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Legislación en materia de comunicación · 30 marzo 2014

Legislación en materia de comunicación

-Reforma en telecomunicaciones: leyes secundarias

 

 

Cárdenas y Corral se alían vs. ley de telecomunicaciones

El Universal

Horacio Jiménez y Ariadna García

30 de marzo de 2014

 

 

El senador panista, Javier Corral Jurado, acordó ayer con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (PRD), aliarse en rechazo a la ley secundaria en materia de telecomunicaciones, con la idea de crear un frente ciudadano plural “que haga conciencia en la sociedad sobre las enormes pérdidas sociales que representaría su aprobación”.

 

El legislador Corral Jurado señaló que dicha reforma es una “pretensión autoritaria y de evidente protección al actual esquema monopólico de la televisión”. “Estas han sido las bases de nuestro diálogo en la convergencia”, expresó el senador albiazul en su cuenta de Facebook.

 

*PAN, contra retrocesos*

La presidenta nacional del PAN, Cecilia Romero, advirtió que su partido en el Congreso hará valer cada uno de sus votos y experiencia y no permitirá que se “aniquilen” las reformas en los hechos o que haya francos asaltos en despoblado.

 

Durante su discurso en la 22 Asamblea Nacional del PAN en el gimnasio Juan de la Barrera, Romero Castillo insistió en que el blanquiazul no permitirá que los avances democráticos apenas alcanzados sufran menoscabo o que sirvan para pagar deudas de campaña.

 

“Nada bueno saldrá de las reformas estructurales por las que sentimos legítimo orgullo, si éstas pretenden aniquilarse en los hechos por emboscadas legales algunas veces y otras más, por francos asaltos en despoblado. No permitiremos que los avances democráticos apenas alcanzados sufran menoscabo”, afirmó Romero Castillo.

 

“No regatearemos ni un voto en favor de leyes que nos inserten en la modernidad económica, política y social, pero tampoco seremos cómplices de ningún mal manejo, de argucias ni de trampas de nadie”, dijo la dirigente, quien estará al frente del partido hasta el 18 de mayo.

 

Esta semana, los coordinadores del PAN en el Congreso de la Unión se desmarcaron de Romero Castillo y rechazaron descalificar la reforma secundaria de telecomunicaciones que envió el presidente Enrique Peña Nieto, como lo hizo ella.

 

 

 

Analizan Javier Corral y Cuauhtémoc Cárdenas las leyes secundarias en telecomunicaciones

El Sol de México y El Occidental

Abigaíl Cruz

30 de marzo de 2014

 

 

Acuerdan ir juntos en contra las leyes secundarias de la reforma en materia de telecomunicaciones, el senador del PAN Javier Corral Jurado y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Así lo dio a conocer el legislador del Partido Acción Nacional (PAN) a través de su cuenta de Facebook, en donde informó que ayer sostuvo un encuentro con el excandidato presidencial “para conversar largamente sobre la regresiva iniciativa Peña Nieto-Televisa en materia de telecomunicaciones y radiodifusión”.

 

Comunicó que en esta reunión acordaron “ir juntos a rechazar esa pretensión autoritaria y de evidente protección al actual esquema monopólico de la televisión”.

 

Corral Jurado refirió que coincidieron “en la necesidad de llamar a los más diversos actores políticos y sociales a denunciar y combatir esta traición, al espíritu y letra de la reforma constitucional en sus principales objetivos”, esto a través de un “frente ciudadano amplio, plural, que haga conciencia en la sociedad sobre las enormes pérdidas sociales que representaría su aprobación en términos del ejercicio de derechos fundamentales, como de libertad de expresión, derecho a la información, y la negación de un acceso efectivo a las nuevas tecnologías, a una competencia verdadera en la televisión abierta, así como la ausencia de una diversidad y pluralidad de contenidos informativos”.

 

 

 

Corral y Cárdenas van juntos contra leyes de Telecom

MVS Noticias

René Cruz González

30 de marzo de 2014

 

 

El senador del PAN Javier Corral Jurado y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano acordaron ir juntos en contra las leyes secundarias de la reforma en materia de Telecomunicaciones.

 

A través de su cuenta de Facebook, el legislador dio a conocer que este sábado sostuvo un encuentro con el ex candidato presidencial “para conversar largamente sobre la regresiva iniciativa Peña Nieto-Televisa en materia de Telecomunicaciones y radiodifusión”.

 

Agregó que en esta reunión acordaron “ir juntos a rechazar esa pretensión autoritaria y de evidente protección al actual esquema monopólico de la Televisión”.

 

En la red social, Corral Jurado refirió que coincidieron “en la necesidad de llamar a los más diversos actores políticos y sociales a denunciar y combatir esta traición al espíritu y letra de la Reforma Constitucional en sus principales objetivos”, esto a través de un “frente ciudadano amplio, plural, que haga conciencia en la sociedad sobre las enormes pérdidas sociales que representaría su aprobación, en términos del ejercicio de derechos fundamentales, como de Libertad de Expresión, derecho a la información, y la negación de un acceso efectivo a las nuevas tecnologías, a una competencia verdadera en la Televisión abierta, así como la ausencia de una diversidad y pluralidad de contenidos informativos”.

 

En su mensaje, el senador panista refirió que la iniciativa ignora “el mandato constitucional de fortalecimiento, independencia y viabilidad de los medios públicos, que sería el auténtico contrapeso y equilibrio al sistema de radiodifusión comercial. Finalmente, destacó que estas fueron las bases de su diálogo en la convergencia.

 

 

 

Senador Corral y Cárdenas irán juntos contra la ley Peña Nieto-Televisa

La Jornada Nacional

Andrea Becerril

30 de marzo de 2014

 

 

México, DF. El senador del PAN Javier Corral anunció que junto con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas irán contra “la Ley Peña Nieto-Televisa” y acordaron de entrada convocar además a organizaciones sociales y políticas a constituir un frente amplio ciudadano que haga conciencia sobre la gravedad de aprobar esa propuesta de legislación secundaria en telecomunicaciones.

