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Transparencia y acceso a la información

Transparencia y acceso a la información

Diagnósticos sobre transparencia

Organizaciones entregan al Senado firmas que respaldan #Ley3de3

MVS Noticias

Óscar Palacios Castañeda

17 de marzo de 2016

El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, destacó que su propuesta busca combatir la corrupción e impunidad que dañan gravemente a nuestro país.

Organizaciones de la sociedad civil entregaron al Senado de la República un total de 291 mil 467 firmas que respaldan la iniciativa ciudadana sobre la Ley 3 de 3, con la que se pretende obligar a los servidores públicos a presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses.

Al hacer entrega de las firmas, contenidas en 18 cajas, el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, destacó que su propuesta busca combatir la corrupción e impunidad que dañan gravemente a nuestro país.

Señaló que los ciudadanos demandan un compromiso del Congreso de la Unión para impedir que el servicio público siga siendo una fuente de riqueza ilegal.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Roberto Gil Zuarth, señaló que la propuesta será incluida en la discusión de las leyes secundarias del sistema Nacional Anticorrupción, que, reiteró, no se va a descafeinar.

Roberto Gil Zuarth indicó que la única manera de recuperar la confianza ciudadana en la política es creando instituciones fuertes para prevenir y sancionar la corrupción, por lo que cumplirán a buena hora con su tarea.

Las firmas recabadas se remitirán al Instituto Nacional Electoral para su validación y correspondiente.

 

 

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Diagnósticos sobre transparencia

Ley anticorrupción incluirá periscopeo

Excélsior

Leticia Robles Rosa

18/marzo/2016

 

Pablo Escudero, presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado, informó que sí habrá uso de herramientas, como el Periscope, y la inclusión plena de la iniciativa 3de3 en el paquete de la reforma secundaria en materia de combate a la corrupción.

Interrogado sobre la propuesta de PAN y PRD de que todo este proceso de dictaminación se someta a las reglas del Parlamento Abierto, e incluso se usen recursos tecnológicos como el Periscope en reuniones privadas, Escudero dijo: “Estoy de acuerdo.

“Me parece que es un inicio de un debate y de una discusión pública y abierta. Cualquier modificación que exista en el documento tendrá que haber una paternidad clara de quién lo está proponiendo y por qué.

“Me parece que en todas estas reuniones, aunque no estén citadas como reuniones ordinarias, porque en muchas nos reunimos sólo los presidentes; aunque puedan ser muy tediosas para muchos, pues yo no tendría ninguna objeción en que fueran públicas, grabadas por Canal del Congreso, Periscope, Twitter o cualquier medio de difusión”, respondió.

Escudero aclaró que el primer documento de trabajo entregado a los integrantes de la Comisión ya incluye el 3de3, acorde con los instrumentos legales vigentes.

Ayer el grupo ciudadano que promovió la iniciativa 3de3 entregó al Senado 291 mil 467 firmas para iniciar el trámite legislativo, que incluye su envío al INE para verificación de firmas; sin embargo, como el trámite rebasará los tiempos oficiales para ser integrada a la construcción de las leyes anticorrupción, PRD y PAN la incluyeron en sus propuestas oficiales y Pablo Escudero anunció que ya está en el documento de trabajo.

Ayer por la mañana, en la entrega de las 14 cajas con las firmas ciudadanas que respaldan la iniciativa, Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, dijo que “a partir de hoy, cientos de miles de ciudadanos evaluaremos el compromiso real de cada uno de los integrantes del Senado y la Cámara de Diputados frente al desafío de la corrupción y la impunidad.

“El debate y la resolución legislativa de la iniciativa de ley 3de3 permitirán comprobar si las iniciativas ciudadanas son un instrumento para incrementar la confianza hacia los políticos o para profundizar la actual crisis de credibilidad”.

Momentos antes, el grupo parlamentario del PRD hizo llegar a todos los integrantes de las comisiones que procesan las secundarias en anticorrupción, la notificación de que en su paquete ya incluyeron la iniciativa 3de3.

 

Una propuesta ciudadana

La iniciativa obliga a los servidores públicos a presentar y a publicar tres declaraciones: la patrimonial, de intereses y la fiscal:

Clasifica como acto de corrupción grave el soborno, desvío de fondos públicos, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, colusión, uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción.

