de 2015, con más de 46,000 peticiones a nivel mundial.

Según indicó la red social líder, en su “Informe de transparencia” semestral, el número de elementos “restringidos” por violar las leyes locales se duplicó de largo en comparación con el período anterior de seis meses, a 55,827 casos.

“En general, seguimos viendo un aumento a nivel mundial en las solicitudes gubernamentales de datos y contenido de usuarios conforme a la legislación local”, dijo el asesor general adjunto de Facebook, Chris Sonderby.

Las cifras se divulgan en un momento en que la industria de la tecnología está envuelta en el debate sobre cómo los gobiernos deben tener acceso a los datos del usuario, y cómo las solicitudes deben darse a conocer a los usuarios y al público.

Facebook y otras empresas de tecnología han hecho hincapié en que sólo se entregan los datos del usuario cuando sirven a órdenes legales legítimas, tales como órdenes o citaciones judiciales.

Estados Unidos es el país que mayor número de consultas realizó para hacer cumplir la ley, con 19,235 pedidos que afectan a 30,041 cuentas. Facebook dijo que dieron lugar a alguna información en 81% de los casos.

“Reconocemos que hay amenazas serias para la seguridad pública y que la policía tiene la importante responsabilidad de proteger a la gente”, dijo Sonderby en un blog.

“Nuestros equipos legales y de seguridad trabajan duro para responder a las solicitudes legítimas de las autoridades, al tiempo que cumplimos con nuestra responsabilidad de proteger la privacidad y la seguridad de las personas”, explicó.

 

 

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Protección de datos personales

Ni 3de3, ni candado antimoches

Reporte Indigo

Imelda García

29 de abril de 2016

 

Ni las declaraciones 3de3, ni candado antimoches, ni fiscal anticorrupción, ni enfoque de redes para ver a la corrupción como crimen organizado, ni sistema de recompensas para fomentar la denuncia, ni protección de testigos.

Así es la propuesta de las leyes anticorrupción que impulsan el PRI y el PVEM.

Sorpresivamente, la representación de la sociedad civil avaló este proyecto presentado por ambas bancadas en el Senado y pidió llevarlas a la brevedad a votación en comisiones.

Abandonó, así, por lo menos a una de sus banderas más importantes: hacer públicas las declaraciones 3de3.

Tras varios días en que ambos partidos y representantes de la sociedad civil cocinaron a puerta cerrada una propuesta light, este jueves finalmente se dio a conocer el tercer borrador de las leyes anticorrupción que dejó a la oposición con un amargo sabor de boca.

“El Sistema Nacional Anticorrupción es un vehículo en el que debiéramos transitar todos los mexicanos en condiciones de tranquilidad, de orden, de garantía.

“Y lo que estamos advirtiendo es que el PRI ha entregado un vehículo sin llaves y sin motor”, acusó Fernando Herrera, coordinador de los senadores el PAN.

“Lamentamos mucho que hayan anulado la Ley 3de3 (…) Están matando al Sistema Nacional Anticorrupción”, sentenció Miguel Barbosa, coordinador del PRD.

La versión descafeinada de las leyes anticorrupción corrió a cargo de los senadores Pablo Escudero, del PVEM; y Raúl Cervantes, del PRI.

Al finalizar el proceso, Bohórquez envió una carta a ambos senadores para avalar la propuesta, pero haciendo notar que falta legislar sobre la parte penal del proyecto y la creación de la Fiscalía Anticorrupción y sin esos elementos, el SNA nacería incompleto.

Síndrome Poncio Pilato

En la negociación de uno de los temas más complicados en la historia del Congreso mexicano, las bancadas llegaron al punto en que aplicaron la enseñanza de Poncio Pilato: lavarse las manos.

Después de dar a conocer su propuesta, el tricolor acusó a la oposición de estar contra el avance real en la legislación anticorrupción.

En una conferencia a la que acudió la mayoría de los senadores del PRI y el PVEM, el coordinador de los priistas, Emilio Gamboa, sostuvo que si PAN, PRD y PT juntan sus votos, pueden aprobar “la ley anticorrupción que quieran”.

Juntos, el PRI y el PVEM tienen 62 de 128 votos; el PAN, el PRD y el PT tendrían 64. Esto sin contar a los dos senadores sin partido.

Gamboa dijo que buscará el mayor consenso posible para aprobar esta reforma de gran calado y aseguró que no buscará los votos de los legisladores del PAN.

“El PRI, frente a una ley de gran calado, que va a transformar la vida nacional de nuestro país, quiere el mayor número de consensos (…).

“Sé que si busco a un grupo de otro partido podríamos sacar esto; no lo haré por una condición fundamental: yo no voy a ocasionar que no haya gobernabilidad en el Senado”, afirmó Gamboa.

El PRI y el PVEM agradecieron a los miembros de la sociedad civil que enviaron una misiva para avalar la propuesta.

“Deseamos expresar a ustedes que, en efecto, coincidimos con los contenidos sustantivos de los proyectos que se han elaborado a lo largo de esos diálogos y reconocemos el esfuerzo realizado para recuperar nuestras observaciones en cada uno de ellos (…).

“Es nuestra opinión compartida que dichos proyectos deben ser llevados a la brevedad posible al seno de la Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, a fin de continuar con el proceso legislativo en curso”, afirmó Eduardo Bohórquez, presidente de Transparencia Mexicana y representante de los impulsores de la Ley 3de3, en una carta exhibida por los priistas.

En la misiva se detalla una serie de temas en los que están de acuerdo con el borrador del PRI y el PVEM; se explica que 15 académicos e investigadores revisaron la propuesta de estos partidos.

El PRD anunció que votará en contra de esa propuesta, pero no obstruirá el proceso legislativo si la mayoría quiere imponerla antes del sábado.

Propuesta queda light

En su propuesta, el PRI y el PVEM dejaron fuera la obligatoriedad para que los funcionarios hagan públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.

Se propuso que estas declaraciones solo sean públicas cuando haya consentimiento expreso del servidor público.

“El servidor público que así lo determine, podrá hacer pública la totalidad de su declaración patrimonial. Los declarantes podrán incluir la información de sus cónyuges y dependientes económicos directos, siempre que cuenten con la autorización expresa del titular de la información”, señala el artículo 29 de la propuesta de Ley de Responsabilidades.

Pablo Escudero, presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, explicó que esto se hizo así por el respeto a los derechos humanos y las garantías individuales de los funcionarios.

Esto significa que tampoco será obligación que los familiares o dependientes económicos presenten su declaración.

También se sacó de la propuesta todo el sistema de recompensas, diseñado para que quienes denuncien la comisión de un acto de corrupción y ayuden a castigar al culpable, pudieran quedarse con un 10 por ciento del total del daño que se haya hecho al erario, una vez que fuera recuperado.

En cuanto a la propuesta del PAN y el PRD que pedía la creación de todo un mecanismo de protección para testigos y denunciantes de actos de corrupción, que garantizaran su anonimato y le impidieran ser acosado o lastimado por otras personas.

La propuesta tampoco incluye cambios al Código Penal Federal, donde radicaban “los dientes” del SNA para castigar con prisión la comisión de algunos delitos; ni entró a la discusión de las facultades y nombramiento de un fiscal anticorrupción.

Descafeinada

En México, la corrupción cuesta 347 mil millones de pesos al año, según cifras del INEGI.

Aun así, las bancadas oficialistas decidieron impulsar un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) con leyes light.

En su documento de trabajo, PRI y PVEM dejaron fuera la mayor parte de las propuestas que la sociedad civil llevó al Senado como parte de la iniciativa de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos –conocida como Ley 3de3-.

Sus promotores buscaban que se diera al combate a la corrupción una dimensión como la que se da al combate al crimen organizado.

Incluía la obligación de que las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses -3de3- de todos los funcionarios, fueran públicas. La propuesta con el respaldo de más de 634 mil firmas.

 

 

Transparencia y acceso a la información

Protección de datos personales

Acotan Ley 3de3 a cambio de todo el paquete vs corrupción

El Economista

Tania Rosas

29 de abril de 2016

 

Los documentos en materia anticorrupción que trabajó el PRI, PVEM, gobierno federal y organizaciones civiles ajustaron la iniciativa ciudadana Ley 3de3 y además incorporaron una figura que califica como cohecho el pago de favores de un funcionario público a un particular que lo haya apoyado durante su campaña.

Serán “actos particulares en situación especial vinculados con faltas administrativas graves” aquellos realizados por candidatos electorales, miembros de equipos de campaña electoral o de transición entre administraciones del sector público y líderes de sindicatos del sector público, que impliquen exigir, solicitar, aceptar, recibir algún beneficio para sí, para su campaña electoral o para alguna de las personas cercanas, a cambio de otorgar u ofrecer una ventaja indebida en el futuro, en caso de obtener el carácter de servidor público.

Incurrirá en cohecho, delito que incluso está castigado penalmente, quien exija u obtenga un beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público y que beneficie a él, a su cónyuge o a parientes consanguíneos, entre ellos la obtención de bienes muebles o inmuebles en precio notablemente inferior al del mercado.

Así lo establece la propuesta de Ley General de Responsabilidades Administrativas que trabajaron los senadores del PRI y PVEM con representantes del gobierno federal y organizaciones que representan la misma iniciativa Ley 3de3. Este equipo sacó documentos de cinco leyes secundarias.

Se propone que todos los servidores públicos presenten su declaración patrimonial y de interés, bajo protesta de decir verdad; la fiscal, sólo en los términos aplicables por las leyes en la materia, es decir, los que ganen más de 400,000 pesos anuales. No serán considerados funcionarios los consejeros de Pemex ni de CFE.

En la declaración patrimonial se pusieron candados para prevenir que los funcionarios sean sujetos de la delincuencia organizada. Y es que los montos, valores, especificaciones, ubicaciones de inmuebles y demás datos contenidos por la declaración patrimonial sólo pueden ser públicos con la autorización expresa del funcionario, al igual que la información de su cónyuge y sus dependientes.

La información relacionada con las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos, puede ser solicitada y utilizada para investigaciones penales.

La secretaría ejecutiva del sistema nacional anticorrupción es la encargada de manejar el sistema de evolución patrimonial y de declaración de interés a través de una plataforma digital nacional, la cual tendrá una lista negra de servidores públicos y particulares que hayan sido sancionados por actos anticorrupción.

“Las secretarías (de la Función Pública) y los órganos internos de control, según sea el caso, deberán realizar verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales que obren en el sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses, así como de la evolución del patrimonio de los servidores públicos. De existir alguna anomalía, expedirán una certificación”.

Las faltas administrativas graves de los funcionarios son cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, conflicto de interés y contratación indebida.

Mientras que las faltas administrativas graves de particulares son soborno, participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias, utilización de información falsa o alterada, colusión, uso indebido de recursos públicos y contratación indebida de exfuncionarios.

Las sanciones para funcionarios son suspensión o destitución de empleo, sanción económica, multa de hasta dos tantos de los beneficios obtenidos y pago de daños. Para las personas morales, las sanciones son la inhabilitación hasta de ocho años para participar en contrataciones públicas, suspensión de actividades, disolución de la sociedad e indemnización.