 

Corral informó en su página de Internet que hoy conversó ampliamente con el líder perredista sobre esa “regresiva” propuesta presidencial en telecomunicaciones y “hemos acordado ir juntos para rechazar esa pretensión autoritaria y de evidente protección al actual esquema monopólico de la televisión”.

 

Agregó que coincidieron en la necesidad de llamar a los más diversos actores políticos y sociales a denunciar y combatir esa “traición al espíritu y la letra de la reforma constitucional en sus principales objetivos”.

 

La idea, dijo, es integrar una especie de Frente Ciudadano amplio, plural, que “haga conciencia en la sociedad sobre las enormes pérdidas sociales que representaría su aprobación, en términos del ejercicio de derechos fundamentales, como el de libertad de expresión, derecho a la información, negación de acceso efectivo a las nuevas tecnologías y competencia real en la televisión abierta, así como la ausencia de una diversidad de contenidos informativos.

 

En entrevista, el senador Corral dijo que exigirá el lunes en el Senado que no se empate el dictamen de esa ley secundaria en telecomunicaciones con la comparecencia de los comisionados del IFAI, ya que fueron programados al mismo tiempo.

 

Además, exigirá también que el coordinador del PRI, Emilio Gamboa y el panista Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones, digan claramente si hay ya una mayoría acordada, toda vez que hasta fecha le pusieron ya para aprobarla, el 25 de abril.

 

 

 

Corral y CCS pactan ir contra ley de telecom

La Silla Rota

Redacción

30 de marzo de 2014

 

 

El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Corral, y el líder mora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cuauhtémoc Cárdenas, acordaron ir contra la iniciativa de leyes secundarias en materia energética, propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto.

 

Esta tarde, el panista y el perredista se reunieron en la Ciudad de México, donde platicaron sobre la propuesta federal en esta materia, informó el propio legislador blanquiazul en su cuenta de Facebook.

 

“Este medio día nos hemos encontrado el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y un servidor en la Ciudad de México, para conversar largamente sobre la regresiva iniciativa Peña Nieto-Televisa en materia de Telecomunicaciones y radiodifusión, y hemos acordado ir juntos a rechazar esa pretensión autoritaria y de evidente protección al actual esquema monopólico de la Televisión”, dijo.

 

Los dos, agregó, “coincidimos en la necesidad de llamar a los más diversos actores políticos y sociales a denunciar y combatir esta traición al espíritu y letra de la reforma constitucional en sus principales objetivos”.

 

Dijo que alistan una especie de frente ciudadano, para que los ciudadanos entiendan “las enormes pérdidas sociales que representaría su aprobación, en términos del ejercicio de derechos fundamentales, como de libertad de expresión, derecho a la información, y la negación de un acceso efectivo a las nuevas tecnologías”.

 

Asimismo, señaló, darán a conocer lo que considera “la ausencia de una diversidad y pluralidad de contenidos informativos al ignorar la iniciativa el mandato constitucional de fortalecimiento, independencia y viabilidad de los medios públicos, que sería el auténtico contrapeso y equilibrio al sistema de radiodifusión comercial”.

 

 

 

Javier Corral, del PAN, y Cuauhtémoc Cárdenas, del PRD, acuerdan ir contra leyes secundarias en telecom

Sin embargo

Redacción

29 de marzo de 2014

 

 

Ciudad de México, 29 de marzo (SinEmbargo).- El senador panista Javier Corral y el perredista Cuauhtémoc Cárdenas acordaron ir juntos contra las leyes secundarias en telecomunicaciones, por considerar que la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto en la materia es una “presión autoritaria y de evidente protección al actual esquema monopólico de la Televisión”.

 

A través de su cuenta de Facebook, Corral informó que este mediodía tuvo una larga conversación con Cárdenas, considerado un líder moral del principal partido de la izquierda mexicana. Ambos coincidieron en la necesidad de llamar a diversos actores políticos y sociales a denunciar y combatir la propuesta presidencial sobre telecomunicaciones, puntualizó el panista.

 

Detalló que se trataría de una especie de frente ciudadano “amplio, plural, que haga conciencia en la sociedad sobre las enormes pérdidas sociales que representaría su aprobación, en términos del ejercicio de derechos fundamentales, como de Libertad de Expresión, derecho a la información, y la negación de un acceso efectivo a las nuevas tecnologías, a una competencia verdadera en la Televisión abierta, así como la ausencia de una diversidad y pluralidad de contenidos informativos”.

 

Esta semana fueron presentadas las leyes secundarias en materia de Telecomunicaciones, luego de la aprobación de la reforma en 2013. Dicha reforma buscaría, entre otras cosas, aumentar la competencia en el sector en detrimento de Televisa, de Emilio Azcárraga Jean, y de América Móvil, propiedad de Carlos Slim, que fueron declarados agentes preponderantes por el recién creado Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).

 

Las leyes secundarias darían contenido y respaldo jurídico para las resoluciones que tome el Ifetel como órgano regulador. Sin embargo, el contenido de esa legislación secundaria provocó críticas tanto de la oposición política, como de los actores más importantes en esa industria.

 

Uno de los más severos críticos ha sido el senador Corral, quien consideró que la propuesta de leyes secundarias del gobierno federal tenían un “tufo autoritario”. En entrevista para SinEmbargo, el legislador aseguró que la propuesta peñista es regresiva y atenta contra el espíritu original de la reforma constitucional en telecomunicaciones, porque disminuye al Ifetel y le entrega un gran poder a la Segob, como la facultad de vigilar los contenidos de los medios de comunicación y solicitar el bloqueo temporal de “señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública”.

 

“Estoy absolutamente convencido que esta reforma compromete el desarrollo de la democracia, [contiene] graves riesgos y acecha a las libertades de libertad y de expresión en este país”, afirmó el también secretario de la Comisión de Radio y Televisión del Senado.

