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Transparencia y acceso a la información

 

 

 

-INAI

 

Fondo de periodistas debería transparentarse aún sin solicitud de información: comisionada INAI

ARISTEGUI NOTICIAS

GUSTAVO SANCHEZ B

19 DE NOVIEMBRE DE 2015

Hay un fondo millonario para periodistas y defensores de derechos humanos del que hasta ahora sólo el gobierno sabe cómo se gasta.

Un ciudadano solicitó -a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales- los montos ejercidos y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) respondió a cuánto ascendía en total el fideicomiso y los recursos que se emplearon en los últimos años: al 31 de enero 2015, los recursos acumulados ascienden a 286 millones 380 mil 650 pesos. Se ejercieron, durante el ejercicio fiscal 2014, 15 millones 832 mil 69 pesos, y 35 millones 279 mil 450 pesos, se han ejercido durante este año 2015.

Pero ese fondo existe desde el 2012, y de ese año al igual que de 2013, Bansefi no aportó información.

Por eso el ciudadano se inconformó y su recurso de revisión llegó a las manos de la comisionada Areli Cano Guadiana.

Tras revisar el caso, Cano coincidió junto con el pleno del instituto en instruir al Banco para que busque y dé a conocer el monto de recursos asignados y ejercidos por el fideicomiso “Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, del 25 de noviembre de 2012, fecha en que se constituyó, al 2013, es decir, los años que no se reportaron.

En entrevista para Aristegui Noticias, la comisionada aseguró que no debería mediar una solicitud de información para que se conociera el destino y uso de estos recursos públicos (más de 286 millones de pesos).

“Bansefi tiene las facturas por los cuales se adquieren estos bienes y servicios, que son el mecanismo para implementar medidas preventivas de protección… Ya lleva tres años (el fondo), inclusive yo diría que no debería de mediar una solicitud de información para tener acceso público a ello, si se trata de un recurso totalmente público, destinado a un fin público, pues de motu propio las dependencias deberían de publicitar esta información en sus respectivos portales de internet”, sostuvo.

-¿Por qué no se hace?-, se le pregunta.

“Yo creo que es una cultura que tenemos que fomentar también por parte del INAI para impulsar prácticas de transparencia proactiva porque ahorita la ley no exige concretamente ese requisito pero sí creo que ahora ya con la nueva ley general y la ley federal que está próxima a aprobarse viene ya toda una serie de obligaciones de transparencia proactiva y ¿qué implica eso?, que no necesariamente tenga que preguntar una persona determinada información para que el propio sujeto obligado atienda estos requerimientos, no solamente el uso de recursos públicos sino el interés ciudadano de tener en páginas de internet o en sus propios archivos el acceso directo a la información y no medie una solicitud”, abundó.

La inconformidad en este caso -recordó Cano- se dio porque el ciudadano no sabe en qué se emplearon estos recursos.

La respuesta que debe dar Bansefi, apuntó la comisionada, no sólo deben ser los montos de recursos asignados por año, sino que ”tendría que entregar versiones públicas de facturas donde se hayan solicitado los bienes o servicios por los cuales se dio cumplimiento a las medias preventivas de protección. Poníamos como ejemplo que esas facturas pudiesen amparar determinados servicios, por ejemplo capacitación para la autoprotección, ¿cuánto se pagó por eso? si hubo bienes relacionados con medidas de protección, como equipos de comunicación, celulares, cámaras, equipos de seguridad… una comprobación de gastos, que es el alcance que tiene Bansefi”.

“No nada más es el monto de cada año, si hay evidencia documental que ampare o acredite qué medidas preventivas se realizaron a través de esta consignación de bienes o servicios los tiene que dar, entonces se tendrá por cumplida la atención a la solicitud derivado de la inconformidad de este recurrente, siempre y cuando dé el monto de los recursos asignados y también dé copia en versiones públicas de los bienes y servicios que adquirieron para dar pie a esta garantía de medidas preventivas”, detalló.

El INAI tuvo conocimiento del tema a través del recurso de revisión presentado, en el que “el solicitante pedía el monto total y también los fines para los que se utilizaron derivado de los montos ejercidos y respecto de aquellos que no se ejercieron”.