Entre otras medidas, propone una red de 90 autoridades coordinadas para prevenir y combatir impunidad y corrupción.

Anticipa el uso de herramientas tecnológicas para la denuncia; propone una plataforma sencilla para que la sociedad denuncie los casos, independiente de la vigilancia a los entes públicos, y que se brinde protección real para los denunciantes.

 

 

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Diagnósticos sobre transparencia

Periodistas exigen acceso al juicio de Ríos Montt

El Informador

17 de marzo de 2016

 

GUATEMALA, GUATEMALA (17/MAR/2016).- La Cámara Guatemalteca de Periodismo pidió hoy que se permita el acceso de los medios de comunicación al juicio especial que se celebra en contra del ex dictador José Efraín Ríos Montt, acusado del delito de genocidio.
La decisión de prohibir el acceso de la prensa, tomada por el tribunal encargado del proceso, “no es justificable, bajo ningún punto de vista”, ya que a pesar de no permitir el ingreso a la sala de los medios de comunicación sí se autoriza la presencia de observadores internacionales, criticó la entidad en un comunicado.
“Supone una restricción a los derechos de informar y ser informado, derecho inalienable de la sociedad guatemalteca, de acuerdo con la Constitución, la Ley de Emisión del Pensamiento y los Tratados y Convenciones sobre DH ratificados por el Estado de Guatemala”, agregó.
En opinión de la entidad, el Organismo Judicial debería “revisar” tal decisión y exhortó a la entidades de prensa, comunicadores y medios de comunicación a reivindicar los derechos de “informar y ser informado en forma veraz, imparcial y objetiva” y pidió que tomen acciones legales para que no sea
restringida “la libertad de expresión de ideas y el acceso a las fuentes de información”.
La limitación en este caso, según la cámara de periodistas, es aún más grave, dado que el asunto “amerita no sólo una máxima publicidad, sino también de una absoluta transparencia que solamente la puede garantizar la prensa independiente”.
Este jueves se celebra, a puerta cerrada, la segunda sesión del juicio especial contra Ríos Montt y su antiguo jefe de Inteligencia Militar, José Mauricio Rodríguez, acusados de los delitos de lesa humanidad y genocidio.
El general retirado, de 89 años, fue declarado incapaz para seguir el proceso por padecer una demencia vascular mixta irreversible, mientras que Rodríguez sí está acudiendo a la sala, donde solo se permite la entrada de las partes y de las víctimas.
Ambos generales retirados del Ejército están acusados por la fiscalía del asesinato de mil 771 indígenas de la etnia ixil durante el régimen de facto de Ríos Montt (1982-1983).
El 10 de mayo de 2013 el ex dictador fue encontrado culpable de genocidio y deberes contra la humanidad y condenado a 80 años de cárcel, mientras que Rodríguez fue absuelto.
Pero debido a errores en el proceso judicial, la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica del país anuló la condena y ordenó un nuevo juicio.
Ríos Montt es el más antiguo alto cargo que es juzgado en Guatemala por el genocidio que cometió el Ejército durante el conflicto armado interno (1960-1996), periodo en el que fueron asesinadas y desaparecidas unas 250 mil personas en el país centroamericano.

 

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Diagnostico sobre transparencia

Frenan la ley de transparencia retos humanos y recursos, dicen

La Jornada

Alonso Urrutia

Viernes 18 de marzo de 2016

Los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia se reunirán hoy con dos preocupaciones centrales: los avances que registra la Plataforma Nacional –que sustituirá a Infomex y otros formatos– y los avances en la homologación obligatoria de las legislaciones locales para estar en consonancia con la ley general en la materia.

De acuerdo con los plazos proyectados en dicha legislación general, en los primeros días de mayo todas las leyes locales en la materia deberán estar homologadas y entrará en operación la nueva plataforma nacional, que concentrará la operación de todos los organismos y entes obligados.

Con ello, cualquier solicitud de acceso a la información o recursos relacionados con cualquiera de los tres poderes federales y locales, organismos autónomos, gobiernos estatales y municipales, deberán realizarse mediante esta plataforma. Desde el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) se ha emprendido el proyecto, encabezado por el comisionado Óscar Guerra, quien ha establecido coordinación con los organismos locales.