 

De acuerdo con las leyes secundarias, la Secretaría de Gobernación (Segob) tendrá a su cargo la vigilancia de contenidos y publicidad en televisión abierta y restringida, tal y como lo hace actualmente; pero también, aumentaría sus controles a través de mayores multas a las empresas y nuevos conceptos que establece la iniciativa. Mientras que en el caso de la SCT pretende devolverle a esta instancia la intromisión en procedimientos, trámites y recomendaciones.

 

Tras darse a conocer la propuesta del gobierno federal, los primeros en reaccionar fueron los dirigentes de los partidos Acción Nacional (PAN), Cecilia Romero Cervantes, y de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, quienes anunciaron, de manera conjunta, que la iniciativa es contraria a los principios de la Constitución, principalmente al Artículo 28 que hace referencia a los monopolios, a las exenciones de impuestos y a los precios de los servicios.

 

 

 

Impulsan frente contra plan de telecom

Reforma

Claudia Guerrero

30 marzo 2014

 

 

Cuauhtémoc Cárdenas y el senador del PAN, Javier Corral, llamaron ayer a crear un frente plural de rechazo a la iniciativa del Presidente Enrique Peña Nieto en materia de telecomunicaciones.

 

Ambos políticos alcanzaron el acuerdo durante una reunión privada que sostuvieron al mediodía y en la que dialogaron sobre el contenido de la propuesta de reforma secundaria enviada por el Ejecutivo al Senado.

 

El legislador del blanquiazul aseguró que el fundador del PRD coincide con las preocupaciones que se han planteado sobre el proyecto, por considerar que no se apega al espíritu de la reforma constitucional aprobada en 2013.

 

“Nos hemos reunido para conversar largamente sobre la regresiva iniciativa Peña Nieto-Televisa en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y hemos acordado ir juntos a rechazar esa pretensión autoritaria y de evidente protección al actual esquema monopólico de la televisión”, informó Corral.

 

“Coincidimos en la necesidad de llamar a los más diversos actores políticos y sociales a denunciar y combatir esta tradicional espíritu de la reforma constitucional en sus principales objetivos, una especie de frente ciudadano amplio plural que haga conciencia la sociedad sobre las enormes pérdidas que representan su aprobación”, agregó.

 

Según el legislador chihuahuense, la propuesta del Ejecutivo atenta contra derechos fundamentales como la libertad de expresión y a la información, además de negar el acceso efectivo en las tecnologías y una competencia abierta materia televisión.

 

En la víspera de que el Senado inicie formalmente la discusión de la iniciativa, el panista reiteró que el proyecto del Gobierno federal no fomenta la diversidad y pluralidad de contenidos informativos e ignora el mandato constitucional para fortalecer y dar viabilidad a los medios públicos. “Ese sería el auténtico contrapeso y equilibrar sistema de radiodifusión comercial”, aseveró.

 

 

 

“Vuelta total al pasado”, iniciativa de ley secundaria en telecomunicaciones

La Jornada Nacional

Fernando Camacho Servín

30 de marzo de 2014

 

 

Con la propuesta de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, el Estado mexicano defiende y protege los intereses de los monopolios, además de que da a la Secretaría de Gobernación facultades en diversos aspectos que no deberían estar bajo su control, como la supervisión de contenidos, la revisión de la programación dirigida a la infancia y el establecimiento de los tiempos de publicidad, lo que significa una vuelta total al pasado, advirtieron académicos especializados en el tema.

 

Con esta iniciativa de ley, “el Estado decidió volver a ser gerente de los monopolios y permitir que la telecracia gobierne en el campo de la cultura”, sostuvo Javier Esteinou Madrid, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana.

 

De acuerdo con esas disposiciones, dijo, los sectores sociales tendrán todos los obstáculos para que sus medios comunitarios puedan operar. Se les niega el acceso a financiamientos publicitarios y con ello se evitará que en las próximas elecciones haya mayor participación, la cual puede ser disidente del proyecto hegemónico que actualmente se está construyendo en la nueva fase del neoliberalismo que impulsa el PRI, advirtió.

 

Consideró fundamental que el Legislativo defienda todas las garantías y premisas incorporadas en la Constitución con la reforma en telecomunicaciones de junio pasado. Si los legisladores aprueban la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto sin modificarla, “habrán legitimado la Ley Televisa dos, con sus nefastas consecuencias para el desarrollo del país en el siglo XXI”.

 

Clara Luz Álvarez, docente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que quitar atribuciones a los órganos autónomos que deberían controlar diversas actividades relacionadas con las telecomunicaciones para dárselas a Gobernación es un gesto negativo.

 

El hecho de que Bucareli maneje aspectos como la supervisión de contenidos va contra lo que dice la Constitución y del espíritu de la reforma en la materia. No podemos decir que vivimos en democracia si la secretaría encargada de la seguridad también coordina la radio y la televisión abierta.

 

Erick Huerta, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, subrayó que en las normas legales sobre medios electrónicos hay disposiciones como las de hace 40 años, sin que pueda justificarse el predominio de Gobernación.

 

Básicamente, señaló, se trata de una contrarreforma en todo lo que se refiere a radiodifusión. En el tema de los pueblos indígenas, por ejemplo, se ignora la ley de derechos lingüísticos, donde se señala que deben concederse espacios a las lenguas nativas, deploró.