Aparte de la ley de responsabilidades administrativas, el grupo redactor dio a conocer la ley general del sistema nacional anticorrupción, la ley orgánica del tribunal federal de justicia administrativa, la ley orgánica de la administración pública federal y reformas en materia de fiscalización superior.

Las otras cuatro leyes

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción:

  • El objeto del SNA establece la coordinación entre autoridades para prevención y sanción de corrupción.
  • Precisa la función del SNA, del Comité Coordinador y del Comité de Participación Ciudadana, además de los subsistemas anticorrupción.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal:

  • Las dependencias y entidades publicarán todos los manuales de procedimientos y servicios al público a través de un registro electrónico operado por la Secretaría de la Función Pública.
  • Establece las Facultades de la Secretaría de la Función Pública.
  • Se faculta a la Secretaría de Hacienda a ejercer control presupuestario de los servicios personales.

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa:

  • El Tribunal fincará a los responsables de corrupción el pago de la indemnización y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública.
  • El Tribunal se conformará por tres salas: la administrativa, la fiscal y la de responsabilidades administrativas.
  • Habrá cinco salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas.

Paquete de Fiscalización Superior

  • Se crea el sistema nacional de fiscalización.
  • La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará los recursos públicos que se aporten de fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público-privadas o cualquier otra figura jurídica.

 

 

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Diagnósticos sobre transparencia

PRI y Verde buscan limitar ley anticorrupción: ONG

El Universal

Jorge Ramos Pérez

29 de abril de 2016

 

Declaración de bienes ocultaría datos al público, advierten; sigue diálogo, pero no saldrá en este periodo

Las propuestas del PRI y PVEM para el Sistema Nacional Anticorrupción son incompletas y eliminarían información al público de las declaraciones patrimoniales de funcionarios, alertaron las organizaciones sociales que impulsan este paquete legislativo.

Eduardo Bohórquez, de Transparencia Mexicana y portavoz del grupo, dijo a EL UNIVERSAL que en esencia los senadores Pablo Escudero (PVEM) y Raúl Cervantes (PRI) retoman la propuesta civil, pero eliminarían datos en la declaración patrimonial al permitir una declaración pública y otra cerrada.

La versión abierta tendría menos información por la protección de datos personales, establecida en la ley, mientras que la cerrada incluiría todo, pero sin ser accesible a la ciudadanía, explicó Bohórquez.

Aunque la propuesta ciudadana establecía que estaba sujeta a decisión del servidor divulgar su declaración patrimonial, esta era la misma si se abría o no. En el planteamiento del PRI y del Verde habría dos versiones, expuso.

“En la propuesta que se plantea la versión que conoce el Estado es más amplia y la versión pública es más pequeña. Entonces sí perdiste información”, puntualizó.

Aclaró que el incorporar a particulares a la propuesta 3 de 3 (declaración patrimonial, de intereses y fiscal) no fue un planteamiento de las organizaciones, porque se trata de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por lo que no les es aplicable.

Insuficiencias. Las organizaciones advirtieron en un comunicado que la propuesta de Escudero y Cervantes sólo incluye cinco de las siete leyes del sistema nacional.

“Estimamos imperativo que se reformen los tipos penales relativos a los delitos de corrupción y que se hagan explícitas las competencias que tendrá la nueva Fiscalía Especializada en Materia de Delitos de Corrupción. Sin esos dos cambios adicionales, el Sistema nacería incompleto y este esfuerzo sería insuficiente”, alertaron.

Para las organizaciones es importante discutir “a la brevedad pósible” en las comisiones respectivas el paquete legislativo, en busca del consenso que reclama el combate a la corrupción.

“Coincidimos con los contenidos sustantivos de los proyectos que se han elaborado a lo largo de esos diálogos y reconocemos el esfuerzo realizado para recuperar nuestras observaciones en cada uno de ellos, incluido el que se haya tomado como base nuestra iniciativa ciudadana de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, establecieron las organizaciones.

Demandaron que el Senado considere convocar a un periodo extraordinario de sesiones para aprobar todo el paquete del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

 

 

 

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Protección de datos personales

#Confidencial: ¿El fracaso de la #Ley3de3?

Publimetro

Confidencial

28 de abril de 2016

 

Para descalificarlos o no, legisladores del PRI y del PAN han sembrado la teoría de que las organizaciones ciudadanas y académicas estuvieron de acuerdo en “bajar” la propuesta 3de3 del dictamen Anticorrupción a cambio de que de sus agrupaciones salga el coordinador nacional de la nueva fiscalía anticorrupción que será el enlace y operador de las normas y de todo el cambio que se pretende lograr en materia de transparencia y rendición de cuentas. A pesar de todo el esfuerzo de las ONG, de los cientos de miles de firmas de ciudadanos y de las promesas que quedaron en el aire de los legisladores y políticos en general por sí transparentar sus ingresos, su situación fiscal y su posible conflicto de intereses, la iniciativa quedará guardada para mejores tiempos con muchas versiones dependiendo del partido político.

Movimiento Ciudadano intenta por todos los medios explicar las razones por las que se filtró el listado nominal que le entrega el Instituto Nacional Electoral y que por ley debe ser resguardado pues contiene los datos de millones y millones de mexicanos. MC aseguró que el problema fue de Amazon, a quien le compraron espacio con el pretexto de guardar la información pero acusaron a hackers de haber violado la privacidad. No contaban con que Amazon explicaría que eso no fue posible pues sus candados de seguridad son casi que inviolables. Lo que sigue es un análisis de los consejeros electorales sobre la intencionalidad de tener el registro de electores en una nube en Amazon pues de encontrarse que se pretendía vender o se transfirió a alguien el partido podría perder su registro.

El senador del PAN, Ernesto Cordero, sorprendió a todos sus compañeros de bancada cuando llegó ayer a la reunión plenaria con una báscula y con un paquete de cigarros sin filtro. El debate sobre mariguana los ameritaba y para ilustrar que no era viable aprobar la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, primero pesó un cigarro y luego ilustró con imagen de un “churro” mega gigante lo que representa los 28 gramos que se propone aumentar como parte de la portabilidad. Algunos se rieron, pero los más apoyaron la idea de esperar y discutir este tema en otro momento.
Quien también se quiere subir al debate nacional sobre la educación es la aspirante a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, quien dijo en un foro de mujeres que el problema educativo en México no es de presupuesto, sino de cómo se gasta, pues desde su visión “se gasta más y se gasta mal”. También dijo que la segregación horizontal se da porque en el país se sigue viendo que hay trabajos para hombres y trabajos para mujeres, carreras para hombres y para mujeres, lo cual es un rotundo error. Nos dicen que estas y otras declaraciones serán más frecuentes, por lo que podríamos ver a una candidata más activa y participativa de los temas nacionales.

 

 

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Diagnósticos sobre transparencia

Ley 3de3: ¿avance o retroceso?

Excélsior

José Luis Vargas Valdez

29 de abril de 2016

 

En nuestro país reina un sistema que ha logrado acostumbrarnos a la normalidad de los actos y escándalos de corrupción. Desde el policía de Tránsito, empresario, banquero y hasta el Presidente de la República, los presuntos actos de corrupción que se denuncian no tienen mayor consecuencia y quedan como una mera anécdota para la memoria y resignación.

Inicio con una conclusión: la Ley 3de3 no es la panacea y contiene deficiencias técnicas y prácticas importantes, pues ha sido confeccionada exclusivamente desde una óptica ciudadana y no del Estado. Sin embargo, por la pertinencia de lo que ahí se plantea, resulta ineludible no entrarle al debate. En concreto, los tres componentes que la propuesta busca que los servidores públicos declaren públicamente parecen irrefutables: patrimonio propio, situación fiscal y conflicto de intereses. Hay que señalar que, de las tres exigencias que se plantean, las primeras dos ya conforman parte del régimen de obligaciones de los servidores públicos (por lo menos a nivel federal). La novedad, por supuesto, es la obligación de revelar los posibles conflictos de interés frente a la función pública que se va a ejercer. Ese punto parece no tener pierde: si una institución pública contrata a una determinada persona para ejercer el cargo, por ejemplo, de director de obras públicas y esta persona o su familia son dueños de un negocio ligado a la construcción, entonces es un deber elemental declararlo y hacerlo público.

Ahora bien, este tipo de propuestas que resultan más que pertinentes y necesarias ante los recientes escándalos de corrupción en distintos niveles del poder político, el Estado debe velar por su armonización con otros derechos que tampoco son menores. Ejemplo de ello es que el estatus de los servidores públicos es personalísimo e individual con respecto a quien acepta un empleo público y no debe trasladarse a amigos o familiares, pues estas personas también gozan de derechos básicos, como es la intimidad, la protección de datos y demás aspectos de la esfera privada de las personas.

Por lo mismo, la iniciativa 3de3 se debilita al observar ciertos tintes desproporcionados que surgen de ese hartazgo de abusos, pero que omiten una visión más integral e idónea de un Estado que armonice múltiples derechos. Esto debido a que propuestas como la intervención de comunicaciones para fines de investigación por actos de corrupción (aun con orden judicial de por medio), acaban siendo remedios que, sin duda, pueden generar una espiral de nuevos problemas.

No obstante que lo anterior no es un tema menor y merece encontrar soluciones que garanticen ese correcto uso de los mecanismos legales y herramientas de investigación anticorrupción; es importante decir con todas sus letras que la posición asumida a este respecto por el gobierno federal y el PRI, resulta francamente cínica, insensible y lamentable frente a la ciudadanía.

A casi dos años de que surgió el escándalo que involucra al presidente Peña Nieto, su esposa y la relación con el dueño del Grupo Higa (Armando Hinojosa Cantú), seguimos presenciando el juego de “no oigo, no oigo, soy de palo”. El teatro montado para distraer la atención del asunto a partir de una investigación simulada que encabezó el titular de la Función Pública, lo único que ha generado es un mayor grado de molestia y la erosión total en la credibilidad del primer mandatario, no sólo frente a sus conciudadanos sino también en el ámbito internacional.

Si a eso añadimos que, dos años después de ese intento oficial de tapar el Sol con un dedo, siguen apareciendo escándalos en torno a esa red de intereses y complicidades entre funcionarios públicos de primer nivel y el empresario favorito del gobierno, entonces se hace evidente el por qué de la reacción colérica del PRI ante la Ley 3de3. Lo cual pone en evidencia una muy mala estrategia política y de comunicación, pues devela la incomodidad que ocasiona entrarle a atender ese malestar social. Máxime cuando fue el propio Ejecutivo federal el que, al iniciar su sexenio, puso dentro de sus paquete de “reformas estructurales” la implementación de un Sistema Nacional Anticorrupción que transformara el ejercicio del poder político.

Lo anterior no es privativo del gobierno y su partido, sino que abarca prácticamente a todos los colores políticos. Por ejemplo, no hay forma de explicar que el PAN proponga como candidato a gobernador de Veracruz a un político que tampoco tiene capacidad de explicar su riqueza, como es el caso de Yunes Linares, o el multimillonario negocio familiar que representa el Partido Verde.

