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Legislación en materia de comunicación · 27 marzo 2014

 

 

SCJN avala amparos contra empresas de telecomunicaciones

El Universal

Silvia Otero

26 de marzo de 2014

 

 

A partir de un litigio de indígenas de Hidalgo contra Telmex y la SCT, los ministros consideraron que las concesionarias pueden considerarse autoridad responsable para efectos de amparos. Las empresas concesionarias de servicios de telecomunicaciones, pueden ser consideradas una autoridad responsable para efectos del amparo, resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar un recurso, derivado de un litigio en el que la comunidad indígena Hñähñu de San Ildefonso,  en el estado de Hidalgo, presentó el recurso contra Telmex y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

 

Antes de este fallo los particulares que entablaban algún litigio contra empresas de telecomunicaciones sólo podían exigir el respeto a sus derechos por la vía civil o ante la Procuraduría Federal del Consumidor, pero ahora se pueden amparar contra las compañías  que son consideradas como autoridad en los juicios de garantía.

 

Los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieron así el recurso de queja 23/2014 que presentó Telmex en contra de la decisión de un Juez de Distrito de Hidalgo, que admitió a trámite el juicio de amparo que promovió la comunidad otomí.

 

De acuerdo con la demanda de los Hñähñu, la empresa telefónica y la SCT violaron sus derechos “a la libertad de expresión, acceso a la información, igualdad ante la ley, y al trabajo de las y los integrantes de la comunidad indígena”, ante la omisión de garantizar la prestación continua y permanente del servicio de telefonía fija, en virtud de la interrupción del servicio, así como del incumplimiento a su reinstalación.  Los quejosos también señalaron la omisión de la SCT de proteger y garantizar los derechos de la comunidad  “toda vez que no se supervisó de manera diligente la prestación de los servicios de telefonía fija concesionados a la empresa demandada”.

 

Un juez federal admitió el amparo, por lo que Telmex interpuso el recurso de  queja, que el 22 de enero de 2014 decidió atraer la SCJN, que hoy con cuatro votos a favor y uno en contra de la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, determinó que los particulares se pueden amparar contra estas empresas de telecomunicaciones y que éstas tendrán el carácter de autoridad en los juicios de garantía.

 

Los ministros concluyeron que “es evidente que hasta el momento no se cuenta con certeza que conduzca a establecer la improcedencia de juicio de amparo” ya que la ley “da el carácter de autoridad responsable a los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de las personas y sus funciones estén determinadas por una norma general”.

 

 

 

Avalan amparo contra empresas de telecom

Reforma

Victor Fuentes

26 de marzo de 2014

 

 

Por primera vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que los particulares pueden promover amparos contra las empresas de telecomunicaciones, como si éstas fueran equivalentes a una autoridad.

 

La Segunda Sala de la Corte confirmó hoy la decisión de un juez federal de Hidalgo, que en 2013 admitió a trámite una demanda de amparo promovida por indígenas otomíes, en la que se señaló como autoridades responsables a Teléfonos de México (Telmex) y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes(SCT).

 

Lo anterior con base en la nueva Ley de Amparo, vigente desde abril de 2013, que señala que dicho juicio procede contra particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos, cuyas funciones estén determinadas por una norma general.

 

Los otomíes sostuvieron que Telmex–la principal proveedora de telefonía rural del País–, violó sus derechos a la libertad de expresión, acceso a la información, igualdad ante la ley, y al trabajo, derivado de la omisión de garantizar la prestación continua y permanente del servicio de telefonía fija, en virtud de la interrupción de éste, así como del incumplimiento a la reinstalación del mismo.

 

La decisión del máximo tribunal podría revolucionar la forma en que las concesionarias de telecomunicaciones litigan sus diferencias con los clientes, quienes actualmente sólo pueden acudir a la Profeco o al litigio civil para desahogar sus inconformidades

 

Para una empresa, ser considerada autoridad en un amparo es muy diferente a litigar una demanda civil, a la que acude en igualdad de circunstancias que su contrincante.

 

Por ejemplo, las autoridades que incumplen una suspensión dictada en amparo pueden ser acusadas penalmente, y las que incumplen una sentencia de fondo pueden ser consignadas penalmente por el delito de abuso de autoridad.

 

El caso llegó a la Corte porque Telmex impugnó la admisión de la demanda de los otomíes residentes de la comunidad de San Ildefonso, pero cuatro de los cinco ministros de la Sala consideraron hoy que el amparo no se puede desechar por notoria improcedencia, sino que el juez de distrito tiene que estudiar los argumentos de los quejosos.

 

“La ley da el carácter de autoridad responsable a los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de las personas y sus funciones estén determinadas por una norma general, lo que no se encuentra acotado a las características de imperatividad, coercitividad y unilateralidad de dichos actos”, afirmó la mayoría.

 

“Por tanto, en el caso es necesario el análisis de los argumentos y pruebas que en su caso aporten los quejosos, así como lo planteado por las autoridades en sus informes justificados, que conduzcan a tener mayores elementos de convicción para decidir si el acto reclamado tiene o no el carácter de un acto de autoridad”.

 

 

 

La SCJN avala amparos contra empresas de telecomunicaciones

El Informador

El Universal/JOAO

26 de marzo de 2014

 

 

Las empresas concesionarias de servicios de telecomunicaciones pueden ser consideradas una autoridad responsable para efectos del amparo, resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al analizar un recurso, derivado de un litigio en el que la comunidad indígena Hñähñu de San Ildefonso, en el estado de Hidalgo, presentó el recurso contra Telmex y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

 

Antes de este fallo los particulares que entablaban algún litigio contra empresas de telecomunicaciones sólo podían exigir el respeto a sus derechos por la vía civil o ante la Procuraduría Federal del Consumidor, pero ahora se pueden amparar contra las compañías que son consideradas como autoridad en los juicios de garantía.

 

Los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieron así el recurso de queja 23/2014 que presentó Telmex en contra de la decisión de un Juez de Distrito de Hidalgo, que admitió a trámite el juicio de amparo que promovió la comunidad otomí.

 

De acuerdo con la demanda de los Hñähñu, la empresa telefónica y la SCT violaron sus derechos “a la libertad de expresión, acceso a la información, igualdad ante la ley, y al trabajo de las y los integrantes de la comunidad indígena”, ante la omisión de garantizar la prestación continua y permanente del servicio de telefonía fija, en virtud de la interrupción del servicio, así como del incumplimiento a su reinstalación.

 

Los quejosos también señalaron la omisión de la SCT de proteger y garantizar los derechos de la comunidad “toda vez que no se supervisó de manera diligente la prestación de los servicios de telefonía fija concesionados a la empresa demandada”.

 

Un juez federal admitió el amparo, por lo que Telmex interpuso el recurso de queja, que el 22 de enero de 2014 decidió atraer la SCJN, que hoy con cuatro votos a favor y uno en contra de la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, determinó que los particulares se pueden amparar contra estas empresas de telecomunicaciones y que éstas tendrán el carácter de autoridad en los juicios de garantía.

 

Los ministros concluyeron que “es evidente que hasta el momento no se cuenta con certeza que conduzca a establecer la improcedencia de juicio de amparo” ya que la ley “da el carácter de autoridad responsable a los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de las personas y sus funciones estén determinadas por una norma general”.

 

 

 

Empresas de telecomunicaciones pueden considerarse autoridad responsable: SCJN

MVS Noticias

Juan Omar Fierro

27 de marzo de 2014

 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los particulares si pueden presentar demandas de amparo en contra de empresas concesionarias en materia de telecomunicaciones cuando sus acciones u omisiones son equivalentes a un acto de autoridad, es decir, que se les puede considerar como autoridad responsable para efecto de un juicio de garantías.

 

La resolución tomada por cuatro votos contra uno, abre la posibilidad de que cualquier empresa del sector pueda ser demandada a través del juicio de amparo cuando modifiquen de manera unilateral sus tarifas y contratos con un particular o una comunidad, o bien cuando el servicio que presten sea deficiente.

 

Al resolver un recurso de queja presentado por Teléfonos de México (Telmex) en contra de un juez federal que admitió un juicio de amparo en el que se reconoce el carácter de autoridad responsable a dicha empresa, la Segunda Sala del Máximo Tribunal advirtió que toda acción u omisión que tiene como fin extinguir o modificar una situación jurídica previa, afectando de esta manera los derechos humanos de una comunidad o de una persona, puede considerarse como equivalente a un acto de autoridad, conforme a lo dispuesto por la Ley de Amparo en su artículo 103, fracción primera.

 

Sin embargo, en el caso específico del amparo presentado por una comunidad otomí o hñahñu de la comunidad de San Ildefonso, Hidalgo, en contra de Telmex y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) los ministros determinaron que para conocer si se dan o se dieron estos supuestos, todavía se deben recabar más pruebas.

 

De acuerdo con el expediente del caso, una comunidad indígena del estado de Hidalgo presentó un juicio de amparo contra Telmex y la SCT, argumentando violaciones a los derechos de libre expresión, acceso a la información e igualdad jurídica ante la ley, derivado de la cancelación del servicio de telefonía fija en dicha comunidad, así como de la negativa de la empresa para la reinstalación del mismo pese a los contratos previamente existentes.

 

De igual forma, se acusó a la SCT y a Telmex de no supervisar “de manera diligente” la prestación del servicio telefónico que la comunidad requería, violando el artículo primero de la Constitución Mexicana, demanda que fue aceptada por un juez federal.

 

Inconforme con la decisión, la telefónica presentó un recurso de revisión que fue atraído por la Suprema Corte de Justicia el pasado 22 de enero del 2014, por considerar que el pronunciamiento sobre este caso era de interés y transcendencia.

 

De esta manera, tras el análisis de la controversia jurídica, los ministros de la Corte determinaron que el juicio de amparo procede en contra de los actos u omisiones de cualquier tipo de autoridad que violen los derechos humanos plasmados en la Constitución Política o en tratados internacionales firmados por México, con independencia del carácter formal de la señalada autoridad.

 

De esta manera, cualquier tipo de autoridad que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar un acto que modifique o extinga de manera unilateral y obligatoria una situación jurídica previa como lo es la existencia de un contrato o el pago de una tarifa, puede ser señalada como autoridad responsable en un juicio de amparo por la creación, modificación o extinción de nuevas condiciones legales.

 

Derivado de lo anterior, el fallo advierte que la ley da el carácter de autoridad responsable a los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, siempre y cuando estos afecten los derechos de una persona o de una comunidad como si se trataran de normas generales, por lo que en este caso se acusó a la empresa de telefonía de transgredir los derechos de igualdad, no discriminación, libre expresión  y acceso a la información de los afectados, ya que se omitió la prestación continua y permanente del servicio de telefonía fija e internet de banda ancha en una comunidad indígena, pese a que ya había un contrato firmado.

 

Sin embargo, los ministros señalaron que más allá de reconocer el carácter de autoridad responsable a Telmex, en el juicio de amparo todavía es necesario “el análisis de los argumentos y pruebas que en su caso aporten los quejosos” y las propias autoridades, con el propósito de que un tribunal colegiado resuelva si el acto reclamado en este caso específico, tiene o no el carácter de un acto de autoridad, por lo que desechó la petición de Telmex de invalidar el juicio de amparo.

 

 

 

-Leyes secundarias

 

 

Impactos previsibles de la reforma en telecom

El Economista

The Competitive Intelligence Unit

27 de marzo de 2014

 

 

Un elemento de consenso en el análisis del sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México radica en que el avance y la aplicación regulatoria no han sido equiparables al progreso tecnológico y a la evolución de sus mercados.

 

En función de ello resulta una primera noticia positiva la Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y, más recientemente, la expedición de la Declaratoria de Preponderancia y la presentación de la iniciativa de leyes secundarias al Congreso. En conjunto consolidan tanto el corpus regulatorio como el corpus institucional, constituyendo la piedra angular para la anhelada promoción de la competencia efectiva.

 

Entre las principales medidas regulatorias que se consideran en la iniciativa se encuentran la compartición de infraestructura, la expedición de concesiones únicas, medidas de compartición de contenidos (must carry & must offer), medidas de acceso a la interconexión, regulación asimétrica para los operadores preponderantes, declaratorias de poder sustancial de mercado, transparencia y separación contable, entre otras.

 

Adicionalmente se incluyen medidas de gestación de nuevos competidores, como la licitación de espectro para dos nuevas cadenas nacionales de televisión, y medidas para la reasignación del espectro radioeléctrico por medio del apagón analógico y la migración a la televisión digital terrestre.

 

Todas estas acciones han sido previamente aplicadas por distintos países logrando un rebalanceo en estos sectores y probando significativos avances en materia de competencia y bienestar social.

 

El foco de este esfuerzo nacional por parte de los legisladores debe orientarse a concretar estas medidas, evitando prolongar discusiones legislativas innecesarias y/o dogmáticas. Tampoco se debe descuidar el riesgo de regresar a capítulos recientes de captura regulatoria, todo ello nos haría seguir incurriendo en los costos de la falta de competencia efectiva en estos sectores.

 

ALGUNAS EVALUACIONES DE IMPACTO: OCDE

 

No obstante, las medidas esbozadas llegan con cierto rezago respecto del avance regulatorio en otros países. Esta situación persistirá hasta en tanto no se ejecuten las nuevas determinaciones aprobadas. Conviene entonces mencionar algunos de los rubros en los que impactan estas dilaciones regulatorias.

 

Desde el punto de vista del mercado es posible realizar un análisis que cuantifique la merma en el bienestar social derivado del atraso en la promulgación y entrada en vigor del paquete regulatorio necesario para reconfigurar el sector de las telecomunicaciones en México.

 

En términos de productividad sabemos, por cifras de la OCDE, que la pérdida en el bienestar derivada de la falta de competencia en el mercado oscila en alrededor de 1.8% del PIB al año2. Representa 240 dólares per cápita, capital que seguimos perdiendo mientras no se logre la efectiva implementación del marco regulatorio.

 

Respecto a los usuarios finales, conviene destacar que la merma del excedente del consumidor por los elevados precios y la aún limitada penetración de servicios (suscripciones no realizadas), ubican a México en los últimos lugares entre los países de la OCDE, con los servicios más caros, limitada cobertura y baja calidad.

 

ANÁLISIS MULTIVARIADO DE EFECTOS DE LA DILACIÓN REGULATORIA

 

En paralelo a la metodología propuesta por la OCDE, The Competitive Intelligence Unit, con base en metodologías empleadas internacionalmente, identifica que la reforma en telecomunicaciones tiene el potencial de detonar un crecimiento del PIB equivalente a 1.26 por ciento3.

 

Dado lo anterior, cada día que transcurre sin que se aprueben las leyes secundarias seguiremos operando de facto como lo hacíamos antes de la entrada en vigor de la reforma, perdiendo todos los beneficios que este nuevo paquete regulatorio promete.

 

Así, la pérdida diaria en bienestar social por concepto del aplazamiento en la aprobación de la legislación secundaria asciende, en promedio, a $686 millones de pesos, la mitad de los recursos destinados durante 2013 al programa de otorgamiento de laptops a niños que cursan 5° y 6° de primaria.

 

En términos de interconexión, cada día de mora regulatoria perdemos casi $69.9 millones de pesos, tanto en las telecomunicaciones fijas como en las móviles. Esta falta de regulación en interconexión no sólo se traduce en un alza a los precios a usuarios finales, sino que permite la existencia de prácticas predatorias de mercado como el “efecto de club”, que se genera cuando el operador preponderante cobra un precio menor a los usuarios que hacen llamadas en su red de lo que cobra por interconexión.

 

Asimismo, la inyección de capital, condición sine qua non para superar el déficit de infraestructura, se ve limitada por la incertidumbre regulatoria. Esto se traduce en un desincentivo a la inversión que arrebata poco más de $165 millones de pesos al día en recursos, que de otra manera estarían destinados a la mejora en la provisión de servicios.

 

ACCIONES LEGISLATIVAS ÓPTIMAS

 

Vastos son los efectos positivos que se derivan de la reforma, en términos de la actualización regulatoria y de política sectorial para las telecomunicaciones y la radiodifusión.

 

Adicionalmente, también resultan de elevado peso económico y social los efectos perniciosos de la falta de concreción de dichas medidas. Aquí se han expresado tan sólo algunos.

 

Como es lógico, hoy día abunda la polémica técnica, legislativa, legal, económica y social, entre otras. No obstante, abunda también la discusión dogmática así como las manifestaciones sin sustento que sólo contaminan y retrasan este proceso.

 

Vale entonces preguntarnos quiénes pueden estar interesados en prolongar el proceso, y así, preservar la falta de competencia y sus efectos negativos sobre el consumidor mexicano.

 

Por lo anterior, resulta conveniente revisar la iniciativa con un sentido de urgencia, toda vez que cada día que prevalece el status quo quedan fuera o limitados en estos beneficios más de 58 millones de mexicanos con capacidades acotadas para trabajar, estudiar, comunicarse, adquirir información, cultura y entretenimiento, entre muchos otros elementos.

 

Con todo, después de analizar el cuantioso impacto de la dilación en la promulgación y entrada en vigor de la legislación secundaria, urgimos a los legisladores a dar prioridad al proceso.

 

Sólo así, y con la efectiva aplicación de la ley, se logrará que la sociedad mexicana deje de perder el excedente del consumidor que hoy nos arrebatan las ineficiencias del mercado, en beneficio de los operadores preponderantes.

 

1/ Resumen de The CIU Working Paper Series: Impactos previsibles de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, número 14, serie 2 (México, 2014) 2/ OCDE (2012), Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264166790-es 3/ The CIU Working Paper Series, Impactos previsibles de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, número 14, serie 2, México, 2014.

 

 

 

Ve Nextel avance con leyes secundarias

El Economista

Claudia Juárez Escalona

26 de marzo de 2014

 

 

La iniciativa de legislación secundaria que envió el Ejecutivo al Senado deberá ser el instrumento que permita generar condiciones estructurales para atraer más inversiones, desplegar infraestructura, abatir la exclusión social, generar empleos, lograr mayor cobertura de servicios e incrementar y fortalecer la sana competencia entre los diferentes agentes, aseguró Cristina Ruiz de Velasco, vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de Nextel de México.