Respaldo insuficiente

Entre los organismos locales hay todavía escepticismo sobre la instrumentación en los plazos fijados. El comisionado del InfoDF, Alejandro Torres, señaló que si bien el Inai ha realizado acciones y presentaciones de lo que será esta nueva plataforma, advirtió sobre retos presupuestales y humanos que tienen los organismos para adaptarse a este esquema.

Torres agregó que el Inai ha ofrecido respaldo a los organismos locales, pero está claro que éstos deberán contar con equipos y sistemas, con el fin de adecuarlos a la plataforma para contar con los respaldos de todos los movimientos que incluya el sistema. “Es una cuestión elemental de soberanía”, señaló.

Torres manifestó que una de las insuficiencias que tuvieron los congresos fue no dotar a los organismos de transparencia de los recursos necesarios para esta nueva etapa, que entrará en operación en mayo próximo.

La otra preocupación es el retraso en los congresos locales para aprobar la homologación de las leyes locales, ya que hasta ahora solamente seis entidades lo han realizado. Aún quedan 26 entidades que cuentan con poco más de 40 días para concretar las reformas, ello, sin contar que se han registrado dos casos (Querétaro y Tabasco), donde el Inai promovió recursos de inconstitucionalidad porque las normas aprobadas no están en la línea de la ley general.

 

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Protección de datos personales

Una solución efectiva al robo de identidad

El Universal

Benito Nacif Hernández

17 de marzo de 2016

 

Más de 90% de los usuarios de los servicios financieros utilizan la credencial para votar al realizar trámites bancarios

Mario Di Constanzo, director de la Condusef, ha venido alertando a la opinión pública sobre el problema de robo de identidad. Las quejas que los usuarios de servicios financieros presentan por este motivo muestran un crecimiento preocupante, al igual que los montos involucrados. Su campaña de concientización tuvo ya su primer resultado. Convocadas por la Secretaría de Hacienda, diversas instituciones públicas —incluido el INE— y la Asociación de Bancos de México (ABM) suscribieron el pasado 18 de febrero las Bases de Colaboración para Combatir el Robo de Identidad.

En la ceremonia de firma del convenio, el presidente de la ABM, Luis Miaja, en representación de los prestadores de servicios financieros, reconoció la pertinencia de las medidas anunciadas. Sin embargo, advirtió que “la manera definitiva de vencer el robo de identidad es la implementación en México de la cédula de identidad con registros biométricos”. Más tarde, en la Convención Nacional Bancaria hizo otro llamado a la emisión de un nuevo documento con esas características tecnológicas. Dijo además que esta medida permitiría reducir las tasas de interés que los bancos cobran a sus clientes.

La posición del presidente de la ABM es motivo de extrañeza. Más de 90% de los usuarios de los servicios financieros utilizan la credencial para votar al realizar trámites bancarios. La validez legal del documento como medio de identificación está prevista en un artículo transitorio de la Ley General de Población. Más aún, la mica de elector es un instrumento de identificación con registros biométricos.

Desde 2001, el INE empezó a recolectar las huellas dactilares digitalizadas de las personas a las que expide una credencial para votar. Hasta 2012, recolectaba las huellas de los dedos índices de ambas manos. A partir de este año, cuando los sensores digitales y los motores de búsqueda se volvieron más accesibles, empezó con el registro de decadactilares (las huellas de los cinco dedos de ambas manos).

Hoy en día, la totalidad de las credenciales vigentes está amparada por un registro que incluye no sólo la imagen digitalizada del rostro, sino también de las huellas dactilares de los dos dedos índices. La captura de decadactilares cubre ya la mitad de los 83 millones de registros y en los próximos cuatro años llegará al 100%.

Como parte de las Bases de Colaboración para Combatir el Robo de Identidad, el INE pondrá a disposición de los bancos el Servicio de Verificación de Datos de la Credencial para Votar. Dicho sistema les permitirá verificar y autenticar la identidad de sus clientes en línea y tiempo real. Esta certificación habilitará a las entidades financieras para cotejar que los datos de la credencial coincidan con los del Registro Federal de Electores y así impedir que se realicen trámites con identidades falsas o distintas a las registradas ante el INE. La autenticación mediante el cotejo de huellas dactilares les dará a los bancos la capacidad de asegurarse que quien porta la credencial sea la misma persona que realizó el trámite ante el INE y de esta forma evitar la suplantación de identidad.