¿Qué nos genera todo esto? Una terrible confusión entre lo urgente, lo necesario y lo deseable y más conveniente para combatir la corrupción de forma integral y sistémica. Por lo mismo, la Ley 3de3 es una respuesta a lo urgente y necesario, pero no necesariamente a lo idóneo. Pues, además de leyes apropiadas, uno de los presupuestos fundamentales para combatir la corrupción es que exista la suficiente autoridad y autonomía para poder perseguir esos actos ilícitos.

El otro eslabón que tampoco contempla la Ley 3de3, es la necesidad de replantear nuestro mal entendido —y convenenciero— sistema federalista, para que en esta materia exista un sistema nacional único e integral, que acabe con esos huecos que existen a nivel federal y local, mismos que aún permiten que personajes como Humberto Moreira evadan fácilmente la justicia con una sonrisa. No obstante, la propuesta es un primer avance que tiene un fuerte eco social y que, aunque incomode a algunos, la representación del Estado no puede ignorar.

 

 

 

Transparencia y acceso a la información

Protección de datos personales

Pleno del Senado aprueba ley de datos personales

El Economista

Tania Rosas

29 de abril de 2016

 

El Pleno del Senado aprobó la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la cual, aparte de prevenir, castiga las filtraciones de datos personales, como sucedió recientemente con la lista nacional de electores que Movimiento Ciudadano puso en Amazon.

Precisa que el responsable de los datos, entre ellos los partidos políticos, podrán contratar o adherirse a servicios, aplicaciones e infraestructura en el cómputo en la nube, y otras materias que impliquen el tratamiento de datos personales, siempre y cuando el proveedor externo garantice políticas de protección de la información confiada.

Sólo se podrán utilizar aquellos servicios en la nube en los que el proveedor cumpla con ciertos requisitos, entre ellos medidas de seguridad, transparencia en las contrataciones y confidencialidad.

La ley fue avalada en lo general con 99 votos en favor y tres en contra, no se aceptaron reservas y fue turnada a la Cámara de Diputados.

Con esto se aprobó la imposición de multas de hasta 109,560 pesos para quienes violenten el derecho de toda persona a la protección de sus datos personales, además de que se publicará una lista negra de los partidos políticos, fideicomisos, funcionarios, sindicatos, instituciones y empresas que hayan incumplido las disposiciones en esta materia.

El Inai y los organismos garantes podrán imponer amonestaciones públicas o multas por la violación a la ley, equivalentes a la cantidad de 150 hasta 1,500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Establece como causas de sanción el usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente y de manera indebida, datos personales que se encuentren bajo su custodia o a los cuales tengan acceso.

Senadores como Cristina Díaz y Alejandro Encinas aseguraron que con este instrumento se garantizará la privacidad de las personas.

No obstante, Encinas Rodríguez afirmó que el Inai seguramente podrá controvertir un punto de la ley que se incluyó por “la insistencia” del Banco de México, el cual tiene que ver con el uso de datos personales en posesión de autoridades financieras.

 

 

Transparencia y acceso a la información

Protección de datos personales

Senado avala ley para reforzar protección de datos personales

Excélsior

Notimex

28 de abril de 2016

 

El pleno de Senado aprobó el dictamen que expide la nueva Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión Sujetos Obligados.

Esta nueva legislación obliga lo mismo a gobiernos y dependencias federales, estatales, municipales, sindicatos, fideicomisos, empresas y personas físicas que reciban recursos públicos a proteger dicha información de los ciudadanos.

En el marco de la sesión ordinaria se aprobó por 99 votos a favor y tres en contra la ley que distribuye competencias entre los organismos garantes de la Federación y las entidades federativas en la materia.

Asimismo, que establece las bases mínimas y condiciones homogéneas que regirán el tratamiento de los datos personales y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante procedimientos sencillos y expeditos.

Se precisó que el derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará “cuando en función de sus atribuciones legales el uso cotidiano, resguardo y manejo sean necesarios y proporcionales para mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano”.

La Ley también prevé que la obtención y el tratamiento de datos personales por los sujetos obligados competentes en instancias de seguridad, procuración y administración de justicia, esté limitada a aquellos supuestos.

Además de las categorías de datos que resulten necesarios y proporcionales para el ejercicio de las funciones en materia de seguridad nacional, pública o para la prevención o persecución de los delitos.

La nueva legislación será aplicable a cualquier tratamiento de información de una persona física identificada o identificable que obren en soportes físicos o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización.

Considera como fuentes de acceso público las páginas de Internet, medios remotos o locales de comunicación electrónica, óptica y de otra tecnología; los directorios telefónicos en términos de la normativa específica, diarios, gacetas o boletines oficiales y medios de comunicación social.

El proyecto también plantea que el Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.

En todo momento, establece, el titular o su representante podrá solicitar al responsable, el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos personales que le conciernen, denominados derechos Arco.

En tribuna, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar, expuso que la nueva ley permitirá que “nuestra intimidad sea resguardada por mecanismos que cuenten con los más altos estándares y controles respecto del manejo de los datos que nosotros mismos proporcionamos”.

Subrayó que las comunicaciones privadas son inviolables y que exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada.

 

 

Transparencia y acceso a la información

Protección de datos personales

Avala Senado ley de datos personales    

Reforma

Isabella González y Claudia Guerrero

29 abril 2016

 

A un año de que venció el plazo constitucional, el Senado aprobó en el pleno la nueva Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

 

Con 99 votos a favor, 3 en contra y cero abstenciones se avaló el decreto que establece las medidas para proteger la información de ciudadanos y las obligaciones que tienen las dependencias públicas con la información de la población.

 

Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, destacó que la nueva ley se considera una parte fundamental de la reforma en materia de Transparencia.

 

“Esta ley tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de los derechos obligados”, explicó la senadora priista.

 

El decreto, que establece al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información contempla que cada persona en este País decida libremente sobre el uso y destino de sus datos personales, teniendo el derecho a acceder, rectificar, cancelar y oponerse legítimamente a determinados tratamientos de datos.

 

Hasta ahora, México contaba sólo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

 

El nuevo dictamen incluye la creación de un Registro Nacional de Protección de Datos Personales para transparentar las bases de datos personales en posesión de cualquier responsable para facilitar el acceso, la ratificación, cancelación u oposición a dicha posesión.

 

Díaz detalló que la ley será aplicable a cualquier tratamiento de datos personales, ya sea que se encuentren en soportes físicos o electrónicos.

 

El senador perredista, Zoé Robledo, agregó a la explicación que el dictamen establece la existencia de dos avisos de privacidad para los usuarios que den a diferentes instituciones sus datos personales.

 

El primero, explicó, es uno simplificado, de sencilla lectura y que contiene información relevante sobre el tratamiento de sus datos; el segundo, el integral, contiene todos los detalles del tratamiento de la información de los usuarios.

 

Héctor Larios, senador por el PAN, celebró la aprobación de la ley y señaló que la entrada en vigor de ésta ayudará a que no pasen cosas como la del caso de una copia del padrón electoral en una nube de Amazon.

 

El dictamen se remitió a la Cámara de Diputados para su análisis correspondiente.

 

 

Transparencia y acceso a la información

Protección de datos personales

Avala Senado ley de datos personales

Mural

Isabella González y Claudia Guerrero

28 de abril de 2016

 

Cd. de México (28 abril 2016).- A un año de que venció el plazo constitucional, el Senado aprobó en el pleno la nueva Ley de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Con 99 votos a favor, 3 en contra y cero abstenciones se avaló el decreto que establece las medidas para proteger la información de ciudadanos y las obligaciones que tienen las dependencias públicas con la información de la población.
Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, destacó que la nueva ley se considera una parte fundamental de la reforma en materia de Transparencia.
“Esta ley tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de los derechos obligados”, explicó la senadora priista.
El decreto, que establece al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información contempla que cada persona en este País decida libremente sobre el uso y destino de sus datos personales, teniendo el derecho a acceder, rectificar, cancelar y oponerse legítimamente a determinados tratamientos de datos.
Hasta ahora, México contaba sólo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
El nuevo dictamen incluye la creación de un Registro Nacional de Protección de Datos Personales para transparentar las bases de datos personales en posesión de cualquier responsable para facilitar el acceso, la ratificación, cancelación u oposición a dicha posesión.
Díaz detalló que la ley será aplicable a cualquier tratamiento de datos personales, ya sea que se encuentren en soportes físicos o electrónicos.
El senador perredista, Zoé Robledo, agregó a la explicación que el dictamen establece la existencia de dos avisos de privacidad para los usuarios que den a diferentes instituciones sus datos personales.
El primero, explicó, es uno simplificado, de sencilla lectura y que contiene información relevante sobre el tratamiento de sus datos; el segundo, el integral, contiene todos los detalles del tratamiento de la información de los usuarios.
Héctor Larios, senador por el PAN, celebró la aprobación de la ley y señaló que la entrada en vigor de ésta ayudará a que no pasen cosas como la del caso de una copia del padrón electoral en una nube de Amazon.
El dictamen se remitió a la Cámara de Diputados para su análisis correspondiente.

 

 

Transparencia y acceso a la información

Protección de datos personales

Corte debe discutir artículos sobre espionaje telecom

El Economista

Nicolás Lucas

28 de abril de 2016

 

Una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó otra semana más su veredicto sobre la constitucionalidad de los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que versan sobre la privacidad de datos del usuario, es buen momento para que este tema sea llevado al debate público para un análisis más profundo.

La Corte pospuso ayer por segunda ocasión la resolución final al respecto de un amparo presentado por la organización civil R3D con el argumento de que esos dos artículos vulneran el derecho a la protección de datos personales.

Los artículos 189 y 190 de la LFTR permiten ahora a las autoridades solicitar información de los usuarios a las empresas de servicios de comunicación sin contar previamente con una autorización judicial.

Con base esos artículos, las autoridades pueden número de llamadas realizadas, el destino y duración de las mismas, así como datos de imágenes, conversaciones multimedia como redes sociales u otros datos como nombre y domicilio del suscriptor de la línea telefónica, y por supuesto, la geolocalización de un dispositivo. A todo eso se le conoce como los metadatos, la huella digital del andar de un usuario con sus comunicaciones móviles.

Con esta nueva postergación, la SCJN bien debiera llevar al debate público las discusiones sobre la constitucionalidad de ambos artículos, pues la postura que tome la Corte en este sentido marcará un precedente en la legislación sobre la privacidad de los datos, coincidieron especialistas.

“Independientemente de esta acción jurídica, se tiene que tener bien definido en primera instancia qué autoridades pueden solicitar esos metadatos. Tiene que haber una clara referencia en la ley de quiénes son los facultados para exigir estos datos; qué tipo de autoridades, porque eso causa ruido y sumado a un desgaste de organismos como lo es la policía en su imagen, se generan entonces varias dudas”, consideró Jesús Romo, director de la firma de consultoría en telecomunicaciones y TICs, Telconomia.

“Lo más importante que pudiera hacer la Corte es llevar este asunto a un debate abierto, de menos al Pleno de once ministros, porque este no es un tema menor. No se trata de darle la razón a una parte, ni a la otra, pues en medio de todo está el tema de la protección de datos y ese cuidado de la información, y en ese sentido a este caso se le ha dado poca visibilidad en el país”, estimó Jorge Fernando Negrete, director general de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

R3D, principal impulsor del amparo contra los artículos 189 y 190 de la LFTR, ha considerado que el hecho de que la Segunda Sala de Corte haya postergado ya en dos ocasiones su veredicto se traduce como que esta instancia quiere sacar el mejor resultado en los debates internos sobre el tema.