Apuntó que “el sujeto obligado (Bansefi) atendió parcialmente la información, toda vez que comentó de manera genérica que ese monto ascendía a 286 millones de pesos, lo cual es cierto, nosotros ya lo corroboramos. 15 millones habían sido ejercidos en 2014 y 35 millones en el presente año. Nosotros al hacer la valoración, el análisis técnico, concluimos que el sujeto obligado sí tenía la información necesaria para dar respuesta a la petición del solicitante, considerando que dentro de sus propias áreas o su parte normativa y ámbito de atribuciones, en su calidad de fiduciario del fideicomiso pues le incumbe contar con los recursos asignados y ejercidos, los cuales como sabemos se constituyen en 2012 y realmente podría informar de 2013, 2014 y lo que llevamos de 2015. ¿Por qué? Porque dentro de las funciones que tiene es implementar medidas preventivas de protección y de urgente protección a las personas, ¿qué quiere decir con esto? que tiene responsabilidad tomar medidas preventivas a través de un mecanismo que involucra acciones de capacitación, por ejemplo para la autoprotección, tanto de individuos como de colectivos, implica medidas de protección en cuanto a equipos de comunicación, como celulares, como cámaras de vigilancia y este mecanismo al atender este tipo de bienes o servicios, ellos contratan a través de facturas, entonces en las facturas se pueden consignar qué bienes o servicios son adquiridos para la implementación de medias de protección tanto establecidas en la ley para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.

Cano Guadiana remarcó la importancia que tiene este asunto:

“¿Por qué la importancia del tema? Me parece que al haber uso de recursos es la primera razón de por qué los sujetos obligados tendrían que dar cuenta de cómo se destina, cuál es el destino que se le da a este recurso, cuál es el monto que se asigna y si ese monto fue destinado para los fines específicos por los cuales fue creado. Independientemente del uso de recursos, también como fondo público tiene la obligación de atender las funciones propias de su responsabilidad pública. Ahora sabemos en el contexto en que se encuentra México, donde ya se hizo público el día que se posicionó este tema, que varias instancias internacionales de derechos humanos han puesto énfasis en la crisis que vive el Estado mexicano en materia de derechos humanos, y bueno que se ha caracterizado por la inseguridad y violencia contra diversos sectores de la población y entre ellos están los defensores de derechos humanos y periodistas. Estos temas de verdad son de relevancia pública y de interés social de manifestar estas entidades públicas el recurso que se destina para este tipo de sectores y que sobre todo se cumpla para el fin al cual fue destinado este recurso público”.

La comisionada aseveró que uno de los problemas a los que se enfrenta el INAI es que los sujetos obligados “tratan de orientar a otra dependencia cuando ellos son los que tienen la responsabilidad de poseer la información”.

“Al ser reconocidos como sujetos obligados en materia de transparencia tienen que dar cuenta del dinero público que se les destina para un determinado fin que también es de naturaleza pública, entonces no es que califiquemos a los sujetos de más o de menos opacos, simplemente es que cuando se presenta una solicitud de información es cuando nosotros advertimos el actuar del sujeto obligado en determinada circunstancia. Aquí (en el caso de Bansefi) diríamos que fue parcialmente correcta la información que le dio el sujeto obligado, (pero) no fue del todo exhaustivo, de tal manera que nosotros al analizar el caso pues dimos cuenta que dadas sus atribuciones sí pudiese tener la información y tener acceso público”, agregó.

Y precisó que ”el fondo tiene comunicación directa con la Secretaría de Gobernación, (Bansefi) indicó en su respuesta que ellos no podrían dar los fines para lo cual fueron empleados los recursos sin previa instrucción de la Segob, que realmente es a ella a la que le corresponde destinar el recurso necesario a través de su junta de gobierno y en sí en concreto de determinar el mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.

 

 

Inai: Segob debe abrir datos de crimen

El Universal

Alberto Morales

20 de noviembre de 2015

La Secretaría de Gobernación (Segob) deberá dar a conocer información actualizada relacionada con la desarticulación de organizaciones delictivas, tal como lo establece el Programa Nacional de Seguridad Pública 2013-2018.

Así lo resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai), luego de que Segob declaró como “inexistente” la información solicitada.

En alegatos, la secretaría reiteró su respuesta inicial; sin embargo, en el análisis del caso, turnado al comisionado Joel Salas, se localizó que en el Programa Nacional de Seguridad Pública 2013-2018 y la nueva Estrategia de Seguridad Pública, la dependencia compromete acciones de combate a organizaciones y grupos delictivos.