 

Por su parte, Carlos Alberto Lara, promotor, gestor y analista cultural, opinó en entrevista que los medios de servicio público, como el Instituto Mexicano de la Radio, el Canal 22 y el Once no tendrán un régimen que les permita desarrollarse. Habría que darles primero un estatus jurídico y luego una política de medios de servicio público. Si reúnes a todos estos medios, que en conjunto llegan a 70 por ciento de la población, casi podrías hablar de una tercera cadena, pero del Estado. (Con información de Arturo Sánchez Jiménez)

 

 

 

Sin alma y sinsentido la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (Segunda Parte)

Homo Zapping

Jenaro Villamil

30 de marzo del  2014

 

 

En la exposición de motivos de la iniciativa de ley se habla de las mejores prácticas internacionales, pero se ignora que el fundamento regulatorio de los organismos de telecomunicaciones y radiodifusión en el mundo se sustenta en el servicio público. Sin esa definición en la ley (como ordena la Carta Magna que ocurra) y sin su alcance, la iniciativa y cualquier discusión al respecto invade el territorio de la frivolidad. Las consecuencias de no definir el servicio público de telecomunicaciones y radiodifusión en la iniciativa de ley son graves, como se observa de algunos elementos de la iniciativa y que ya han sido cuestionados:

 

Sin noción de servicio público se vulneran las facultades regulatorias autónomas del IFT.

Sin noción de servicio público los operadores no están obligados a invertir en zonas rurales y apartadas del país.

Sin noción de servicio público se imponen tarifas cero de interconexión y se ignora el costo de despliegue, mantenimiento y operación de las redes de telecomunicaciones.

Sin noción de servicio público no se justifica la regulación asimétrica a los agentes económicos preponderantes para fomentar la competencia.

Sin noción de servicio público se confunde coordinación entre el IFT y las dependencias de la Administración Pública Federal con subordinación a las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Gobernación.

Sin noción de servicio público se tolera el traspaso de subsidios a operadores y redes ineficientes.

Sin noción de servicio público se obliga a la compartición de infraestructura, pero no al crecimiento de las redes.

Sin noción de servicio público tendremos un sistema de radiodifusión pública de gobierno y no de Estado, sectorizado a la Secretaría de Gobernación y naturalmente carente de independencia editorial.

Sin noción de servicio público la Secretaría de Gobernación puede regular y censurar los contenidos.

Sin noción de servicio público las opiniones técnicas no vinculatorias de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se convierten por definición en sugerencias políticas.

Sin noción de servicio público la Secretaría de Hacienda puede opinar que la contraprestación de la licitación de frecuencias cumpla fines recaudatorios en lugar del desarrollo del sector, el fomento a la inversión y el incremento de la cobertura.

Sin noción de servicio público se condiciona la convergencia de servicios y plataformas al cumplimiento de una regulación asimétrica, sin tomar en cuenta el uso eficiente de la infraestructura disponible y los beneficios para los usuarios en términos de más servicios y mejores precios.

Sin noción de servicio público se pone en riesgo la neutralidad tecnológica.

Sin noción de servicio público los actuales concesionarios escapan de la política de inclusión digital universal.

Sin noción de servicio público la responsabilidad y el costo de la cobertura social y el acceso universal recae únicamente en el gobierno y, en última instancia, en los ciudadanos.

Sin noción de servicio público se corre el riesgo de subastar al mejor postor el espectro radioeléctrico, en lugar de licitarlo a quienes ofrezcan las mejores condiciones de inversión, cobertura, uso eficiente del recurso y rápido despliegue de la infraestructura.

Sin noción de servicio público no hay defensa posible del derecho de las audiencias ni de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.

Sin noción de servicio público se delega en la Procuraduría Federal del Consumidor la atención y solución a las quejas y denuncias de los usuarios, cuando el IFT es el órgano técnico especializado en la materia y, en cambio, sí se le otorgan facultades de sanción en otros temas.

Sin noción de servicio público sólo se atenderán mercados rentables, pero sin contribuir al financiamiento del acceso universal como ocurre en Europa y Estados Unidos.

 

Sin noción de servicio público no tienen sentido los defensores de audiencia, los códigos de ética y los mecanismos de accesibilidad para personas vulnerables y discapacitadas.

 

 

La garantía de acceso a las TIC y de su efecto inmediato, la inclusión digital de la población y su entrada a la Sociedad de la Información, se salvaguardan a partir del servicio público y de sus alcances sociales: el acceso universal, la cobertura y la atención a grupos marginados.

 

Es por ello que el primer cambio en el Senado de la República a la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión deberá ser el de incluir la definición de servicio público, que ha sido la gran lucha histórica y el fundamento jurídico y doctrinario de la reforma. Todas las demás modificaciones derivan de la noción de servicio público, porque esa es su justificación.

 

En la siguiente entrega de Mediatelecom Policy & Law anotaremos los argumentos a todos aquellos temas incluidos en la iniciativa de ley y que constituyen una transgresión a la reforma constitucional y una regresión regulatoria ante un sector que demanda dinamismo, inversión, economías escalas, innovación, infraestructura, convergencia, cobertura, certidumbre jurídica y leyes flexibles que permitan el desarrollo y crecimiento del sector y de la industria en beneficio del país.

 

 

 

#LeyPeñaTelevisa, el gran regalo a Azcárraga Jean (Primera Parte)

Homo Zapping

Jenaro Villamil

30 de marzo del  2014

 

 

Un enorme “regalo” en los artículos 264 y 276 de la iniciativa presidencial sobre telecomunicaciones y radiodifusión, presentada el 24 de marzo en el Senado, le permitirá a Televisa no ser declarado como “agente económico preponderante” en los servicios de televisión restringida, donde la compañía de Emilio Azcárraga Jean tiene ya casi 12 millones de suscriptores que representan el 61 por ciento de este sector.

 

La redacción ambigua y claramente sesgada hacia Televisa en ambos artículos le permitirá concretar la adquisición del 51 por ciento de la empresa Cablecom por 7 mil millones de pesos (545 millones de dólares), con lo cual tendrá más del 65 por ciento del sector de televisión restringida, de acuerdo con las propias cifras del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y los cálculos de la empresa Signals Telecom.