“La Corte debe darse el tiempo de resolver todos los elementos… Espero que esta posición en la lista (de espera) signifique que van a revisar el proyecto del ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán, que ciertamente nos negaba el amparo y que nos parecía preocupante. Hacemos un llamado a que la Corte escuche los argumentos que hemos señalado. Esperaríamos que esta decisión de hoy signifique que harán un análisis más minucioso de los estándares de respeto a los derechos humanos”, dijo anteriormente Luis Fernando García, director de R3D, tras conocer la primera postergación de la Segunda Sala.

Los artículos 189 y 190 también obligan a los concesionarios de servicios de telecomunicaciones, particularmente a los de telefonía celular, a realizar durante dos años un resguardo de los metadatos generados por los usuarios en sus teléfonos, de ahí otras de las preocupaciones de los interesados en el sector.

“Tiene que dejarse claro qué va a pasar si fui sujeto de escucha de mis comunicaciones y consulta de mis metadatos y no se me implicó en un asunto penal. Cómo le van a hacer para cuidar mis datos. Los metadatos no deben ser considerados como pieza de información cualquiera, porque los metadatos permiten revelar la información que no se da en las comunicaciones; hablan de un comportamiento. No se deben ver como simples pedazos de información; deben tener un tratamiento especial. Lo deseable ahora, es que el usuario sea más consiente del potencial de esos datos y del Estado para analizarlos y eso es de donde no debe quitar el dedo del renglón”, comentó Jesús Romo, de Telconomia.

“No debemos tratar este tema como blanco y negro, sino con sus claroscuros. Que se le debe exigir a las compañías datos en casos de desastre o tragedia nacional como sismos o guerras, sí. Pero se tiene que crear una figura de orden judicial para eso, que se faculten también qué autoridades deberán tener la orden para eso y que no afecten nuestra seguridad. Este es un tema complejo, por eso pediría a la Corte que escale este tema al Pleno”, expuso Jorge Fernando Negrete, de la Amedi.

 

 

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Dormir y estar alerta

Mural

José Woldenberg

28 de abril de 2016

 

El 22 de abril, en una conferencia de prensa, el INE informó que la lista nominal de electores había estado expuesta al público a través de una plataforma de la empresa Amazon. De manera inmediata el INE denunció el hecho ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales e inició “un procedimiento ante instancias internas”.
Si usted le dice al velador “duerma y vigile”, seguramente éste lo verá con ojos de plato y traspirará nerviosismo. Una indicación contradictoria no se puede consumar cabalmente. O lo uno o lo otro, pero no ambas cosas. Ahora bien, si disposiciones similares se encuentran en la ley, peor aún. El encargado de cumplirlas con dificultades podrá atenderlas.
El artículo 126 fracción 3 de la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE, heredera del Cofipe) dice: “los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores (del INE), en cumplimiento de las obligaciones que les impone la Constitución y esta Ley, serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en los que el Instituto fuese parte…o por mandato de juez competente”. Muy bien. Pero el artículo 151 dice en su fracción 1: “El 15 de febrero del año en que se celebre el proceso electoral ordinario, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores entregará en medios magnéticos, a cada uno de los partidos políticos las listas nominales de electores divididas en dos apartados, ordenadas alfabéticamente y por secciones correspondientes a cada uno de los distritos electorales”. Además, según el artículo 137 fracción 3: “Los listados…se pondrán a disposición de los partidos políticos para su revisión y, en su caso, para que formulen las observaciones que estimen pertinentes”.
Confidencialidad y entrega, dos prescripciones antagónicas. Pero que en este caso se entienden, aunque la segunda vulnera a la primera. Son parte de nuestro espíritu paranoico. Me explico. Una base de datos de más de 80 millones de personas, con información sobre su edad, sexo, domicilio, etc., por supuesto que debe ser confidencial. Los ciudadanos dan esa información al INE para integrar el padrón que sólo debe servir para confeccionar la lista de votantes y no debe estar en poder de nadie más. Pero la ley, en sentido contrario, obliga al Instituto -a través del RFE- a entregar esos mismos listados en medios magnéticos y en papel a los partidos. Y se entiende. Las dudas sobre el padrón eran tales que al inicio de los años noventa esa era una de las asignaturas centrales del debate electoral. Los más viejos recordarán el añejo litigio sobre los “fantasmas” y los “rasurados” que supuesta o realmente marcaban al padrón. Los primeros, como su nombre lo indica, eran personas inexistentes a las que se les daba de alta para que otros (esos sí vivos y coleando) pudieran votar varias veces, y los segundos, eran ciudadanos que se habían dado de alta, pero que mañosamente no aparecían en el listado de electores. Hoy, y ahí radica el éxito del padrón y la llamada “credencialización”, prácticamente nadie discute sobre la integridad o los eventuales sesgos políticos del listado nominal de electores. Pero toda la parafernalia que en buena hora se edificó para hacer del padrón un instrumento confiable sigue en pie.
Recuerdo incluso un episodio similar al actual que sucedió en 2003. En abril de aquel año, una nota de la agencia AP dio cuenta de una empresa en Estados Unidos -Choice Point- que estaba poniendo en venta una fracción del padrón electoral. De inmediato el IFE hizo una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y luego de investigaciones paralelas de la Contraloría del IFE y la FEPADE, pudo descubrirse: a) la fuente de la filtración (no había salido del Instituto), b) la empresa mexicana que había lucrado con esa parte del listado (Soluciones Mercadológicas en Bases de Datos -SMBD-) y c) fueron recluidos y juzgados los responsables en México.
El INE ha informado que las listas que se entregan a los partidos tienen un código especial y que a través de él se podrá conocer la fuente de la copia que se exhibía en Amazon -y que desde el pasado 22 de abril se dio de baja-. Y por ello se puede esperar que los culpables sean sancionados. Pero mientras se mantengan en la ley disposiciones que ordenen dormir y vigilar al mismo tiempo me temo que las posibilidades de filtraciones seguirán vivas.

 

 

 

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Protección de datos personales

Sabemos qué persona recibió padrón.- INE

Mural

Francisco Rivas y Mayolo López

28 de abril de 2016

 

Puebla, México (28 abril 2016).- Las investigaciones del INE por la filtración del padrón electoral a la nube de Amazon no sólo lo condujeron a Movimiento Ciudadano, sino también le permitieron identificar a la persona a la que originalmente el Instituto le entregó los datos, señaló Lorenzo Córdova.
Aunque no reveló el nombre de la persona implicada, el consejero presidente del INE explicó que la identificación fue posible gracias a una huella digital instrumentada por el órgano electoral como medida de seguridad.
Córdova manifestó que sabían con anticipación que la fuga de información ocurrió desde Movimiento Ciudadano, pero mantuvieron prudencia en el Instituto por ser parte de un proceso legal electoral y penal.
“Lo que constata Movimiento Ciudadano es que la seguridad informática de la huella digital funcionó. Nosotros ya sabíamos que se trataba de Movimiento Ciudadano y sabemos la persona en especifico a la que se le entregó esa información, porque la huella digital que instrumentó el INE como una medida de seguridad funcionó”, subrayó.
En las instalaciones del Instituto Electoral de Puebla, en donde se reunió con los integrantes del Consejo General, Córdova aseguró que la investigación por uso ilegal del listado nominal continuará hasta aplicar una sanción ejemplar.
Explicó que, pese a las justificaciones de Movimiento Ciudadano, no hay marcha atrás en la indagatoria porque se sigue de oficio.
“¿Qué es lo que viene?: que va a seguir la investigación. Que se haya colocado la información en un sitio al acceso público es violatorio de la norma de privacidad de datos y por lo tanto el Instituto Nacional Electoral sigue con la investigación que abrió.
“Este asunto no está cerrado por las declaraciones que ayer hizo un partido político, al contrario, todo eso forma parte del expediente y será parte de la indagatoria que esperamos en breve culminen con una sanción ejemplar para los responsables de la vulneración de los datos de los ciudadanos mexicanos”, dijo.
El presidente del INE manifestó que, mientras transcurren las averiguaciones y se toman las medidas de sanción correspondientes, este caso no afecta el desarrollo de las elecciones previstas en todo el País.
“Se trató, sí, de un ilícito que vamos a sancionar, pero esto es información que se le dio a los partidos de cara al proceso de 2015, por lo tanto no se pone en riesgo la integridad de los procesos electorales en curso”, sostuvo.

Se defiende MC en redes
Movimiento Ciudadano se defiende en redes sociales del escándalo que protagoniza por el hallazgo en el portal de Amazon del listado nominal.
Al menos en Twitter el partido naranja subió un video en el que Dante Delgado, dirigente nacional, y Jorge Álvarez, diputado y representante legislativo ante el INE, se lavan las manos del hecho de que el listado nominal haya flotado en la nube de Amazon después de que su proveedor tecnológico, Indatacom, le recomendara alojarlo en una de sus bóvedas de seguridad.
“Los datos personales deben ser protegidos. En ese sentido, también queremos subrayar: Movimiento Ciudadano nunca utiliza datos personales”, sostiene Delgado en un mensaje que forma parte de una producción de poco más de dos minutos que MC subió a Twitter.
“El viernes 22 de abril fue removida la información de los mexicanos que había sido colocada en esa caja de seguridad y creo que esta es una situación muy importante de explicarle a los ciudadanos: si Movimiento Ciudadano tuviera responsabilidad en este hecho no estaríamos haciendo lo que hoy estamos haciendo: yendo a la PGR a pedir una sanción contra quien o quienes resulten responsables de este ataque cibernético”, afirma Álvarez Máynez.

 

 

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Desmienten ‘hacker’ y Amazon a MC

Mural

Melissa Rodríguez

28 de abril de 2016

 

Cd. de México (28 abril 2016).- La empresa Amazon y el especialista en seguridad cibernética Chris Vickery desestimaron que una copia del padrón electoral de los votantes mexicanos haya sido obtenida a través de un hackeo, como aseguró este miércoles Movimiento Ciudadano.
“Movimiento Ciudadano está mal informado o está mintiendo. La explicación más probable es que la compañía que contrataron para almacenar los datos cometió un error y ahora están tratando de cubrirlo alegando que se trató de un hackeo u otro método ilegal. Eso no es cierto, simplemente no había una contraseña u otra protección resguardando la base de datos”, dijo Vickery en un correo enviado a REFORMA.
En tanto, Amazon señaló a través de un comunicado que la base de datos fue almacenada de forma no segura en sus servidores.
Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadano, dijo que el partido subió una copia de la lista nominal a Amazon para mantenerla segura, tras consejo de su proveedor de tecnología, la empresa Indatcom.
Y aseguró que para acceder a ella fue necesario el uso de métodos especializados y característicos de hackers profesionales.
Sin embargo, Vickery, quien descubrió la base de datos el 14 de abril, explicó que llegó a la base de datos utilizando un motor de búsqueda comercial llamado Shodan y que la copia del padrón electoral no estaba protegido por una contraseña.
“Es decepcionante que un partido político no tenga la integridad para admitir que se cometió un error, y lugar de eso, intenten acusar que se cometió un hackeo”, dijo Vickery.
El viernes pasado, el propio Vickery alertó a autoridades nacionales sobre la disponibilidad del padrón electoral, incluidas direcciones y datos personales, en los servicios de cómputo en la nube de Amazon.

