Call us  Teléfono +52(33)3669·3434 ext. 3277 qmedios@iteso.mx

Periférico Sur Manuel Gómez Morín #8585 CP. 45604 · Tlaquepaque, Jalisco, México

Transparencia y acceso a la información – 27 de noviembre de 2014

Transparencia y acceso a la información

 

Televisora francesa revela otro caso de secuestro de estudiantes en Guerrero

La Jornada Jalisco

Redacción

26 de noviembre de 2014

 

 

26 de noviembre del 2014.- Esta mañana, la cadena de televisión francesa France24, reveló otro caso de secuestro de estudiantes de Guerrero, ocurrido en julio pasado y que hasta el momento sólo era conocido entre familiares de las víctimas.

Según la televisora, los testimonios indican que el secuestro de más de 30 estudiantes de la secundaria “Justo Sierra” se produjo el 7 de julio pasado, el último día de clases, en Cocula, ciudad vecina de Iguala, a donde fueron trasladados en septiembre los estudiantes normalistas desaparecidos.

El reporte señala que, aunque los secuestradores iban enmascarados, se llevaron a los muchachos en vehículos policiales. Hasta el momento los padres de las víctimas desconocen su paradero.

Durante y después del secuestro masivo, los raptores amenazaron a los habitantes de Cocula de asinarlos si hablaban del caso, según reportó France24, por lo que las familias de las víctimas no reportaron el asunto a las autoridades ni a la prensa, hasta ahora.

La emisora añadió en su portal de noticias que el silencio colectivo se debe principalmente a “lo que parece ser otro caso de complicidad criminal entre las fuerzas policiacas locales y los cárteles de droga que operan con impunidad en la región”.

 

Revela televisora francesa el plagio de 30 alumnos en Cocula

La Jornada Nacional

Gustavo Castillo y Fabiola Martínez

27 de noviembre de 2014

 

La cadena francesa de televisión France 24, de propiedad mixta, reveló este miércoles otro caso de desaparición de estudiantes en Guerrero, ocurrido en julio pasado y que hasta ahora sólo conocían familiares de las víctimas. La emisora dijo que, de acuerdo con testimonios que recogió, el secuestro de más de 30 estudiantes adolescentes se produjo el 7 de julio pasado en el municipio de Cocula.

Cocula es la ciudad vecina de Iguala a la que fueron trasladados en septiembre los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa hasta ahora desaparecidos.

Aunque diversos actores desmintieron la versión de la emisora francesa, por la noche el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó en entrevista radiofónica que la dependencia ya investiga esta presunta desaparición. Indicó que se ha puesto en contacto con el director del plantel para verificar si hay alumnos ausentes.

“El director manifestó que no tiene ninguna ausencia de lo que ellos tienen en sus listas”, dijo Osorio. “Además estamos buscando en la procuraduría del estado de Guerrero para ver si tienen alguna denuncia o algún dato al respecto”, dijo.

El secuestro de julio se produjo el útimo día de clases y hasta ahora se desconoce el paradero de los estudiantes, de acuerdo con la versión de la televisora francesa. Durante y después del secuestro masivo, los plagiarios amenazaron a habitantes de Cocula con asesinarlos si hablaban del caso, agregó France 24.

Ante las amenazas, las familias de las víctimas, aterrorizadas, no reportaron el caso a las autoridades ni a la prensa hasta ahora, dijo la televisora. En breve nota en su portal de noticias, la emisora señaló que el silencio colectivo se debe en parte a “lo que parece ser otro caso de complicidad criminal entre las fuerzas policiacas locales y los cárteles de la droga que operan con impunidad en la región”.

El reporte agregó que, aunque los secuestradores iban enmascarados, se llevaron a los muchachos en vehículos policicos que no se preocuparon por camuflar. France 24 es copropiedad de la privada TF1 y del ente estatal de televisión. Transmite noticias sin interrupción en francés, inglés y árabe en abierto, por cable e Internet.

En tanto, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas dijo que hasta el momento no tiene información o denuncias acerca de la veracidad de la entrevista difundida por la televisora France 24. Cocula colinda con Iguala, donde desaparecieron los 43 jóvenes de la normal de Ayotzinapa.

Funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) señalaron que a pesar de la presencia de la Gendarmería de la Policía Federal y la persecución y detención de líderes del grupo criminal Guerreros Unidos, tras la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, nadie se ha acercado a denunciar la comisión de un delito de este tipo.

 

Revela tv francesa plagio de 30 adolescentes en Cocula

Uno más uno

Redacción

26 de noviembre de 2014

 

Una televisora francesa dio a conocer el plagio de otros 30 estudiantes en el municipio de Cocula, en Guerrero, gracias al testimonio de una de las madres de una de las chicas supuestamente plagiada.

“Rosa” como se identifica la entrevistada por 24 France, dijo que cerca de 30 estudiantes de entre 13 y 15 años, pertenecientes a la secundaria de Justo Sierra, fueron levantados el 7 de julio, último día de clases del ciclo escolar pasado, a plena luz del día.