 

En este sentido, el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones respaldó la propuesta del Ejecutivo y afirmó que, de aprobarse la iniciativa, grandes inversiones podrán concretarse en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión en México con la aprobación del nuevo marco legal, apoyadas por la mayor apertura al capital extranjero, la competencia efectiva y la seguridad jurídica que prevé la iniciativa.

 

Multiplicará la oferta de contenidos en radio y televisión.

 

Ruiz de Velasco calificó como positivo el que ya esté en el Congreso la Iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Las “leyes secundarias, al igual que las medidas dictadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) respecto de los agentes preponderantes, deben profundizar el espíritu de la reforma constitucional”.

 

Dijo a El Economista que la empresa analiza la propuesta del Ejecutivo y su impacto en el impulso de la competencia en el sector telecomunicaciones y a Nextel en lo particular.

 

Ruiz de Velasco mencionó que la iniciativa incluye temas que Nextel ha impulsado como la regulación asimétrica y en interconexión, en donde el agente preponderante no cobrará a los demás concesionarios por el tráfico que termine en su red.

 

Dijo que una vez que existan condiciones de competencia efectiva en el sector, los operadores estarán obligados a eliminar los cargos por terminación de llamadas, esquema conocido como bill and keep.

 

 

 

Se amordazan tras diferencias por telcos

El Economista

José Juan Reyes

26 de marzo de 2014

 

 

Los coordinadores parlamentarios en el Senado y Cámara de Diputados, así como la dirigencia nacional del PAN, optaron por plegarse a un solo posicionamiento respecto del tema de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. Se comprometieron a analizar con cuidado, profundidad y responsabilidad la iniciativa que el Ejecutivo envió a los legisladores.

 

A pesar de que Luis Alberto Villarreal, Jorge Luis Preciado y Cecilia Romero estuvieron juntos en la conferencia de prensa para anunciar la presentación de su iniciativa político-electoral, los tres evitaron hacer una declaración conjunta debido a las diferencias en los discursos que tuvieron en días pasados. Romero Castillo sólo dijo que no estaban enojados y se limitaron a emitir un comunicado.

 

El lunes, Cecilia Romero dio una declaración conjunta con el líder perredista, Jesús Zambrano, en la cual advirtió que las nuevas leyes de telecomunicaciones y radiodifusión y del sistema público de radiodifusión, enviadas por el Ejecutivo al Congreso de la Unión no reflejan el contenido de la reforma constitucional.

 

Un día después (el martes), Luis Alberto Villarreal y Jorge Luis Preciado calificaron como anticipado emitir juicios, antes de analizar las propuestas. “No tenemos todavía un análisis serio al respecto; nos parece anticipado y poco responsable”, dijo Villarreal. “Tendremos que revisar la iniciativa, analizarla y ver si coincidimos o no con el planteamiento que hace el CEN, y una vez que la hayamos analizado entonces emitiremos un opinión”, alegó Jorge Luis Preciado.

 

Ayer, los coordinadores de las bancadas y la lideresa nacional eludieron preguntas sobre las diferencias y se limitaron a emitir un comunicado, en el cual indica que la convicción de los legisladores y la dirigencia es que las leyes secundarias, que se discuten en el Congreso de la Unión, preserven el sentido de las reformas constitucionales aprobadas e impulsadas el año pasado.

 

“Los legisladores de Acción Nacional, en coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional, analizarán con todo cuidado, profundidad y responsabilidad la iniciativa del Ejecutivo en materia de telecomunicaciones, pensando siempre en el bien común de todos los mexicanos”.

 

 

 

Crean Sistema Público de Radiodifusión en México

El Economista

Notimex

26 de marzo de 2014

 

 

Con sólo cuatro años de vida, el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA) se transformará en el Sistema Público de Radiodifusión de México, el cual podrá percibir ingresos por patrocinios y contará con un presupuesto propio.

 

De acuerdo con el paquete de iniciativas del Ejecutivo federal, que incluye la creación de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México, el nuevo organismo  recibirá los recursos que le sean asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente.

 

“Se entiende por patrocinio el pago en efectivo o en especie que realiza cualquier persona denominada patrocinador, a fin de que se haga la mención o presentación visual de la denominación o razón social de la persona que realizó el pago, sin inducir la comercialización o venta de ningún producto o servicio”, aclara.

 

El documento enviado este lunes al Senado de la República indica que el formato de los patrocinios no podrá corresponder al de un anuncio comercial y su duración no deberá exceder de cinco segundos.

 

Sin embargo, en opinión de la CIRT, la creación del nuevo organismo de radiodifusión pública estatal que, además de las asignaciones presupuestales prevé la venta de tiempos y servicios, representa una “nueva y ventajosa competencia para la radiodifusión comercial”.

 

También “busca ampliar la cobertura de los medios públicos mediante la asignación directa de concesiones en las entidades federativas, lo que los exenta del proceso de licitación pública al que sí se obliga a los concesionarios privados”, dijo la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) a sus agremiados el lunes pasado en una circular.

 

La iniciativa de ley secundaria de la reforma en materia de telecomunicaciones señala que el sistema deberá dar paso a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad, para lo cual destinará por lo menos 30 por ciento de su programación semanal.

 

Mientras se emite el Estatuto Orgánico del Sistema Público de Radiodifusión de México, continuará aplicándose, en lo que no se oponga a la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México, el Estatuto Orgánico del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales.

 

El 31 de marzo, la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial el decreto por el que se creó el OPMA como un organismo descentralizado que tiene la facultad de generar, producir y distribuir contenidos audiovisuales por sí mismo o coadyuvando para tal efecto con las dependencias y demás entidades de la administración pública federal.

 

En la actualidad, este organismo tiene una cobertura de 56% de la población y ha establecido acuerdos con los canales Once TV México del IPN, Canal 22 del Conaculta, TV UNAM y Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

 

Para el especialista Gabriel Sosa Plata, los ingresos que obtenga el nuevo organismo de radiodifusión representan la posibilidad de financiar otros proyectos, sin llegar al extremo de transmitir anuncios comerciales.

 

“El consejo ciudadano con el que contará este nuevo organismo es un punto importante para asegurar su independencia y una política editorial imparcial y objetiva”, consideró.

 

El Consejo Ciudadano del Sistema Público de Radiodifusión estaría integrado por nueve consejeros que serán elegidos mediante una amplia consulta pública por el voto de dos terceras partes de los miembros de la cámara de Senadores.

 

 

 

A la Corte, la Ley Telecom

La crónica de hoy Jalisco

27 de marzo de 2014

José Contreras

 

 

¿De dónde sacó el presidente Enrique Peña Nieto esa iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión?

Sorprende que el Ejecutivo Federal haya enviado al Senado una iniciativa que contradice claramente el texto y el espíritu de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones promulgada el 11 de junio del 2013.

Además de su inconstitucionalidad, la iniciativa contiene algunas medidas que reeditan la Ley Televisa aprobada por el Congreso en el 2006 y anulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2007.

Quienes redactaron la iniciativa y quienes avalaron su presentación metieron en un problema al presidente de la República, a quien seguramente no le explicaron el impacto que tendría no solo en términos políticos y mediáticos, sino jurídicos.

Dejar en manos de la Secretaría de Gobernación la facultad de administrar los tiempos del Estado y regular los contenidos en radio y televisión contraviene lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución, que le otorga al organismo autónomo denominado Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la facultad para llevar a cabo “la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones”.

También representa una contradicción con este precepto constitucional el darle facultades a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para emitir recomendaciones al IFT, por mucho que éstas no sean vinculantes.

La iniciativa retoma conceptos que tenía la cuestionada Ley Televisa del 2006, como el refrendo automático y la posibilidad de ofrecer diversos servicios de telecomunicaciones con una sola concesión.

Contempla un mecanismo de refrendo casi automático de las concesiones de radio y televisión, las cuales, además, podrán prorrogarse de manera indefinida por plazos consecutivos de 20 años.

Y crea la figura de concesión única, –para ofrecer diversos servicios de radiodifusión y telecomunicaciones–  la cual tendrá vigencia de 30 años con posibilidad de prórroga indefinida por plazos iguales.

Para que un concesionario obtenga una prórroga o refrendo, bastará con que la solicite al IFT dentro del año previo al inicio de la quinta parte del plazo de vigencia de la concesión y se encuentre la corriente en el cumplimiento de sus obligaciones establecidas en la ley.

Antes de conceder la prórroga, el IFT notificará a la SCT, la cual podrá emitir una opinión técnica no vinculante en un plazo no mayor a 30 días.

Este indebido involucramiento de la SCT en el otorgamiento de concesiones contradice la reforma constitucional.

El régimen transitorio de la iniciativa presidencial favorece a los actuales concesionarios, incluso a los agentes preponderantes, en detrimento de la sana competencia.

El artículo octavo transitorio permitiría a los actuales concesionarios (Televisa, TV Azteca, Telmex y otros) obtener autorización del IFT “para prestar servicios adicionales a los que son objeto de su concesión o para transitar a la concesión única, siempre que se encuentren en cumplimiento de las obligaciones previstas en las leyes y en sus títulos de concesión”.

Y el noveno transitorio señala: “Los agentes económicos preponderantes y los concesionarios cuyos títulos de concesión contentan alguna prohibición o restricción para prestar servicios adicionales, deberán tramitar la autorización del IFT para transitar al modelo de concesión única o para la modificación de sus títulos de concesión para prestar servicios adicionales”.

Al PRI solo le faltan cinco votos para lograr la mayoría necesaria para apoyar esta iniciativa, los cuales podría obtener muy fácilmente de la bancada del PAN.

Si la iniciativa es aprobada en sus términos o con modificaciones solo cosméticas, los legisladores opositores presentarán una acción de inconstitucionalidad como la que hizo que en el 2007 la SCJN echara abajo la Ley Televisa.

¿Si en el 2007 invalidó esa ley, por qué no lo haría ahora?

La iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, como está planteada, no tendrá un final feliz.

OFF THE RECORD

LADY CHIVAS

Sara Betzabé Segura Bravo era empleada del Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco.

Pero en sus ratos libres se dedicaba a promover la violencia en contra de los seguidores de equipos adversarios a Las Chivas del Guadalajara.

Durante varios días, la empleada y militante del PRI difundió a través de su cuenta de Twitter diversos mensajes en los que hacía apología a la violencia.

Con esto, logró el repudio de la comunidad tuitera, al grado de que le pusieron el mote de Lady Chivas.

Sara renunció ayer a su empleo. O la renunciaron.

ESPÍA VS ESPÍA

La diputada federal del PAN, Aurora Aguilar Romero, acusó al equipo de campaña de Ernesto Cordero de espiarla.

Y de grabarle conversaciones privadas.

Apenas el pasado 10 de enero, Cordero acusó a “alguien con acceso a los servicios de inteligencia” de lo mismo, de espiarlo y de grabar sus conversaciones.

¿Espía contra espía?

No, es la guerra sucia de la que hemos advertido varias veces en este espacio.

RENACE  EL CACIQUE

Revivió el ex gobernador de Tlaxcala, Héctor Ortiz Ortiz, quien ayer fue nombrado dirigente del partido local Partido Alianza Ciudadana.

En realidad, el cacique de la Universidad Autónoma de Tlaxcala no estaba muerto.

Estaba dedicado a la creación de un partido político nacional que no pegó.

Pero ahora ya tiene una nueva franquicia, perdón un nuevo medio de participación política.

 

 

Telecom politizado

Reporte índigo

27 de marzo de 2014

Alejandro Dabdoub

 

 

La iniciativa de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones fue presentada el lunes en el Congreso, y casi de manera inmediata surgieron voces de protestas.

El debate en torno a la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto se intensifica con los ataques entre políticos que acusan a sus contrapartes de ni si quiera haber leído el texto oficial antes de rechazarlo.

De acuerdo con Abel Hibert, economista experto en telecomunicaciones, la propuesta de ley va en contra del espíritu de la reforma constitucional al otorgar injerencia innecesaria al poder Ejecutivo en la regulación.

A través de la figura de “opiniones no vinculantes”, diversos organismos de esta rama de gobierno tendrán garantizada el uso de su voz en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

“Uno puede decir que (no hay problema porque la opinión) es no vinculante, pero por qué tendría que tener una opinión el poder Ejecutivo si al final de cuentas lo que se estaba buscando era quitarle la discrecionalidad al poder Ejecutivo en el otorgamiento de concesiones”, explicó el excomisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Un ejemplo es el caso de las prórrogas de las concesiones, donde la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) tiene las facultades de dar al IFT su opinión.

“Se puede prestar a cuestiones de conflicto que, por una razón totalmente política, se quiera negar la prórroga de un concesionario o por las mismas razones le quiera dar la prórroga a un concesionario aún y cuando el IFT haya detectado un interés público de rescatar, por ejemplo, la banda de este servicio”, afirmó Hibe rt.

A pesar de sus fallas, la nueva ley representa un avance significativo en la regulación de las telecomunicaciones y sería un exceso denominarla, como algunos opositores hacen, la “Ley Televisa Reloaded”.

“Sí hay un avance con respecto a la Ley Televisa, eso sí fue un atraco en despoblado”, comentó quien fue comisionado de la Cofetel cuando se aprobó esta ley en fast track.

La falta de competencia en telecomunicaciones ha convertido esta reforma en un tema delicado entre los mexicanos.

Otros problemas

La particularidad del sector de telecomunicaciones ha demandado una legislación especial. El abuso manejado por empresas preponderantes como Televisa, TV Azteca, Telmex y Telcel han impedido el acceso a servicios de calidad a millones de mexicanos.

No obstante, se debe tener cuidado con no cargar la balanza hacia el otro lado y dañar los incentivos del libre mercado.

Regular a una empresa solo porque es muy grande genera un ambiente adverso a la inversión. Ninguna compañía estaría dispuesta a mejorar y eficientar su negocio si existe la posibilidad de una desincorporación de activos si ganan muchos clientes.

En opinión de Abel Hibert, la nueva ley no establece los candados necesarios para que este abuso de las autoridades no suceda. La única condición que se establece para aplicar una regulación asimétrica a una empresa es que tenga más del 50 por ciento del mercado.

“Regular a las empresas grandes en principio es un buen deseo. Sí hace falta que tengan mayor control del que tienen ahorita, pero también ver que no se les vaya a pasar la mano y haya repercusiones después en las inversiones; es un equilibrio bien delicado”, dijo.

En ese sentido, no se debe perder de vista que el objetivo de la reforma es aumentar la competencia en el sector y mejorar el servicio de los consumidores.

En ocasiones los inconformes con la legislación desean ver un cambio inmediato en la realidad, pero una cosa es la ley y otra es la práctica.

El instrumento legal no garantiza por si solo que los objetivos se vayan a cumplir, existen muchas variables y las malas costumbres de funcionarios y empresarios a menudo se presentan fuera del marco legal.

Pelea por Telecom

Las leyes secundarias en telecomunicaciones debieron aprobarse a más tardar en diciembre del año pasado.

A pesar de esta demora, el Congreso obtuvo apenas esta semana la iniciativa, pero fue descalificada de manera inmediata por la bancada opositora.

Los líderes de las bancadas del PAN, Luis Alberto Villarreal y Jorge Luis Preciado acusaron como irresponsable el rechazo que hizo su dirigente de partido Cecilia Romero.

Además de los conflictos internos del PAN, se argumentó que la iniciativa acababa de ser presentada y todavía no se podía tener un dictamen preliminar por el simple hecho de no haber tenido tiempo de leerla.

Al mismo tiempo, Grupo Televisa emitió un comunicado en el que protestaba en contra de la propuesta legislativa. La queja giraba en torno a un supuesto aumento en las obligaciones que tendría la televisora como agente económico preponderante y que no se encuentran en ningún instrumento jurídico en el mundo.

Mientras el debate continúa, ya existen cambios concretos en esta controversial industria. Las nuevas cadenas de televisión están en camino de ser licitadas y tanto Telmex como Televisa tienen la obligación de compartir su infraestructura para garantizar el acceso a nuevos competidores.

Analistas concuerdan que los consumidores podrían estar viendo un cambio en su servicio a partir de finales de este año y principios del 2015.

 

 

 

Rechazan especialistas iniciativa del Ejecutivo en telecom

El Sol de México

Salvador Guerrero

27 de marzo de 2014

 

 

Ciudad de México.- La consultora especializada en telecomunicaciones y tecnologías de la información Mediatelecom Policy & Law, calificó de carente de sentido a la iniciativa presentada por el poder Ejecutivo a la Cámara Alta, una vez que al carecer intencionalmente de una definición expresa de “servicio público”, la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, carece del elemento jurídico más importante sin el cual se compromete el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el andamiaje institucional y regulatorio del sector, los derechos de las audiencias y de los usuarios, la autonomía del órgano regulador, las obligaciones y compromisos de las empresas, la independencia de los medios públicos y los objetivos de competencia, cobertura e inversión que busca alcanzar la reglamentación secundaria.

 

Para el director general de la consultora, Jorge Fernando Negrete, al no estar definido el servicio público aplicado a las telecomunicaciones y la radiodifusión, el Gobierno Federal, incumple y transgrede lo expresado en la reforma constitucional y no es casualidad el rechazo que ya despertó la iniciativa de ley en amplios sectores de la sociedad, incluidos algunos partidos políticos, pues claramente contraviene lo plasmado en la Constitución y advierte de que se corre el riesgo de que también el Congreso de la Unión, caiga en dicha falta.

 

En su análisis, Jorge Fernando Negrete alude que los neófitos dirán que ya está mencionada la palabra “servicio público” en la reforma constitucional, sin embargo, no es lo mismo mencionar que definir.

 

El doceavo párrafo del artículo 28 de la Carta Magna señala que “la sujeción a regímenes de servicio público se apegará a lo dispuesto por la Constitución y sólo podrá llevarse a cabo mediante ley”. Esto último no ocurre con la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y con ello se transgrede la Constitución y la esencia de la reforma al sector.

 

Es por ello que el primer cambio en el Senado de la República a la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión deberá ser el de incluir la definición de servicio público, que ha sido la gran lucha histórica y el fundamento jurídico y doctrinario de la reforma.

 

Y es que el objetivo del servicio público de telecomunicaciones y radiodifusión busca satisfacer una necesidad colectiva de interés general y sin una definición expresa de “servicio público” la autoridad ve disminuidas sus atribuciones y no puede exigir compromisos a las empresas.