 

 

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Niega Alfaro mal uso de padrón electoral

Mural

Juan Carlos Sagredo

28 de abril de 2016

 

Guadalajara, México (28 abril 2016).- El Partido Movimiento Ciudadano (MC) no hizo mal uso del padrón electoral de votantes mexicanos almacenado en el servidor del portal Amazon Web Services, aseguró esta mañana el Alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez.
En sintonía con lo argumentado por el dirigente nacional de MC, Dante Delgado, Alfaro Ramírez aseguró que no hubo omisión del partido ni de la empresa Indatcom, proveedor tecnológico del instituto político, pues se trató de un asalto cibernético por el cual ya hay denuncias presentadas.
“Creo que el dirigente nacional aclaró puntualmente que lo que hay es una violación a un sistema de seguridad en la plataforma Amazon y que están las denuncias presentadas. Creo que el asunto está claro”, señaló Alfaro Ramírez.
“Lo que hay que dejar perfectamente establecido es que no hay ningún un mal uso del padrón, lo que hay es una violación a un sistema de seguridad y hay denuncias presentadas”.
Grupo REFORMA dio a conocer hoy que tanto Amazon como el especialista en seguridad cibernética Chris Vickery -quien localizó la lista nominal-, desmintieron la versión sostenida por Delgado puesto que la base de datos no contaba con contraseña u otra protección de resguardo del servidor donde fue almacenada.
“Movimiento Ciudadano está mal informado o está mintiendo. La explicación más probable es que la compañía (Indatcom) que contrataron para almacenar los datos cometió un error y ahora están tratando de cubrirlo alegando que se trató de un hackeo u otro método ilegal”, señaló Vickery en un correo enviado a Grupo REFORMA.
Amazon señaló a través de un comunicado que la base de datos fue almacenada de forma no segura en sus servidores.
Indatcom también es la empresa encargada del manejo de redes sociales del Gobierno de Guadalajara.

 

 

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Continúa investigación por filtración de Padrón Electoral: INE

Diario NTR

Notimex

28 de abril de 2016

 

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, reiteró hoy que las investigaciones en el caso del Padrón Electoral continuarán, tanto por parte de la Fepade, como por el órgano electoral.

Durante su visita a esta ciudad, en donde sostuvo encuentros con los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE), subrayó que se trata de un hecho ilícito, “descubierto por la revelación de un investigador en seguridad de datos estadounidense”.

Agregó que se comprobó que se trataba de la base de datos, que el partido Movimiento Ciudadano colocó en Internet, y que no tenía ningún mecanismo de seguridad, por lo que debieron actuar para cerrar el documento al acceso público.

Córdova comentó que ya conocían que el responsable es Movimiento Ciudadano, incluso la persona en específico a la que se entregó la información, debido a la huella digital que instrumentó el INE como una medida de seguridad y que funcionó.

Subrayó que el colocar la información al acceso público es violatorio de las normas de privacidad de datos y, por lo tanto, el INE sigue con la investigación que abrió.

“Este asunto no está cerrado por las declaraciones que hizo ayer un partido político, por el contrario todo eso forma parte del expediente y será parte de las indagatorias que en breve culmine con una sanción ejemplar a los responsables de la vulneración de los datos de los ciudadanos mexicanos que estuvieron expuestos”, dijo.

Córdova Vianello dijo que esto no afecta los procesos electorales locales que están en curso, y que el ilícito se va a sancionar.

Reiteró que el descubrimiento y la actuación oportuna del INE en el caso del Padrón Electoral, detonaron dos procedimientos paralelos: la denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y, otro, el procedimiento administrativo sancionador.

 

 

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Protección de datos personales

INE no sabe a quién culpar; sigue en curso indagatoria

Excélsior

Aurora Zepeda

29 de abril de 2016

 

Luego del anuncio de Movimiento Ciudadano, los dichos de Amazon y del estadunidense Chris Vickery, el consejero del INE Arturo Sánchez aseguró que aún no pueden decir quién es el culpable de la filtración del listado nominal y que seguirán las investigaciones para deslindar responsabilidades.

Recordó que se sigue una investigación administrativa por parte del INE, pero también la parte penal, en manos de la Fepade.

Sánchez Gutiérrez apuntó que Movimiento Ciudadano tendrá que explicar en sus alegatos al INE, cuál fue el sentido de contratar a una empresa y para qué almacenó los datos en Amazon.

“No podemos decir quién es el culpable. También la Fepade tendrá que investigar. En todos los procesos hay derecho de audiencia que hay que conceder. Seguramente se escuchará a Movimiento Ciudadano, a los actores involucrados, para llegar a una verdad,” dijo.

Agregó que el partido tendrá que explicar cuál era el sentido de contratar a Amazon y qué accesos tuvo, qué debido cuidado tuvo para hacerlo y por otro lado, “la investigación con otros actores nos dirá si así sucedió tal cual o no.”

Arturo Sánchez dijo que se tendrá que verificar si la contratación con Amazon cumplió con las normas y protocolos de seguridad, y tendrán que estudiar si fue correcto que lo hicieran, además de determinar si hubo alguna violación a la normatividad.

El funcionario electoral reiteró que hasta el momento lo dicho por Movimiento Ciudadano respalda lo informado por el INE, es decir, que fue una copia entregada a un partido político, que los sistemas de cuidado del padrón y de los datos personales funcionaron y que tuvieron forma de rastrear perfectamente qué versión del padrón era, entregado en qué fecha, a qué partido y a qué persona.

Mencionó que el consejero presidente Lorenzo Córdova, instó a la Unidad de lo Contencioso a acelerar la investigación para tener un dictamen los más pronto posible.

Por otra parte, de gira por Puebla, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, afirmó que la publicación ilegal de la Lista Nominal entregada al partido Movimiento Ciudadano no pone en riesgo los comicios de 2016, ya que se trata de información que no está actualizada y es un formato que se entrega a partidos para su revisión.

El INE subrayó que la única herramienta para que la ciudadanía pueda emitir su voto es la credencial de elector. La Lista Nominal es sólo un documento para verificar la validez de esta credencial.

Afirmó que el reconocimiento de Movimiento Ciudadano no detiene las investigaciones, sino que es un elemento adicional que se valorará al momento de fincar responsabilidades.

“No hay excusa para MC”

La filtración de la Lista Nominal en internet es un asunto grave e intolerable y tendrá que ser sancionado por la autoridad electoral, consideró la politóloga María Marván Laborde.

En entrevista para Excélsior Televisión, con Pascal Beltrán del Río, opinó que esta acción podría provocar desconfianza entre los ciudadanos.

Enfatizó que el partido Movimiento Ciudadano pudo haber recurrido a la empresa Indatcom para resguardar el padrón electoral en la plataforma de Amazon con la finalidad de que sus militantes tuvieran acceso a la lista nominal, lo cual, subrayó, en todo caso se trata de una falta grave, o también pudo tener fines de lucro.

Dijo que no hay excusa para que Movimiento Ciudadano resguardara la base de datos y que no se puede usar el padrón para lo que se les “dé la gana”.

Información a la intemperie

Lo que descubrió Chris Vickery en la nube de Amazon fue un listado más de 90 millones de mexicanos.

La base de datos estuvo a la intemperie al menos 15 días y pesaba 132 gigabytes, los cuales pueden almacenarse con facilidad en un disco externo o incluso en una memoria USB para dicha capacidad.

En el mercado, por ejemplo, Kingston ofrece memorías de 128 GB o incluso un terabyte.

Al estar libre en internet, no se sabe quién pudo tener acceso a ella, quién la recopiló y qué uso le puede dar.

La Lista Nominal de Electores incluye los nombres de mexicanos, la clave de elector, folio nacional.

Los datos más sensibles incluyen el nombre completo del elector, fecha y lugar de nacimiento, sexo, ocupación, dirección completa, tiempo de residencia, entidad, distrito, municipio, sección, localidad, número de emisión de credencial y fecha de inscripción en el padrón.

Las fotografías de electores no estaban en la base.

No avisaron que usaría Amazon

El director del Registro Federal de Electores, René Miranda, señaló que por disposición legal a los partidos se les otorga una copia de la Lista Nominal pero la ley establece claramente que sólo pueden hacer actividades de revisión del padrón, “cualquier otro uso está prohibido”.

Dijo que Movimiento Ciudadano no avisó su intención de colocar la información del padrón en la nube de Amazon.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen Multimedia, René Miranda pidió que partidos, legisladores y expertos se sienten a analizar el tema.

Destacó que un punto importante es que la ley electoral es más antigua que la ley de protección de datos, por lo que consideró que sí se debe hacer una labor entre instituciones, partidos políticos y legisladores para revisar y discutir y actualizar las leyes electorales.

Aclaró que no es justo meter en la misma bolsa a todos los partidos, por lo que destacó, en este caso en particular, Movimiento Ciudadano ya aceptó su responsabilidad, pero insistió en que sí es importante hacer la revisión.

Señaló que los partidos “nos ayudan a identificar posibles duplicados o movimientos atípicos de gente que se mueve de repente. Esa labor, hay que dejarlo claro, es útil, pero la discusión es si se les tiene que entregar o deben de hacer, en sitios supervisados, (por ejemplo) en nuestras terminales.”

 

 

 

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Indatcom y el padrón

Excélsior

Pascal Beltrán del Río

29 de abril de 2016

 

Además de la escandalosa falta de seguridad con la que se manejan los datos personales de los ciudadanos –hoy 87 millones de nombres y direcciones podrían estar en manos de criminales o mercaderes–, la noticia de la filtración del padrón electoral también habla de las prácticas de la clase política para asignar contratos de servicios.

El miércoles por la tarde, al reconocer que la copia de la lista nominal que estaba en una nube de Amazon pertenecía a Movimiento Ciudadano, el líder de ese partido, Dante Delgado, afirmó que la colocación de los datos en ese sitio se hizo por recomendación de la empresa Indatcom.

Información publicada desde hace meses y hasta años por diferentes medios de comunicación revela que Indatcom, empresa asentada en Guadalajara, ha trabajado desde 2010 en el entorno de Enrique Alfaro, el actual alcalde de esa ciudad, exalcalde de Tlajomulco y excandidato a la gubernatura de Jalisco.

De acuerdo con el periodista tapatío Carlos Martínez Macías, detrás de Indatcom está el estratega en comunicación Rafael Valenzuela Cardona, quien la controla a través de una holding, que también incluye a las empresas Eu Zen y La Covacha.

Una investigación realizada en 2012 por la periodista Paloma Robles dio a conocer que el grupo de Valenzuela Cardona tuvo ingresos millonarios gracias a contratos otorgados por Movimiento Ciudadano, pero también el PRI y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco.

“Tan sólo entre Guadalajara, Tlajomulco y el IEPC, este grupo ha recibido cerca de 16 millones de pesos”, escribió Robles.