 

Desde enero de este año, Azcárraga Jean creó la empresa Televisa-Cablecom y ha presionado a los programadores para romper los contratos de distribución de contenidos que tienen con PCTV, según fuentes consultadas por Proceso. La idea de Grupo Televisa, advierte uno de los programadores que habló a condición de anonimato, es bajar a partir del 31 de marzo de sus parrillas de programación todos canales del Network de PCTV, eliminando fortaleza de ventas y distribución de esta compañía al eliminar su presencia en os canales de Cablemas, Cablevision, TVI y posiblemente Cablecom.

 

Entrevistado sobre este gran “regalo” al monopolio televisivo, el senador del PAN, Javier Corral, explicó a Proceso que “así como en el año 2006, cuando se aprobó la Ley Televisa, la nuez del negocio fue el artículo 28 de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones que le permitiría quedarse con el espectro sobrante de la transición digital, sin pagar contraprestación alguna, ahora el gobierno de Peña Nieto redacta unas reglas de preponderancia que protegen a Televisa en televisión de paga y le imponen medidas absolutamente irrelevantes en televisión abierta”.

 

Corral advirtió que la redacción sobre la “preponderancia” en radiodifusión, contenida en el artículo 260 y, en especial, en el artículo 264 va en contra de lo establecido en el artículo octavo transitorio de la reforma constitucional aprobada en 2013.

 

En la reforma constitucional se estableció que “se considerarán como agentes económicos preponderantes en los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones”, a aquellas compañías que cuenten con una “participación mayor al 50 por ciento, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas de acuerdo con los datos de que disponga el Instituto Federal de Telecomunicaciones”.

 

La trampa, sentenció Javier Corral, estriba en que los redactores de la ley secundaria cambiaron la noción de “servicios” por el de “sector” para la declaración de “agente económico preponderante”. De esta manera, los servicios que presta Televisa en televisión restringida, medidos en usuarios, suscriptores y audiencia, claramente rebasan el 50 por ciento, pero no son considerados en la ley como susceptibles de una declaración de agente económico preponderante.

 

Esto le permitirá a Televisa continuar con la operación de concentración y compra de las compañías de televisión por cable, iniciada en 2006-2007 con la adquisición de Cablemás, TVI  y tener el control del 51 por ciento de las acciones de Cablecom, propiedad ahora del enigmático financiero de origen regiomontano David Martínez, quien posee a través de Tenedora Ares más de la mitad del control de Grupo Cable TV o Cablemás.

 

Incluso, el legislador panista bautizó como “cláusula Cablemás” el siguiente párrafo del artículo 276 sobre las medidas de fomento a la competencia: “Tratándose de la autorización de nuevas concesiones o de la concentración de agentes económicos dentro de cada uno de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, el Instituto:

 

“a) Deberá considerar la existencia o no de un agente preponderante en el sector determinado o con poder sustancial”.

 

La única autorización pendiente de nueva concentración es la adquisición de Cablemas por Grupo Televisa, anunciada desde agosto de 2013 a la Bolsa Mexicana de Valores, y se insiste en la palabra “sector” y no “servicios”, tal como decía el texto original de la reforma constitucional.

 

“Por la vía de la televisión de paga, Televisa puede burlar todas las 23 disposiciones que establecen en el artículo 264 para el agente económico predominante en radiodifusión”, sentenció Corral.

 

-¿Esto qué significa?

 

-Que podrá establecer barreras de entrada, bajar la programación de todos aquellos canales de televisión restringida que no sean de su propiedad, de sus filiales o de sus aliados y comercializar hasta el exceso en los contenidos. Podrán quitarse a todos los competidores incómodos e, incluso, ejercer un dominio sobre las otras compañías de televisión abierta.

 

-¿Este es el único punto en donde se observa favoritisimo a Televisa? –se le cuestionó.

 

-No. El trazo de Televisa en la Ley Peña son los criterios de preponderancia restringida sólo a sectores y no a servicios, excluyendo así a la televisión restringida, pero también las inútiles medidas asimétricas que se le imponen como preponderante en televisión abierta, la indefinición de la propiedad cruzada, la inexistencia de límites a la concentración y la cláusula Cablecom. “Al no ser preponderante en televisión de paga, se le hace un traje a la medida para que Televisa pueda adquirir ya Cablecom”, sentenció.

 

Corral consideró como una auténtica “burla” algunas de las 23 disposiciones que el artículo 264 establece contra la preponderancia en radiodifusión. Por ejemplo, en el numera XVII se establece:

 

“Abstenerse de participar en sociedades que lleven a cabo la impresión de periódicos escritos de circulación diaria, ya sea local, regional o nacional, según lo determine el instituto”.

 

El legislador de origen chihuahuense se cuestiona: “¿Por qué le ordenan abstenerse en periódicos? Porque no tiene ningún periódico. ¡Es un traje a la medida! ¿Por qué no dice que debe abstenerse de participar en revistas, que sí tiene, o en agencias de publicidad, que también son suyas?”.

 

 

 

Democratización de los medios: reforma pendiente

La Silla Rota

Martì Batres

30 de marzo de 2014

 

 

Las llamadas reformas estructurales fueron aprobadas como parte de un plan que tuvo como objetivo principal lograr la privatización del petróleo. La reforma en materia de telecomunicaciones no es la excepción.

 

Fue presentada de manera espectacular. Se dijo que era la segunda revolución mexicana. Se llegó a afirmar que constituía el equivalente a la caída del Muro de Berlín. En fin, se le construyó una identidad y un alcance transformador que en realidad no tenía. Aunque se llegó a decir que con ella se lograba la democratización de los medios de comunicación, en realidad eso nunca ocurrió.

 

Después del espasmo publicitario no sucedió nada. No se abrieron los medios de comunicación. No se expresaron las voces críticas. No llegó la pluralidad a los medios electrónicos. No se distribuyó la propiedad de los medios de manera equitativa. Los monopolios televisivos y radiofónicos siguen en donde estaban. Y los espacios independientes se siguen contando con los dedos de una mano.