Los padres de los adolescentes, no se han atrevido a denunciar el hecho y comenta “Rosa” que desde ese día no saben del paradero de sus hijos y que se los llevaron unos hombres armados con uniforme tipo de policía.

La información difundida por la televisora 24 France, no especifica si las autoridades mexicanas emitieron algún comunicado, sobre dicho secuestro de 30 estudiantes de secundaria.

 

Facebook lanza guía para explicar su política de privacidad

El Informador

Redacción

26 de noviembre de 2014

 

 

CIUDAD DE MÉXICO (26/NOV/2014).- Facebook actualizó sus políticas de privacidad y para explicarlas claramente esta semana lanzó una guía práctica para que los cerca de mil 350 millones de usuarios despejen sus dudas.

 

La compañía mencionó que esto corresponde a un pedido de los miles de usuarios que piden una mayor explicación sobre el uso que hace la red social con sus datos.

 

Los interesados pueden visitar la página de Aspectos básicos de la privacidad y aclarar sus dudas sobre gestión de datos.

 

También se podrá aprender sobre cómo desetiquetarte en fotos, eliminar personas de tu lista de amigos o cómo bloquear a otros usuarios. La guía está disponible en 36 idiomas y se puede acceder en www.facebook.com/about/basics.

 

La empresa también ha anunciado que actualizará sus condiciones y sus políticas de datos y cookies, para dar a conocer nuevas funciones en la red. Asimismo, los anuncios trabajarán en función de las aplicaciones y sitios que el usuario visite fuera de Facebook. Estos últimos cambios entrarán en vigencia el 01 de enero de 2015.

 

Facebook fortalece seguridad y aumenta transparencia

El Economista

Notimex

26 de noviembre de 2014

 

 

A partir del primer minuto del 2015 Facebook mejorará la manera en la que las personas comparten sus vidas, al implementar actualizaciones que fortalecen la privacidad y así mantener segura la información y aumentar la transparencia.

La red social con más de 1,000 millones de personas  suscritas en el mundo explicó en la sección de noticias de sus usuarios que “Aspectos básicos de la privacidad” brindará consejos de control de la información.

Entre algunas de recomendaciones que ofrecerá la red social a las personas descarta la forma de eliminar las etiquetas que otras personas colocan en el muro del usuario, bloquear personas y elegir los destinatarios de cada publicación.

“Aspectos básicos de la privacidad representa nuestro esfuerzo más reciente por asegurarnos de que compartes tu información con la gente que quieres”, señaló la compañía fundada por Mark Zuckerberg.

Explicó además que buscará facilitar el entendimiento de las condiciones, así como de política de datos y cookies, las cuales incorporarán nuevas funciones.

Registrarse o hacer check in en algún lugar permitirá a las personas conocer las actividades que realizan sus amigos en los lugares cercanos a su ubicación.

Además, detalló, al hacer check in en algún lugar será posible visualizar menús de algunos restaurantes de la zona, mientras que para el botón “comprar” las transacciones serán más prácticas.

Al conocer el nivel de la carga de la batería e intensidad de señal ayuda a asegurarse de que las aplicaciones funciones correctamente en el dispositivo, abundó.

A su vez, subrayó que ninguna actualización modifica los compromisos aceptados por Instagram, WhatsApp y otras aplicaciones de la firma en cuanto a protección de datos y privacidad.

Respecto de la publicidad, agregó, se mostrará aquella relacionada con las aplicaciones y sitios que frecuenta el usuario, sin embargo se respetarán los anuncios que el internauta elija desactivar.

 

 

La transparencia como blindaje electoral

El Universal

César Astudillo

27 de noviembre de 2014

 

 

No deja de causar asombro que aun cuando los medios de comunicación se han esforzado por reconstruir el tránsito que permitió el acceso al poder del presidente municipal de Iguala, hasta ahora no sepamos con precisión qué méritos tenía para haber sido invitado como candidato externo, quiénes fueron sus promotores, por qué utilizaron esa modalidad de selección, y en quién residía la responsabilidad de analizar su perfil y valorar sus antecedentes personales y familiares.

Sabemos muy poco porque este conjunto de decisiones no se transparentaron en su momento y, como consecuencia, permanecieron en la más absoluta opacidad. Acaso por ello no debe pasar desapercibido que ahora que se discute la Ley General de Transparencia, nuestros legisladores tienen en sus manos un poderoso instrumento que bien calibrado puede configurar el primer eslabón de un conjunto de acciones institucionales orientadas a blindar los procesos electorales a partir de la obligación de documentar el perfil de los candidatos a puestos de elección popular y, sobre todo, de publicitar la manera de obtener su postulación.

En este sentido, constituye una exigencia de primer orden que los partidos políticos pongan a disposición de la ciudadanía el currículum con fotografía de cada uno de sus precandidatos y candidatos, especificando el cargo para el que se postulan, el distrito electoral y la entidad federativa, y que se comprometan a documentar el expediente respectivo y a verificar la autenticidad de la información contenida en él.