En el grupo –añadió– estaban Iván Manuel Silva Yamoné, Eric Oswaldo Villegas Aguayo y Alfredo Rico, además de Valenzuela Cardona.

“Con sus nombres sale a relucir el oscuro pasado que vincula a una misma generación de exalumnos de la UdeG con el IEPC y las casas de campaña de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz (el actual gobernador jalisciense) y Enrique Alfaro Ramírez”.

Y los describió como “amigos con un pasado en común y ambiciones de llegar al poder, sea con el candidato que sea”, pues “no importan los partidos ni las ideologías, lo que importa es estar con el ganador”.

De acuerdo con Martínez Macías, Indatcom es “una empresa especializada en redes sociales y estrategias de internet, encabezada por Ismael Sánchez Anguiano, quien acompañó a Enrique Alfaro en su campaña de 2012 en busca de la gubernatura”.

Las tres empresas ligadas volvieron a participar con Alfaro en su campaña para alcanzar la presidencia municipal de Guadalajara, el año pasado.

En sus inicios, refiere Martínez Macías, el grupo también trabajó para el ayuntamiento panista de Zapopan. En 2009, último año de la administración municipal, ésta le encargó videos institucionales por los que pagó más de dos millones de pesos.

Uno de los videos producidos para el alcalde Juan Sánchez Aldana remataba: “Lo mejor está por venir”.

Ahí está, resumida, la historia de Indatcom y su holding, que ha sido beneficiaria de contratos de autoridades y partidos, y ahora está en el centro del escándalo de la filtración del padrón electoral.

El miércoles por la noche, en Excélsior TV, el investigador informático estadunidense Chris Vickery, quien encontró el padrón en internet, dijo que no le había costado mayor trabajo desencriptar la información, pues a la empresa se le había olvidado poner claves de acceso cuando la subió a Amazon.

Puede ser, como dice Dante Delgado, que el padrón no haya estado a la venta. Pero sí estuvo sujeto a una enorme irresponsabilidad en su manejo.

No es cierto que la información haya sido hackeada, me dijo Vickery. Al menos no por él. Y me explicó que no se necesitaba ningún conocimiento sofisticado para acceder a ella.

Hoy, esos datos, nuestros datos, podrían estar en manos de cualquier persona, con cualquier intención.

Yo creería que un partido que recibe la lista nominal de votantes debe hacerse responsable de su resguardo. Si no es así, si se lo encarga a quién sabe quién –como una empresa de manejo de redes y producción de videos– estamos en riesgo.

 

 

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Dante: doctorado en delincuencia

El Universal

Óscar Mario Beteta

29 de abril de 2016

 

El INE ha caído en una actitud pasiva, indiferente y anuente, ante este y otros delitos de los partidos, y su función ha quedado reducida a quitar y disminuir multas

Dante Delgado Rannauro es un incorregible. Estuvo preso durante quince meses en el Penal de Pacho Viejo por haber cometido los delitos de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, peculado, corrupción. ¡Y sigue delinquiendo!

Nada lo ha reformado. Todo lo ha deformado. Durante su estancia en prisión, se doctoró en inmoralidad, que abarca todos los vicios. Especialista en crímenes político-electorales con el partido de su propiedad, Movimiento Ciudadano, ha entregado, regalado, transferido o vendido el padrón electoral dos veces.

Lo obligado es cancelarle la franquicia que regentea desde hace varios años y fincarle responsabilidades penales. ¿Tiene el INE la autoridad moral y política, y la determinación para hacerlo? ¿Puede esgrimir alguna atenuante en su favor?

Gobernador sustituto de Fernando Gutiérrez Barrios en el gobierno de Veracruz, allá por 1988, se entregó a todos los vicios y excesos propios de quien, proviniendo de cuna humilde, se marea y enloquece tan sólo por subirse a un ladrillo.

Las faltas que se le imputaron penalmente comprendían significativamente el robo a las arcas públicas de 450 millones de pesos. Pero la habilidad legaloide de sus abogados lo pusieron en libertad mediante el recurso de la prescripción. No resultó inocente. Y mucho menos fue un preso político, con cuya bandera quiso navegar.

Con todo el bagaje aprendido dentro del sistema, reforzado por la deshonestidad que lo caracteriza, Delgado Rannauro y su partido filtraron por primera vez en 2013 el listado ciudadano que las autoridades electorales, por ley, pusieron en su poder. Una copia se podía conseguir fácilmente en Tepito.

De ese gravísimo error derivó una sanción blandengue y timorata del INE por 76 millones de pesos que ni siquiera ha sido capaz de ratificar. A ello se suma una segunda filtración del padrón electoral, que el MC colocó en la empresa Amazon para “salvaguardarlo”.

La exacción de ese consumado sinvergüenza ha sido reconocida con la mayor desfachatez. Pero acostumbrado a tratar a las personas como menores de edad o cual si estuvieran descerebradas, alega sin rubor que Amazon fue hackeada.

Su explicación-justificación no tiene soporte. Un vocero de Amazon Web Services asegura que todas las medidas de seguridad “operaron, y continúan operando como fueron diseñadas”. Empero, subraya, la lista nominal de electores que el INE entregó al partido Movimiento Ciudadano fue almacenada de una manera no segura en un espacio de esa nube.

¿Es que esto no fue advertido? ¿No se pudo prever y evitar la fuga de la información cuando la advertencia de la vulnerabilidad de los datos estaba claramente establecida con antelación?

Si se dejaron pasar los riesgos pudiendo haber sido impedidos, cabe suponer que eso se hizo de manera interesada, perversa, de mala fe. Lo que deja en absoluto estado de indefensión a todos cuantos pueden votar. Sus datos son susceptibles de caer en manos de criminales. Teniendo información, pueden cometer cualquier crimen que se les venga en gana.

Lo peor del caso es que el árbitro electoral, con los monstruosos costos que tiene para la sociedad, que fue incapaz de cancelar el registro del PT, propiedad de Alberto Anaya y que se las gasta igual que el MC-Dante Delgado, ha caído en una actitud pasiva, indiferente, anuente, ante este y otros delitos que han cometido los partidos.

La función del INE ha quedado reducida a quitar y disminuir multas. A hacer el ridículo en muchas de sus decisiones. Nada o muy poco justifica lo que se paga por sostener esa institución.

Así, no sería de extrañar que incluso hasta se tenga que disculpar ante ese criminal que, directa o indirectamente, deja a todos en una situación de riesgo insospechado.

SOTTO VOCE… El GIEI complica el Caso Ayotzinapa con base en sus últimas acciones y conclusiones… En espera de que los congresistas aprueben la iniciativa que propone elevar la posesión de mariguana de 5 a 28 gramos y emplear la cannabis para uso medicinal, el periodo legislativo se enfila a su conclusión. El dilema ahora es definir si el Estado mexicano, como ocurre en otras naciones, debiera estar a cargo de su cultivo, distribución y comercialización. La que parece que inevitablemente seguirá en la congeladora, es la que pretende atajar la corrupción. No hay tiempo, empatía ni simpatía entre los partidos para aprobarla. Del lunes en adelante, nadie se ocupará más de leyes hasta después de las elecciones del 5 de junio, cuyas campañas empezarán a subir de tono… Con un abrazo solidario, mis más sinceras condolencias al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Hiram Almeida Estrada, por la pérdida de su señora madre, María Cristina Estrada Silva. Q.e.p.d…

ombeluniversal@gmail.com

@mariobeteta

 

 

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Protección de datos personales

Villanueva exhorta a sancionar filtración

La Crónica de Hoy Jalisco

Ricardo Balderas

29 de abril de 2016

 

El aún regidor priista, Ricardo Villanueva Lomelí, se pronunció a favor de que se investigue a la empresa InDatCom relacionada con la campaña de Enrique Alfaro desde su candidatura por Tlajomulco, tras darse a conocer que hubo una filtración de la lista nominal que entrega el Instituto Nacional Electoral (INE) a los partidos políticos que pretenden realizar campañas electorales.
Villanueva Lomelí comentó además que se encontraba a favor de que existiera un procedimiento en contra de quien resulte responsable de violar la Ley de Protección de Datos Personales; sin embargo, en la federación, los diputados de Movimiento Ciudadano Jalisco lanzaron un pronunciamiento en donde aseguran que no se trata de una filtración, sino un hackeo a la empresa Amazon que fue la contratada para almacenar dichos documentos.
Por su parte, Álvarez Máynez, representante del poder legislativo de MC ante el INE, afirmó que “los datos no estuvieron a la venta ni se les dio mal uso: un hacker rompió las medidas de seguridad para acceder a ellos”, por lo que es un error afirmar que Movimiento Ciudadano filtró información. Fue la misma fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano la que enfatizó: “no fue filtración, fue hackeo, y ya se presentó la denuncia correspondiente ante la FEPADE”.

InDatCom y Alfaro

Por otra parte, fue el propio presidente de MC, Dante Delgado, el que reveló que fue la empresa InDatCom (señalada anteriormente) la que les recomendó resguardar el padrón electoral que fue expuesto en manos de Amazon, no obstante, si se intenta consultar el sitio web de dicha empresa, el resultado de la web, no da opciones de navegación.
Cuando se le cuestionó al primer edil sobre la supuesta venta de información del padrón electoral, el alcalde comentó que no está interesado en hablar sobre temas internos del partido, pues él ni siquiera es militante activo de Movimiento Ciudadano.
“Es un tema de partido y no voy a opinar en temas partidistas, no milito siquiera en Movimiento Ciudadano, es la institución por la cual participo políticamente y creo que el diligente nacional aclaró puntualmente que lo que hay es una violación a un sistema de seguridad”.

Lo que dice la ley

La última publicación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, en el artículo siete menciona que en todo tratamiento de datos personales, se presume que existe la expectativa razonable de privacidad, entendida como la confianza que deposita cualquier persona en otra, respecto de que los datos personales proporcionados entre ellos.
Mientras que el artículo 8 estipula que: “Todo tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento de su titular”, por lo que a pesar de que la base de datos otorgada por INE a MC no fue comercializada, la divulgación de la misma violenta la ley.
Multas: En 2013 MC fue multado con 76 millones de pesos por filtrar datos del padrón a la página buscardatos.com
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Niegan filtración de datos por Amazon

La Crónica de Hoy Jalisco

Ricardo Balderas

28 de abril de 2016

 

Antes de ser nombrado nuevo rector del Centro Universitario de Tonalá, Ricardo Villanueva Lomelí se pronunció frente a los medios de comunicación a favor de que se investigue a la empresa InDatCom relacionada con la campaña de Enrique Alfaro desde su candidatura por Tlajomulco de Zúñiga

Comentó además que se encontraba a favor de que existiera un procedimiento en contra de quien resulte responsable de violar la Ley de Protección de Datos Personales, sin embargo en la Federación, los diputados de Movimiento Ciudadano Jalisco que representan a nuestra entidad en la Cámara Baja, lanzaron un pronunciamiento en donde aseguran que no se trata de una filtración, sino un hackeo a la empresa Amazon que fue la contratada para almacenar dichos documentos.

Por último la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano enfatizan: “no fue filtración, fue hackeo, y ya se presentó la denuncia correspondiente ante la Fepade”.