 

En realidad, la reforma en telecomunicaciones no era para democratizar los medios de comunicación, sino sobre todo para acceder a las presiones que desde el año 2000 ejerce el banco mundial sobre los gobiernos mexicanos demandándoles la apertura a inversiones a capital 100 por ciento extranjero en el sector.

 

La actual discusión de la legislación secundaria por desgracia nos da la razón nuevamente. No hay tal avance democratizador. El gobierno federal utilizó el espejismo de la democratización de los medios para ablandar a la oposición formal y facilitar la aprobación de lo que más les importaba: la reforma energética.

 

Ese ablandamiento se logró haciéndoles creer que habían logrado algo y que, en consecuencia, les tocaba ceder o ser menos intransigentes en los temas que seguían. Y también, la reforma en telecomunicaciones abrió el camino a la energética al coadyuvar a la formulación de un discurso supuestamente antimonopólico, es decir, antimonopolio privado y “anti monopolio público” que ayudó a consolidar la reforma energética porque abrió la veta de la extranjerizacion.

 

todo caso, la democratización de los medios de comunicación, la necesaria pluralidad de los mismos, la producción independiente, los derechos de las audiencias, la ampliación de los medios públicos, la protección de los medios comunitarios, la emergencia de los medios bilingües, la creación de medios culturales y universitarios, y, sobre todo, la independencia de todos estos medios respecto al poder político siguen siendo objetivos por lograr.

 

 

 

La tentación del autoritarismo

El Universal

Jorge Zepeda

30 de marzo de 2014

 

 

“No podrán transmitirse noticias, mensajes o propaganda de cualquier clase que sean contrarios a la seguridad del Estado o al orden público”. No, la frase anterior no es una disposición de Putin para la recién anexada Crimea. Es la propuesta de cambio del Ejecutivo para al artículo 229 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Con un agravante: sería la Secretaría de Gobernación la responsable de dictaminar qué noticia es contraria al orden público o a la seguridad del Estado. Bajo ese criterio los medios de comunicación no podrían informar de temas que resulten incómodos a la opinión pública por el riesgo de provocar una protesta que afecte el orden público.

 

Poder y autoritarismo van de la mano. Lo vemos en la oficina con el jefe recién ascendido, en el aula con el alumno al que se le pide cuidar a sus compañeros, en el antro con el cadenero que abusa de la potestad para denegar el ingreso, en la ventanilla con el burócrata que pisotea la paciencia de los solicitantes. Se dice que los chaparros con poder abusan por mecanismo compensatorio, los altos porque se creen superiores, los gordos por resentimiento, los flacos por amargados, las mujeres con mando para evitar una imagen de debilidad, los hombres… porque son hombres.

 

Lo que quiero decir es que el uso arbitrario del poder forma parte de la condición humana. Una y otra vez los ejercicios de laboratorio en los que se asigna el poder a un grupo y la sumisión a otro devienen en situaciones despóticas y con frecuencia deben ser suspendidos por la aparición de abusos intolerables.

 

El único antídoto para acotar los excesos del poder es el ejercicio del derecho por parte de las minorías y de las víctimas, la obligación a la rendición de cuentas y la vulnerabilidad del soberano frente a la justicia. El problema es que los tribunales tienen la tendencia a subordinarse ante la autoridad; una y otra vez la realidad nos muestra que la justicia suele ser cómplice de los abusos de los gobernantes. Con frecuencia sólo la exhibición ante la comunidad nacional e internacional y la presión de la opinión pública ejercen frenos al absolutismo del príncipe. La leyes que buscan eliminar críticas y limitar la protesta no sólo constituyen un manotazo autoritario. Es decir, no sólo son una manifestación de autoritarismo. Son constructoras de un mayor autoritarismo porque terminarían por quitar ese freno al absolutismo en el ejercicio del poder.

 

Hay gobernadores intolerables a expresiones de inconformidad. Javier Duarte y Roberto Borge, de Veracruz y Quintana Roo respectivamente, han combatido a la prensa crítica con diversas estrategias y con leyes que intentan limitar las expresiones de disidencia, protesta y antipatía. Y si no han llegado más lejos es por el repudio que algunos de sus proyectos han provocado en la opinión pública nacional. Para no ir más lejos, en este momento se encuentra en revisión por el ejecutivo de Quintana Roo la ley que obliga a todo grupo de ciudadanos que quiera expresarse en la calle a pedir permiso (la ley ya fue aprobada, pero no entrará en vigor hasta que sea publicada en el Diario Oficial, atribución del gobernador, quien sopesa la presión de la opinión pública).

 

Los periodistas y las redes sociales no somos el mejor de los fiscales a la hora de señalar delitos y excesos de la autoridad. Carecemos de las facultades legales y de los recursos para ejercer de manera eficiente y pulcra esta función. Con frecuencia cometemos excesos y somos víctima de filtraciones parciales o inexactas, No, no somos el mejor de los fiscales pero, por desgracia, somos mejores que los que existen. Desde luego, tendríamos que construir un estado de derecho en el que la justicia pudiera someter al soberano. Pero incluso eso, construirla, tendrá que ser conquistado a golpes de presión en contra de autoridades desafectas a la rendición de cuentas.

 

Derrotar al autoritarismo no pasa por elegir candidatos demócratas, supuestamente refractarios al autoritarismo. Es ingenuo creer que los mandatarios se regularan sólo por ser buenas gentes. Limitar abusos del poder pasa por construir un espacio que sea de todos, en el que escuchemos voces disidentes e intereses ajenos al de las élites. Eso no se conseguirá si son las élites las que dictaminan qué se puede informar y quién tiene derecho a protestar. En efecto, hay un tufo autoritario en el ambiente. Un demonio del pasado que creíamos haber dejado atrás.