No sólo eso. Es necesario que transparenten la trayectoria pública de sus candidatos durante los últimos 10 años, especificando las sanciones administrativas, fiscales, y las responsabilidades penales a las que hayan sido objeto. Esta obligación debería alcanzar incluso a los militantes que ingresen a puestos de primero y segundo nivel dentro del gobierno federal, estatal o municipal, para incidir en la corresponsabilidad de los propios partidos en el desempeño público de sus integrantes.

Hoy, como nunca, es imprescindible conocer la situación financiera y patrimonial de quienes aspiren a un cargo público; por ende, debe pensarse en la oportunidad de que los partidos permitan acceder a la versión pública de la declaración patrimonial de sus precandidatos y candidatos. Las condiciones actuales obligan a desvelar también las principales fuentes de recursos de la clase política, con lo cual, el monto de aportaciones personales y voluntarias que los precandidatos y candidatos realizan a sus propias campañas o a las de terceros, y el listado de militantes y simpatizantes que aportan recursos económicos debe abrirse al escrutinio ciudadano, especificando el monto de las aportaciones y los precandidatos y candidatos que se beneficiaron de los mismos. Con independencia de las obligaciones que en materia de fiscalización tienen los partidos, es necesario reflexionar si ellos deberían transparentar el monto de gastos realizados por cada uno de sus precandidatos y candidatos en relación a los topes fijados por las autoridades electorales, así como el origen de los recursos debidamente desglosados.

Finalmente, qué duda cabe que la sociedad, sensibilizada como está, necesita conocer los pasos que conducen a la postulación de los candidatos y las modalidades empleadas para ello por cada partido político; identificar a los responsables de los procesos internos de selección de candidatos, los procedimientos de evaluación de los aspirantes y los mecanismos de control y supervisión de los perfiles.

La apertura de una información que hasta ahora ha sido inaccesible es el primer paso para mandar un mensaje firme de que el Estado mexicano utilizará todos los medios a su alcance para impedir que los procesos electorales sean infiltrados por el crimen organizado, y representa una oportunidad para que los partidos renueven su compromiso ético con la sociedad y su lealtad a los principios que sustentan nuestra democracia.

 

Las dudas detrás del supuesto hackeo de la cuenta de Twitter de Aristóteles

Proyecto Diez

Redacción

26 de noviembre 2014

 

 

Ayer la cuenta de Vine y de Twitter del Gobernador Aristóteles Sandoval, fue supuestamente hackeada a las 12:05 horas. En el mensaje, aparecía un post y un video donde se criticaba a Sofía Rivera, hija de la Gaviota.

Un mensaje casi idéntico se publicó originalmente en la cuenta Güirichuirer a las 9:00 horas. Esta cuenta es reconocida por atacar constanmente a la administración de Enrique Peña Nieto y a varios actores políticos del Estado de Jalisco, pero no cuestiona al Gobernador.

¿Fue un hackeo, o una intromisión en las cuentas oficiales del Gobernador? O por el contrario ¿se trató de un error humano de alguien, persona o empresa, que maneja ambas cuentas y que tiene acceso a las redes sociales oficiales del Gobierno del Estado de Jalisco?

Casualmente las dos cuentas reaccionaron de la misma forma: borraron la publicación y cerraron ambas cuentas de vine, casi al mismo tiempo.

Para Carlos Páez, especialista en ciencia de las redes de Mesura, es falso el supuesto hackeo:

Y por eso comenta que hay más elementos que fortalecen la hipótesis de que son las mismas personas quienes manejan las dos cuentas.

Un perfil que ha sido hackeado normalmente, si es que se recupera, se reestablece por lo menos 24 horas después.

Un caso de hackeo real lo vivió Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela y tardó varias horas en recuperar su cuenta de twitter. En estos casos un grupo se atribuye la acción.

El protocolo de seguridad que pide Twitter, el cual consiste en llenar una solicitud de recuperación de la cuenta, suele durar todo un día. En el caso de la cuenta del Gobernador, se reestableció la cuenta diez minutos después.

En México también ha habido casos similares como el de López Dóriga:

En el caso del gobernador de Jalisco, ningún grupo se atribuyó el supuesto hackeo.

Este supuesto hackeo, que más bien parece un error humano según Carlos Páez. ¿Será la continuidad del uso de recursos públicos para implementar una guerra sucia hacia sus oponentes?

1 ¿Por qué la cuenta del gobernador publica un mensaje casi idéntico al de una cuenta de crítica política que casualmente nunca lo ha atacado a él?

2 ¿Por qué subieron el mismo video a sus cuentas de Vine?

3 ¿Por que, frente a un supuesto hackeo, ambas cuentas de Vine fueron borradas al mismo tiempo? ¿Por qué reaccionaron igual si no tienen ninguna relación?

4 ¿Por qué y cómo las recuperaron tan rápido?

5 Y por último, ¿por qué nadie reivindicó el hackeo?

 

El automóvil que utiliza Peña Nieto

El Economista

Redacción

26 de noviembre de 2014

 

 

El portal líder en compra y venta de autos, Carmudi.com.mx, enlistó los automóviles que utilizan los cinco políticos más influyentes en el mundo.

De acuerdo con un comunicado de la empresa, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, señala que su auto se encuentra ensamblado en la Dirección General de Industria Militar (DGIM).