 

Las consecuencias de no definir el servicio público de telecomunicaciones y radiodifusión en la iniciativa de ley son graves, porque sin noción de servicio público se vulneran las facultades regulatorias autónomas del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

 

Sin noción de servicio público los operadores no están obligados a invertir en zonas rurales y apartadas del país; se imponen tarifas cero de interconexión y se ignora el costo de despliegue, mantenimiento y operación de las redes de telecomunicaciones; no se justifica la regulación asimétrica a los agentes económicos preponderantes para fomentar la competencia; se confunde coordinación entre el Ifetel y las dependencias de la Administración Pública Federal con subordinación a las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Gobernación.

 

Asimismo, el especialista subraya que sin noción de servicio público se tolera el traspaso de subsidios a operadores y redes ineficientes; se obliga a la compartición de infraestructura, pero no al crecimiento de las redes; tendremos un sistema de radiodifusión pública de gobierno y no de Estado, sectorizado a la Secretaría de Gobernación y naturalmente carente de independencia editorial; sin noción de servicio público la Secretaría de Gobernación puede regular y censurar los contenidos.

 

El análisis indica que sin noción de servicio público las opiniones técnicas no vinculatorias de la SCT se convierten por definición en sugerencias políticas; la Secretaría de Hacienda puede opinar que la contraprestación de la licitación de frecuencias cumpla fines recaudatorios en lugar del desarrollo del sector, el fomento a la inversión y el incremento de la cobertura; se condiciona la convergencia de servicios y plataformas al cumplimiento de una regulación asimétrica, sin tomar en cuenta el uso eficiente de la infraestructura disponible y los beneficios para los usuarios en términos de más servicios y mejores precios; se pone en riesgo la neutralidad tecnológica; los actuales concesionarios escapan de la política de inclusión digital universal y la responsabilidad y el costo de la cobertura social y el acceso universal recae únicamente en el gobierno y, en última instancia, en los ciudadanos.

 

Concluyó mencionando, que sin noción de servicio público se corre el riesgo de subastar al mejor postor el espectro radioeléctrico, en lugar de licitarlo a quienes ofrezcan las mejores condiciones de inversión, cobertura, uso eficiente del recurso y rápido despliegue de la infraestructura; no hay defensa posible del derecho de las audiencias ni de los usuarios y se delega en la Procuraduría Federal del Consumidor la atención y solución a las quejas y denuncias de los usuarios, cuando el Ifetel es el órgano técnico especializado en la materia y, en cambio, sí se le otorgan facultades de sanción en otros temas; sólo se atenderán mercados rentables, pero sin contribuir al financiamiento del acceso universal como ocurre en Europa y EU y sin noción de servicio público no tienen sentido los defensores de audiencia, los códigos de ética y los mecanismos de accesibilidad para personas vulnerables y discapacitadas.

 

 

 

Califican iniciativa de telecom como “segunda temporada de la Ley Televisa”

El Sol de México

Bertha Becerra

27 de marzo de 2014

 

 

Ciudad de México- Hay un desequilibrio regulatorio, una desigualdad entre las efectivas medidas que la iniciativa de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones se le impone al monopolio telefónico de Carlos Slim Helú y el tratamiento que le dan a la televisión, afirmó el senador panista Javier Corral Jurado.

 

“No por algo perdió este martes cuatro puntos en la Bolsa de Valores el señor Slim y ganó puntos Televisa. Los inversionistas no se andan con engaños. Saben perfectamente que en este proyecto se lo enderezaron completito a Slim. Quizás se lo tiene bien merecido, pero beneficiaron de una manera muy clara a Televisa”, enfatizó.

 

Al argumentar que dicha iniciativa tiene muchas ausencias, omisiones y que traiciona no solo el espíritu, sino también la letra de la reforma constitucional, sostuvo que esta iniciativa tendrá que modificarse y transformarse integralmente o bien, controvertirlo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con una acción de inconstitucionalidad para la que se requiere juntar 44 firmas de los senadores.

 

Aseveró no tener la menor duda de que esta iniciativa se podría calificar como la “segunda temporada de la Ley Televisa, porque hay un trazo muy claro de la pluma abusiva de esta empresa en varias disposiciones concernientes a la competencia económica”.

 

Adelantó el senador Corral Jurado que demostrará en el debate en comisiones y en el pleno de la Cámara Alta estas inconsistencias. Y en este sentido, dijo “no puedo más que respaldar la decisión del PAN, de rechazar esta iniciativa y secundar en sus términos lo que nuestra presidenta nacional, Cecilia Romero, con gran dignidad, con gran valor, aplomo y debidamente informada, rechazó”.

 

Enfatizó el legislador panista por Chihuahua, estudioso de este tema de telecomunicaciones, que “vamos a ir a una cirugía mayor, porque esta iniciativa tienen cosas muy regresivas. Diría que hay una invasión grosera de facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en materia de injerencias de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”.

 

Insistió en que la iniciativa “trae un gran tufo autoritario, el talante más autoritario de la peor época del PRI. Tan es así que se mantienen intocados los criterios y las reglas en materia de publicidad de 1960. Le regresan a la Secretaría de Gobernación la vigilancia, supervisión, el control de los contenidos en radio y televisión y la administración de los tiempos del Estado”.

 

 

 

Cierran filas panistas sobre leyes secundarias en telecomunicaciones

El Sol de México

Abigaíl Cruz

27 de marzo de 2014

 

 

Ciudad de México.- Luego del diferendo protagonizado en relación a las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, los coordinadores parlamentarios del PAN en el Senado, Jorge Luis Preciado, y en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal, cerraron filas con la presidenta del partido, Cecilia Romero Castillo.

 

En conferencia de prensa, y luego de emitir un comunicado conjunto, los legisladores panistas se alinearon con la postura de Romero, quien estatutariamente tiene la facultad de removerlos, cuando no coincidan con la postura de la dirigencia del partido.

 

Lo anterior, luego de que la noche del lunes, la presidente del PAN, Cecilia Romero, y el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, rechazaron la iniciativa del Ejecutivo Federal sobre los ordenamientos secundarios en telecomunicaciones, por no reflejar los alcances de la reforma constitucional en la materia aprobada el año pasado.

 

Por esa razón, Romero Castillo negó que existan diferentes posturas entre las bancadas en el Congreso de la Unión y la dirigencia nacional del partido por el tema de las leyes secundarias en telecomunicaciones.

 

“No hay desavenencias con los senadores y diputados del PAN por el tema de la Ley Secundaria en telecomunicaciones”, remarcó.

 

Acompañada por los coordinadores del PAN, del Senado de la República, Jorge Luis Preciado, y de la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villareal, así como de un grupo de senadores y diputados panistas, dijo en la rueda de prensa que no están enojados. Por la tarde, presentó un posicionamiento sobre el tema por escrito.

 

Nuestra única y común convicción es y ha sido siempre, que las leyes secundarias que se discuten en el Congreso de la Unión preserven el sentido de las reformas constitucionales aprobadas e impulsadas por el PAN el año pasado, expresó la panista.

 

Los legisladores de Acción Nacional, en coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), analizarán con todo cuidado, profundidad y responsabilidad la iniciativa del Ejecutivo en materia de Telecomunicaciones, pensando siempre en el bien común de todos los mexicanos, expresaron en el comunicado conjunto los líderes parlamentarios del PAN y la presidenta del blanquizal, Cecilia Romero. De igual modo, destacó que como siempre, el único interés que mueve al PAN es el de los ciudadanos. Esa es nuestra única agenda.

 

 

 

Atoran megaproyecto turístico

El Universal

Alberto Barranco

27 de marzo de 2014

 

 

Al margen del sí o no a la posibilidad de una consulta popular sobre el alcance de la reforma constitucional en materia energética, de aquí a septiembre Petróleos Mexicanos enfrentará la madre de todas las batallas para su sobrevivencia en el ranking mundial. La paradoja del caso es que se trata de un Kramer contra Kramer.

 

La aún empresa paraestatal se enfrenta a la Secretaría de Energía en el escenario del sí o no a los campos que pretende seguir explotando, señalados bajo el cobijo de la llamada ronda cero. La empresa planteó quedarse con el 87% de los existentes, incluidos los que mantiene en aguas profundas.

 

En el terreno práctico se trata de los recursos con 90 por ciento de posibilidad de extracción; el 83 de los que alcanzan el 50%, y el 31 de los que solo plantean un cinco de posibilidades pero que están en proceso de exploración.

 

En el caso de las aguas profundas la posibilidad plantea asociaciones estratégicas con empresas multinacionales, y en el caso de aguas someras con nacionales. Pemex abandona la posibilidad de Chincotepec, cuya exploración es altamente onerosa, dado lo pedregoso del suelo. En la ronda cero de Brasil, tras una reforma similar, Petrobras conservó más o menos la misma proporción de campos que pretende Petróleos Mexicanos.

 

Amparos sin causa

Sin haber entrado aún en escena la reforma financiera, seis compañías de seguros ya se ampararon contra ella, apuntando concretamente a las posibilidades de regulación que se le otorgan a la Comisión Nacional de Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros.

 

La instancia encabezada por Mario Di Constanzo podrá realizar investigaciones de oficio cuando exista presunción de irregularidades, lo que las firmas consideran contrario a la Constitución, dado que la función de la Condusef se debe constreñir a conciliar las denuncias. Las empresas que buscan el amparo de la justicia son Hir Compañía de Seguros, General de Salud, Seguros Monterrey, New York Life, Allianz de México y Thona Seguros.

 

Acusan a minera

Visitada la zona por representantes de 20 organizaciones de derechos humanos, se está acusando a la minera canadiense Perdona Miles Silver de agresiones graves a los habitantes de San Luis del Progreso, poblado ubicado en los Valles Centrales de Oaxaca. De hecho, se está pidiendo a la Secretaria de Economía que cancele la concesión. La denuncia incluye violaciones al entorno ambiental.

 

Sube y baja

Curiosamente, cuando llegó la declaración de preponderancia contra América Móvil por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, sin claridad aún sobre las consecuencias, sus acciones subieron, en contraste con la caída drástica al llegar al Congreso la propuesta de leyes secundarias.

 

De aprobarse tal cual el proyecto, la firma que controla Teléfonos de México y Telcel podría sufrir no solo una disminución drástica de sus activos, sino una caída dramática en sus ingresos al cancelarse cobros a la competencia.

 

Cambio en Anipac

El próximo ocho de abril la Asociación de Industrias del Plástico celebrará su asamblea general ordinaria, en cuyo marco habrá cambio de estafeta. Francisco de Caso sustituye a José del Cueto en la presidencia. Al empresario lo respaldan empresas como Pemex, Petstar, Berskin Idea, además de las principales distribuidoras a nivel nacional. La industria tiene un valor de mercado de 35 mil millones de dólares.

 

 

 

Ley elimina gratuidad en contenidos televisivos

El Universal

Carla Martínez

27 de marzo de 2014

 

 

No será sencillo regular las tarifas de los contenidos de televisión abierta cuando haya competencia y se elimine la gratuidad para que las empresas de televisión de paga transmitan estos contenidos, comentó Fernando Borjón, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

 

“Hay un registro de las tarifas, las cuales deben estar registradas conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones. No es una cuestión tan sencilla porque hay libertad tarifaria, pero debe existir el desglose”, explicó Fernando Borjón, durante un foro organizado por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa.

 

Como adelantó EL UNIVERSAL, la propuesta de Ley Federal de Telecomunicaciones del Ejecutivo elimina la posibilidad de que las empresas de televisión de paga retransmitan los canales de televisión abierta de manera gratuita cuando haya competencia en el sector, por lo que el instituto deberá regular este tema cuando llegue ese momento.

 

Cuando se alcance la competencia, se mantendrían los lineamientos de must offer y must carry y se transitaría a un esquema como el que opera en Estados Unidos, donde ambas partes deben llegar a un acuerdo para la retransmisión, dijo el comisionado.

 

“Lo que señala es que llegará al término el must offer y el must carry de manera gratuita, esta regla de gratuidad, en el momento en que se haga la declaratoria de competencia efectiva, pero eso no implica que desaparezca, lo que desaparece es la regla de gratuidad”, detalló Borjón.

 

Sobre la iniciativa de ley, donde temas como la preponderancia no coinciden con lo regulado recientemente por el IFT, informó que han buscado los canales para participar y dar su punto de vista al Legislativo, con el objetivo de que la ley coincida con la reforma constitucional.

 

“Lo que vemos es participar en las discusiones formales en el Senado. En su momento, en la Cámara de Diputados conforme vayamos a ser requeridos, lo que sí vamos a hacer es participar activamente en el Legislativo en darle nuestros insumos, darle nuestra opinión en particular sobre esta iniciativa, que es muy grande”, dijo.

 

 

 

PAN no está ‘fracturado’ por leyes secundarias: Corral

El Universal

Alberto Morales y Juan Arvizu

26 de marzo de 2014

 

 

Yo no veo ninguna fractura en la bancada del PAN. Recordó que en la primera versión de la Ley Televisa, el entonces presidente Vicente Fox y el candidato presidencial Felipe Calderón forzaron a una parte de la bancada a apoyar la Ley para los propósitos electorales de ese momento. El senador Javier Corral aseguró que el PAN no está “fracturado” por el deslinde de sus coordinadores parlamentarios con su presidenta nacional por las leyes secundarias en telecomunicaciones, pero advirtió que podría haber una votación dividida.

 

“Esta es la segunda temporada de la Ley Televisa, pero el tema siempre ha dividido a todas las bancadas porque el poder de la televisión es transversal a los partidos políticos y hay actores que quieren quedar bien con la televisión…Yo no veo ninguna fractura en la bancada del PAN”. Recordó que en la primera versión de la Ley Televisa, el entonces presidente Vicente Fox y el candidato presidencial Felipe Calderón forzaron a una parte de la bancada a apoyar la Ley para los propósitos electorales de ese momento. “Espero que este proceso interno del PAN no sea moneda de cambio en términos de proyecto de la televisora, porque serían poquiteros que por un mes y medio de cobertura se cambiaran bienes dominio de la nación”.

 

Corral explicó que el hecho de que su compañero Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, apoye la propuesta del Ejecutivo es a título personal que no refleja la posición de su partido, y recordó que la jefa de los coordinadores parlamentarios su presidenta Cecilia Romero. “Ahora resulta que los que han acusado a nuestro dirigente Madero de entreguismo, son los que ha salido a defender a Peña, que no es otra cosas que una traición a la reforma constitucional”, fustigó Corral.

 

El senador por Chihuahua consideró como “irresponsables” los comentarios del coordinador del PAN en San Lázaro Luis Alberto Villarreal, quien dijo que era anticipado descalificar las leyes secundarias en telecom a 24 horas de haber sido presentadas.

 

“Fue irresponsable el haber salido a descalificar a la presidenta, porque le recuerdo a Villarreal y Preciado que la queja de los dos, en términos parlamentarios, es Cecilia Romero, no al revés, y al PAN lo representa el punto de vista de Cecilia Romero”, expresó. El coordinador parlamentario Jorge Luis Preciado dijo que no haría más comentarios y que el CEN del PAN daría un posicionamiento al respecto.

 

 

 

Analizarán panistas juntos ley en telecomunicaciones

El Universal

Ariadna García

26 de marzo de 2014

 

 

El CEN que preside Cecilia Romero y los coordinadores del PAN, en el Senado y en San Lázaro acordaron analizar unidos la iniciativa del Ejecutivo sobre las leyes secundarias. Los coordinadores del PAN en el Congreso y la dirigencia nacional interina del partido, Cecilia Romero, se pusieron de acuerdo en el tema de la legislación secundaria en telecomunicaciones: se debe analizar.

 

En un comunicado, acordado entre los coordinadores parlamentarios del PAN en el Senado, Jorge Luis Preciado, y Diputados, Luis Alberto Villarreal, y la presidenta Cecilia Romero, expresaron que las dos partes se sentarán a analizar la propuesta del Ejecutivo. El análisis se hará, expusieron, con la convicción de que se preserve el sentido de las reformas constitucionales aprobadas e impulsadas por el PAN en diciembre de 2013.

 

Los legisladores de Acción Nacional en coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional analizarán con todo cuidado, profundidad  y responsabilidad, la iniciativa del Ejecutivo en materia de Telecomunicaciones, pensando siempre en el bien común de todos los mexicanos, se expuso en el comunicado.

 

Ayer los coordinadores, en el Senado, Jorge Luis Preciado, y en Diputados, Luis Alberto Villarrel, se deslindaron de la declaración que hiciera Cecilia Romero, quien  rechazó, junto con el PRD, la iniciativa de legislación secundaria que propuso el Ejecutivo Federal en materia de telecomunicaciones. Los dos coordinadores coincidieron en afirmar que primero se debe analizar la propuesta, antes de desestimarla.

 

 

 

Diferendo en PAN no afectará debate sobre telecom: Barbosa

El Universal

Alberto Morales y Juan Arvizu

26 de marzo de 2014

 

 

El coordinador del PRD en la Cámara Alta dijo que una vez que la iniciativa llegó al Senado se formarán las mesas con todos los grupos parlamentarios para proceder al análisis

 

El coordinador parlamentario del PRD en el Senado Miguel Barbosa aseguró que las diferencias el en PAN por las leyes secundarias en telecomunicaciones no afectarán en análisis de la minuta. “No, no, (mete ruido), yo sólo digo que ya llegaron al Senado y aquí formaremos las mesas con todos los grupos parlamentarios para comenzar el debate”.

 

Barbosa dijo que la propuesta enviada por el Ejecutivo federal, tendrán que ser modificada, por lo que espera que haya voluntad del Gobierno, del PRI, PAN, para que alcanzar unas leyes con los contenidos que sirvan a los propósitos con los cuales se hizo la reforma constitucional en 2013 de generar mayor competencia.

 

El líder perredista prevé que la Mesa Directiva del Senado se reunirá con los presidentes de las comisiones dictaminadoras para realizar un calendario con la ruta de trabajo con los cuales se desahogarán las iniciativas pendientes.

 

“Vamos a ver qué tanto interés tiene en que este mes salga Telecom, energética, lo que si tiene que salir es la reforma política, porque si no, no hay proceso electoral, porque no hay leyes secundarias derivadas de la reforma constitucional”. Aseguró que las iniciativas de pensión universal y seguro de desempleo, van hasta después de estas reformas.