Ese programa reconoce que entre las causas de la crisis de seguridad pública en México está el incremento sostenido del número de delitos cometidos con violencia, derivado de la impunidad y consolidación de organizaciones delictivas vinculadas con el narcotráfico y la economía ilegal.

En consecuencia, se expresa, la nueva Estrategia de Seguridad Pública incluye la necesidad de reordenar funcional y territorialmente la respuesta operativa en contra de las organizaciones delictivas.

También se localizó una nota periodística que sirve de indicio para la existencia del documento solicitado por el particular, pues según la publicación, utilizó como fuente de información el informe “Desarticulación de Organizaciones Delictivas”, presuntamente elaborado por el gobierno federal.

 

 

 

-Diagnósticos sobre transparencia

 

Aprueba Senado Ley de Transparencia

 

Reforma

 

Claudia guerrero

 

19-11-15

 

El pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información.

El dictamen de las comisiones de Anticorrupción, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda fue avalado por 88 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones.

 

Tras la aprobación del proyecto de decreto se turnó a la Cámara de Diputados.

 

La votación se registró luego de tres horas de debate en las que los legisladores reconocieron los avances del nuevo ordenamiento, pero también criticaron sus omisiones.

 

Los principales cuestionamientos se centraron en la ausencia de nuevas obligaciones específicas para transparentar el manejo de los recursos millonarios en las Cámaras de Diputados y Senadores.

 

Los legisladores federales también lamentaron que no se haya incorporado la protección a los llamados «informantes» o funcionarios que deciden revelar información reservada cuando se trata de violaciones graves derechos humanos o casos graves de corrupción.

 

 

Turnan Ley de Transparencia a Cámara de Diputados

 

Informador

 

Redacción

 

Noviembre 19 de 2015

 

CIUDAD DE MÉXICO (!9/NOV/2015).- El Senado de la República turnó a la Cámara de Diputadosel dictamen que expide la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que precisa las bases y principios generales en esta materia.

El dictamen, que se aprobó primero en lo general y luego en lo particular por 77 votos a favor, cinco en contra y una abstención, armoniza a nivel nacional la garantía del cumplimiento a lo dispuesto por la reforma al Artículo 6 constitucional.

La nueva Ley tiene por objeto proveer lo necesario, en el ámbito federal, para garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Asimismo, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad.

En la aplicación e interpretación de ese ordenamiento tendrá que prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución.

Además, en la Ley General, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, al favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Plantea que las resoluciones del instituto garante son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados y que únicamente el Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ello, cuando considere que las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) puedan poner en peligro la seguridad nacional.

Prevé que no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

También sugiere que no se pueda invocar el carácter de reservado cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad o información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables.

Para el cumplimiento de sus objetivos, los sujetos obligados tienen que, según corresponda, contar con los Comités de Transparencia y las Unidades de Transparencia, así como vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo con su normatividad interna.

Entre otros puntos, deben constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión documental, conforme a la normatividad aplicable; promover la generación, documentación, y publicación de la información en formatos abiertos y accesibles, así como proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial.

Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen documentos o expedientes como reservados, ni clasificar documentos antes de dar respuesta a una solicitud de acceso a la información.

El nuevo ordenamiento también propone que los fideicomisos y fondos públicos, considerados entidades paraestatales, deberán dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley General y esta legislación por sí mismos, a través de sus propias áreas, unidades de transparencia y comités de transparencia.

Las personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o ejercen actos de autoridad, cumplirán con las obligaciones de transparencia que determine el INAI.

La normativa incluye un capítulo sobre Gobierno abierto, en el que las cámaras del Congreso de la Unión, los poderes Ejecutivo Federal y Judicial de la Federación, los organismos constitucionalmente autónomos y demás sujetos obligados en el ámbito federal deberán establecer políticas internas para conducirse de forma transparente

 

El Senado de la República avala en lo general la nueva Ley Federal de Transparencia

Sin Embargo

 

Por Redacción / Sin Embargo

 

Noviembre 19, 2015

 

 

México, 19 Nov (Notimex).- El Senado aprobó en lo general la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que obligará que los tres Poderes de la Unión, los tres niveles de gobierno, organismos autónomos, partidos políticos, sindicatos e incluso empresas que reciban recursos públicos, transparenten su labor y manejo.