Las características del Kitam es un automóvil táctico de doble tracción, de 1.5 toneladas de peso y doble capa de blindaje que le permite resistir incluso los disparos de granadas, misiles ligeros y cualquier tipo de munición perforante.

Carmudi precisa que el diseño y fabricación del vehículo del presidente mexiquense tiene un costo de aproximadamente 10 millones de pesos.

Por su parte el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, utiliza una limosina de General Motors también conocida como “La bestia” o “Cadillac One”, unidad que cuenta con blindaje de cinco pulgadas, neumáticos resistentes a impactos de bala y puertas cuyo peso equiparan a las de un boeing 757.

Otro de los mandatarios con mayor influencia es el mandatario de Uruguay, José Mujica, utilizó durante algún tiempo una camioneta FAW con motor eléctrico y 40 caballos de fuerza.

Entre su colección de coches destacan un Volkswagen Beetle 1987, el “Pepe móvil”, por el cual un jeque árabe ofreció hasta un millón de dólares.

La millonaria propuesta le fue realizada durante la cumbre G77+China celebrada a mediados de año en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Entre las mujeres destaca el vehículo de la canciller alemana Angela Merkel, quien según Carmudi, utiliza vehículos ensamblados en casa, quien además exporta algunos de los carros más lujosos y modernos al mercado.

Merkel ha circulado con una gran cantidad de coches de la marca Audi mientras que la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, utiliza vehículos de la armadora Volkswagen, tales como Vento, Bora o Passat, algunos de los modelos con los que la mandataria circula por Buenos Aires.

 

Medios de comunicación griegos en paro por 24 horas

 

El Occidental

 

Redacción

 

26 de noviembre de 2014

 

 

Atenas, Grecia.- Los medios de comunicación griegos iniciaron hoy un paro de 24 horas, con el que se adelantan a la huelga general convocada para este jueves por las principales confederaciones sindicales en protesta contra los recortes del Gobierno del conservador Andonis Samarás.

Desde las 06.00 de la mañana (04.00 GMT) hasta la misma hora del jueves no habrá informativos en las televisiones y radios, no se actualizará la información en los periódicos digitales y la prensa escrita no saldrá a los quioscos mañana jueves.

Con esta acción, los periodistas se suman a las protestas convocadas por las dos principales confederaciones sindicales, ADEDY del sector público y GSEE del privado, contra las políticas de austeridad y el contenido de la nueva ley de presupuestos.

Además, los trabajadores de los medios exigen un contrato colectivo (el último fue en 2009 y desde entonces en casi todas las empresas ha habido recortes salariales), protestan contra el trabajo precario y piden la reapertura de la televisión pública ERT, cerrada en junio del año pasado.

Para mediodía se ha convocado una manifestación frente a la sede del sindicato de periodistas de Atenas.

Los sindicatos del sector público y privado han llamado mañana a secundar la segunda huelga general del año contra las medidas de austeridad del Gobierno, que incluyen nuevos despidos en el sector público y la liberalización de la ley laboral.

A la huelga se han sumado las asociaciones de pequeñas empresas, los ferrocarriles, los trenes de cercanías, los autobuses urbanos en ciertas franjas horarias, el metro y el transporte marítimo.

El transporte aéreo también se verá afectado, pues el sindicato de controladores aéreos secundará el paro y ya se han anunciado cancelaciones de vuelos nacionales e internacionales.

Los hospitales solo funcionarán con servicios mínimos.

En la huelga participarán además los funcionarios de las autoridades locales, los empleados de bancos, maestros y profesores, así como los funcionarios de las delegaciones de Hacienda y de la Justicia.

Los sindicatos han convocado además por la mañana a la tradicional marcha desde la céntrica plaza de Klafthmonos hasta la de Syntagma, sede del Parlamento. (EFE)

 

 

 

-IFAI

 

Ifai ordena entregar información sobre Joaquín Guzmán, Inés Coronel y Rafael Caro Quintero

 

El Economista

 

Notimex

 

26 de noviembre de 2014

 

 

El pleno del IFAI instruyó al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social a entregar una versión de los documentos de ingreso, salida y traslado de Joaquín Guzmán Loera, Inés Coronel Barrera y Rafael Caro Quintero, a diversos penales federales.

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) informó, en un comunicado, que un particular solicitó copia de documentos que están contenidos en el expediente único de cada una de las tres personas citadas, como la autorización emitida para su ingreso a los Centros Federales de Readaptación Social.

Además, los documentos en los que conste el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 26, inciso A, fracción I del Reglamento de los Centros Federales de Prevención y Readaptación Social (estar procesado o sentenciado por delito o delitos considerados como graves, en términos del Procedimientos Penales).

Así como el acta administrativa de ingreso del interno en cada uno de los penales federales, la orden escrita o solicitud emanada por la autoridad competente para el internamiento de la persona citada en los penales federales, y el acta administrativa de egreso de los penales federales.

En respuesta, el sujeto obligado, a través de la Coordinación General de Centros Federales, indicó que la información se encontraba clasificada como confidencial y reservada.