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INE no está en contra de MC por acelerar investigación sobre filtración de lista nominal

MVS Noticias

Francisco Rubio

28 de abril de 2016

 

AUDIO: José Roberto Ruiz Saldaña, consejero del INE dijo “No tiene que ver con el partido, con ningún partido, los tiempos en que se resuelven los asuntos, tienen que ver con los méritos mismos de la investigación”.

AUDIO: José Roberto Ruiz Saldaña, consejero del INE.

La celeridad en las investigaciones de la filtración de la Lista Nominal de Electores al portal de Amazon por parte del Partido Movimiento Ciudadano, no conlleva que el Instituto Electoral Nacional o alguna o alguno de los consejeros, tengan algo en contra de la fuerza partidista, afirmó el consejero, José Roberto Ruiz Saldaña.

“No tiene que ver con el partido, con ningún partido, los tiempos en que se resuelven los asuntos, tienen que ver con los méritos mismos de la investigación”.

Explicó que este asunto, tiene un antecedente que es con el portal de “buscardatos.com”, donde también al Partido Movimiento Ciudadano se le se le sancionó con 76 millones de pesos y, donde a la autoridad electoral le permitió conocer la ruta jurídica, misma que ahora se da seguimiento.

“Y no tenemos una fecha concreta para tener ya un proyecto, pero tengo la impresión que a diferencia del asunto de “buscardatos” este Amazon por llamarlo así sí pueda ser más pronto el momento en que tengamos ya un proyecto, porque la mayoría de las diligencias pues, ya están efectuándose”.

En la entrevista realizada en sus oficinas, el consejero del INE, José Roberto Ruiz Saldaña, señaló que será competencia de la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE, determinar si hace o no un requerimiento a Amazon, es decir, si solicita a esta empresa con sede en los Estados Unidos, el contrato o convenio que firmó con el Partido Movimiento Ciudadano, para el resguardo de la Lista Nominal de Electores.

 

 

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Varios partidos utilizan el padrón electoral para afiliar a ciudadanos sin consentimiento: consejero del INE

MVS Noticias

Francisco Rubio

28 de abril de 2016

 

José Roberto Ruiz Saldaña, consejero del INE dijo que “no es posible que los partidos políticos”, pudiesen incurrir en esta práctica, luego de que se le preguntó si estaban haciendo un mal uso del Padrón Electoral, el cual contiene los datos confidenciales de los mexicanos.

AUDIO: José Roberto Ruiz Saldaña, consejero del INE

En el Instituto Nacional Electoral, se vive “un serio problema”, los partidos políticos utilizan el Padrón Electoral para afiliar a los ciudadanos sin su consentimiento, reconoció el consejero, José Roberto Ruiz Saldaña.

“Lo que nosotros hemos advertido en el Instituto Nacional Electoral es que hay un serio problema de afiliaciones indebidas de los partidos hacia los ciudadanos, tenemos que no sólo impartir justicia a nivel administrativo cuando se nos presentan este tipo de quejas, sino reflexionar y tomar las medidas que sean necesarias, es cierto, que hemos emitiendo lineamientos, pero vamos a estar constantemente revisando si necesitamos toda vía poner reglas más enérgicas”.

Durante la sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias, se ventilaron alrededor de mil 500 recursos que presentaron igual número de ciudadanos que radican en distintos puntos del país y la constante fue su molestia de que habían sido afiliados a alguna fuerza política sin su consentimiento.

Ruiz Saldaña, dijo que “no es posible que los partidos políticos”, pudiesen incurrir en esta práctica, luego de que se le preguntó si estaban haciendo un mal uso del Padrón Electoral, el cual contiene los datos confidenciales de los mexicanos.

“No sabían estos ciudadanos que estaban afiliados y hay una utilización, presuntivamente, de datos personales. No es posible que los partidos no sepan dar cuenta que sus registros como afiliados hay ciudadanos que no saben cómo llegaron esos datos de ellos. P.- Los partidos políticos están haciendo un mal uso del Padrón. R.- No puedo generalizar que todos, porque de hecho el proyecto de ayer no son todos los partidos políticos, son varios”.

Cabe señalar que en el proyecto elaborado por la Unidad Técnica de lo Contencioso de propuso sancionar con una multa de 100 mil pesos a los partidos políticos.

Sin embargo, el mismo fue devuelto para un análisis a fondo, pues, se consideró que los montos de multa son nos acordes al presunto ilícito.

“Un proyecto donde se sancione más severamente a los partidos, porque venían multas por el más alto de alrededor de 100 mil pesos, creemos que hay razones, argumentos para poder sancionar más alto. Y por otra parte, también para que se hicieran mayores diligencias a fin de poder tener más claridad sobre lo sucedido. Ya corresponderá obviamente  a la Unidad Técnica de lo Contencioso decidir qué diligencias hace y de qué naturaleza”.

Cabe señalar que el consejero, José Roberto Ruiz Saldaña, en todo momento se reservó dar a conocer los nombre de los partidos políticos que incurrieron en está práctica.

 

 

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Por filtración de la lista nominal no están en riesgo los comicios: INE

MVS Noticias

Francisco Rubio

28 de abril de 2016

Lorenzo Córdova, consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral agregó que la única herramienta para que la ciudadanía pueda emitir su voto es la credencial de elector. La Lista Nominal es sólo un documento para verificar la validez de esta credencial.

El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, afirmó que la publicación ilegal de la Lista Nominal entregada al partido Movimiento Ciudadano no pone en riesgo los comicios de 2016, ya que se trata de información que no está actualizada y es un formato que se entrega a los institutos políticos para su revisión.

Además agregó que la única herramienta para que la ciudadanía pueda emitir su voto es la credencial de elector. La Lista Nominal es sólo un documento para verificar la validez de esta credencial.

Durante una reunión de trabajo con las y los consejeros del Instituto Electoral de Puebla y funcionaros del INE en esa entidad, Córdova Vianello, advirtió que el reconocimiento de Movimiento Ciudadano no detiene las investigaciones, sino que es un elemento adicional que se valorará al momento de fincar responsabilidades.

“Esta puesta al público de la información de los ciudadanos, no afecta de ninguna manera los procesos electorales que están en curso; se trató de un ilícito que vamos a sancionar, es información que se les dio a los partidos de cara al proceso de 2015 y, por lo tanto, no se pone en riesgo la integridad de los procesos electorales que están en curso”, dijo.

Afirmó que a unos días de haber denunciado la publicación ilegal del Padrón Electoral, se comprueba que el INE actuó en tiempo e hizo su trabajo para garantizar la seguridad informática de los datos personales que obran en su poder.

“La aceptación de Movimiento Ciudadano de que fueron ellos quienes colocaron esa información en Internet y que se trata de la copia que por derecho les corresponde y que por derecho les da el INE, confirma lo que había dicho el Instituto Nacional Electoral hace unos días, que no se trataba de una vulneración a sus sistemas informáticos de resguardo de esta información que los ciudadanos mexicanos le han confiado”, aseguró.

Por lo que compete a los comicios en el estado de Puebla, Córdova Vianello, sostuvo que el órgano a su cargo no planea atraer funciones electorales que posiblemente se decidan en otros estados, porque la elección en la entidad marcha bien.

 

 

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Autoridad dirá si Amazon o MC son responsables por hackeo al padrón: Maynez

MVS Noticias

Angélica Melín Campos

29 de abril de 2016

 

El diputado Jorge Álvarez, representante del MC, ante el Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que el deslinde de responsabilidades está en manos de la autoridad, en este caso del propio INE y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

La fracción parlamentaria del Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, dejó en claro que en el caso de la filtración del padrón electoral a Internet, no le es posible decir que la empresa Amazon Web Services (AWS), en cuyas cajas de seguridad virtuales se intentó resguardar la copia del padrón electoral en su poder, y que finalmente, fueron hackeadas, está libre de responsabilidad.

El diputado Jorge Álvarez, representante del MC, ante el Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que el deslinde de responsabilidades está en manos de la autoridad, en este caso del propio INE y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

“Pues somos responsables de haber sido asaltados. Ahí quiero ser muy preciso, eso le corresponde a la autoridad. La autoridad debe decir si Movimiento Ciudadano, si la empresa e investigar a fondo. Nosotros no somos quién para señalar inocentes y culpables en este caso, es un asunto de la autoridad, estamos para aportar información, pruebas y por eso estamos denunciando”, dijo.

En cuanto a las declaraciones de un “supuesto” representante de Amazon para resguardar el padrón, dijo que no hay evidencia de que esa información sea oficial.

Sin embargo, dijo, esa versión divulgada en medios de comunicación, coincide con la postura del partido en cuanto a que el pasado viernes 22 de abril se detectó que los datos estaban en una “nube no segura” y comprometida, por lo que de manera correcta se activaron los protocolos de seguridad respectivos.

Agregó que la recomendación del proveedor del servicio fue “bajar” la información de inmediato, para evitar que esta quedara a disposicón de los usuarios de internet y fuera utilizada de manera inadecuada.

Álvarez Maynez añadió que quien o quienes se encargaron de poner los datos en una “nube no segura”, fueron los hackers o el hacker, no el partido ni Amazon.

En cuanto al investigador de seguridad Chris Vickery, el congresista dijo que no se le está acusando de hackeo, pero resulta extraño que un experto en burlar y romper candados de seguridad informáticos, recurrentemente encuentre “cajas abiertas” con información sensible.

Reconoció que la Comisión Operativa Nacional de su partido, de la cual forma parte junto con otras ocho personas, incluyendo al dirigente a nivel nacional, Dante Delgado, es responsable por contratar los servicios de una empresa especializada con el fin de resguardar la copia de los datos electorales.

Sin embargo, insistió en que el partido no puede ser señalado como culpable, cuando fue víctima de un hackeo.

El legislador también calificó la postura del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, respecto a que el MC volverá a ser sancionado, como sesgada y dolosa.

“Es muy riguroso con la oposición, él se ha especializado en este tipo de sanciones con la oposición, pero no fueron rigurosos como Monex, con las tarjetas del Verde que sí involucraron los datos personales de los mexicanos, esa es una gran diferenciación. No hay un solo elemento, un solo artículo en el que ninguno de ustedes pueda haber sentido que Movimiento Ciudadano comprometió su seguridad para obtener su beneficio. Ahí el INE no habla de sanciones ejemplares, ahí no se sancionó a nadie con cárcel; lo que nosotros vemos es un sesgo evidente y un criterio político”, argumentó.

 

 

 

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MC confió padrón a empresa inexperta

24 horas

Ángel Cabrera

29 de abril de 2016

 

Movimiento Ciudadano (MC)  habría confiado los datos de 94.5 millones de mexicanos a Indatcom S.A de C.V, empresa consultora en comunicación digital y redes sociales, pero sin experiencia en ciberseguridad.

El corporativo, contratista del partido naranja desde 2010 y ligado a Enrique Alfaro, actual alcalde de Guadalajara, es señalado como el presunto responsable de la filtración de la Lista Nominal de Electores del INE.

Dante Delgado, líder nacional de MC, aceptó que Indatcom gestionó la compra de un alojamiento web ante Amazon para salvaguardar la información que les entregó el INE mediante dispositivos USB.