En el marco de una larga sesión, el pleno senatorial aprobó con 88 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones el nuevo marco legal que tiene como sujetos obligados cumplirla a los tres Poderes de la Unión, los órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Banco de México.

También partidos políticos, sindicatos, fideicomisos e incluso particulares y empresas que manejen recursos públicos.

La nueva ley incluye 272 obligaciones específicas de transparencia adicionales a las establecidas en la Ley General de Transparencia que fue derogada: 79 son para el Poder Ejecutivo Federal, 23 para el Legislativo, así como ocho al Poder Judicial de la Federación.

Además, 85 a distintos organismos autónomos y 77 a sujetos obligados en materia energética, como son las comisiones Nacional de Hidrocarburos y Reguladora de Energía, entre otros.

Establece medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, desde amonestaciones públicas hasta multas de hasta 105 mil 150 pesos, más tres mil 505 pesos de multa adicional por día, a quien persista en negar la información.

El castigo será de hasta el doble en caso de reincidencia. Se establece que no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

En su posicionamiento por escrito, el senador Arturo Zamora Jiménez, del PRI, expuso que a partir de este nuevo marco legal, “no habrá dinero público que vaya a fideicomisos, federaciones deportivas, sindicatos o partidos políticos”.

“Instituciones privadas o empresas, que no se transparente y se conozca su destino, a quiénes beneficia, y el impacto que tiene en la población”.

Alejandro Encinas, integrante de la bancada perredista, indicó que con la nueva ley “los agremiados de los sindicatos pueden recurrir y requerir información, por ejemplo de aportaciones de las cuotas sindicales a partir de las obligaciones en materia de transparencia”.

La senadora Pilar Ortega Martínez expuso que se establecen obligaciones específicas de acuerdo con su naturaleza y sus facultades, competencias y funciones para los sujetos obligados de los tres Poderes de la Unión, los organismos públicos, los garantes de los derechos humanos.

Layda Sansores San Román, senadora del Partido del Trabajo (PT), ironizó que la transparencia no se materialice al interior del Senado.

La senadora Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expuso que la reforma modifica las obligaciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

En ese sentido, dijo, debe poner a disposición del público y actualizar la información relativa al diseño de la política nacional de evaluación de la educación, así como programas y resultados que en el marco de su competencia lleve a cabo.

Avalan senadores nueva Ley de Transparencia; cuestionan ciudadanos contradicciones (Video)

ARISTEGUI NOTICIAS

REDACCION

19 DE NOVIEMBRE DE 2015

El Senado aprobó en lo general la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que obligará que los tres Poderes de la Unión, los tres niveles de gobierno, organismos autónomos, partidos políticos, sindicatos e incluso empresas que reciban recursos públicos, transparenten su labor y manejo.

En el marco de una larga sesión este jueves, el pleno senatorial aprobó con 88 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones el nuevo marco legal, pero algunos senadores cuestionaron la opacidad en los recursos millonarios en la propia cámara, dado que no incorporaron nuevas obligaciones.

La nueva tiene como sujetos obligados a cumplir con la Ley a los tres Poderes de la Unión, los órganos autónomos como INE, CNDH y Banco de México.

Layda Sansores San Román, senadora del Partido del Trabajo (PT), cuestionó que la transparencia no se materialice al interior del Senado: “Para tener autoridad moral para venir aquí a aprobar ley de transparencia en este senado, debimos empezar a transparentar los recursos que se manejan en casa”, dijo.

A nombre del Grupo Parlamentario del PT, la senadora consideró que el proyecto “es una regresión y un atentado contra las demandas ciudadanas que exigen mayor transparencia en la vida institucional, y que se han incrementado con los escándalos de corrupción” en el Ejecutivo federal.

Al manifestar su voto en contra del dictamen, la legisladora dijo que existen “incongruencias, contradicciones y nula voluntad política para cumplir con lo aprobado en la Constitución y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, dijo.

La nueva ley incluye 272 obligaciones específicas de transparencia adicionales a las establecidas en la Ley General de Transparencia que fue derogada: 79 son para el Poder Ejecutivo Federal, 23 para el Legislativo, así como ocho al Poder Judicial de la Federación.