 

 

 

-Atribuciones del IFT

 

 

Investiga el IFT más monopolios

El Universal

Édgar Huérfano Lara

30 de marzo de 2014

 

 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) informó en el DOF que inició una investigación por posibles prácticas monopólicas en la comercialización de servicios de telecomunicaciones, provisión del servicio de internet, así como los de adquisición, distribución y venta de contenidos que se transmiten por la red de redes y TV restringida.

 

El periodo de la investigación no será inferior a 30 días hábiles ni excederá de 120 días hábiles contados a partir de la publicación en el DOF. Dicho lapso podrá ser ampliado hasta cuatro ocasiones por el IFT.

 

Si bien, el IFT empezó la investigación, algunos analistas establecen que está encaminada hacia las mismas empresas que ya fueron evaluadas.

 

“Las empresas de América Móvil y Televisa son las principales candidatas a ser investigadas, ya que son estas las dos que fueron declaradas ya preponderantes, aunque el documento publicado dice que no es un tema de alguna compañía en especial. No existen más empresas que están dando estos servicios, salvo algunas empresas locales, así que si puede tener destinatario la investigación”, dijo uno de los analistas consultados.

 

En el mercado de las empresas que ofrecen el servicio de internet fijo estan, Telmex con Infinitum que tiene 74% del mercado, Televisa con Cablevisión que posee 6% del segmento, además de otros proveedores de internet como Axtel, Megacable y Total Play de Grupo Salinas que juntos concentran 20% de los suscriptores del país.

 

En el caso de las empresas que están presentes en el mercado de televisión de paga están Grupo Televisa con Cablevisión, Cablecom y Sky, Grupo Salinas con Total Play, Megacable, y recientemente Axtel, que también empezó a dar el servicio en 2013. Para Valeria Romo, analista de Monex, la sacción será hasta que el IFT determine si se violó la ley.

 

 

 

Investiga Ifetel monopolios en internet y Tv de paga

El Occidental

Salvador Guerrero

29 de marzo de 2014

 

 

Ciudad de México.- El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) investiga prácticas monopólicas en la televisión de paga y servicios de internet tras diversas denuncias presentadas por empresas menores de ambos segmentos.

 

Y es que tras la declaración de preponderancia aplicada por el Ifetel a Televisa y Grupo Carso, el órgano regulador aplicará las medidas que conlleva esa declaratoria para determinar lo conducente en caso de que existan violaciones a la regulación y la competencia económica.

 

En un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Ifetel, señala que investiga las posibles prácticas monopólicas en los servicios de internet y televisión de paga en cuanto a contenidos y publicidad se refiere.

 

Así, el organismo recabará medios de prueba que determinen si existen o no actos prohibidos por la Ley Federal de Competencia Económica, particularmente los contenidos en las fracciones VII, IX, X Y XI del artículo 10, en los que se consideran criterios para determinar la existencia de prácticas monopólicas relativas a los actos, contratos, convenios, procedimientos o combinaciones para desplazar indebidamente a otros agentes del mercado.

 

En ese sentido, expuso que algunas de las violaciones al artículo 10 de la Ley de Competencia Económica sería impedir el acceso al mercado a otros agentes al establecer ventajas exclusivas en favor de una o varias personas, mediante la venta sistemática de bienes o servicios a precios por debajo de su costo medio total o su venta ocasional por debajo del costo medio variable.

 

El periodo de la investigación no será inferior a 30 días hábiles ni excederá de 120 días hábiles contados a partir de su publicación. Dicho lapso podrá ser ampliado hasta por cuatro ocasiones por el Instituto.

 

 

 

A IFETEL se le cayó el sistema; atendió 8.5% de peticiones en 2013

24 Horas

Ramón Sevilla

30 de Marzo de 2014

 

 

De un total de 95,532 llamadas recibidas en diciembre, sólo atendió 8,170, lo que significa menos de una de cada 10 solicitudes. A pesar de ser el principal método de atención personal y presencial, el sistema telefónico de IFETEL se le cayó al Instituto Federal Electoral y dejó sin atención ciudadana a nueve de cada 10 personas que pedían alguna orientación o asesoría.

 

De acuerdo con el Informe de actividades de la Dirección de Atención Ciudadana del IFE, de diciembre de 2013, ese mes se recibieron 95 mil 532 llamadas telefónicas a través del 01800, de las cuales no se atendieron 87 mil 362, lo que significa una atención de sólo 8.5% del total de la demanda.

 

La explicación de la desatención, según el IFE, fue porque “la capacidad instalada fue rebasada por la demanda ciudadana, debido principalmente al cierre de la renovación de las credenciales 09 y 12 y a la aplicación de una encuesta a 12 mil 257 personas para medir la preferencia ciudadana con respecto a utilizar la credencial para votar como medio de identificación, misma que se realizaba previo a concluir la llamada telefónica”.

 

Cabe destacar que el sistema IFETEL es el método de atención personal más utilizado por la población al momento de requerir alguna orientación sobre trámites para la credencial de elector.

 

De 162 mil 424 solicitudes de orientaciones ciudadanas personalizadas o presenciales del IFETEL, la opción telefónica captó 95 mil 532 -alrededor del 60% del total-, en tanto que los centros estatales de consulta electoral y orientación ciudadana captaron a 36 mil 858 requerimientos y el buzón de voz 18 mil 470.

 

Las restantes 11 mil 564 solicitudes ciudadanas se repartieron entre el correo electrónico, chat, Facebook, Twitter, Centros Distritales de Información Ciudadana y Juntas Distritales.

 

Cierre de año

 

Con motivo del inicio de la Campaña Anual Intensa 2013-2014, a partir de octubre de 2013 se incrementó la demanda del servicio debido a la amplia difusión para fomentar la actualización de los trámites registrales.

 

Según el reporte del IFE, particularmente en diciembre se agudizó la demanda de atención ciudadana debido al cierre del programa para la renovación de credenciales 09 y 12.