Pero para que los usuarios de los servicios financieros queden protegidos con este servicio se necesita que los bancos lo utilicen. Por ello sorprende que cuando las instituciones públicas ponen a la mano una solución efectiva al problema del robo de identidad, basada en el uso de biométricos, el presidente de la ABM llame a construir una solución “definitiva” que tardaría años en implementarse y que implicaría un enorme costo para el erario público. Esta posición denota cierta complacencia con el statu quo, pues al final del día son los clientes de la banca quienes absorben el riesgo crediticio pagando tasas de interés más altas.

Consejero electoral del INE

 

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Protección de datos personales

Arne realiza operativo contra la prostitución en la Anzures

Excélsior

Redacción

18/marzo/2016

 

El City Manager de la delegación Miguel Hidalgo, Arne aus den Ruthen, exhibió vía Periscope un operativo contra la prostitución en la colonia Verónica Anzures.

El funcionario de la demarcación destacó que dentro de sus facultades se encuentra vigilar que las disposiciones jurídicas y administrativas que tenga efecto en la vía pública de la demarcación, como lo es en este caso la prostitución que representa una infracción al artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica.

Acompañado de elementos de la Policía capitalina, señala a las sexoservidoras la falta que cometen, además de que existe una queja por parte de los vecinos de la zona.

Por ello, les informa que serán trasladadas al Juzgado Cívico para que se determine si incurrían en algina infracción.

Las cinco prostitutas acceden, pero sólo si lo hace en su auto particular y no en la patrulla como se les indica, por lo que abordan un Ford Ka color blanco, y se dan a la fuga pese al intento por detenerlas por parte de un elemento de la SSPDF.

Los oficiales afirman al City manager que las mujeres regresarán, por lo que realizarán la detención y le darán aviso.

Arne aus den Ruthen señala que se trata del primer operativo contra el sexoservicio que lleva a cabo, pero que continuará realizándolos.

 

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Protección de datos personales

Inicia la CDH queja de oficio por Periscope de Arne

El Universal

Gerardo Suárez y Diana Delgado

18 de marzo de 2016

‘City manager’ violentó Ley de Cultura Cívica al proceder en contra de un grupo de sexoservidoras, acusa organización ciudadana

La Comisión de Derechos Humanos local (CDH) abrió una queja de ocio por la difusión de un operativo que hizo el city manager en Miguel Hidalgo, Arne aus den Ruthen, contra trabajadoras sexuales, hecho que organizaciones civiles consideraron intimidatorio, a pesar de que esta actividad ya es reconocida como trabajo no asalariado.

La CDH informó que tras el operativo difundido en la plataforma Periscope y reportado en la prensa, se inició una investigación, con la cual suman ocho quejas relacionadas con el uso de esta herramienta por parte de servidores públicos en Miguel Hidalgo.

La organización ciudadana defensora de este gremio, Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elis a M a r tín e z , consideró que el funcionario violentó la propia Ley de Cultura Cívica que establece que para proceder en su contra se requiere de la denuncia de por lo menos 10 vecinos ante un juez cívico y noticar a la policía para hacer el operativo, situación que no realizó.

“Habría que ver el papel que jugaron los policías que estuvieron con él porque están violando una disposición de la misma Ley de Cultura Cívica”, armó Jaime Montejo, vocero de la agrupación.

La noche del miércoles pasado, Ruthen Haag hizo un operativo en las colonias Verónica Anzures y Anzures para remitir a sexoservidoras al Juzgado Cívico; en ambos casos, citó el artículo 24 fracción VII de la Ley de Cultura Cívica que calica como una falta invitar o ejercer la prostitución, por lo que el infractor será remitido al Juez Cívico, sólo en caso de que haya queja vecinal.

En Anzures, una mujer fue remitida a bordo de la patrulla DF-208- P2, mientras un vecino, a quien el funcionario reere como uno de los quejosos, los grababa.

Antes, cinco personas transgénero se escaparon cuando el funcionario pidió a policías que las remitieran al Juez Cívico; una de ellas cuestionó al funcionario si tenía pruebas y además negó dedicarse a la prostitución.

“El ex delegado en Miguel Hidalgo desconoce los alcances de la sentencia 112/2013 del Poder Judicial de la Federación, donde un grupo de trabajadoras sexuales obligó al gobierno capitalino a reconocerlas como trabajadoras no asalariadas”, cuestionó Jaime Montejo.