Además, 85 a distintos organismos autónomos y 77 a sujetos obligados en materia energética, como son las comisiones Nacional de Hidrocarburos y Reguladora de Energía, entre otros.

Este miércoles el Colectivo por la Transparencia informó que el dictamen aprobado en comisiones no atendió las principales preocupaciones ciudadanas. “El documento que es considerado por las comisiones dictaminadoras no cumple por completo con estas expectativas. El dictamen suprime avances para el ejercicio del derecho de acceso a la información”, se informó en un comunicado.

“Es incongruente respecto a la Ley General de Transparencia y -por si fuera poco- va en contra de las garantías constitucionales de audiencia, seguridad jurídica y del principio pro persona, con lo que se abre una ventana inaceptable a la arbitrariedad y a la judicialización del derecho”, se informó.

Las principales preocupaciones del dictamen avalado en comsiones son: a) Importantes carencias en el recurso de revisión en materia de seguridad nacional; b) El INAI queda sin facultad para determinar acceso a información sobre violaciones graves a derechos humanos; c) Excepción contraria a la Ley General; d) Violación al derecho de audiencia y e) La obligación de generar información queda fuera de la Ley Federal.

La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados, la cual incluye además obligaciones para los partidos políticos, sindicatos, fideicomisos e incluso particulares y empresas que manejen recursos públicos.

Debaten senadores

Alejandro Encinas, integrante de la bancada perredista, indicó que con la nueva ley “los agremiados de los sindicatos pueden recurrir y requerir información, por ejemplo de aportaciones de las cuotas sindicales a partir de las obligaciones en materia de transparencia”.

La nueva Ley establece medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, desde amonestaciones públicas hasta multas de hasta 105 mil 150 pesos, más tres mil 505 pesos de multa adicional por día, a quien persista en negar la información.

El castigo será de hasta el doble en caso de reincidencia. Se establece que no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

En su posicionamiento por escrito, el senador Arturo Zamora Jiménez, del PRI, expuso que a partir de este nuevo marco legal, “no habrá dinero público que vaya a fideicomisos, federaciones deportivas, sindicatos o partidos políticos”.

“Instituciones privadas o empresas, que no se transparente y se conozca su destino, a quiénes beneficia, y el impacto que tiene en la población”.

La senadora Pilar Ortega Martínez expuso que se establecen obligaciones específicas de acuerdo con su naturaleza y sus facultades, competencias y funciones para los sujetos obligados de los tres Poderes de la Unión, los organismos públicos, los garantes de los derechos humanos.

La senadora Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expuso que la reforma modifica las obligaciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

En ese sentido, dijo, debe poner a disposición del público y actualizar la información relativa al diseño de la política nacional de evaluación de la educación, así como programas y resultados que en el marco de su competencia lleve a cabo.

 

Senado aprueba Ley Federal de Transparencia

MILENIO

ANGELICA MERCADO Y OMAR BRITO

19 DE NOVIEMBRE DE 2015

El Senado aprobó en lo general y lo particular la Ley Federal de Transparencia, tras un largo debate donde la opacidad con que gastan los recursos públicos diputados y senadores, las bancadas y los órganos de gobierno de las cámaras confrontaron a las bancadas del PRI, PAN, PRD, PVEM y PT.

El documento se turnó a la Cámara de Diputados para seguir su trámite legislativo.

A pesar de que los presidentes de las comisiones dictaminadoras de Estudios legislativos y Anticorrupción, Alejandro Encinas y Pablo Escudero, aseguraron una y otra vez que todos los recursos que ejercen los grupos parlamentarios y los 628 diputados y senadores deberán transparentarse con esta ley, senadores del PT y PAN cuestionaron las “generalidades” en la redacción.

Desde tribuna, Layda Sansores criticó el articulado transitorio que se aprobó en la pasada Ley General que daba un plazo de seis meses al Congreso para poner sus cuentas en orden, el cual venció el 30 de agosto pasado.

“¡Claro, que se haga en los bueyes del vecino que viene! Claro, hay que seguir perpetuando aquí en el Senado la opacidad y el derroche; 5 millones en pasteles y todo lo que nos repartimos. Ah, pero cuenta chiles cuando se trata de determinar el salario de los trabajadores!”, decía, cuando el presidente Roberto Gil le requirió concluir con sus 5 minutos de tiempo.