 

 

 

Panistas se ponen de acuerdo en telecom

La Silla Rota

Redacción

26 de marzo de 2014

 

 

Luego del diferendo entre la presidenta del PAN, Cecilia Romero, y el senador Javier Lozano, el CEN y los legisladores del blanquiazul acordaron este miércoles analizar conjuntamente las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, que envió el presidente Enrique Peña Nieto al Senado de la República.

 

En comunicado, la dirigencia del partido y los coordinadores del PAN en el Senado y la Cámara de Diputados, Jorge Luis Preciado y Luis Alberto Villarreal, respectivamente, anunciaron tres puntos de acuerdo como posicionamiento ante la iniciativa presidencial.

 

En primer lugar, señalaron que su única convicción es que las leyes secundarias que se discuten en el Congreso de la Unión, preserven el sentido de las reformas en telecomunicaciones que aprobó e impulsó el PAN, el año pasado.

 

Asimismo, en un segundo punto, manifestaron que los legisladores de Acción Nacional, en coordinación con el CEN blanquiazul, analizarán con todo cuidado, profundidad y responsabilidad la iniciativa del Ejecutivo federal en materia de telecomunicaciones, pensando siempre en el bien común de todos los mexicanos.

 

En el último acuerdo, resaltaron que el único interés que mueve la agenda del PAN es el de los ciudadanos.

 

 

 

Barbosa: En telecom, habrá cirugía mayor

La Silla Rota

Redacción

26 de marzo de 2014

 

 

Miguel Barbosa Huerta, coordinador del PRD en el Senado, adelantó que las leyes secundarias de la reforma constitucional en telecomunicaciones, que envió la víspera el presidente Enrique Peña Nieto,  serán sujetas a “cirugía mayor”.

 

Sin embargo, aclaró que antes de discutir estos ordenamientos, la prioridad es la aprobación de las reglamentaciones de la reforma político-electoral, para garantizar la viabilidad  de los comicios de 2015.

 

Entrevistado tras participar  en la mesa redonda “Índice de Desarrollo Humano Municipal en México 2010”, organizado por esta Cámara, Barbosa destacó que las leyes turnadas por el Ejecutivo Federal tendrán que adecuarse al contenido de la reforma constitucional en la materia.

 

“Yo creo que tiene que ser una adecuación al contenido de la reforma constitucional y yo espero que haya voluntad del gobierno, del PRI y del PAN para que alcancemos unas leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, con la adecuación constitucional respectiva y con los contenidos para que cumplan los propósitos de lo que fue la construcción de la reforma constitucional”, señaló.

 

Barbosa Huerta insistió que antes de aprobar las secundarias de telecomunicaciones, la prioridad es la discusión de las leyes reglamentarias de la reforma constitucional en materia político-electoral.

 

“Va a ser la que no puede dejar de salir, nosotros vamos a pugnar porque haya telecom. (…)  Lo que sí tiene que salir es política, porque si no, no hay proceso electoral 2015, con las leyes secundarias resultado o derivadas de la reforma constitucional”, sostuvo.

 

El coordinador del PRD no descartó la convocatoria  a un periodo extraordinario de sesiones en el mes de junio, para procesar probablemente las leyes secundarias de la reforma energética.

 

 

 

Secundarias, retroceso de medio Siglo: Calleja

La Silla Rota

Luis A. Ramos

26 de marzo de 2014

 

 

Las facultades que otorgan las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones a la Secretaría de Gobernación (Segob), son un retroceso de 50 años, manifestó Aleida Calleja, integrante del Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

 

En entrevista para La Silla Rota, la especialista comentó que la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto le permitiría a la Segob tomar el control de la regulación de contenidos en medios comerciales y públicos. Tomaría –dijo- “un papel como el que se puso y se plasmó en la ley de 1960, digamos que en ese sentido regresamos como 50 años”.

 

Calleja manifestó que la iniciativa presidencial está “muy por debajo de lo que se esperaría debieran ser, de acuerdo a lo que dice la Constitución”.

 

Indicó que “son iniciativas que contrarían en muchos sentidos a la reforma constitucional”, lo cual resulta “grave porque es un retroceso importante en términos del fortalecimiento del órgano regulador, del IFT, en términos generales deja mucho espacio abierto para que el sistema de medios siga como está y no haya cambios esenciales”.

 

Aunque consideró positiva la regulación asimétrica para el agente económico preponderante en telecomunicaciones y la regulación específica para evitar prácticas monopólicas, Aleida Calleja sostuvo que “la gran mayoría (de las leyes secundarias) no es rescatable”.

 

Incluso, descartó que la iniciativa pueda generar mayor competencia en el sector.

 

Por otra parte, apuntó que las leyes secundarias favorecen la censura de contenidos, así como “el control porque también se dictan medidas para que organismos como el Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) puedan intervenir comunicaciones privadas, sin estricto control judicial”.

 

Detalló que hay un punto dentro de la iniciativa sobre el auxilio o cooperación para las autoridades, el cual –mencionó- puede generar pues graves violaciones a los derechos humanos.

 

Asimismo, subrayó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones “queda en un mero regulador a medias, sin muchos dientes para ejecutar y establecer medidas eficaces a los regulados (…) Entonces me parece que se le trastoca la autonomía y se queda con condiciones muy vulnerables para poder regular”.

 

 

 

Romero niega roses con bancadas por ley telecom

24 Horas

Agencias

26 de Marzo de 2014

 

 

Para avanzar son necesarios diálogo, discusiones, discrepancias y acuerdos, aseguró la presidenta del PAN.

 

La presidenta nacional del PAN, Cecilia Romero Castillo, negó que la dirigencia del partido esté enojada con sus coordinadores en la Cámara de Diputados y el Senado por la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones.

 

En rueda de prensa, la lideresa del Partido Acción Nacional (PAN) destacó que para avanzar es necesario que todos los actores políticos tengan coordinación, diálogo, discusiones, discrepancias y acuerdos al final.

 

Ello, indicó, luego que los coordinadores de las bancadas panistas se confrontaron con su dirigencia nacional por la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones que presentó el Ejecutivo federal.

 

Expuso que ese fue el espíritu del Pacto por México, que más allá de cualquier posición partidista o particular “el sentarnos a platicar para buscar soluciones comunes a problemas ingentes de la sociedad mexicana. Entonces, en ese sentido estaría yo de acuerdo”.

 

Por otra parte, se refirió a la instalación de la Comisión Especial del Senado que investigará a la empresa Oceanografía, la cual presidirá la priista Arely Gómez González, y tendrá como secretarios al panista Roberto Gil Zuarth y a la perredista Dolores Padierna.

 

Expuso que esa instancia legislativa analizará y hará el trabajo que se requiera para esclarecer lo que sea necesario de cualquier época y en cualquier momento, aunque “también tenemos muy claros los puntos iniciales que surgieron en torno a ese tema”.

 

La lideresa panista reconoció que es necesario acelerar el paso en cuanto a la reforma político-electoral, pues tiene tiempos perentorios, por lo que si se quiere que entre en vigencia se deberá aprobar hacia finales de abril, ya que el proceso electoral 2015 iniciará en septiembre próximo.

 

Por lo tanto, añadió, “los tiempos son urgentes para la búsqueda de consensos, aunque se ha venido trabajando para ello sin ir contra el cumplimiento de la reforma constitucional que se concretó en diciembre pasado”.

 

 

 

Preocupa a Televisa límite a operaciones

24 Horas

Pierre-Marc René

26 de Marzo de 2014

 

 

Afirma que la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, propuesta por el gobierno federal, limitará sus operaciones y afectará sus negocios

Grupo Televisa, de Emilio Azcárraga, afirma que la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, propuesta por el gobierno federal, limitará sus operaciones y afectará sus negocios.

 

“Estas obligaciones traerían como efecto, en caso de ser aprobadas, limitaciones a la operación de Grupo Televisa, en cuanto al uso de su infraestructura instalada, venta de publicidad, producción, programación y distribución de contenidos, adquisición de exclusividades y participación en otros medios de comunicación”, indicó la empresa a través de un comunicado.

 

“Estas disposiciones del proyecto de Ley se agregan a las resoluciones del IFT, que ya afectan los negocios de radiodifusión y TV de paga de Grupo Televisa, tales como las obligaciones impuestas en materia de must carry y must offer; la convocatoria para la licitación de por lo menos dos cadenas nacionales de televisión abierta digital que competirán en el terreno comercial”, agregó.

 

“En materia de telecomunicaciones, Grupo Televisa advierte con gran preocupación que la iniciativa no prohíbe expresamente al agente económico preponderante la discriminación de tarifas en función del destino de la llamada, con lo cual se mantiene el denominado “efecto club”, que inhibe la competencia efectiva y perjudica a los usuarios”, dijo la firma de Emilio Azcárraga.

 

Grupo Televisa aseguró que el proyecto de Ley no reglamenta ni desarrolla los términos de aplicación del texto constitucional que prohíbe al agente económico preponderante en telecomunicaciones beneficiarse de la regla de gratuidad para la retransmisión de contenidos radiodifundidos.

 

“Con esta grave omisión, aunado a la demora en las investigaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Telmex se aprovecha de la gratuidad de nuestras señales y de las de otros radiodifusores, vía Dish”, criticó el grupo.

 

Grupo Televisa también comentó que en materia de radiodifusión, el proyecto de Ley contiene nuevas obligaciones en materia de preponderancia, las cuales exceden las que el IFT impuso a su empresa.

 

También consideró que el proyecto de ley convergente contiene reglas sobre multiprogramación que se convertirán en barreras a una oferta programática más amplia, diversa y plural.

 

 

 

Habrá que hacer ajustes a las iniciativas, plantea el Ifetel

La Jornada Nacional

Miriam Posada García

27 de marzo de 2014

 

 

La iniciativa de legislación secundaria enviada por el Ejecutivo federal al Congreso es compatible con el trabajo que ha realizado el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), en cuanto a que emana de la reforma constitucional, pero tendrán que hacerse ajustes sobre temas que serán expuestos ante los legisladores, señaló el comisionado Fernando Borjón en el primer pronunciamiento del organismo sobre el documento enviado a la Cámara de Senadores.

 

Consideró que es prematuro decir si el Ifetel promoverá una controversia constitucional sobre el proyecto, debido a que apenas empieza el análisis y es necesario abordar muchos temas ante los legisladores, como las facultades del organismo y las que en el documento del Ejecutivo se otorgan a otras instancias, como la Secretaría de Gobernación. Primero hay que ver cómo se puede ajustar el proyecto, dijo.

 

Nosotros creemos que debe haber una ley que dé certidumbre al sector, reglas claras, porque son fundamentales para todo lo que viene en cuanto a licitaciones, multiprogramación. (La legislación) debe especificar lo que pueden hacer los actores que vayan a entrar; las reglas deben quedar claras con toda precisión, ya que la ley dura más tiempo que la resolución del Ifetel, de ahí la importancia de que dé certidumbre en el largo plazo.

 

El lunes pasado, la Presidencia de la República envió al Senado el proyecto de legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y las primeras reacciones de legisladores y especialistas fueron criticar que la propuesta del Ejecutivo invade funciones del Ifetel, le resta autonomía y lo debilita. El instituto se había reservado cualquier comentario sobre el documento.

 

Después de participar en el seminario Implicaciones jurídicas del must carry-must offer, promovido por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Fernando Borjón dijo que para el Ifetel es un paso importante que se haya presentado la iniciativa, porque a partir de ello el instituto utilizará los canales formales para exponer razones técnicas y opiniones sobre la propuesta del Ejecutivo.

 

Aseguró que en el Ifetel no están preocupados sino ocupados en ver el tema de las facultades y la implementación. Creo que ya se están previendo los recursos necesarios para su implementación por la Secretaría de Hacienda. Hay que discutir con el Legislativo las decisiones que ya tomamos y habrá que ver cuál es el impacto final. Nosotros hemos sido muy transparentes en cuanto a lo que decidimos, las medidas que hemos adoptado se pueden ir comparando con las de la iniciativa. Los legisladores decidirán lo que corresponde y acataremos la ley.

 

 

 

Iniciativa de ley secundaria sepulta posibilidad de tv pública: expertos

La Jornada Nacional

Miriam Posada García

27 de marzo de 2014

 

 

Especialistas advirtieron que la propuesta de legislación secundaria para telecomunicaciones y radiodifusión, además de mermar de forma preocupante las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), representa un retroceso, porque sepulta la posibilidad de que en México haya televisión pública, ya que el sistema de radiodifusión propuesto estará controlado por la Secretaría de Gobernación.

 

Irene Levy, presidenta de Observatel, dijo que con la propuesta es definitivo que Teléfonos de México (Telmex) no podrá participar en la licitación de las dos cadenas de televisión, y destacó que una de las mayores aberraciones jurídicas radica en que las multas y la desincorporación de activos que ordene el Ifetel no procederán hasta que se resuelvan los juicios de amparo que pudieran interponerse.

 

El director de la consultoría Mediatelecom, Jorge Fernando Negrete, advirtió que intencionalmente la iniciativa no incluye la definición de servicio público, en el caso de telecomunicaciones y radiodifusión, por lo que será imposible defender los derechos de las audiencias.

 

Eduardo Ruiz Vega, director de cumplimiento regulatorio de Televisión Azteca, dijo que la Cámara Nacional de Radio y Televisión (CIRT) defenderá que no procedan reglas de multiprogramación que se pretenden imponer y van contra sus intereses, así como las sanciones y multas, ya que se trata igual a los radiodifusores pequeños que a los gigantes de telecomunicaciones, lo cual no es equitativo.

 

Preocupa al sector en este ánimo de convergencia que las sanciones no son proporcionales porque están ligadas a los ingresos de las empresas y no estamos hablando de lo mismo en el caso de los radiodifusores; en concreto, de la radiodifusión sonora y muy particularmente del caso de muchísimas estaciones que operan en pequeñas ciudades, zonas rurales que todavía están en AM, y no se puede medir de la misma manera a estas empresas que a las de telecomunicaciones que por la prestación de sus servicios reciben una contraprestación por los usuarios.

 

En tanto, el Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) señaló que la iniciativa requiere ajustes porque resulta preocupante la inhibición de la libertad de expresión que sufrirá cualquier radiodifusor, desde las televisoras y radiodifusoras privadas hasta las comunitarias e indígenas, frente a la amenaza de sanciones desproporcionadas por transmitir contenidos incómodos al gobierno. Señaló que hay una gran permisividad para el operador preponderante en telecomunicaciones, con el consecuente menoscabo a la competitividad del mercado, porque podrá continuar cobrando tarifas discriminatorias en función de la red de destino de la llamada.

 

Durante su participación en un foro convocado por la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (Anade), Irene Levy dijo que la iniciativa merma las facultades y autonomía del Ifetel al darle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el derecho de imponer la agenda del regulador; aseguró que la iniciativa es inconstitucional al incluir que la Secretaría de Gobernación se encargue de la regulación de contenidos, cuando la reforma constitucional faculta al Ifetel para ese tema. Y criticó que el Ejecutivo sepulta la posibilidad de que en México haya televisión pública, al desaparecer al Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA), y crear el Sistema de Radiodifusión que también estará a cargo de Gobernación.

 

Por Mediatelecom Policy & Law, Jorge Fernando Negrete, dijo que sin la definición expresa de servicio público como obligación de las empresas de telecomunicaciones y radiodifusión se violenta la reforma constitucional y no se compromete el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, los derechos de las audiencias y los usuarios, ni las obligaciones de las empresas en cuanto a independencia de los medios públicos cobertura e inversión.

 

 

 

Tibieza con televisoras, severidad con Telmex

La Jornada Nacional

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

27 de marzo de 2014

 

 

La legislación secundaria en telecomunicaciones propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto beneficia directamente a las televisoras, particularmente a Televisa, ya que ante las severas medidas antimonopólicas que impone al otro agente preponderante en el sector, Teléfonos de México (Telmex), la regulación en el caso de la empresa de Emilio Azcárraga es tan laxa que le permite mantener el control del mercado de televisión abierta y de paga.

 

El senador Javier Corral, del PAN, sostuvo ayer que hay un desequilibrio regulatorio y una desigualdad tan evidente en el tratamiento que se da a las televisoras y las medidas impuestas al monopolio telefónico, que el consorcio de Carlos Slim perdió ayer cuatro puntos en la Bolsa Mexicana de Valores, mientras Televisa ganó.

 

Los inversionistas no se andan con engaños, saben que las leyes reglamentarias las enderezaron completito contra Slim, que quizá lo tiene bien merecido, pero beneficiaron de manera clara a Televisa.

 

Sólo un preponderante por sector

 

La principal protección a Televisa está en el artículo 264 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que contiene 23 medidas que el órgano regulador podrá imponer al agente preponderante, pero en las que no hay acciones relevantes para limitar la concentración de frecuencias ni la propiedad cruzada de medios, establecidos en el artículo 28 constitucional.

 

Aunado a ello, en la definición de preponderancia se pretende proteger a Televisa debido a que se establece que sólo podrá haber un agente preponderante por sector, lo que es contrario a lo que ordena la Constitución, pero salva a la empresa de Azcárraga de ser declarada agente monopólico en la televisión de paga, donde tiene 61 por ciento del total de suscriptores.

 

En cambio, en materia de telecomunicaciones, las medidas contra el agente económico preponderante, Telmex, son claras y severas. De entrada, deberá someter anualmente a la aprobación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) las ofertas públicas para los servicios de interconexión, compartición de su infraestructura, desagregación efectiva de la red pública de telecomunicaciones local y servicios de reventa mayoristas sobre cualquier servicio que preste de forma minorista.

 

Además, deberá solicitar al Ifetel que autorice sus tarifas y el instituto deberá asegurarse de que las tarifas al público puedan ser reproducidas por el resto de los concesionarios, no podrá discriminar entre el tráfico de su propia red y la de otros usuarios y deberá proporcionar información contable separada por servicio, detallada, en la que reflejen descuentos implícitos y subsidios cruzados.

 

Se indica que todos los servicios de interconexión serán obligatorios para el agente preponderante en telecomunicaciones, además de aquellas medidas adicionales que a juicio del Ifetel sean necesarias para prevenir prácticas monopólicas o promover la competencia.