Refirió que su difusión podría poner en riesgo la vida, integridad y seguridad, tanto de cada una de las tres personas mencionadas, como del personal que labora en los centros penitenciarios en donde se han encontrado internos.

Además, expuso que el órgano administrativo podría registrar un detrimento en sus funciones sustantivas, toda vez que se facilitaría a miembros de la delincuencia organizada la ejecución de acciones delictivas, como fugas, motines, atentados, lesiones, homicidios, amenazas contra el interno en cuestión o del personal que labora en dichas instalaciones.

Ante esta respuesta, el particular que solicitó la información interpuso un recurso de revisión ante el IFAI, turnado al comisionado Óscar Guerra Ford, en el que manifestó que la información no podía ser clasificada, toda vez que el órgano garante resolvió en ese sentido, en el recurso diverso 0096/2008, referido al caso de Joaquín Guzmán Loera.

En alegatos, el órgano administrativo reiteró su respuesta original. En el análisis del caso, el comisionado ponente indicó que el particular no requirió el acceso a la totalidad del expediente único de los internos, ya que los documentos solicitados son de carácter administrativo.

Resaltó que esos documentos permiten relacionar a Joaquín Guzmán Loera, Inés Coronel Barrera y Rafael Caro Quintero con su ingreso y egreso de centros federales, pero dicha situación es del conocimiento público y dado que obra en fuentes de acceso público, no es confidencial.

Además, aseguró, no dan cuenta de las diligencias ni actuaciones realizadas en los expedientes correspondientes a los procesos penales, por tanto, no podría causar un daño a las actividades de prevención ni persecución del delito, o a la impartición de justicia.

Guerra Ford afirmó que no se pone en riesgo la vida, seguridad o salud de las tres personas mencionadas, ya que los documentos requeridos no aportan datos sobre su ubicación exacta actual, dentro del penal federal, o en el caso de Rafael Caro Quintero que ya fue liberado, el lugar geográfico en el que se encuentra actualmente.

Por lo que toca a los nombres de los titulares de la Dirección General de cada Centro Federal de Readaptación Social, el coordinador general de centros federales, el director jurídico y representantes de la Dirección de Seguridad del Centro Federal correspondiente, el ponente confirmó su reserva.

Señaló que se trata de personal que desempeña o desempeñó funciones operativas y, por tanto, podría ser objeto de amenazas, al indicar que se reserva el nombre del servidor público que requirió el internamiento de las tres personas señaladas a un Centro Federal de Alta Seguridad.

Por lo anterior, a propuesta del comisionado Óscar Guerra Ford, el pleno del IFAI modificó la respuesta e instruyó al órgano administrativo la versión pública de los documentos, en los que únicamente deberá omitir el nombre de los servidores públicos señalados.

 

Insta IFAI entregar información sobre traslado del “Chapo” y Caro Quintero

 

El Occidental

 

Redacción

 

26 de noviembre de 2014

 

 

México.- El pleno del IFAI instruyó al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social a entregar una versión de los documentos de ingreso, salida y traslado de Joaquín Guzmán Loera, Inés Coronel Barrera y Rafael Caro Quintero a diversos penales federales.

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) informó, en un comunicado, que un particular solicitó copia de documentos que están contenidos en el expediente único de cada una de las tres personas citadas, como la autorización emitida para su ingreso a los Centros Federales de Readaptación Social.

Además, los documentos en los que conste el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 26, inciso A, fracción I del Reglamento de los Centros Federales de Prevención y Readaptación Social (estar procesado o sentenciado por delito o delitos considerados como graves, en términos del Procedimientos Penales).

Así como el acta administrativa de ingreso del interno en cada uno de los penales federales, la orden escrita o solicitud emanada por la autoridad competente para el internamiento de la persona citada en los penales federales, y el acta administrativa de egreso de los penales federales.

En respuesta, el sujeto obligado, a través de la Coordinación General de Centros Federales, indicó que la información se encontraba clasificada como confidencial y reservada.

Refirió que su difusión podría poner en riesgo la vida, integridad y seguridad, tanto de cada una de las tres personas mencionadas, como del personal que labora en los centros penitenciarios en donde se han encontrado internos.

Además, expuso que el órgano administrativo podría registrar un detrimento en sus funciones sustantivas, toda vez que se facilitaría a miembros de la delincuencia organizada la ejecución de acciones delictivas, como fugas, motines, atentados, lesiones, homicidios, amenazas contra el interno en cuestión o del personal que labora en dichas instalaciones.

Ante esta respuesta, el particular que solicitó la información interpuso un recurso de revisión ante el IFAI, turnado al comisionado Óscar Guerra Ford, en el que manifestó que la información no podía ser clasificada, toda vez que el órgano garante resolvió en ese sentido, en el recurso diverso 0096/2008, referido al caso de Joaquín Guzmán Loera.

En alegatos, el órgano administrativo reiteró su respuesta original. En el análisis del caso, el comisionado ponente indicó que el particular no requirió el acceso a la totalidad del expediente único de los internos, ya que los documentos solicitados son de carácter administrativo.