La campechana sostuvo que para tener autoridad moral, el Senado debió empezar por transparentar los recursos que se gastan en casa, pero las cámaras se han convertido en el paraíso de los privilegios, del secretismo, del derroche y la corrupción. “Y en la calle nos gritan a todos ¡bandidos! El senador Barbosa decía en su informe que éramos casi una cajita de cristal ¡qué romántico es usted! pero se vale soñar”.

El discurso de la senadora del PT encendió los ánimos y llevó al ex presidente del Senado el año pasado, Barbosa Huerta, a pedir la palabra para ir a tribuna.

“Mi grupo ya está cumpliendo y puedo verla a la cara. La reto a que solicite, porque yo sí voy a solicitar saber cuántos recursos gasta usted y en qué los gasta…”

Visiblemente molesta, la campechana pidió abrir el micrófono para darle cuentas, mientras le tronaba los dedos y manoteaba al aire, pero Roberto Gil les recordó que los diálogos están prohibidos.

“Con calmita Layda, yo la respeto, pero ¿verdad que incomoda? Y yo voy a pedir la información de Emilio Gamboa, y de Manuel Bartlett y otros..” insistió Barbosa, quien al regresar a su escaño fue interpelado por la petista, que le expresaba que se lo había dicho con cariño y con amor.

Al posicionar el contenido de la ley, Pablo Escudero y Alejandro Encinas resaltaron que esta es la primera ley federal que regula una general, para ahondar en su aplicación y evitar junto con el sistema nacional anticorrupción “abusos del Estado, luchar contra la corrupción y prevenir cualquier indicio de autoritarismo que pudiera estar presente”.

Destacaron las cerca de 400 nuevas obligaciones a que estarán sujetos el poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo, así como órganos autónomos para abrir la información.

Alejandro Encinas sostuvo que sí habrá rendición de cuentas de legisladores en lo individual y las bancadas, pero recordó que desde el pasado 30 de agosto venció el artículo transitorio que obliga a los grupos parlamentarios a transparentar sus gastos. “Estamos en falta”, acotó.

LA REFORMA

El dictamen de más de 500 cuartillas incorporó nuevas obligaciones para transparentar la evaluación educativa, entre éstas, que el INEE dé a conocer las declaraciones de nulidad de los procesos y resultados de la evaluaciones, así como las sanciones impuestas a la autoridad responsable de la materia.

Por lo que toca al Congreso, entre sus obligaciones deberá informar de los recursos financieros recibidos por los legisladores en lo individual por concepto de dietas, bonos, apoyos extraordinarios, apoyos para informes legislativos, compensaciones y gastos de gestión, así como los gastos relacionados con los viajes, viáticos y gastos de representación de los legisladores y acompañantes”.

Las cámaras deberán poner a disposición del público lista actualizada de legisladores con sus datos biográficos y fotografía, información de método de elección, trayectoria administrativa y actividades en el sector privado; la agenda legislativa, versiones estenográficas, programa de trabajo de las comisiones.

Iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo; leyes, decretos y acuerdos aprobados; padrón de cabilderos y de medios informativos acreditados, entre otros, pero no determina particularidades en cuanto a los gastos.

En obligaciones nuevas a la Cancillería, deberá abrir información en materia de negociaciones de tratados internacionales celebrados y en vigor, la entrega de concesiones para la exploración y explotación de minas y aguas en territorio nacional.

En el caso del Poder Judicial, se determinó que sus órganos propiciarán el acceso al público a audiencias y sesiones en las que se resuelvan asuntos jurisdiccionales, conforme a la legislación aplicable, así como propiciar mecanismos de acceso al público a las sesiones de los órganos colegiados administrativos siempre que su naturaleza lo permita.

Por lo que toca a facultades y obligaciones del propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se limita a 30 días las licencias que inicialmente eran de 6 meses; la elección del presidente del organismo deberá ser en sesión pública y no por voto secreto.

En tanto, hubo acuerdos para cambiar el artículo 197, a fin de que “en contra de las resoluciones del Instituto, derivadas del procedimiento sancionatorio previsto en este capítulo, procede el juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación”.

En el caso de los sindicatos serán “sujetos directos” para que queden obligados a contar con un comité de transparencia a través del cual los ciudadanos pidan información.