 

Aunado a ello, entre las causales de revocación inmediata de la concesión están negarse a la interconexión de otras empresas y prestar servicios no especificados, dos situaciones de las que reiteradamente se ha acusado a Telmex.

 

El senador Corral recalcó que Televisa sale favorecida con las reglas irrelevantes de multiprogramación –la autorización adicional de canales en el mismo espectro que le fue concedido para la televisión abierta–, ya que permanece el modelo de asignación automática y sin la obligación de que paguen una contraprestación al Estado por su uso comercial.

 

Con ese esquema, Televisa podrá contar hasta con 30 canales en el Distrito Federal. Además, aplazar el apagón analógico dos años le permite quedarse durante ese mismo tiempo con los canales que posee en todo el país.

 

 

 

Descarta Preciado choque entre panistas por ley de telecom

Milenio Jalisco

Milenio Digital

26 de marzo de 2014

 

 

Jorge Luis Preciado, coordinador de los senadores del PAN, descartó que hubiera un choque entre la dirigencia de su partido y los legisladores panistas por la propuesta de Ley Secundaria en materia de Telecomunicaciones del presidente Enrique Peña Nieto.

 

“Más que un choque fue que partimos de principios diferentes, la dirigencia ya conocía el documento y nosotros no, por eso no llegamos a la misma conclusión, pero ya que hagamos el análisis tendremos una opinión”, señaló en entrevista con Carlos Zuñiga para “Más Milenio”.

 

Preciado explicó que la dirigencia de Acción Nacional se reunió anticipadamente, analizaron un borrador de la minuta y encontraron inconsistencias y “a nosotros hasta el siguiente día nos llegó la reforma”.

 

La dirigencia nacional ya tiene su opinión de que el proyecto no cumple con las expectativas que teníamos en materia constitucional, nosotros probablemente también lleguemos a esa conclusión pero por ahora estamos analizando el documento oficial.

 

Respecto a las opiniones encontradas de los senadores Javier Corral y Javier Lozano sobre el tema, señaló que son opiniones individuales; “como grupo cada uno revisará y finalmente estableceremos una opinión generalizada, si no cumple con las expectativas de la Constitución por supuesto que lo rechazaremos”, puntualizó.

 

 

 

Los panistas no estamos peleados por telecom: Romero

Milenio Jalisco

Liliana Sosa

26 de marzo de 2014

 

 

La presidenta nacional del PAN, Cecilia Romero, afirmó que “no están enojados” entre panistas por la propuesta de Ley Secundaria en materia de Telecomunicaciones del Presidente, Enrique Peña Nieto.

 

La panista anunció que hoy darán un comunicado conjunto para aclarar las diferencias entre miembros del partido.

 

Flanqueada por los coordinadores de las bancadas de Acción Nacional en ambas cámaras, Romero dijo que hoy presentarán en la Cámara de Senadores su propuesta de ley secundaria en materia político-electoral.

 

La propuesta incluye temas como la fiscalización de los recursos, reglas más claras para facilitar las candidaturas independientes, voto en el extranjero y equidad de género en las candidaturas, entre otras.

 

“Las elecciones se ganan, no se compran. La materialización de candidaturas independientes que le den esa fortaleza a la sociedad y que le quiten esa fuente de monopolio a los partidos”, comentó el coordinador del PAN en diputados Luis Alberto  Villareal.

 

Por su parte, Jorge Luis Preciado coordinador de los senadores, dijo que “no van a aceptar que lo aprobado a nivel constitucional se diluya, se restrinja o se achique en  la legislación secundaria”.

 

Adelantó que en los próximos días, presentarán la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales y la Ley Reglamentaria al Párrafo Octavo del Artículo 134 Constitucional, referente a la propaganda electoral.

 

 

 

Ley secundaria: el poder a Gobernación

Milenio Jalisco

Fernando Mejía Barquera

27 de marzo de 2014

 

 

El paquete enviado al Senado de la Republica por Enrique Peña Nieto el pasado lunes y que incluye la iniciativa de nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión, además de reformas a otras leyes vinculadas con esas dos materias, contiene disposiciones que contravienen la Constitución. Por ello está dando mucho de qué hablar y dará más en las próximas semanas.

 

28 constitucional

Lo primero que “brinca” al leer el extenso documento de 250 páginas escritas a renglón cerrado es una disposición que no corresponde a lo establecido en el artículo 28 constitucional. El párrafo 15 de ese artículo define al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) como “un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones” y al cual corresponde “la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución” (subrayado mío).  Es decir, corresponde al Ifetel garantizar lo establecido en esos dos artículos, precisamente los que rigen a los medios en materia de contenidos.

 

Libertad de expresión

Recordemos algo de lo que dice el artículo 6º: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”.

 

Y algo de lo que dice el 7º: “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones”.

 

Vetusta ley

En la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que Peña Nieto envió al Congreso tendrían, por lo tanto, que reconocerse las atribuciones que la Constitución confiere al Ifetel para garantizar el cumplimiento de los artículos 6 y 7 de la Constitución.

 

Sin embargo, no es así. En opinión del gobierno quien debe ocuparse de eso es la Secretaría de Gobernación (SG), como ha sucedido históricamente en México. Así lo establece el artículo 218 (fracción VIII) de la iniciativa enviada por el Ejecutivo:

“(Corresponde a la SG) vigilar que las transmisiones de radio y televisión se mantengan dentro de los límites señalados en esta ley, de respeto a la vida privada, a la dignidad personal, la moral y no ataquen los derechos de terceros, ni provoque la comisión de algún delito o perturben el orden público”.

 

Este párrafo fue transcrito de la vetusta Ley Federal de Radio y Televisión de 1960, próxima a desaparecer, pero aún vigente.

 

Señuelo democrático

Por lo que se ve, el gobierno de Peña Nieto no se atrevió a perder la posibilidad de supervisar legalmente a la radio y la tv, así que decidió mantener esa facultad —que tradicionalmente ha ejercido a través de la Secretaría de Gobernación—, en lugar de transferirla a un organismo autónomo, ciudadano, como lo indica el artículo 28 de la Constitución, modificado en junio de 2013 a raíz de la reforma en materia de telecomunicaciones. Para el gobierno el Ifetel debe ocuparse solo de cuestiones técnicas y económicas.

 

¿Por qué la negativa gubernamental a cumplir con lo establecido en la reforma constitucional en telecomunicaciones firmada por Enrique Peña Nieto y los principales partidos políticos? Habría que preguntarse si, al firmar el documento, el gobierno tenía efectivamente la intención de renunciar a la facultad de supervisar los contenidos de radio y tv a través de gobernación o si ese ofrecimiento fue un “señuelo democrático” para hacer que el  PRD y el PAN estamparan su firma en el Pacto por México.

 

Controversia constitucional

Ya las dirigencias de esos partidos anunciaron que si se aprueba la iniciativa de ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión tal y como la envió el Ejecutivo entablarían una controversia constitucional. Habría que ver, si se llegara a tal extremo, la opinión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo pronto será importante seguir el debate parlamentario de los próximos días y continuar escudriñando en el texto de la iniciativa presidencial para ver qué otras sorpresas contiene.

 

 

 

Telmex critica plazo para competir en tv

Milenio Jalisco

Susana Mendieta

27 de marzo de 2014

 

 

Carlos Slim Domit, presidente del consejo de administración de Telmex y América Móvil, criticó que la propuesta de ley secundaria en telecomunicaciones del Ejecutivo federal le imponga un plazo de dos años para competir en televisión.

 

Al participar en un foro de negocios en la Universidad Panamericana, el empresario mencionó que la propuesta de legislación y la reforma en telecomunicaciones son muy importantes, por lo que aún las estudian; sin embargo, cuestionó algunos puntos contenidos en esos documentos.

“Hay dos cosas que estamos todavía estudiando, no entendemos que por ley una empresa tenga que dar gratis, y sin ningún ingreso, servicios a sus competidores, eso no hemos visto que suceda en otros países; la otra es la limitación de dos años para competir en todos los servicios”, dijo Slim Domit.

 

Que México lleve tantos años rezagado en la convergencia de servicios no es lo ideal para el sector —continuó Slim—, pero reiteró que están revisando a detalle los documentos, para dar una opinión concreta, aunque destacó que hay cuatro principios que deberían tomarse en cuenta.

 

Entre ellos, la detonación de inversión, la competencia en todos los servicios, el fomento al desarrollo de innovación sobre las redes y el acceso para que los servicios de telecomunicaciones lleguen a todo el mundo.

 

Es que la regulación a Telmex y América Móvil en la propuesta de ley secundaria les impone, en el artículo 131, no cobrar a los otros concesionarios por el tráfico que termine en su red y para el tráfico que termine en la red de otros se deberá negociar la tarifa.

 

Se indica que “durante el tiempo que exista un agente económico preponderante en el sector de las telecomunicaciones… éstos no cobrarán a los demás concesionarios por el tráfico que termine en su red y para el tráfico que termine en la de otros la tarifa de interconexión será negociable”.

 

Sin embargo, se aclara que una vez que haya condiciones de competencia efectiva el Instituto Federal de Telecomunicaciones determinará los criterios con los que los concesionarios celebrarán de forma obligatoria acuerdos de compensación recíproca de tráfico, sin cargo alguno por terminación, incluidas las llamadas y los mensajes cortos.

 

A excepción de la tarifa de terminación de llamadas, el resto de los operadores tendrán las mismas obligaciones que la empresa de Carlos Slim, y deberán cumplirlas, pues de no hacerlo se arriesgarán a que se les revoque su concesión.

 

En el artículo 138 se estipulan las obligaciones específicas para el operador preponderante, entre las que destacan el registro de los servicios de interconexión desagregados, la publicación de una oferta de interconexión y la presentación de contabilidad separada.

Además, de no realizar prácticas que impidan o limiten el uso eficiente de la infraestructura dedicada a la interconexión, celebrar acuerdos para la compartición de infraestructura y permitir la compartición de derechos de vía, entre otros.

 

No cumplir con algunos lineamientos estipulados para la interconexión de redes de telecomunicaciones le puede implicar a la empresa el equivalente a 2.1 por ciento y hasta 4 por ciento de sus ingresos, que en estos momentos equivaldría a 31 mil 444 millones de pesos, de acuerdo con el informe trimestral a diciembre de 2013.

 

ORDEN EN EL PAN

La dirigente del PAN, Cecilia Romero, aseguró que su partido y sus legisladores “no están peleados” por la diferencias en torno a la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto en materia de telecomunicaciones.

 

En un comunicado, los panistas establecieron que la única convicción del partido es que la ley secundaria respete el sentido de la reforma constitucional aprobada en el Congreso.

 

Además, señalaron que los legisladores, en coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional, analizarán con cuidado, profundidad y responsabilidad la iniciativa. La lideresa aseguró que “no están enojados”.

 

El líder nacional del PRI, César Camacho, dijo que los sujetos que serán afectados por la ley secundaria deben estar tranquilos, pues la norma no se extralimitará de la reforma constitucional, aunque tampoco se quedará corta, pues el objetivo es beneficiar a los consumidores y al país.

 

“Privarán los intereses de los consumidores, de la sociedad y no hay que olvidar que las concesiones son del Estado; es decir, son una ampliación de la esfera jurídica de los particulares, en consecuencia, los particulares se tienen que ceñir a los términos de las concesiones, porque es un servicio público en el origen”, enfatizó.

Con información de Fernando Damián, Israel Navarro, Liliana Sosa y Mariana Otero.

 

 

 

Comenzó la “segunda temporada” de la Ley Televisa, alerta Corral

Aristegui Noticias

Redacción

26 de marzo de 2014

 

 

Para el senador del PAN, Javier Corral, la iniciativa de leyes secundarias en telecomunicaciones que envió el presidente Enrique Peña Nieto al Senado y los intereses implicados en la misma, constituyen la “segunda temporada” de la Ley Televisa, en referencia a un nuevo cabildeo de la televisora en el Congreso, parecido al que hizo en 2005-2006 para beneficiarse de una serie de modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Ley Federal de Radio y Televisión, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2006.

En entrevista para Noticias MVS, primera emisión, sostuvo que lo que propone el Poder Ejecutivo es una “contrarreforma” que “traiciona el espíritu de la reforma constitucional” de la reforma en telecomunicaciones avalada el año pasado.

Por ello, propuso debatir con los “redactores” de las propuestas de leyes, como el subsecretario de comunicaciones como Ignacio Peralta y Humberto Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia; además de que mencionó que le gustaría discutir la propuesta con Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el Senado.

“Estamos proponiendo debatir con los redactores… estamos ante la segunda temporada de la Ley Televisa… no tengamos la menor duda que estamos ante una iniciativa que vuelve a tener el trazo de la pluma abusiva de esta empresaque se sobrepone el gobierno de la República“, acusó.

“La iniciativa de Enrique Peña Nieto es un acto de regresión política, de arrepentimiento, da marcha atrás de una reforma que presumió en el mundo… se ha doblado frente a la televisión, tiene artículos de regalo para la empresa de Emilio Azcárraga… una protección inaudita, vergonzosa”, sostuvo.

Puntualizó, por ejemplo, que en el tema de competencia económica, la propuesta de ley busca restringir la preponderancia a un solo sector, es decir, como Televisa ya fue declarado agente económico preponderante en la televisión abierta -lo que implica una serie de regulaciones en su contra-, ya no será declarado preponderante en la televisión de paga, donde tiene una amplia participación, gracias a las cableras y SKY.

Quieren evitar que Televisa se declare preponderante en TV de paga… le abren una cláusula especial a Televisa para que pueda concentrar todas las cableras que quiera, como no le tocaría preponderancia en TV de paga, para que pueda seguir concentrando, vamos a llamarle la cláusula Cablecom, de fomento a la competencia, termina no estableciendo ningún límite a la concentración”, señaló.

Corral insistió: en el proyecto de ley “protegen a Televisa”.

Incluso, consideró que los redactores “quieren abusar de la ignorancia” del Presidente en la materia, pues él firma lo que otros redactan, por lo que le sugirió a Peña Nieto “cesar a Castillejos por el abuso que cometen en medidas de preponderancia”.

“Van a castigar a Emilio Azcárraga imponiéndole acatar las disposiciones en materia de contenidos”, refirió, como si en caso de que  no fuera preponderante, pudiera no acatar la ley.

El senador considera que resultan “grotescas” las “sanciones” contra la televisora.

“Hay una burla en el tema de competencia económica, la principal deficiencia es esa, el desequilibrio, a telecomunicaciones (empresas de Carlos Slim) se le ponen medidas efectivas por la concentración”, comparó.

Sobre las declaraciones de legisladores panistas, como el coordinador de la bancada del PAN en San Lázaro, Jorge Luis Preciado, quien dijo que es “poco responsable” rechazar las leyes secundarias que propone el Ejecutivo, Corral comentó que él ya sabía el contenido de la propuesta, pues “el gobierno le compartió a partidos los proyectos, cuando te digo que vamos a ver la segunda temporada de la ley Televisa es porque este tema va a dividir a todos los partidos”.

“Vamos a ver a actores que saldrán a defender derechos de TV”, advirtió.

En el mismo sentido, felicitó a la presidenta del PAN, Cecilia Romero, por haber rechazado ya la propuesta del Ejecutivo, lo que calificó como una “postura valiente, digna, valiente e informada… siendo presidenta nacional de un partido, no cualquiera” se opone a los intereses de Televisa.

Para dilucidar el boletín de Televisa en el que fija la postura de esa empresa sobre la propuesta presidencial de leyes secundarias, Corral dijo que la televisora “se tira al piso, tratando de hacerse víctima” pues, aseveró, no hay medidas graves en su contra.

Incluso, enlistó las supuestas “graves medidas” que tienen “preocupado” a Emilio Azcárraga, como el must carry-must offer con el que se le obliga a permitir la retransmisión de sus canales de TV abierta en la televisión de paga; no restringir el acceso a publicidad; “abstenerse de participar… en periódicos”, cuando éste es un medio en el que la empresa no tiene participación.

“Cuidado con ese boletín, se tiraron al piso, no son más que obligaciones que ya tienen incluso en su título de concesión”, aseguró el senador.

Además, Corral refirió una “serie de disposiciones contrarias a la reforma constitucional”, que “invaden” facultades del Ifetel y le da más poder a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes así como a la Secretaría de Gobernación.

“Pretende devolver a la SCT intromisión indebida en procedimientos, trámites y recomendaciones”, apuntó.

“Se trata evidentemente de un reflujo presidencial… están regresando una reforma que no digirieron absolutamente y quieren volver a recuperar… es un proyecto autoritario al regresar a Segob las facultades de vigilancia… el control de contenidos, una facultad que en exclusiva la Constitución le otorgó al Ifetel y para lo cual había un consejo consultivo”, indicó.

Javier Corral dijo que esperará la postura del Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre el contenido de la propuesta presidencial, que permitirá “medir si estamos ante un órgano con visión de Estado o de relación con el gobierno”.

Celebró la postura del coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, quien abrió la posibilidad de generar análisis de la iniciativa de leyes en telecomunicaciones, porque, dijo, la cultura priista es que las iniciativas del Presidente son piso y techo. 

Por último, el senador comentó que los números en la Bolsa Mexicana de Valores no mienten, en referencia a que luego de que se dieran a conocer las propuestas de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, cayeron las acciones de América Móvil, mientras que las de Televisa subieron.

“Los inversionistas no se cuentan mentiras, saben que el proyecto se enderezó contra Carlos Slim… a Slim le va en justicia lo que le corresponde… pero a quien le va muy bien es a Televisa“, concluyó.

 

 

 

Iniciativa de leyes secundarias en telecom se “excede”: Televisa

Aristegui Noticias

Redacción

26 de marzo de 2014

 

 

La iniciativa de leyes secundarias en telecomunicaciones y radiodifusión que el Ejecutivo federal envió al Senado resulta excesiva para Grupo Televisa.

En un comunicado emitido el martes, la empresa señala que el paquete de ley secundaria contiene nuevas obligaciones en materia de preponderancia “sin precedente en la experiencia internacional” y que significarían limitaciones a la operación de Grupo Televisa.

Televisa estima que la iniciativa de leyes secundarias “excede las obligaciones” que ya impuso el Ifetel:

“Estas disposiciones del proyecto de ley se agregan a las resoluciones del Ifetel, queya afectan los negocios de radiodifusión y televisión de paga de Grupo Televisa”, tales como las obligaciones impuestas en materia de must carry y must offer, refiere.