 

De acuerdo con lo anterior, la Dirección de Atención Ciudadana registró en diciembre un total de 2 millones 742 mil 863 solicitudes, de las cuales se atendieron 2 millones 655 mil 501 que representan el 96.8%.

 

En tanto que el 3.2% restante corresponde a llamadas telefónicas no atendidas en razón de que la capacidad instalada fue rebasada por la demanda ciudadana, afirma el reporte del IFE.

 

Las conclusiones del documento oficial revelan que durante diciembre de 2013, la plataforma que soporta las diferentes vías de comunicación disponibles para el ciudadano operó adecuadamente, “sin que se presentara alguna falla en la operación del servicio”.

 

“El servicio que proporcionó la Dirección de Atención Ciudadana a los ciudadanos, se desahogó de acuerdo con lo programado, asimismo apoyando a la Campaña Anual Intensa y al cierre del programa de la renovación de las credenciales 09 y 12”. Sin embargo, más del 90% de las llamadas del IFETEL no fueron atendidas.

 

 

 

Ifetel investiga monopolios en televisión e internet

El Informador

Redacción/GSO

29 de marzo de 2014

 

 

Con el objetivo de recabar medios de prueba que determinen si existen o no actos prohibidos por la Ley Federal de Competencia Económica, el Ifetel inició una investigación por prácticas monopólicas en la comercialización de servicios de telecomunicaciones en el país, provisión del servicio de internet, así como los de adquisición, distribución y venta de contenidos que se transmiten por la red de redes y televisión restringida.

 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) indagará en específico los contenidos en las fracciones VII, IX, X Y XI del artículo 10 en los que se consideran criterios para determinar la existencia de prácticas monopólicas relativas a los actos, contratos, convenios, procedimientos o combinaciones para desplazar indebidamente a otros agentes del mercado.

 

En ese sentido, explicó que algunas de las violaciones al artículo 10 de la Ley de Competencia Económica sería impedir el acceso al mercado a otros agentes al establecer ventajas exclusivas en favor de una o varias personas, mediante la venta sistemática de bienes o servicios a precios por debajo de su costo medio total o su venta ocasional por debajo del costo medio variable.

 

De acuerdo con el documento emitido por el organismo en el Diario Oficial de la Federación, el periodo de la investigación no será inferior a 30 días hábiles ni excederá de 120 días hábiles contados a partir de la publicación del presente extracto.

 

Sin embargo, dicho lapso podrá ser ampliado hasta por cuatro ocasiones por el Instituto.

 

PARA SABER

 

¿Sin objetivo claro?

 

El Ifetel no mencionó a alguna empresa como blanco de la investigación. Sin embargo, a principios de marzo, el instituto declaró a América Móvil como operador preponderante en el mercado de telecomunicaciones y a Televisa en el mercado de radiodifusión.

 

 

 

-Ley General de Transparencia

 

 

Proyecto de ley de transparencia del IFAI busca aportar al Congreso

MVS Noticias

Notimex

30 de marzo de 2014

 

 

En la ley general de transparencia será fundamental la homologación de criterios en las legislaciones locales, la facultad de atracción de casos y la relación con el Consejo Consultivo, opinó Alfonso Oñate Laborde.

 

El secretario de Protección de Datos Personales del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), dijo que un equipo de expertos revisará la propuesta de Ley General en materia de transparencia, que en los próximos días entregarán al Congreso de la Unión.

 

En entrevista, señaló que tras la reforma constitucional en materia de transparencia, la cual se publicó el pasado 7 de febrero, el IFAI entró en un proceso de transición que va desde la renovación del pleno, hasta el contar con un Consejo Consultivo.

 

Al haberse facultado para ser un órgano de segunda instancia que revise las decisiones de los institutos o consejos estatales, es necesario dejar claro bajo qué términos es que podrá ejercer esas atribuciones.

 

“La reforma, como es lógico, es muy general y señala que podrá el IFAI revisar lo que sucede a nivel estatal y municipal pero no establece la forma, puede ser a nivel de atracción o cómo, y eso es lo que se debe establecer”, señaló.

 

Oñate Laborde mencionó que otro tema que se debe tomar en cuenta en la ley, es la relación entre el IFAI y su nuevo Consejo Consultivo, ya que esta figura no existía en el instituto.

 

“Esta es una relación crucial para la manera en la cual deberá funcionar el nuevo IFAI, entre otras cosas porque el Consejo podrá ser el órgano ante el cual rinda cuentas el pleno del IFAI, porque es un órgano que debe rendir cuentas”, subrayó.

 

De igual forma, consideró importante establecer una regulación nacional en el tema de videovigilancia, pues cada vez son más los municipios que utilizan esta herramienta. El funcionario consideró necesario establecer el uso que se le dará a ese material, debiendo ser sólo para fines de seguridad; quiénes tendrán acceso a él y cuánto tiempo se van a conservar los videos.

 

Agregó que el proceso de transición es delicado no sólo por las modificaciones legales, sino también porque ninguno de los cuatro actuales comisionados fue ratificado. “Esto nos lleva a ser doblemente prudentes en las adecuaciones del marco normativo para que sea el nuevo pleno quien tome estas decisiones”.

 

La idea, subrayó, es que los legisladores cuenten con documentos de soporte para que elaboren su propio anteproyecto de ley, tomando en cuenta la experiencia y puntos de vista de los distintos organismos que presenten sus propuestas.

 

En tanto, la secretaria de Acceso a la Información del IFAI, Cecilia Azuara Arai, mencionó que la reforma constitucional incorporó a nuevos sujetos obligados, para lo cual es necesario adecuar la plataforma del Sistema Infomex que es como un tablero de control de las solicitudes de información.

 

Añadió que algunos futuros sujetos obligados, como el Consejo de la Judicatura, La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Federal de Competencia, ya se han acercado al IFAI para asesorarse sobre las obligaciones que tendrán a partir de que se cumpla un año de que se publiquen las leyes secundarias.