En el caso de lo que será la Fiscalía General de la República (hoy PGR) deberá publicar número de denuncias o querellas que le fueron interpuestas, número de órdenes de presentación, aprensión y de cateo emitidas.

En materia hacendaria, la lista de estímulos fiscales establecidos en las leyes fiscales, identificados por acreditamientos, devoluciones, disminuciones, y deducciones, tanto de personas físicas, como morales, así como su porcentaje.

Se determina que se debe dar a conocer el nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los contribuyentes a los que se les hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, así como los montos respectivos; debiendo vincular tales actos con los datos de identificación señalados en este párrafo de los contribuyentes, así como exenciones fiscales.

 

 

Aplican sólo 24 políticos ejercicio de transparencia

NTR GUADALAJARA

Jessica Pilar Pérez / Fernanda Carapia

20 de Noviembre de 2015

En Jalisco hay más de 250 políticos que ostentan algún puesto público, pero sólo 24 de ellos han realizado el ejercicio #3de3.

La cuenta surge de los funcionarios que entregaron sus declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses a través de la página web http://tresdetres.mx/, y algunos más que hicieron lo mismo, pero en la del Ayuntamiento de Guadalajara.

El resto, más de 230 políticos sin contar ediles, hizo caso omiso a la invitación lanzada e impulsada por Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) y Transparencia Mexicana.

Sobre los diputados federales de Jalisco, nada más cinco de 31 entregaron la documentación sobre sus ingresos, bienes y posesiones: Verónica Delgadillo García, Germán Ernesto Ralis Cumplido, María Candelaria Ochoa Ávalos, Rosa Alba Ramírez Nachis y Macedonio Tamez Guajardo, todos del Partido Movimiento Ciudadano (MC).

De los 39 legisladores locales, siete aplicaron el #3de#, estos son Kehila Abigail Kú Escalante, José Pedro Kumamoto Aguilar, María de Lourdes Martínez Pizano, Ismael del Toro Castro, Héctor Alejandro Hermosillo González, Juan Carlos Anguiano Orozco y Mónica Almeida López.

En estos casos destaca que quienes lo hicieron fueron del partido Movimiento Ciudadano (MC), y sólo en el caso de los locales hubo excepciones: uno del Partido de la Revolución Democrática y otro independiente.

Los alcaldes de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá son los únicos que aparecen en la plataforma #3de3, de los 125 que tiene el estado.

Ni el gobernador, los tres senadores, los integrantes del gabinete estatal o los presidentes de los 10 partidos políticos que hay en el estado quisieron participar en el ejercicio.

De los 18 regidores del Ayuntamiento de Guadalajara, sin contar al alcalde Enrique Alfaro Ramírez, y a la síndica Anna Bárbara Casillas García, sólo dos han presentado el ejercicio en la página http://tresdetres.mx/

Se trata del coordinador de los ediles del Partido Acción Nacional (PAN), Alfonso Petersen Farah, y de la regidora de Movimiento Ciudadano María Guadalupe Morfín Otero.

El primero en subir sus declaraciones fue el panista, quien incluso presentó una iniciativa para que todos los regidores estuvieran obligados a hacer públicos estos documentos.

Sin embargo, la Comisión de Gobernación, Reglamentos y Vigilancia, presidida por el emecista Marco Valerio Pérez Gollaz, no ha dictaminado la iniciativa. Morfín Otero los subió el 11 de noviembre

“De haber estado ya dictaminada, tendríamos un fruto importante que es el conocimiento de las declaraciones de impuestos, intereses y patrimoniales de cada uno de los regidores”, comentó Petersen Farah.

El Diario NTRpublicó el 18 de noviembre que siete regidores de Movimiento Ciudadano no estaban interesados en presentar el llamado #3de3, entre ellos Pérez Gollaz.

De todos los regidores del país, según la información de la plataforma, sólo los dos tapatíos y la edil de La Piedad, Michoacán, del Partido Acción Nacional (PAN) Brenda Rocío Orozco Torres han hecho públicas sus declaraciones.

Esta información es distinta a la que el Ayuntamiento de Guadalajara publica en su página de Transparencia, donde se asegura que cinco regidores han presentado su #3de3, sin embargo, en esta lista no aparece Petersen Farah.