Así como la convocatoria para la licitación de por lo menos dos cadenas nacionales de televisión abierta digital que competirán en el terreno comercial y la creación de una cadena nacional adicional de servicio público que captará la atención de diversos sectores de la audiencia.

 

 

 

Sindicato no aceptará despidos por leyes secundarias de telcos

El Financiero

Zenyzen Flores

26 marzo 2014

 

 

CIUDAD DE MÉXICO.- El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) no aceptará como argumento las medidas que plantean las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones a Teléfonos de México (Telmex) para imponer al gremio despido de personal o pérdida de derechos laborales, esto en el contexto de su revisión contractual 2014-2016.

Francisco Hernández Juárez, secretario general del STRM, señaló que luego de que el Ejecutivo federal enviara al Congreso la reglamentación,”el primer impacto es que la empresa ya nos dijo que vamos a tener una contratación muy difícil. Sí estoy preocupado porque nos pone en una situación muy complicada, ya que 60 mil trabajadores dependemos de lo que haga Telmex”.

Criticó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) van a provocar que Telmex entre en un letargo de falta de inversiones y falta de crecimiento,ante una iniciativa que condiciona a Telmex a cumplir con las medidas de preponderancia para obtener el cambio en el título de concesión y participar en la licitación por la tercera cadena de televisión.

 

“Yo te tengo que decir con franqueza que tenía la esperanza de que la reglamentación secundaria, aunque se veía agresiva con Telmex, cuando menos fuera pareja, que se tratara cuando menos igual al sector de la televisión que a Telmex, pero veo que como dice Javier Corral es la Ley Televisa 2”, dijo en declaraciones a EL FINANCIERO luego de reunirse con un grupo de senadores.

Sin embargo, aseguró que esta coyuntura es algo transitorio y es un problema que la empresa telefónica deberá tener definido el año próximo, por lo que “de ninguna manera vamos a aceptar despidos ni afectaciones en nuestros derechos laborales que hemos logrado en el contrato colectivo”.

Hernández Juárez confió en que se llegará a un acuerdo de aumento salarial “ahí no veo ningún problema, pero en lo que la empresa quiera usar de estas leyes secundarias para pretender ajustes al contrato, nosotros no, de ninguna manera”.

El STRM demanda un aumento salarial de 15.71 por ciento y presentó a la empresa un pliego petitorio que incluye el incremento de porcentajes de diversas cláusulas y revisar diversas prestaciones como vacaciones, sustituciones de aguinaldo, becas y capacitación, y emplazó a huelga a la empresa para el próximo 25 de abril.

 

 

 

IDET ve impulso a competencia con Ley secundaria de telecom

El Financiero

Redacción

26 marzo 2014

 

El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) consideró quela iniciativa de ley secundaria de telecomunicaciones del Ejecutivo federal, impulsará acciones clave a favor de la competencia.

Dotará al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) del instrumental necesario para que integre mercados de telecomunicaciones y de radiodifusión más competidos.

El IFT ha realizado ya las declaratorias de los agentes económicos preponderantes y ha determinado medidas para garantizar la competencia efectiva en el mercado, que se traduzca en incentivos a la inversión, disminución de barreras de entrada, trato equitativo entre operadores, compartición de infraestructura, entre otros, en beneficio directo del consumidor.

 

Buscará que todos los mexicanos, en especial los de niveles socioeconómicos menos favorecidos, accedan a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión determinados por la Reformacomo servicios públicos de interés general, a fin de promover la inclusión digital.

Establecerá los mecanismos para homologar el régimen de permisos y concesiones de telecomunicaciones y radiodifusión, a fin de que sólo existan concesiones únicas.

El IFT deberá expedir nuevos lineamientos sobre los requisitos, términos y condiciones que los actuales concesionarios deberán cumplir para la prestación de servicios adicionales o para transitar al modelo de concesión única, el cual permitirá al concesionario ofrecer todos los servicios que le sea técnicamente posible prestar, facilitando a los usuarios finales un mayor acceso a precios más bajos.

Castigará prácticas monopólicas y fenómenos de concentración mediante regulación asimétrica u obligaciones específicas, con lo que habrá más competencia y disminuirán precios.

Hará valer la prohibición de difundir publicidad engañosa, para proteger y empoderar a los consumidores.

Establecerá mecanismos que impulsen la producción nacional e independiente, en beneficio de los creadores y de una mayor pluralidad en la oferta de contenidos.

Instrumentará prohibiciones específicas en materia de subsidios cruzados o trato preferencial, en complemento de las atribuciones del IFT.

 

 

 

Niega Romero división en el PAN por reforma en telecomunicaciones

El Financiero

Angelie Hernández

26 marzo 2014

 

CIUDAD DE MÉXICO. “!No estamos enojados!” aseguró la dirigente nacional del PAN, Cecilia Romero, quien estuvo acompañada en conferencia de prensa por el coordinador de los diputados, Luis Alberto Villarreal y el jefe de los senadores, Jorge Luis Preciado, durante la presentación de la iniciativa de leyes secundarias de la reforma político-electoral.

Apenas ayer martes los coordinadores parlamentarios mostraron su desacuerdo con el rechazo de la dirigente a la iniciativa en materia de telecomunicaciones, pero se espera que a las dos de la tarde emitan un comunicado en el que expresan que cierran filas.

Los diputados y senadores panistas, se pronunciaron por una apertura al diálogo.

 

En este sentido, tanto la dirigencia y los coordinadores parlamentarios,acordaron analizar “con todo cuidado, profundidad y responsabilidad” la iniciativa del Ejecutivo en materia de Telecomunicaciones.

Sin embargo, en un comunicado, advirtieron que la única agenda del PAN es la de los ciudadanos, por lo que se mantienen en la convicción de que en las leyes secundarias que se discuten en el Congreso de la Unión, se preserve el sentido de las reformas constitucionales aprobadas e impulsadas por el partido el año pasado.

 

 

 

Poner controles a Telmex y Telcel, médula de reforma en telecom: IDET

El Financiero

Redacción

26 marzo 2014

 

 

CIUDAD DE MÉXICO.- La médula de la iniciativa de leyes secundarias en materia de telecomunicaciones es poner controles a Telmex y a Telcel, consideró Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET).

“La médula de esta reforma es la reforma en telecomunicaciones para poder ponerle controles a Telmex y a Telcel; lo demás, en mi opinión,  es ruido”, apuntó.

La iniciativa “le aprieta las tuercas muy fuerte” a Telmex y Telcel con la desagregación de red local, pues ahora va a tener que facilitar a sus competidores su infraestructura a un costo que determinará el IFT, pues “la infraestructura de última milla es una de las barreras más grandes que existen en el mercado de las telecomunicaciones”.

 

El especialista consideró que con la ley, Televisa va a perder para ganar pues, la televisión abierta es una tecnología que va de salida, pero podría incursionar en las telecomunicaciones.

“Aunque le pega a Televisa en televisión abierta, le da la oportunidad de competir en igualdad de condiciones en telecomunicaciones”, explicó.

Si Telmex y Telcel no están dispuestos a cumplir con las obligaciones de preponderancia, sus comportamientos no se deberían trasladar a la televisión, consideró.

A pregunta expresa del periodista sobre si las empresas de Carlos Slin realizarían algún cabildeo ante la iniciativa, el especialista señaló:”me parece que la iracunda reacción de las dirigencias del PAN y PRDresponden a peticiones de América Móvil”

LEY SÍ SE APEGA A LA CONSTITUCIÓN

Contrario a lo que piensan algunos legisladores del PAN y PRD, la iniciativa no se contrapone a la Constitución, comentó Soria.

“Mi conclusión es que se apega a la letra de la constitución”, dijo.

“Para algunos es una regresión que la regulación en materia de contenidos se quede en la Secretaría de Gobernación (Segob) y en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); sin embargo, la constitución dice que la ley determinará la regulación en materia de contenidos”, apuntó.

En este sentido, consideró positivo que la vigilancia en materia de publicidad se quede en la Segob, pues con ello se tiene un recurso de revisión y amparo con suspensión, recursos legales que no podrían ejercerse si fuera una facultad del IFT.

​“El tema de contenidos no puede quedar completamente al arbitrio de un órgano contra el que no puedes ejercer ninguna acción legal eficiente”, destacó.

 

 

 

El debate sobre las telecomunicaciones

El Financiero

Rogelio Varela

26 marzo 2014

 

 

GRE confía en rápida aprobación en Senado

La Reforma en Telecomunicaciones en más de un sentido tendrá costos para las empresas grandes.

La noche del lunes llamó la atención que la oposición cerraran filas en contra del paquete de leyes que ampliará la competencia en telecomunicaciones y radiodifusión. Era de esperarse.

En automático, los presidentes del PRD y del PAN, Jesús Zambrano yCecilia Romero respectivamente, rechazaron el proyecto del ejecutivo muy probablemente sin haberlo leído dada su extensión, lo que hace pensar que ambas fuerzas políticas están más preocupadas en defender a empresas como América Móvil, de Carlos Slim Helú, que seguramente podría perder cuota de mercado en los próximos años.

Otros legisladores como Guadalupe Acosta Naranjo, Santiago Creel Miranda y Juan Molinar Horcasitas salieron al ataque cuando el proceso de consulta se dio de forma amplia, a grado tal, que hubo un retraso de cuatro meses en la presentación del paquete de leyes secundarias.

Incluso todavía el fin de semana pasado los coordinadores parlamentarios hicieron los últimos comentarios de las iniciativas, por ello extrañó que el agua y el aceite se juntaran.

Como sea, las iniciativas tienen mucho de rescatable, siendo algo muy relevante que el consumidor saldrá ganando.

Y es que de entrada la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión enmienda lo que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), de Gabriel Contreras, no quiso ejercer cuando declaró la preponderancia: ofrecer reglas claras para beneficiar a la gente y generar competencia

Es obvia la postura de los legisladores de oposición que temen a los monopolios, y por ello ven mal que se puedan regular.

Como le digo, avanzar en la competencia en telecomunicaciones tendrá sus costos, y tampoco extraña que el mercado así lo vea.

Apenas ayer las acciones de AMX L perdieron casi 4 por ciento y los analistas anticipan que en este año el gigante telefónico podría tener una caída en sus ingresos de 5 por ciento, que podría acentuarse hacia 2015 con otro 6 por ciento, a decir de los especialistas de Banorte Ixe.

Por ello resulta penoso, por decir lo menos, escuchar las voces que aseguran alzarse como “defensoras de los consumidores” haciendo malabares para atacar, pero sin argumentos de peso para cuestionar una iniciativa que fue ampliamente consultada por la secretaría de Comunicaciones y Transportes de Gerardo Ruiz Esparza, quien hizo bien su trabajo y por ello confía en su rápida aprobación en la cámara alta, muy a pesar de sus detractores.

La ruta del dinero

Ahora que el Congreso se ocupará del análisis de la Reforma Política que dará lugar a la creación del Instituto Nacional Electoral (INE) sobresale la labor que realiza entre sus pares el senador Eviel Pérez Magaña del estado de Oaxaca. Y es que en la ley que regulará las próximas elecciones no se contempla la parte de usos y costumbres que dan gobernabilidad en municipios de nueve estados. La llamada de atención del senador priista ha logrando eco entre otros senadores…

La Secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, acompañó ayer al Presidente Enrique Peña Nieto en su gira por Los Cabos, Baja California Sur, en donde inauguró el nuevo Hotel Secrets, que tuvo un costo de 130 millones de dólares. Este complejo turístico pertenece a la cadena AM Resorts que preside Alejandro Zozaya, quien hace unos meses anunció en Los Pinos una inversión para este año de 600 millones de dólares en el sector turístico del país…

El fin de semana pasado se llevó la Junta Anual de Distribuidores de Akron, la décima de carácter nacional y primera internacional. En la reunión su director general, José Luis Sandoval, presentó el informe de actividades del último año y aprovechó el foro para anunciar el lanzamiento de la nueva imagen de la empresa bajo el lema “Tu mundo en Movimiento”. La presentación, que incluyó la campaña de publicidad para 2014, se hizo ante cerca de 300 representantes de más de 150 puntos de distribución, ubicados en 5 regiones que cubren la República Mexicana y 10 del extranjero, básicamente de Latinoamérica y el Caribe.

En su informe Sandoval comentó que las ventas de exportación de Akron crecieron 17 por ciento en 2013 y para este año la compañía se ha fijado como meta obtener un crecimiento cercano al 20 por ciento, con lo cual se convertirá en una empresa con operaciones importantes fuera de México. Como sabe, Akron produce aceites, grasas y aditivos de acuerdo a los más altos estándares internacionales, y compite con más de 10 empresas reconocidas en el mercado de lubricantes…

Hay cambios en American Express México, concretamente en la parte que atiende a medios y donde Adriana Rivera, quien venía desempeñándose como vicepresidente de Asuntos Corporativos y Comunicación para México y América Latina, dejó a la compañía del centurión tras 19 años de carrera. Ahora esa posición la asume Jorge Guevara.

 

 

 

‘Net neutrality’ en México

El Financiero

José Leyva

27 marzo 2014

 

La mayoría de las críticas y posicionamientos sobre la iniciativa de Ley secundaria en telecomunicaciones se han centrado en TV y radio.

Pocos se han preocupado por internet, pero en esta materia hay una buena noticia que tiene que ver con garantizar la ‘neutralidad de las redes’. Este concepto se refiere al principio de que los contenidos y la información que circulan por las redes tienen que ser tratados con neutralidad y equidad por parte de los proveedores de servicios de internet y el gobierno.

En otras palabras, que Telmex, Axtel o Cablevisión, por decir, no puedan tener injerencia, poder de censura, de prohibición o discriminación sobre los contenidos que llegan a sus suscriptores cuando navegan en la red.

El caso toma mucha relevancia porque de pronto muchos de los contenidos que consumimos online comienzan a sustituir a lo que antes veíamos por la TV.

Imaginemos qué pasaría si un día estas firmas decidieran bloquear o alentar la conexión a Netflix, Amazon o censurar Google.

 

 

 

Tijeras contra Slim

El Financiero

Raymundo Riva Palacio

27 marzo 2014

 

Si camina como pato, es del color del pato y parpa como pato, ¿no es un pato? Si la interconexión telefónica tiene que ser gratuita y se modifican los plazos para que un agente económico preponderante demuestre durante dos años que no es monopolio, y queda fuera del concurso por una nueva cadena de televisión, ¿no tiene la nueva ley secundaria de telecomunicaciones un componente contra Carlos Slim? A menos de que el pato no sea pato, esta ley secundaria es, en varios capítulos, una camisa de fuerza para Slim. Veamos:

1.- Sobre el tema de la convergencia, que posibilita recibir en un mismo dispositivo proporcionado por una sola empresa, telefonía, Internet, televisión, radio, o realizar pagos de servicios y comerciar electrónicamente, América Móvil, que incorpora a Telmex y Telcel,quería para su plataforma un canal de televisión abierta. Slim se preparó años para esto, pero la ley secundaria es un revés para él.

La iniciativa, contra lo que está en la reforma constitucional, establece plazos adicionales para poder acceder a la convergencia. El artículo nueve de la ley secundaria establece que para poder modificar el título de concesión -Telmex tiene prohibido en su título de concesión brindar servicio de televisión-, se debe tramitar la autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones que “deberá asegurarse que el agente económico preponderante ha cumplido con los requisitos, términos y condiciones establecidos, por cuando menos veinticuatro meses consecutivos”. Es decir, desinvertir y desagregar servicios para estimular la competencia.

Demasiado tiempo para Slim. Hace tres semanas se publicó la convocatoria para licitar la concesión de las nuevas cadenas de televisión. Los interesados deben presentar su documentación el 16 y 17 de junio, y el 8 y 9 de septiembre próximo sabrán si fueron satisfactorios para el Ifetel, y si podrán o no participar en el concurso. Para cuando las empresas de Slim vayan a la mitad del camino probando su buen comportamiento, las nuevas cadenas ya estarán al aire.

2.- Sobre el tema de la interconexión, que son los “arreglos comerciales y técnicos bajo los cuales los proveedores de servicios conectan sus equipos, redes y servicios para permitir a los consumidores acceder a servicios y redes de otros proveedores”, la ley secundaria impacta lo que se conoce como “la última milla”, el tramo final de la interconexión hasta ahora exclusividad de Telmex, cuya renta es considerada en México y el mundo excesiva.

El artículo 131 de la ley secundaria establece que durante el tiempo que exista un agente preponderante o un agente económico que cuente directa o indirectamente con una participación nacional mayor al 50 por ciento en el sector de las telecomunicaciones –medido en porcentajes por número de usuarios, suscriptores, el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas-, “no cobrarán a los demás concesionarios por el tráfico que termine en su red”. Voceros de Slim han dicho en el pasado que el servicio podría afectar la estabilidad y la calidad de la red, y contraviene las resoluciones del Ifetel.

3.- En cuanto al capítulo de compartición de infraestructura, los artículos 120 y 270 de la ley secundaria le permiten al Ifetel regular los términos, condiciones y tarifas de los servicios de usuario visitante que deberá prestar el agente económico preponderante a los demás concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, y determinar las tarifas bajo los principios de libre competencia, sin que el agente preponderante pueda discriminar en la provisión del servicio ni dar calidad distinta.

El fraseo de estos artículos establece que el Ifetel regulará precios en un mercado en competencia, lo que puede contravenir la fórmula que estableció constitucionalmente para el must carry, must offer, en radiodifusión, que buscaba un principio de competencia y libre concurrencia. Es decir, lo que se hizo para evitar perjuicio a las televisoras, no se aplicó en las telecomunicaciones.

La ley secundaria de telecomunicaciones ha generado críticas en amplios sectores, incluidos los competidores de Slim, que en cuando menos estos tres puntos, lo afecta directamente. No es exagerado afirmar que es una ley anti-Slim, por lo que se espera que el empresario utilice a sus voceros en los medios para mostrar inconformidad. No irá más lejos, ni tomará represalias o moverá de país sus inversiones. Es el mensaje que ha enviado a Los Pinos, pero claro, en tiempos en los que aún abrazaba la expectativa de la televisión abierta y no se veían las tijeras sobre sus intereses. Al final se le cobró la molestia de años de los consumidores por su malo y caro servicio.