Al ser parte de una investigación interna del INE y una averiguación de la PGR, las autoridades todavía no han aclarado si existe un contrato o factura donde MC haya pagado a la empresa de Guadalajara para gestionar el almacenamiento de la Lista Nominal.

Desde su creación, en 2002, la empresa está dedicada a consultoría de comunicación digital, desarrollo de plataformas webs y marketing digital, pero sin relación con ciberseguridad o asesoría para resguardar información confidencial en la web.

Desde 2011, dicha empresa ha florecido con contratos por asesorar, en redes sociales y marketing digital, a los ayuntamientos de Tlajomulco, Guadalajara y  San Pedro Cholula, todos bajo control de MC.

A nivel nacional, uno de los contratos de MC con la empresa fue firmado en 2015 (por un monto de 127 mil 582 pesos) por “servicio, elaboración, modificación, hospedaje y administración de plataformas digitales del partido” durante ese año.

Indetcom aparece en el padrón de proveedores de los partidos políticos nacionales como una empresa con domicilio en la colonia Mezquitan Country de Guadalajara, Jalisco e inscrita en el Registro Público de la Propiedad, bajo la escritura 6906. Como representante legal tiene a Ismael Sánchez Anguiano, quien asesoró en materia de redes sociales a Enrique Alfaro, actual alcalde de Guadalajara desde 2011, cuando buscó la gubernatura de Jalisco, y hasta el momento se mantiene como uno de los proveedores de servicios digitales del ayuntamiento de la capital de ese estado.

En su perfil profesional, Anguiano explica la relación de la empresa, que comprometió más de 90 millones de datos personales de ciudadanos, con Enrique Alfaro.

“Indatcom se asoció con Alfaro en febrero de 2011, comenzó a usar Twitter y Facebook como plataforma, lo que permitió a los ciudadanos informar de las quejas, recibir información en tiempo real y resolver los problemas de los ciudadanos locales”, indica el CEO de la empresa.

La empresa transnacional Amazon, entre cuyos clientes se encuentra el Departamento de Defensa de Estados Unidos, descartó un hackeo a sus sistemas de alojamiento en la Nube. A través de su portavoz en México, Julio Gil, señaló que la información fue guardada por el cliente sin ningún tipo de seguridad, por lo que está pudo ser descargada por cualquiera.

24 HORAS intentó contactar a Indatcom para conocer su postura sobre su responsabilidad en la filtración de la Lista Nominal, sin obtener respuesta al cierre de esta edición.

Segunda vez. En 2013, Movimiento Ciudadano estuvo involucrado en otra fuga de los datos personales de millones de mexicanos. Tras un proceso de dos años, el INE lo multó con 76 millones de pesos y la investigación sigue abierta en la PGR

 

 

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Beneficia MC con contratos millonarios a firma que entregó el padrón a Amazon

De octubre de 2014 a diciembre de 2015 el partido le pagó $10 millones por varios servicios

La Jornada

Alma E. Muñoz y Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

 

Viernes 29 de abril de 2016

 

Movimiento Ciudadano (MC) ha beneficiado con contratos millonarios al grupo empresarial al que pertenece Indatcom, la firma que entregó a Amazon la lista nominal de electores.

El vínculo entre ambas instancias es el actual presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, a quien Indatcom ha llevado sus campañas digitales desde que fue alcalde de Tlajomulco.

La relación es tan estrecha, que en octubre pasado Alfaro nombró a Mario Roberto Arauz Abarca, uno de los socios fundadores de Indatcom, que dirige Ismael Sánchez Anguiano, director de Informática de Guadalajara.

Arauz Abarca percibe 70 mil 920 pesos mensuales como director “A” en la dirección de innovación gubernamental del ayuntamiento tapatío, aunque según su perfil en el sitio Linkedin sigue siendo director de Indatcom.

Entre 2002 y enero de 2007 fue director de investigación y desarrollo de Tv Azteca; tiempo después, de 2008 a marzo de 2009, consultor de mejora de procesos y aplicación de modelos de gestión del conocimiento en la Secretaría de Educación de Jalisco, cuando gobernaba el PAN. Luego se convirtió en cofundador de Indatcom.

De julio de 2010 a diciembre de 2011 fue el encargado de la estrategia de redes sociales, servicios web, monitorización de marca y marketing electrónico en el comité organizador de los Juegos Panamericanos Guadalajara.

En tanto, Sánchez Anguiano, presidenta de Indatcom, dirigió el área de cultura durante la gestión como alcalde de la capital tapatía de Emilio González Márquez, quien posteriormente se convirtió en gobernador de Jalisco. Por cierto, el ex mandatario enfrenta un proceso de expulsión del PAN, acusado de haber apoyado en 2012 la campaña a la gubernatura de Enrique Alfaro.

Junto con La Covacha, Gabinete de Comunicación y Euzen Consultores, Indetcom forma parte del grupo empresarial que encabeza Rafael Valenzuela y se encuentran en el padrón de proveedores de los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco, gobernados por Movimiento Ciudadano.

Un reporte sobre los gastos de comunicación social del partido en Jalisco da cuenta de los pagos hechos entre octubre de 2014 y diciembre de 2015 a esas firmas por estrategia digital, cápsulas audiovisuales, herramientas tecnológicas y campañas, entre otras, por más de 10 millones de pesos.

Euzen fue la más beneficiada. En dos ocasiones, el 20 de enero y el 12 de marzo de 2015, recibió pagos por 800 mil pesos. En el primer caso, por “servicios de asesoría y estrategias de comunicación durante periodos de precampaña e intercampaña”. En el segundo, por “desarrollo de estrategia de comunicación política para las campañas de diputados federales y locales de Movimiento Ciudadano Jalisco”.

Interrogado este jueves sobre la relación con Indatcom, Enrique Alfaro reconoció: “es una empresa que me ha manejado desde hace muchos años el tema de las redes sociales y de plataformas digitales”.

Sin embargo, molesto por los cuestionamientos, afirmó que la firma nada tuvo que ver con que la base de datos de la lista nominal se hiciera pública. Afirmó que se trató “de una violación a un sistema de seguridad de Amazon”, en coincidencia con las declaraciones del líder de MC, Dante Delgado.

 

 

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Operó toda la seguridad, afirma Amazon sobre supuesto hackeo del padrón electoral

Indebido, que se litigue y se nos juzgue en los medios, reprocha Movimiento Ciudadano

Periódico La Jornada

Alonso Urrutia y Alma Muñoz

Viernes 29 de abril de 2016

 

Con los elementos que ahora tiene el Instituto Nacional Electoral (INE) respecto de la filtración irregular del padrón, es posible descartar la versión de Movimiento Ciudadano (MC) según la cual la información que subió al sitio de Amazon sufrió un hackeo que posibilitó su acceso.

Tras recibir el aviso de que la base de datos estaba accesible, personal del propio Registro Federal de Electores ingresó sin problemas –días antes del presunto hackeo– para verificar la veracidad de la información y proceder en consecuencia.

En tanto, sin aludir expresamente a un ataque cibernético, como la víspera denunció MC, Amazon de México fijó su postura relacionada con la filtración. Para la empresa, el problema surgió de la colocación en un espacio “no seguro” de almacenamiento en la nube de Amazon Web Services (AWS).

“Todas las medidas de seguridad y redes operaron –y continúan operando– como fueron diseñadas. Una vez que AWS fue notificada de que una base de datos con información delicada fue almacenada de manera no segura en su nube y era accesible vía Internet, seguimos nuestros protocolos de seguridad a fin de confirmar desde ese momento que la base de datos no fuera accesible”.

MC afirmó que no existe contradicción entre ambas versiones, pues si AWS advierte que la información no estaba almacenada de forma segura, “nosotros denunciamos que un ataque externo rompió nuestras medidas de seguridad”. Tras las reacciones a su versión, el partido también matizó la imputación que la víspera hizo contra Chris Vickery, a quien ayer ya no acusó de hacker como la víspera, sino que lo definió como “un personaje que tiene conocimientos y métodos especializados en seguridad cibernética”.

No obstante, a diferencia de lo ocurrido en noviembre de 2013, en esta ocasión el INE tuvo el tiempo y la discreción para verificar la veracidad de los datos del padrón filtrados. Días antes de que se denunciara públicamente el hecho –el viernes 22 de abril–, un correo electrónico de Vickery enviado al presidente del instituto, Lorenzo Córdova, alertó al organismo sobre el suceso. El intercambio de comunicaciones con el investigador radicado en Texas, en principio con la oficina de Córdova, permitió a las áreas técnicas del Registro Federal de Electores ingresar al sitio para revisar los datos.

“Sin necesidad de forzar el acceso, con sólo bajar una aplicación de Internet”, personal del INE entró a la base de datos y aplicó diversas pruebas de control para tener la certeza de la fecha de corte del padrón y a cuál de las copias entregadas a los partidos pertenecía. Corroborada su veracidad, solicitaron a la policía cibernética gestionar la baja del documento.

Para el representante de MC ante el INE, Juan Miguel Castro, es indebida la forma en que ha operado el instituto en esta ocasión, pues ha litigado y juzgado mediáticamente a su partido. En entrevista se anticipa a la inviabilidad de calificarlo de reincidente, pues la denuncia de 2013 está subjudice.

En torno a la forma en que se contrató el servicio de Amazon, Castro indicó que no se efectuó con Amazon México, sino con otra filial fuera del país sugerida por Indatalab, empresa que, dijo, le realiza trabajos de imagen, elaboración de espots y asesoría cibernética desde hace cinco años.

 

 

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Nuevas medidas para controlar las consultas

Periódico La Jornada

Alonso Urrutia

Viernes 29 de abril de 2016

 

El Instituto Nacional Electoral (INE) prepara nuevas medidas de control de acceso a los datos del padrón electoral, tendentes a restringir al máximo la salida de esta información por la vía de la entrega de la base a los partidos políticos. Se pretende privilegiar la consulta y verificación en instalaciones del INE para mayor protección de datos personales, señaló el consejero Benito Nacif.

La solución al problema es que el documento “no salga de aquí; que por medio de las representaciones partidistas en la Comisión Nacional de Vigilancia puedan realizarse los cruces de la información que les den garantías del padrón electoral”. Nacif destacó la necesidad de conciliar ambas prioridades, lo cual podía hacerse incluso potenciando las posibilidades partidistas de revisión del padrón.

Informó que la Comisión del Registro Federal de Electores se reunirá el lunes para realizar adecuaciones a los lineamientos de acceso, verificación y entrega de los datos personales incluidos en el padrón.

Para el consejero, los cambios en la forma de acceder a ese documento para evitar que sea retirado de la sede del INE no implica necesariamente una reforma legal, porque a lo que obliga la legislación es a proporcionar nombre del elector, distrito y sección. Con esta información no se pueden realizar mayores cruces a partir de intereses ilegales que favorecieran nuevas filtraciones.

Mencionó que el INE ha incrementado su inversión para garantizar la seguridad de los datos personales y ha construido instalaciones en Pachuca, Hidalgo, adaptadas para que los partidos puedan realizar todos los cruces de información sin necesidad de llevarse el documento. En paralelo, anualmente destina 60 millones de pesos para financiar el funcionamiento de la Comisión Nacional de Vigilancia del padrón.