Según el portal del Municipio, además de los ediles María Eugenia Arias Bocanegra, María Teresa Corona Marseille, Enrique Israel Medina Torres, Morfín Otero y Juan Francisco Ramírez Salcido, 119 servidores públicos de primer nivel, entre ellos la síndica y el comisario, Salvador Caro Cabrera, han subido a la página sus tres declaraciones.

En lo que respecta a la información de la plataforma tresdetres.mx, además de los dos regidores tapatíos, Alfaro Ramírez también hizo públicas sus tres declaraciones.

Otros alcaldes jaliscienses que subieron su información a la plataforma son Pablo Lemus Navarro, de Zapopan; María Elena Limón García, de San Pedro Tlaquepaque, y el tonalteca Sergio Armando Chávez Dávalos.

En total, 18 de los 2 mil 445 alcaldes que hay en México son los que han subido a la plataforma sus tres declaraciones.

Corrige Guadalajara portal

La información disponible de los funcionarios que se sumaron a la declaración #3de3, convocada por el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, fue corregida al incluir los documentos del primer edil y de la regidora María Guadalupe Morfín Otero.

Las declaraciones de estos dos personajes no aparecían la semana pasada en la página oficial del portal tapatío, sólo estaban disponibles en el portal http://tresdetres.mx/porque las entregaron cuando estaban en campaña.

Alfaro Ramírez convenció a 129 de sus funcionarios de primer nivel a entregar las tres declaraciones que impulsa esta iniciativa de transparencia, pero no lo pudo hacer con seis de sus compañeros de pleno y de partido: Marco Valerio Pérez Gollaz, Miriam Berenice Rivera Rodríguez, José Manuel Romo Parra, Marcelino Felipe Rosas Hernández, María Leticia Chávez Pérez y Rosalío Arredondo Chávez.

El edil priista Ricardo Villanueva Lomelí informó que la siguiente semana presentará la actualización de su declaración #3de3 en el apartado de Regidores en Contacto que tiene la página oficial del gobierno municipal.

En contraste, sus compañeros Sergio Otal Lobo, Ángeles Arredondo, Salvador de la Cruz Rodríguez y Jeannette Velázquez Sedano apenas están analizando si harán pública su declaración patrimonial y si se sumarán a la dinámica #3de3.

Suman

En el ayuntamiento tapatío 129 funcionarios han presentado el ejercicio #3de3

Cifras:

24 políticos han realizado el ejercicio #3de3

5 diputados federales

8 regidores tapatíos

7 diputados locales

4 presidentes municipales

Los que faltaron

1 gobernador

3 senadores

10 presidentes de partidos políticos

22 miembros del gabinete estatal

26 diputados federales

32 diputados locales

121 presidentes municipales

Los que sí son transparentes

Nombre                   Cargo         Partido

Verónica Delgadillo García Diputado federal         MC

María Candelaria Ochoa Ávalos               Diputado federal         MC

Germán Ernesto Ralis Cumplido           Diputado federal         MC

Rosa Alba Ramírez Nachis Diputado federal         MC

Macedonio Salomón Tamez GuajardoDiputado federal         MC

Ricardo Villanueva Lomelí Regidor tapatío           PRI

Alfonso Petersen Farah         Regidor tapatío           PAN

María Guadalupe Morfín Otero               Regidora tapatío         MC

María Eugenia Arias Bocanegra               Regidora tapatío         MC

María Teresa Corona Marseille               Regidora tapatío         MC

Enrique Israel Medina Torres                 Regidora tapatío         MC

Juan Francisco Ramírez Salcido             Regidora tapatío         MC

Mónica Almeida López   Diputado local             PRD             plurinominal

Juan Carlos Anguiano Orozco Diputado local       MC

Ismael Del Toro Castro         Diputado local             MC

Héctor Alejandro Hermosillo González     Diputado local             MC

Kehila Abigail Kú EscalanteDiputado local             MC

José Pedro Kumamoto Aguilar   Diputado local             Independiente

María de Lourdes Martínez Pizano Diputado local   MC   plurinominal

Pablo Lemus navarro             Presidente municipal   Zapopan

Enrique Alfaro Ramírez        Presidente municipal     Guadalajara

María Elena Limón García     Presidente municipal   Tlaquepaque

Sergio Armando Chávez Dávalos   Presidente municipal   Tonalá