P.D. En la columna publicada este martes, “Oceanografía, una caja de sorpresas”, se apuntó que entre quienes tuvieron en Pemex documentación de la empresa y nunca dijeron nada, se encontraba Antonio Domínguez Sagols, actualmente director corporativo de Compras en Pemex, quien recibió una beca del Consejo Británico para estudiar una maestría, cuyo permiso para poder cursarla se lo dio el entonces director de la empresa, Raúl Muñoz Leos. El abogado llegó a ser contralor interno de Pemex y sí pasó por su dirección un solo caso de Oceanografía, que es precisamente la auditoría por la cual, en febrero, se inhabilitó a la empresa y pasó a ser investigada por la PGR.

 

 

 

¿Contrarreforma?

El Financiero

Leonardo Kourchenko

27 marzo 2014

 

Muchos han sido los comentarios, críticas, cuestionamientos y análisis en torno al proyecto de Leyes Secundarias presentadas por el Ejecutivo ante el Congreso en materia de telecomunicaciones.

Especialistas señalan una aparente contradicción o incoherencia entre lo que afirma y señala la reforma en la materia, que ya es texto constitucional, y lo que las supuestas secundarias pretenden ordenar y regular. Tal vez una de las incoherencias más notables sea el hecho de retirar facultades que ya eran territorio y jurisdicción del Ifetel, para trasladarlas a la Secretaría de Gobernación.

El gobierno federal supervisó, controló y censuró por décadas los contenidos mediáticos en prensa, radio y televisión. Eran facultades -algunas explícitas y otras encubiertas- de Gobernación y específicamente de RTC: la “supervisión” de todo contenido noticioso, informativo y hasta recreativo. La última década, con sus tropiezos y desencantos, dejó un significativo avance en materia de libertad de expresión, de pluralidad y también de independencia mediática. Hoy tenemos, es innegable, medios más libres, más independientes, más autónomos del poder -político- y de otros poderes también -económico, religioso, partidista y corporativo. Tenemos medios más plurales, abiertos, tolerantes. Subsisten ejemplos evidentes donde los intereses corporativos e industriales, se imponen al simple compromiso con los públicos y las audiencias.

Sería un grave retroceso, que de aprobarse esta iniciativa de normatividad en telecomunicaciones, quedaran en el ámbito de gobernación, las herramientas para “revisar” o “supervisar” contenidos, siempre con criterios oscuros y de grupo.

El mismo Ejecutivo se adjudica la posibilidad de “intervenir” en los temas referentes a transmisiones, contenidos y demás relacionados con la industria siempre que así se requiera.

Llama la atención que sea el propio gobierno que impulsó la reforma el año pasado, el mismo que ahora propone una normatividad que no responde cabalmente a ese mismo propósito. La reforma abría las condiciones para un marco de competitividad más equilibrado en la industria, la declaración de los actores preponderantes así lo ratifica –obra del Ifetel por cierto- además de colocar las bases para que nuevos productores o generadores de contenido pudieran participar.

Es como si el gobierno hubiese recibido enormes presiones para dar marcha atrás, o que en las nuevas condiciones post-Pacto, ante las grandes reformas ya aprobadas, el PRI mostrará su verdadero rostro antidemocrático y controlador.

Existe un riesgo importante para la imagen del presidente Peña Nieto, quien ha recibido múltiples elogios y reconocimientos en México y el mundo, al someter a juicio su capital reformista. Ahora resulta que ¿las reformas no pretendían una transformación auténtica? La reforma de telecomunicaciones ¿fue sólo un caramelo a la oposición a cambio de obtener contrarreloj la aprobación de la energética?

Si el espíritu reformista es honesto y auténtico debe demostrarse con paquetes legislativos en plena coherencia con la reforma constitucional. Si en efecto, la reforma en telecomunicaciones pretende –como han afirmado insistentemente- modificar el marco y los términos de competencia, abrir el mercado, multiplicar la calidad de contenidos, equilibrar las condiciones entre los grandes emporios y los pequeños productores, detonar una industria que ha estado controlada por unos cuantos por décadas, no hay más remedio que avanzar con la reforma e impulsar los cambios originalmente propuestos.

El presidente y su gobierno dañarían su inicial prestigio de primer año, si las leyes secundarias retroceden, contradicen, ocultan o simulan los preceptos de apertura, pluralidad, independencia y autonomía señalados en el texto original.

 

 

 

Axtel prevé incremento a 10% en participación de mercado por ley telecom

El Financiero

Ramiro Alonso

27 marzo 2014

 

 

Ermilo Vázquez, director de Regulación e Interconexión de Axtel, consideró posible que la empresa avance dos puntos porcentuales en su participación de mercado, para pasar de 8 a 10 por ciento en el segmento de redes fijas, gracias a las medidas regulatorias contenidas en la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones del Ejecutivo federal.

En entrevista con EL FINANCIERO, el directivo comentó que si bien la propuesta del Ejecutivo es perfectible, la mayor parte del documento cumple con los objetivos de la reforma constitucional que se promulgó en junio de 2013. A la fecha, Axtel cuenta con alrededor de 8 por ciento en telefonía fija y banda ancha.

¿Los efectos de la reforma podrían darles más de 10 por ciento de mercado?, se le preguntó.

“Probablemente sí, nosotros estamos muy positivos de que eso va a poder ocurrir”, dijo el directivo.

 

Expresó que una vez que inicie en debate legislativo en torno al proyecto del Ejecutivo, la firma enviará sus comentarios respecto de temas que pueden ser mejorados.

Uno de ellos, por ejemplo, es el tema de las tarifas de interconexión asimétrica, consideró Vázquez.

Es importante que se aclare en la Ley secundaria que la asimetría es válida cuando un operador negocio con al agente económico preponderante.

Pero esa diferenciación no es válida para los operadores que no tienen carácter de preponderantes.

De lo contrario, el IFT al verse obligado a elaborar modelos de costos para cada caso de negociación, propiciará que los operadores incurran en costos regulatorios, lo cual afectará los precios al consumidor final.

En opinión del funcionario, una vez que las reglas impuestas por el IFT a América Móvil empiecen a surtir efectos, sumados a la aprobación del marco regulatorio pendiente, los consumidores verán beneficios en términos de precios y a los operadores se les permitirá tener más incentivos para competir.

 

 

 

Rechazan especialistas iniciativa del Ejecutivo en telecom

El Occidental

Salvador Guerrero / El Sol de México

27 de marzo de 2014

 

 

Ciudad de México.- La consultora especializada en telecomunicaciones y tecnologías de la información Mediatelecom Policy & Law, calificó de carente de sentido a la iniciativa presentada por el poder Ejecutivo a la Cámara Alta, una vez que al carecer intencionalmente de una definición expresa de “servicio público”, la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, carece del elemento jurídico más importante sin el cual se compromete el derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el andamiaje institucional y regulatorio del sector, los derechos de las audiencias y de los usuarios, la autonomía del órgano regulador, las obligaciones y compromisos de las empresas, la independencia de los medios públicos y los objetivos de competencia, cobertura e inversión que busca alcanzar la reglamentación secundaria.

 

Para el director general de la consultora, Jorge Fernando Negrete, al no estar definido el servicio público aplicado a las telecomunicaciones y la radiodifusión, el Gobierno Federal, incumple y transgrede lo expresado en la reforma constitucional y no es casualidad el rechazo que ya despertó la iniciativa de ley en amplios sectores de la sociedad, incluidos algunos partidos políticos, pues claramente contraviene lo plasmado en la Constitución y advierte de que se corre el riesgo de que también el Congreso de la Unión, caiga en dicha falta.

 

En su análisis, Jorge Fernando Negrete alude que los neófitos dirán que ya está mencionada la palabra “servicio público” en la reforma constitucional, sin embargo, no es lo mismo mencionar que definir.

 

El doceavo párrafo del artículo 28 de la Carta Magna señala que “la sujeción a regímenes de servicio público se apegará a lo dispuesto por la Constitución y sólo podrá llevarse a cabo mediante ley”. Esto último no ocurre con la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y con ello se transgrede la Constitución y la esencia de la reforma al sector.

 

Es por ello que el primer cambio en el Senado de la República a la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión deberá ser el de incluir la definición de servicio público, que ha sido la gran lucha histórica y el fundamento jurídico y doctrinario de la reforma.

 

Y es que el objetivo del servicio público de telecomunicaciones y radiodifusión busca satisfacer una necesidad colectiva de interés general y sin una definición expresa de “servicio público” la autoridad ve disminuidas sus atribuciones y no puede exigir compromisos a las empresas.

 

Las consecuencias de no definir el servicio público de telecomunicaciones y radiodifusión en la iniciativa de ley son graves, porque sin noción de servicio público se vulneran las facultades regulatorias autónomas del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

 

Sin noción de servicio público los operadores no están obligados a invertir en zonas rurales y apartadas del país; se imponen tarifas cero de interconexión y se ignora el costo de despliegue, mantenimiento y operación de las redes de telecomunicaciones; no se justifica la regulación asimétrica a los agentes económicos preponderantes para fomentar la competencia; se confunde coordinación entre el Ifetel y las dependencias de la Administración Pública Federal con subordinación a las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Gobernación.

 

Asimismo, el especialista subraya que sin noción de servicio público se tolera el traspaso de subsidios a operadores y redes ineficientes; se obliga a la compartición de infraestructura, pero no al crecimiento de las redes; tendremos un sistema de radiodifusión pública de gobierno y no de Estado, sectorizado a la Secretaría de Gobernación y naturalmente carente de independencia editorial; sin noción de servicio público la Secretaría de Gobernación puede regular y censurar los contenidos.

 

El análisis indica que sin noción de servicio público las opiniones técnicas no vinculatorias de la SCT se convierten por definición en sugerencias políticas; la Secretaría de Hacienda puede opinar que la contraprestación de la licitación de frecuencias cumpla fines recaudatorios en lugar del desarrollo del sector, el fomento a la inversión y el incremento de la cobertura; se condiciona la convergencia de servicios y plataformas al cumplimiento de una regulación asimétrica, sin tomar en cuenta el uso eficiente de la infraestructura disponible y los beneficios para los usuarios en términos de más servicios y mejores precios; se pone en riesgo la neutralidad tecnológica; los actuales concesionarios escapan de la política de inclusión digital universal y la responsabilidad y el costo de la cobertura social y el acceso universal recae únicamente en el gobierno y, en última instancia, en los ciudadanos.

 

Concluyó mencionando, que sin noción de servicio público se corre el riesgo de subastar al mejor postor el espectro radioeléctrico, en lugar de licitarlo a quienes ofrezcan las mejores condiciones de inversión, cobertura, uso eficiente del recurso y rápido despliegue de la infraestructura; no hay defensa posible del derecho de las audiencias ni de los usuarios y se delega en la Procuraduría Federal del Consumidor la atención y solución a las quejas y denuncias de los usuarios, cuando el Ifetel es el órgano técnico especializado en la materia y, en cambio, sí se le otorgan facultades de sanción en otros temas; sólo se atenderán mercados rentables, pero sin contribuir al financiamiento del acceso universal como ocurre en Europa y EU y sin noción de servicio público no tienen sentido los defensores de audiencia, los códigos de ética y los mecanismos de accesibilidad para personas vulnerables y discapacitadas.

 

 

 

¿Cómo se regularán las telecomunicaciones?

Unión Jalisco

Sebastián Barragán

 

 

El presidente Enrique Peña Nieto presentó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que regula todo este sector económico.

La propuesta será evaluada por el Congreso de la Unión y aún puede registrar todo tipo de cambios.

Aquí te presentamos los principales puntos que se desarrolla:

1.- Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT):

La ley da el marco jurídico para la operación del instituto como un organismos público autónomo, independiente en sus decisiones y funcionamiento.

Le corresponde la regulación, promoción y supervisión de la competencia y el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión. También tiene facultades en competencia económica.

Emitirá la regulación, disposiciones administrativas de carácter general, acompañada de la regulación asimétrica para actores preponderantes.

Destaca el otorgamiento, prórroga, revocación o terminación de concesiones y autorizaciones, la regulación del funcionamiento de las redes públicas de telecomunicaciones, la administración y planificación del espectro radioeléctrico, la verificación y sanción del incumplimiento a las normas.

2.- Ejecutivo federal:

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitirán opinión no vinculante al IFT sobre el otorgamiento de concesiones en el ámbito de su competencia.

Los poderes de la Unión deberán promover la implementación de receptores y decodificadores  necesarios para la transición digital terrestre.

El Presidente tendrá a su cargo la Política de Inclusión Digital, elaborará las políticas de radiodifusión y telecomunicaciones del gobierno federal, además de que garantizará el acceso a internet de banda ancha en edificios públicos.

SCT dará su opinión no vinculante sobre el otorgamiento de concesiones, acciones para garantizar el acceso a banda ancha, administrar la capacidad satelital del Estado, entre otras.

3.- Funcionamiento del IFT:

El pleno del instituto es el máximo órgano máximo de gobierno.  Su presidente será el representante legal ante otras autoridades.

Se crea un Consejo Consultivo de 15 personas “especialistas de reconocido prestigio”, cuyo nombramiento corresponderá al Pleno. Su función será asesorar, proponer, dar opinión y consulta sobre los temas que trate el instituto.

La iniciativa plantea crear una contraloría para fiscalizar, orientar, capacitar y asesorar al instituto para que tenga un mejor desempeño.

4.- Espectro radioeléctrico:

La iniciativa dice que se espera que para 2015 se triplique el tráfico mensual móvil y para 2018 se multiplicará por diez.

Se establecen cuatro divisiones del uso del espectro radioeléctrico:

  • Determinado: para concesiones de uso comercial, social, privado y público
  • Libre: puede ser usado por el público en general bajo los lineamientos del IFT
  • Protegido: “atribuido a nivel mundial y regional (…) para la seguridad de la vida humana, el funcionamiento del transporte o los servicios”.
  • Reservado: En proceso de planificación.

Cada año se emitirá un programa de uso en el que se determinará cuál será el carácter del espectro: comercial, público, social o privado.

5.- Las concesiones:

Se establecen tres mecanismos:

  • Las de uso comercial, público, privado y social que incluyen las comunitarias y las indígenas.
  • Las que se entregarán mediante licitación pública y las concesiones de uso público y social mediante asignación directa.
  • Concesiones únicas, de tal forma que los concesionarios puedan prestar todo tipo de servicios a través de sus redes.

6.- Competencia en radiodifusión:

La iniciativa enfatiza tres aspectos principales:

  • Must Carry/Must Offer

La obligación de retransmisión gratuita de contenidos radiodifundidos. E sun principio de gratuidad para que exista un mayor acceso, diversidad y pluralidad de contenidos para los usuarios de servicios de televisión restringida.

  • Multiprogramación radiodifundida en tv restringida

Los concesionarios de televisión radiodifundida tendrán acceso a la multiprogramación. El objetivo es que los concesionarios den una mayor oferta y que los usuarios tengan mayor pluralidad de contenido.

  • Nueva cadena del Estado

Se establecerán dos nuevas cadenas comerciales y una pública de televisión con cobertura nacional, además se creará un nuevo órgano público de radiodifusión.

La cadena estatal busca establecer un foro para garantizar espacios de libre expresión y de pluralidad.

El objetivo es incrementar la oferta de contenidos y asegurar el acceso al mayor número de personas en todas las entidades  a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica.

7.- Recursos orbitales:

Se abre al 100 por ciento la posibilidad de inversión extranjera directa en comunicación satelital.

Las empresas no sólo podrán participar por los recursos orbitales que ya tiene México, sino que podrán solicitar al IFT su interés de que gobierno federal obtenga más recursos.

8.- Interconexión:

La interconexión será una obligación y un derecho inherente a todo concesionario de telecomunicaciones y se faculta al instituto para resolver las condiciones entre los empresarios.

Se establecen tarifas, términos y condiciones de orden público e interés social, por lo cual se privilegiará el derecho de los usuarios frente a desacuerdos entre concesionarios.

9.- Neutralidad de las redes:

Los concesionarios no deberán limitar, degradar, restringir o discriminar el acceso a cualquier servicios, ni limitar el derecho de los usuarios del servicio de internet  a incorporar o utilizar cualquier clase de instrumentos que se conecten con su red.

10.- Publicidad:

Las estaciones de televisión no excederán más de 18 por ciento del tiempo total de programación. Las estaciones de radio podrán destinar a publicidad comercial más de 40 por ciento.

Los concesionarios de TV y audio restringido hasta seis minutos en cada hora de transmisión. Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda electoral presentada como noticia.

Las empresas deberán registrar sus tarifas en el Registro público de Concesiones; deberán ofrecer el servicio sin discriminación a cualquier persona física o moral que lo solicite.

11.- Sanciones:

Se elimina el sistema de poner multas por salarios mínimos; se adapta el sistema proporcional según las ganancias, lo que servirá para imponer sanciones de manera equitativa.

  • Las sanciones van de 0.1 a 5 por ciento de los ingresos de las empresas concesionarias. Las conductas más graves son:
  • Preste servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin contar con concesión o autorización
  • Interrumpa, sin causa justificada o sin autorización del instituto, la prestación total de servicios en poblaciones donde el concesionario sea el único prestador

 

 

 

Panistas analizarán a fondo reforma de Telecomunicaciones

Sin Embargo

Redacción/ Sin Embargo

26 de marzo de 2014

 

 

México, 26 Mar. (Notimex).- Legisladores y la dirigencia nacional del PAN indicaron que analizarán con todo cuidado y a profundidad la iniciativa que turnó el Ejecutivo federal al Senado sobre la ley reglamentaria de la reforma en materia de Telecomunicaciones. La presidenta nacional del PAN, Cecilia Romero, y los coordinadores parlamentarios de los diputados, Luis Alberto Villarreal, y de los senadores, Jorge Luis Preciado, señalaron que realizarán dicho análisis “pensando siempre en el bien común de todos los mexicanos”. En un comunicado conjunto, aseguraron que su “única y común convicción es, y ha sido siempre, que las leyes secundarias que se discuten en el Congreso de la Unión, preserven el sentido de las reformas constitucionales aprobadas e impulsadas por el PAN el año pasado”. “Los legisladores de Acción Nacional en coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional, analizarán con todo cuidado, profundidad y responsabilidad, la iniciativa del Ejecutivo en materia de Telecomunicaciones, pensando siempre en el bien común de todos los mexicanos”, precisó el boletín. De igual forma expusieron que “como siempre el único interés que mueve al Partido Acción Nacional es el de los ciudadanos. Esa es nuestra única agenda”.

