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Transparencia y acceso a la información

Transparencia y acceso a la información

 

 

 

 

-INAI

 

Pide el Inai a senadores incluir tipos de daños a seguridad en nueva ley de datos

La Jornada

Alonso Urrutia

30 de diciembre, 2015

En el proceso de aprobación de la nueva Ley General de Protección de Datos Personales, que actualmente se discute en el Senado, los legisladores deberán incorporar los tipos de vulneraciones de seguridad en materia de protección de datos personales que se tienen identificados.

Asimismo, sostiene el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai), se deberá definir claramente la obligación del responsable de notificar a la autoridad garante y a los titulares las infracciones a la seguridad registradas en cualquier fase del tratamiento, según determina como prioridad el organismo en su posicionamiento sobre los contenidos que debe incorporar la nueva disposición.

Otro aspecto medular para el Inai es la incorporación de un régimen de transferencias nacionales e internacionales de datos personales. Además, prever reglas claras para enviar válidamente información personal dentro y fuera del territorio nacional.

La legislación, afirma el Inai, debe considerar también la inclusión de algunos temas de vanguardia en el ámbito de la protección de datos personales, como la portabilidad, como nuevo derecho que permita al ciudadano obtener copia electrónica o en papel de los documentos personales para ser transferidos a otro sistema (por ejemplo de una red social a otra).

En el mismo caso está la denominada suplantación de identidad, conducta ilícita que se ha incrementado. Para el caso se estima la necesidad de fortalecer las atribuciones de los organismos garantes para que tengan mayor capacidad de colaborar con las autoridades competentes en su combate.

De igual forma, contemplar el trato que se deberá dar a los datos en el terreno laboral, con el objetivo de que no se genere información de un perfil innecesario que pudiera tener consecuencias eventualmente discriminatorias.

Para el Inai también es necesario precisar los principios de consentimiento, licitud y finalidad en la nueva legislación. En el primer caso, la ley debe prever expresamente que el consentimiento será lo que legitime y autorice el uso de datos personales con las excepciones correspondientes.

En cuanto a la finalidad, el ordenamiento deberá desarrollar las bases generales en el entendido de que se trata de que se difunda el uso que se darán a los datos personales.

Pide el Inai a senadores incluir tipos de daños a seguridad en nueva ley de datos

La Jornada

Alonso Urrutia

30 de diciembre, 2015

En el proceso de aprobación de la nueva Ley General de Protección de Datos Personales, que actualmente se discute en el Senado, los legisladores deberán incorporar los tipos de vulneraciones de seguridad en materia de protección de datos personales que se tienen identificados.

Asimismo, sostiene el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai), se deberá definir claramente la obligación del responsable de notificar a la autoridad garante y a los titulares las infracciones a la seguridad registradas en cualquier fase del tratamiento, según determina como prioridad el organismo en su posicionamiento sobre los contenidos que debe incorporar la nueva disposición.

Otro aspecto medular para el Inai es la incorporación de un régimen de transferencias nacionales e internacionales de datos personales. Además, prever reglas claras para enviar válidamente información personal dentro y fuera del territorio nacional.

La legislación, afirma el Inai, debe considerar también la inclusión de algunos temas de vanguardia en el ámbito de la protección de datos personales, como la portabilidad, como nuevo derecho que permita al ciudadano obtener copia electrónica o en papel de los documentos personales para ser transferidos a otro sistema (por ejemplo de una red social a otra).

En el mismo caso está la denominada suplantación de identidad, conducta ilícita que se ha incrementado. Para el caso se estima la necesidad de fortalecer las atribuciones de los organismos garantes para que tengan mayor capacidad de colaborar con las autoridades competentes en su combate.

De igual forma, contemplar el trato que se deberá dar a los datos en el terreno laboral, con el objetivo de que no se genere información de un perfil innecesario que pudiera tener consecuencias eventualmente discriminatorias.

Para el Inai también es necesario precisar los principios de consentimiento, licitud y finalidad en la nueva legislación. En el primer caso, la ley debe prever expresamente que el consentimiento será lo que legitime y autorice el uso de datos personales con las excepciones correspondientes.

En cuanto a la finalidad, el ordenamiento deberá desarrollar las bases generales en el entendido de que se trata de que se difunda el uso que se darán a los datos personales.

 

 

-ITEI

 

 

-Diagnósticos sobre transparencia

 

Habrá transparencia en uso de recursos públicos en comicios: Meade

Uno más uno

30 de noviembre del 2015

Durante los procesos electorales del próximo año habrá total transparencia en el manejo de los recursos públicos, refrendó José Antonio Meade Kuribreña, secretario de Desarrollo Social.

Al presidir la segunda sesión ordinaria 2015 de la Comisión Nacional de Desarrollo Social, afirmó los recursos públicos “habrán de llegar a los beneficiarios de forma transparente y confiable, no habremos de permitir que los recursos tengan un uso electoral”.

En el evento celebrado en el patio central del Palacio de Gobierno, Meade Kuribreña agregó que las autoridades Desarrollo Social en los estados trabajarán con la convicción “de que quienes más lo necesitan exigen de nosotros el mayor de los compromisos en materia de transparencia y rendición de cuentas”.