Resaltó que esos documentos permiten relacionar a Joaquín Guzmán Loera, Inés Coronel Barrera y Rafael Caro Quintero con su ingreso y egreso de centros federales, pero dicha situación es del conocimiento público y dado que obra en fuentes de acceso público, no es confidencial.

Además, aseguró, no dan cuenta de las diligencias ni actuaciones realizadas en los expedientes correspondientes a los procesos penales, por tanto, no podría causar un daño a las actividades de prevención ni persecución del delito, o a la impartición de justicia.

Guerra Ford afirmó que no se pone en riesgo la vida, seguridad o salud de las tres personas mencionadas, ya que los documentos requeridos no aportan datos sobre su ubicación exacta actual, dentro del penal federal, o en el caso de Rafael Caro Quintero que ya fue liberado, el lugar geográfico en el que se encuentra actualmente.

Por lo que toca a los nombres de los titulares de la Dirección General de cada Centro Federal de Readaptación Social, el coordinador general de centros federales, el director jurídico y representantes de la Dirección de Seguridad del Centro Federal correspondiente, el ponente confirmó su reserva.

Señaló que se trata de personal que desempeña o desempeñó funciones operativas y, por tanto, podría ser objeto de amenazas, al indicar que se reserva el nombre del servidor público que requirió el internamiento de las tres personas señaladas a un Centro Federal de Alta Seguridad.

Por lo anterior, a propuesta del comisionado Óscar Guerra Ford, el pleno del IFAI modificó la respuesta e instruyó al órgano administrativo la versión pública de los documentos, en los que únicamente deberá omitir el nombre de los servidores públicos señalados.

 

Ordena IFAI revelar información sobre traslados de “El Chapo” y Caro Quintero

 

El Occidental

 

Martha Elva González

 

27 de noviembre de 2014

 

 

Ciudad de México.- El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) deberá dar a conocer los documentos de ingreso, salida y traslado de Joaquín Guzmán Loera, Inés Coronel Barrera y Rafael Caro Quintero, de y a diversos penales federales, ordenó el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Ifai), cuyo Pleno por unanimidad, consideró inaceptable la clasificación de “confidencial”, de la información.

El comisionado Óscar Guerra Ford, a quien correspondió el análisis jurídico del caso, afirmó que “no se pone en riesgo la vida, ni la seguridad o salud de estas tres personas, ya que los documentos requeridos, no aportan datos sobre su ubicación exacta actual, dentro del penal federal o en el caso de Caro Quintero, que ya fue liberado, el lugar geográfico en el que se encuentra actualmente.

En su respuesta inicial al solicitante, OADPRS, a través de la Coordinación General de Centros Federales, indicó que la información se encontraba clasificada como confidencial y reservada y que “su difusión podría poner en riesgo la vida, integridad y seguridad, tanto de cada una de las tres personas mencionadas, como del personal que labora en los centros penitenciarios, en donde se han encontrado internos”.

Ya en alegatos ante e Ifai, expuso que “el OADPRS podría registrar un detrimento en sus funciones sustantivas, toda vez que se facilitaría a miembros de la delincuencia organizada, la ejecución de acciones delictivas, como fugas y motines o, en su caso, atentados, lesiones, homicidios, amenazas en contra del interno en cuestión o del personal que labora en dichas instalaciones y su Comité de Información, confirmó la clasificación invocada.

Guerra Ford indicó que el particular no requirió el acceso a la totalidad del expediente único de los internos y que los documentos solicitados, son de carácter administrativo y tienen como fin controlar ingresos y egresos de internos, a los penales federales.

Apuntó que si bien, esos documentos permiten relacionar a Guzmán Loera, Coronel Barrera y Caro Quintero con su ingreso y egreso, de centros federales, lo cierto es que esta situación ya es del conocimiento público y, dado que obra en fuentes de acceso público, no es confidencial.

Además, sostuvo, “estas documentales no dan cuenta de las diligencias, ni actuaciones realizadas, en los expedientes correspondientes a los procesos penales, por tanto, no podría causarse un daño a las actividades de prevención ni persecución del delito o a la impartición de justicia”.

 

 

 

Insta IFAI entregar información sobre traslado del Chapo y Caro Quintero

Uno más uno

Redacción

26 de noviembre de 2014

 

El pleno del IFAI instruyó al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social a entregar una versión de los documentos de ingreso, salida y traslado de Joaquín Guzmán Loera, Inés Coronel Barrera y Rafael Caro Quintero, a diversos penales federales.

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) informó, en un comunicado, que un particular solicitó copia de documentos que están contenidos en el expediente único de cada una de las tres personas citadas, como la autorización emitida para su ingreso a los Centros Federales de Readaptación Social.

Además, los documentos en los que conste el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 26, inciso A, fracción I del Reglamento de los Centros Federales de Prevención y Readaptación Social (estar procesado o sentenciado por delito o delitos considerados como graves, en términos del Procedimientos Penales).

Así como el acta administrativa de ingreso del interno en cada uno de los penales federales, la orden escrita o solicitud emanada por la autoridad competente para el internamiento de la persona citada en los penales federales, y el acta administrativa de egreso de los penales federales.