 

Archivos: nuevo golpe a la transparencia

 

El Universal

 

Jacqueline Peschard

 

30 de noviembre de 2015

Sin archivos públicos bien organizados, no hay transparencia posible. Si las dependencias gubernamentales carecen de reglas precisas para ordenar y resguardar los documentos sobre las decisiones y acciones que desarrollan, ¿cómo puede reclamarse que la información pública esté a disposición de las personas que la soliciten? ¿Cómo puede exigirse que los servidores públicos no respondan que es inexistente la información?

A partir de 2002 en que se promulgó la Ley Federal de Transparencia, creció la demanda de contar con una ley federal de archivos, sin embargo, los legisladores tardaron diez años en aprobarla. Finalmente, en 2012, se aprobó Ley Federal de Archivos que fijó las reglas para ordenar, clasificar y resguardar la información pública gubernamental, y para garantizar el principio de máxima publicidad de la información. Empero, hoy existe una propuesta del gobierno federal de una Ley General de Archivos que es un golpe a la transparencia en materia de documentos históricos que son la materia prima de la memoria de una sociedad.

Así como la Ley General de Transparencia, de mayo de 2015, buscaba homogeneizar los principios, reglas y procedimientos para el acceso a la información pública en todos los niveles de gobierno, la General de Archivos responde al mismo propósito uniformador. En este sentido, el objetivo es encomiable, pero ni el contenido de la propuesta del gobierno federal, ni la manera oculta como se procesó, se hacen cargo de los principios básicos de transparencia, sobre todo respecto de los archivos históricos confidenciales.

Los archivos históricos son documentos que son fuentes de acceso público y así lo señala con nitidez el artículo 120 de la Ley General de Transparencia. Sin embargo, el artículo 4º de la propuesta de Ley General de Archivos plantea que son documentos de conservación permanente y de relevancia para la memoria nacional, regional o local, eliminando su carácter de fuentes de acceso público, lo cual contradice la normativa en transparencia y atenta contra la naturaleza de los documentos históricos que deben estar abiertos a cualquiera.

Resulta casi inexplicable que después de haber promovido una reforma constitucional en transparencia, el gobierno federal pretenda ponerle candados a la información histórica que siempre ha sido pública. Esto revela que una cosa es el discurso y otra la convicción de someterse al escrutinio público.

Es cierto que la Ley Federal de Protección de Datos Personales, aprobada en 2010, estableció reglas de confidencialidad para los datos personales, pero se entiende que es para las personas vivas. No obstante, se introdujo la confidencialidad de los datos personales en la normativa de los archivos históricos, imponiendo tiempos de reserva de 30 años para los datos de identificación y 70 años para los “sensibles” de expedientes médicos, datos carcelarios, etc.

La puerta para la opacidad está abierta, ya que las dependencias gubernamentales determinan si los datos personales son sensibles o no y, por tanto, por cuántos años quedan ocultos y sólo mediante un recurso ante el Inai puede accederse. En este contexto, se ha pretendido que los archivos sobre la guerra sucia de los años 70 que se transfirieron al AGN en 2001, para ser consultados libremente, ahora se impida el acceso, argumentando que tienen datos personales “sensibles” (los de los perseguidos políticos) y que sólo después de 2040 podrían volver a abrirse. Excesos y absurdos, porque esos archivos de lo que hoy es el CISEN, ya fueron consultados y revisados por distintos estudiosos.

Urge que los legisladores se hagan cargo de redactar una Ley General de Archivos que promueva la apertura de los documentos históricos y que robustezca las facultades del AGN como órgano rector, para ser congruentes con el discurso oficial de transparencia.

 

Propone PAN en Zapopan creación del Instituto Municipal de Transparencia

MILENIO

PAOLA RODRIGUEZ

30 DE NOVIEMBRE DE 2015

Para tener mayor control de las compras y las licitaciones de obra que se hagan en el municipio de Zapopan, la fracción del PAN propuso la instalación del Instituto Municipal de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.

De acuerdo con lo dicho por el regidor Panista, Guillermo Martínez Mora, este Instituto forma parte de un sistema de anticorrupción que, entre otras cosas, contempla que todos los funcionarios que tengan decisión, participación, intervención y ejecución sobre el dinero público presenten y actualicen su declaración 3 de 3.

“Que sean transmitidas todas las sesiones, no solamente las del pleno, sino también las comisiones como Adquisiciones y Obra Pública que sea del conocimiento pleno de la sociedad. El presentar y actualizar la obligación constante en los plazos no mayores de tres meses de lo que es el 3 por 3 de todos los funcionarios del ayuntamiento”, abundó Martínez Mora.

De acuerdo con el panista esta iniciativa ya fue presentada ante el pleno de Zapopan y ahora se discute su aprobación en comisiones, de ser aprobado, el instituo se integraría con actores de diversas organizaciones civiles.

“Que sean actores de la propia sociedad, empresarios, organizaciones civiles, organizaciones de la propia sociedad a través de la junta de colonos”, apuntó el regidor panista.