En respuesta, el sujeto obligado, a través de la Coordinación General de Centros Federales, indicó que la información se encontraba clasificada como confidencial y reservada.

Refirió que su difusión podría poner en riesgo la vida, integridad y seguridad, tanto de cada una de las tres personas mencionadas, como del personal que labora en los centros penitenciarios en donde se han encontrado internos.

Además, expuso que el órgano administrativo podría registrar un detrimento en sus funciones sustantivas, toda vez que se facilitaría a miembros de la delincuencia organizada la ejecución de acciones delictivas, como fugas, motines, atentados, lesiones, homicidios, amenazas contra el interno en cuestión o del personal que labora en dichas instalaciones.

Ante esta respuesta, el particular que solicitó la información interpuso un recurso de revisión ante el IFAI, turnado al comisionado Óscar Guerra Ford, en el que manifestó que la información no podía ser clasificada, toda vez que el órgano garante resolvió en ese sentido, en el recurso diverso 0096/2008, referido al caso de Joaquín Guzmán Loera.

En alegatos, el órgano administrativo reiteró su respuesta original. En el análisis del caso, el comisionado ponente indicó que el particular no requirió el acceso a la totalidad del expediente único de los internos, ya que los documentos solicitados son de carácter administrativo.

Resaltó que esos documentos permiten relacionar a Joaquín Guzmán Loera, Inés Coronel Barrera y Rafael Caro Quintero con su ingreso y egreso de centros federales, pero dicha situación es del conocimiento público y dado que obra en fuentes de acceso público, no es confidencial.

Además, aseguró, no dan cuenta de las diligencias ni actuaciones realizadas en los expedientes correspondientes a los procesos penales, por tanto, no podría causar un daño a las actividades de prevención ni persecución del delito, o a la impartición de justicia.

Guerra Ford afirmó que no se pone en riesgo la vida, seguridad o salud de las tres personas mencionadas, ya que los documentos requeridos no aportan datos sobre su ubicación exacta actual, dentro del penal federal, o en el caso de Rafael Caro Quintero que ya fue liberado, el lugar geográfico en el que se encuentra actualmente.

Por lo que toca a los nombres de los titulares de la Dirección General de cada Centro Federal de Readaptación Social, el coordinador general de centros federales, el director jurídico y representantes de la Dirección de Seguridad del Centro Federal correspondiente, el ponente confirmó su reserva.

Señaló que se trata de personal que desempeña o desempeñó funciones operativas y, por tanto, podría ser objeto de amenazas, al indicar que se reserva el nombre del servidor público que requirió el internamiento de las tres personas señaladas a un Centro Federal de Alta Seguridad.

Por lo anterior, a propuesta del comisionado Óscar Guerra Ford, el pleno del IFAI modificó la respuesta e instruyó al órgano administrativo la versión pública de los documentos, en los que únicamente deberá omitir el nombre de los servidores públicos señalados.

 

Insta IFAI entregar información sobre traslado del “Chapo” y Caro Quintero

El Sol de México

Notimex

27 de noviembre de 2014

 

El pleno del IFAI instruyó al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social a entregar una versión de los documentos de ingreso, salida y traslado de Joaquín Guzmán Loera, Inés Coronel Barrera y Rafael Caro Quintero a diversos penales federales.

 

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) informó, en un comunicado, que un particular solicitó copia de documentos que están contenidos en el expediente único de cada una de las tres personas citadas, como la autorización emitida para su ingreso a los Centros Federales de Readaptación Social.

 

Además, los documentos en los que conste el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 26, inciso A, fracción I del Reglamento de los Centros Federales de Prevención y Readaptación Social (estar procesado o sentenciado por delito o delitos considerados como graves, en términos del Procedimientos Penales).

 

Así como el acta administrativa de ingreso del interno en cada uno de los penales federales, la orden escrita o solicitud emanada por la autoridad competente para el internamiento de la persona citada en los penales federales, y el acta administrativa de egreso de los penales federales.

 

En respuesta, el sujeto obligado, a través de la Coordinación General de Centros Federales, indicó que la información se encontraba clasificada como confidencial y reservada.

 

Refirió que su difusión podría poner en riesgo la vida, integridad y seguridad, tanto de cada una de las tres personas mencionadas, como del personal que labora en los centros penitenciarios en donde se han encontrado internos.

 

Además, expuso que el órgano administrativo podría registrar un detrimento en sus funciones sustantivas, toda vez que se facilitaría a miembros de la delincuencia organizada la ejecución de acciones delictivas, como fugas, motines, atentados, lesiones, homicidios, amenazas contra el interno en cuestión o del personal que labora en dichas instalaciones.

 

Ante esta respuesta, el particular que solicitó la información interpuso un recurso de revisión ante el IFAI, turnado al comisionado Óscar Guerra Ford, en el que manifestó que la información no podía ser clasificada, toda vez que el órgano garante resolvió en ese sentido, en el recurso diverso 0096/2008, referido al caso de Joaquín Guzmán Loera.

 

En alegatos, el órgano administrativo reiteró su respuesta original. En el análisis del caso, el comisionado ponente indicó que el particular no requirió el acceso a la totalidad del expediente único de los internos, ya que los documentos solicitados son de carácter administrativo.

 

Resaltó que esos documentos permiten relacionar a Joaquín Guzmán Loera, Inés Coronel Barrera y Rafael Caro Quintero con su ingreso y egreso de centros federales, pero dicha situación es del conocimiento público y dado que obra en fuentes de acceso público, no es confidencial.

 

Además, aseguró, no dan cuenta de las diligencias ni actuaciones realizadas en los expedientes correspondientes a los procesos penales, por tanto, no podría causar un daño a las actividades de prevención ni persecución del delito, o a la impartición de justicia.

 

Guerra Ford afirmó que no se pone en riesgo la vida, seguridad o salud de las tres personas mencionadas, ya que los documentos requeridos no aportan datos sobre su ubicación exacta actual, dentro del penal federal, o en el caso de Rafael Caro Quintero que ya fue liberado, el lugar geográfico en el que se encuentra actualmente.

 

Por lo que toca a los nombres de los titulares de la Dirección General de cada Centro Federal de Readaptación Social, el coordinador general de centros federales, el director jurídico y representantes de la Dirección de Seguridad del Centro Federal correspondiente, el ponente confirmó su reserva.

 

Señaló que se trata de personal que desempeña o desempeñó funciones operativas y, por tanto, podría ser objeto de amenazas, al indicar que se reserva el nombre del servidor público que requirió el internamiento de las tres personas señaladas a un Centro Federal de Alta Seguridad.

 

Por lo anterior, a propuesta del comisionado Óscar Guerra Ford, el pleno del IFAI modificó la respuesta e instruyó al órgano administrativo la versión pública de los documentos, en los que únicamente deberá omitir el nombre de los servidores públicos señalados.

 

IFAI incrementa su presupuesto 46%

La silla rota

Redacción

26 noviembre 2014

 

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) tendrá para el próximo año un aumento presupuestal del 46 por ciento y creará 138 plazas nuevas.

En el presente año, el organismo ejerció una partida de 611.7 millones de pesos, pero para el próximo año podrá disponer de 893.2 millones, lo que representaría un incremento de 281.5 millones más.

Cada uno de los cinco comisionados que tenía el Ifai hasta este año ganaba 3.1 millones de pesos anuales antes de impuestos. Ahora, cada uno de los siete recibirá 3.4 millones.

Además, el Ifai tendrá más plazas, al obtener 138 más respecto al 2014. Tan sólo en nómina, pagará 534 millones de pesos.

A partir de 2014, mediante una reforma constitucional, el Ifai se transformó en organismo autónomo con nuevas facultades.

De esta manera, los nuevos comisionados acordaron modificar la estructura orgánica y crear seis coordinaciones generales con sus correspondientes direcciones de área.

Del 15 de mayo, fecha en la que tomaron posesión los nuevos comisionados, al 31 de octubre pasado, 84 funcionarios presentaron su renuncia y fueron sustituidos, en su mayoría, por personas cercanas a dichos comisionados. Esta cifra representa 19 por ciento de la plantilla total del Ifai.

La mayoría de las renuncias en el Ifai se han dado en los primeros niveles de la estructura orgánica después de los comisionados, así como en la ponencias de cada uno de ellos, encargadas de elaborar los proyectos de resolución de los recursos de revisión interpuestos por los ciudadanos.

En el caso de las cinco ponencias de los anteriores comisionados, que en promedio tenían 16 plazas, el personal era de libre designación, es decir, no estaban sujetos al servicio profesional de carrera, circunstancia que se conserva.

Entre las renuncias más relevantes están las de la secretaria de Acceso a la Información y Protección de Datos, Cecilia Azuara; el secretario de Protección de Datos, Santiago Oñate; y el director general de Asuntos Jurídicos, Ricardo Salgado.

La Secretaría General, que es el puesto administrativo más importante, ya estaba vacante al 15 de mayo, tras la renuncia de Juan Pablo Guerrero.

Miguel Treviño, quien hace más de 10 años formó parte del grupo ciudadano promotor del Ifai, dijo que el creciente presupuesto para el Instituto lo está transformando en un elefante blanco que convierte la transparencia en un artículo caro sin razón justificada.

En otras partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos, ejemplificó, los órganos garantes de la transparencia funcionan de manera más eficiente y con muchos menos recursos.

“El instituto de Texas, por ejemplo, tiene oficinas sencillas, nada comparado con el edificio del Ifai, que funciona con una fracción de los recursos de cualquier órgano estatal mexicano, pero de manera mucho más eficiente”, señaló.

Esta institución, dijo, es la Open Records División, adscrita a la Fiscalía General de Texas, que, de acuerdo con la legislación estatal, es la encargada de determinar qué información está abierta al público y de implementar las medidas para que se cumplan estas decisiones.

El tema del acceso a la información pública en el País adquirió mayor relevancia a partir de que el presidente de la República Enrique Peña tomó las riendas de la Alianza para el Gobierno Abierto de la ONU, que tiene como objetivo la promoción de la transparencia, la lucha contra la corrupción y el empoderamiento de la ciudadanía.