 

 

 

Cecilia Romero descarta enojo con coordinadores panistas por telecom

Sin Embargo

Redacción/ Sin Embargo

26 de marzo de 2014

 

 

México, 26 Mar. (Notimex).- La presidenta nacional del PAN, Cecilia Romero Castillo, negó que la dirigencia del partido esté enojada con sus coordinadores en la Cámara de Diputados y el Senado por la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones. En rueda de prensa, la lideresa del Partido Acción Nacional (PAN) destacó que para avanzar es necesario que todos los actores políticos tengan coordinación, diálogo, discusiones, discrepancias y acuerdos al final. Ello, indicó, luego que los coordinadores de las bancadas panistas se confrontaron con su dirigencia nacional por la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones que presentó el Ejecutivo federal. Expuso que ese fue el espíritu del Pacto por México, que más allá de cualquier posición partidista o particular “el sentarnos a platicar para buscar soluciones comunes a problemas ingentes de la sociedad mexicana. Entonces, en ese sentido estaría yo de acuerdo”. Por otra parte, se refirió a la instalación de la Comisión Especial del Senado que investigará a la empresa Oceanografía, la cual presidirá la priista Arely Gómez González, y tendrá como secretarios al panista Roberto Gil Zuarth y a la perredista Dolores Padierna. Expuso que esa instancia legislativa analizará y hará el trabajo que se requiera para esclarecer lo que sea necesario de cualquier época y en cualquier momento, aunque “también tenemos muy claros los puntos iniciales que surgieron en torno a ese tema”. La lideresa panista reconoció que es necesario acelerar el paso en cuanto a la reforma político-electoral, pues tiene tiempos perentorios, por lo que si se quiere que entre en vigencia se deberá aprobar hacia finales de abril, ya que el proceso electoral 2015 iniciará en septiembre próximo. Por lo tanto, añadió, “los tiempos son urgentes para la búsqueda de consensos, aunque se ha venido trabajando para ello sin ir contra el cumplimiento de la reforma constitucional que se concretó en diciembre pasado”.

 

 

 

PRD confía en que leyes de telecomunicaciones sean modificadas

Sin Embargo

Redacción/ Sin Embargo

26 de marzo de 2014

 

 

México, 26 Mar. (Notimex).- Los diputados del PRD defenderán que las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones se apeguen en sentido estricto a la reforma constitucional que aprobó el Congreso de la Unión el año pasado y de ser necesario acudirán a la SCJN para que se cumpla con ello, afirmó el legislador Miguel Alonso Raya. El vicecoordinador de la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Palacio Legislativo de San Lázaro, dijo que incluso acudirán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) si las leyes secundarias no se apegan a la constitución. Sin embargo, confió en que puedan “encontrar flexibilidad en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y disposición en el Partido Acción Nacional (PAN) para poder empujar y continuar con los acuerdos que hasta ahora hemos venido planteado juntos en esta materia”. Por separado, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Julio César Moreno Rivera, aseguró que “lo que hace algunos días presumió en foros internacionales el presidente Enrique Peña Nieto como un gran avance para el país en telecomunicaciones, está a punto de convertirse en una nueva traición a la naturaleza de la reforma constitucional”. Consideró que la propuesta enviada a la colegisladora significa una contrarreforma que desvía el verdadero objetivo de la reforma constitucional analizada, estudiada y dictaminada el año pasado en la Comisión de Puntos Constitucionales, la cual preside el diputado perredista. “Uno de los puntos que se cuidaron en la reforma constitucional, fue garantizar la competencia en telecomunicaciones con el fin de terminar con los monopolios que laceran desde hace décadas a nuestro país. “Las leyes secundarias propuestas por el presidente de la República, contradicen y no favorecen a la competitividad, peor aún no fomentan la televisión y la radiodifusión pública”, indicó. Además invaden facultades que la Constitución le dio al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y ahora se le quieren otorgar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y a la Secretaría de Gobernación (Segob). El IFT tiene la facultad de regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Asimismo, la reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución dio al instituto la facultad de otorgar y revocar concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Moreno Rivera recordó que para eso fueron creadas las instituciones y organismos desconcentrados, por eso existen las organizaciones no gubernamentales. Mencionó que es la hora de dejar claro el verdadero objetivo, para el cual fue creado el Ifetel y papel que jugará con apenas unos meses de su creación.

 

 

 

Nueva jugarreta

Homo Zapping

Jorge Meléndez Preciado

27 de marzo del  2014

 

 

Una de las más importantes reformas que se propusieron a inicios de sexenio se convirtió en una regresión para que el PRI, a través de la Secretaría de Gobernación, siga haciendo de las suyas en telecomunicaciones. Lo sintetizó muy bien el legislador Javier Corral: “La más relevante de las reformas procesadas en el Pacto por México, a propuesta de la oposición, es traicionada por el presidente de la República”, Enrique Peña Nieto (El Universal, 25 de marzo).

En el fondo, como siempre, ganan las televisoras. Y América Móvil, de Carlos Slim, ve nuevamente caer sus acciones casi 5  por ciento.

Luego de un retraso de tres meses y medio, hay una serie de medidas que según el especialista Marcos Santiago Álvarez hacen, por ejemplo, que Televisa no sea considerado preponderante en la televisión de paga y el famoso apagón analógico sea trasladado de 2015 a 2017 (Sin embargo, ídem). Cuestiones que no son menores, ya que posibilita que sigan predominando los mismos vicios en la televisión, no haya opciones nuevas y la importancia política, social y económica del duopolio tenga repercusiones importantes para el 2015 y hasta el 2018 en las elecciones.

Para otra conocedora del asunto, la presidenta de Observatel, Irene Levy: el Instituto Federal de Telecomunicaciones se verá adelgazado –ya se dice  que requiere para su funcionamiento la importante cantidad de 2 mil 769 millones de pesos–. Además dicho instituto estará en los hechos sectorizado a Gobernación, no organizará sesiones públicas y los medios gubernamentales o públicos no podrán financiarse con publicidad (El Universal, ídem).

Por si algo faltara, los tiempos oficiales serán administrados por el gobierno federal, estará ausente la definición de servicio público, no se regulará la publicidad,  se medirá dicha publicidad no por horas sino por tiempos totales (días), no se sancionará la información engañosa que en realidad es publicidad disfrazada, el IFT también tendrá subordinación con la SCT y otras dependencias, habrá amparos inmediatos a las multas del multicitado organismo, no habrá límites a la concentración de frecuencias y a la propiedad cruzada de los medios, no tendrá protección las audiencias cuando sean lastimadas y, para no alargar la lista, no se alientan las producciones independientes.

Hay tanto malestar en la oposición, que incluso dieron una conferencia al alimón Cecilia Romero del PAN y Jesús Zambrano del PRD. Lógico, algunas organizaciones como el PT y el Movimiento Ciudadano se inconformaron, y la voz de Dolores Padierna, hoy colaborado del periódico El Financiero, también se hizo escuchar.

Para algunos de los citados, el asunto se aprobará en la Cámara de Diputados, ya que el PRI y sus aliados (organizaciones como el Panal y el PVEM, aunque también congresistas del PAN y el PRD que jalan con el peñanietismo), rebasan con mucho la cantidad de votos que se necesitan. Pero el resultado hará que el asunto vaya nuevamente a la SCJN.

Eso, recordemos, ocurrió cuando se aprobó la llamada Ley Televisa en siete minutos. Luego los ministros la corrigieron severamente.

Pero las repercusiones en telecomunicaciones, igual que en asuntos energéticos, no están muy bien planteados y habrá impedimento, en serio, para que existan mayores inversionistas y pueda llegar los miles de millones de dólares que se necesitan para que  la economía crezca.

Recientemente las cifras económicas mostraron algo deprimente. En enero únicamente crecimos en 0.09  por ciento. Es decir, una ridiculez. Por lo tanto, la inseguridad que no cesa no obstante que se esconden las noticias al respecto, más lo paupérrimos resultados de la economía muestra que la portada del Time señalando  a Peña Nieto como el salvador del país, quedará en un acto meramente propagandístico.

Mientras Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego están de plácemes, lo mismo que Carlos Slim, quienes necesitan miles de millones de dólares para intentar abrir un nuevo canal de televisión o competir en comunicaciones, lo pensarán mucho, ya que las nuevas reglas dejan en una posición muy fuerte a quienes han desinformado al pueblo durante años y difunden  programas tan “edificantes” como los de Laura Bozzo y otras celebridades de la pantalla.

 

 

“Estamos ante una contrarreforma, la segunda temporada de la Ley Televisa”: Javier Corral

Homo Zapping

Arturo Loría

27 de marzo del  2014

 

 

“Estamos ante una contrarreforma, (…) la segunda temporada de la Ley Televisa”, así lo declaró esta mañana el senador del PAN Javier Corral en entrevista para Noticias MVS con Carmen Aristegui.

En un extenso análisis sobre la iniciativa de leyes secundarias en telecomunicaciones que envió el presidente Enrique Peña Nieto al Senado el pasado 24 de marzo, Corral aseguró que está ocurriendo algo parecido a lo que pasó entre 2005 y 2006 cuando Televisa cabildeó en el Congreso una serie de modificaciones a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones, conocidas como Ley Televisa.

Corral invitó a los redactores de esta propuesta de ley a un debate, entre ellos están el subsecretario de comunicaciones como Ignacio Peralta y el consejero jurídico de la presidencia Humberto Castillejos, así como con Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el Senado.

Calificó la iniciativa en materia de telecomunicaciones y radiodifusión como “un acto de regresión política, de arrepentimiento, da marcha atrás de una reforma que presumió en el mundo” y dijo que el presidente Peña Nieto “se ha doblado frente a la televisión, tiene artículos de regalo para la empresa de Emilio Azcárraga”.

Uno de estos regalos, dijo Corral, tiene que ver con la competencia económica ya que, si bien Televisa fue declarado agente económico preponderante en la televisión abierta, no lo fue en la de paga, donde tiene una presencia del 60%. “Le abren una cláusula especial a Televisa para que pueda concentrar todas las cableras que quiera, como no le tocaría preponderancia en TV de paga, para que pueda seguir concentrando, vamos a llamarle la cláusula Cablecom”, sostuvo el senador, quien dijo también que los redactores del proyecto “quieren abusar de la ignorancia del Presidente en la materia”.

Sobre las declaraciones de legisladores panistas, como el coordinador de la bancada del PAN en San Lázaro, Jorge Luis Preciado, quien dijo que es “poco responsable” rechazar las leyes secundarias que propone el Ejecutivo, Corral comentó que él ya sabía el contenido de la propuesta, pues “el gobierno le compartió a partidos los proyectos, cuando te digo que vamos a ver la segunda temporada de la ley Televisa es porque este tema va a dividir a todos los partidos”.

Sobre el boletín que Televisa publicó a partir de que se dio a conocer la iniciativa, Javier Corral dijo que la televisora ”se tira al piso, tratando de hacerse víctima, ya que las medidas que se le imponen no son graves en realidad. “Cuidado con ese boletín, se tiraron al piso, no son más que obligaciones que ya tienen incluso en su título de concesión”, concluyó.

Corral se mostró preocupado por las facultades del Ifetel que se le otorgan a la Secretaría de Comunicaciones y a la Secretaría de Gobernación. “Pretende devolver a la SCT intromisión indebida en procedimientos, trámites y recomendaciones”, dijo y agregó: “Están regresando una reforma que no digirieron absolutamente y quieren volver a recuperar”.

Calificó al proyecto de autoritario pues le devuelve a Segob facultades de vigilancia, “una facultad que en exclusiva la Constitución le otorgó al Ifetel y para lo cual había un consejo consultivo”, indicó.

El senador dijo que es necesario esperar la postura del Instituto Federal de Telecomunicaciones al respecto, ya que ésta permitirá “medir si estamos ante un órgano con visión de Estado o de relación con el gobierno”.

 

 

 

Busca el PRI a AN para aprobar ley secundaria en telecomunicaciones

Homo Zapping

Monitoreo Informativo

27 de marzo del  2014

 

 

El pleno del Senado dio entrada a la propuesta de legislación secundaria en materia de telecomunicaciones enviada por el presidente Enrique Peña Nieto, y la turnó a comisiones en medio de críticas de PRD, PT y algunos senadores del PAN que están dispuestos a llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como ocurrió con la llamada ley Televisa, si el PRI y sus aliados aprueban ese proyecto.

El coordinador de los senadores deltricolor, Emilio Gamboa Patrón, dijo que están abiertos a modificar la propuesta presidencial si los opositores les presentan argumentos sólidos, pero dejó en claro que a pesar de ello ‘‘habrá ley secundaria en materia de telecomunicaciones’’.

Al PRI y al Verde sólo le faltan cinco votos para lograr la mayoría calificada necesaria para aprobar la iniciativa y éstos los puede lograr de la bancada del PAN, que está dividida. Ayer, el coordinador panista, Jorge Luis Preciado, dijo en conferencia de prensa que revisarán la postura del Comité Ejecutivo Nacional delblanquiazul –dada a conocer un día antes por la dirigente en funciones, Cecilia Romero– ‘‘para ver si coincidimos o no’’.

Al mismo tiempo, el senador Javier Lozano, a través de su cuenta de Twitter, sostuvo que Cecilia Romero está ‘‘mal informada’’, ya que la iniciativa es ‘‘muy buena’’. Al respecto, el también panista Javier Corral Jurado dijo que tienen enfrente otra batalla en el Congreso ‘‘para atajar este intento de regresión’’.

Resaltó que el escenario es incierto en su saldo final, ‘‘dada la facilidad con la que en este tema el PRI puede conseguir apoyo entre legisladores del PAN. No sería improbable que el asunto termine en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante acción de inconstitucionalidad’’, adelantó.

A su juicio, se trata de una contrarreforma que ‘‘constituye una regresión política insospechada y un acto de incumplimiento al espíritu y letra de la reforma Constitucional en esta materia”.

Por su parte, los senadores perredistas Dolores Padierna, Alejandra Barrales, Luis Sánchez y Zoé Robledo no descartaron la posibilidad de acudir a una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, dado que la propuesta de Peña Nieto ‘‘viola las disposiciones de la reforma constitucional’’ en la materia. Entre los puntos más preocupantes, destacaron que se quitan facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), se le debilita, para reforzar el poder presidencial. ‘‘Dejar la regulación de contenidos en manos de la Secretaría de Gobernación ‘‘significa un retroceso a los tiempos de subordinación de los medios electrónicos al gobierno federal’’.

Igualmente, los perredistas consideraron grave que se modifiquen las pautas que la Constitución fijó para determinar la preponderancia y atajar las concentraciones monopólicas en radio y televisión.

Por separado, el senador Corral destacó que entre las deficiencias de la iniciativa está el desequilibrio regulatorio entre radiodifusión y telecomunicaciones a favor de las televisoras.

Asimismo, ‘‘el gran logro que fue incorporar en la Constitución la prohibición de la publicidad presentada como información carece de sanción. Desaparece la función social de la radio y la televisión, la clasificación horaria de programas, y no contiene disposiciones para la radio, que es el gran faltante.

‘‘Darán concesiones a 20 años con refrendo automático y bajo la figura de la concesión única ¡hasta por 30 años! Se le da la vuelta a la Constitución al conceder la suspensión en materia de amparo respecto de las multas que imponga el Ifetel’’, recalcó Corral.

En su propuesta de legislación secundaria, Peña Nieto incluyó el impacto presupuestal, que en el caso del Ifetel es de cerca de 2 mil 800 millones de pesos anuales. Es el costo de los servicios personales, administrativos y demás que implica el funcionamiento del órgano regulador.

 

 

 

Cuesta 2.7 mil mdp reforma telecom

Reforma

Claudia Guerrero

26 de marzo de 2014

 

La aprobación de la reforma en materia de telecomunicaciones podría tener un impacto presupuestal de 2 mil 769.8 millones de pesos anuales.

 

Así lo indican oficios de la Secretaría de Hacienda enviados al Senado, como parte del paquete de reformas secundarias propuesto por el Presidente Enrique Peña Nieto.

 

Señala la subsecretaría de Egresos que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) requerirá de 719.3 millones de pesos anuales para financiar el pago de su nómina.

 

“La existencia de un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado mediante la reforma constitucional, publicada el 11 de junio de 2013 en el Diario Oficial, tendrá un impacto en materia de servicios personales”, dice los documentos de la Dirección de Programación y Presupuesto.

 

Por otro lado, las nuevas atribuciones y actividades del IFT implicarán un gasto de 2 mil 50.5 millones de pesos al año.

 

Con estos recursos, el Instituto podrá ejercer sus facultades para aplicar sanciones, así como fortalecer mecanismos de supervisión y verificación del cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios de telecomunicaciones y radiodifusión.

 

Hacienda detalla que la asignación presupuestal también deberá servir para que, en sus funciones, el órgano regulador garantice la competencia y la libre concurrencia en el sector.

 

En los oficios se aclara que el costo de la conformación del IFT y del Sistema Público de Radiodifusión en México será cubierto con cargo al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.

 

Los documentos fueron publicados ayer en la Gaceta del Senado junto con las reformas secundarias enviadas por el Ejecutivo federal, y turnadas a las comisiones de Comunicaciones, Radio y Televisión, y Estudios Legislativos.

 

OTROS COSTOS

 

La propuesta del Ejecutivo plantea reducir a la mitad el monto máximo de sanciones que se aplicarán a los concesionarios por violar disposiciones legales en materia de contenidos audiovisuales.

 

En el proyecto circulado la semana pasada entre legisladores, el castigo más elevado era de 5 por ciento de los ingresos del concesionario y podía elevarse hasta 10 por ciento en caso de reincidencia.

 

La iniciativa enviada establece que la sanción máxima será de 2.5 por ciento de los ingresos del infractor.

 

También se reducen porcentajes para castigar a las empresas, pues las multas inician en el 0.01 por ciento y no en el 0.5 por ciento planteado en el documento que se entregó a las dirigencias de los partidos.

 

En este apartado sólo se realizó un nuevo numeral, para que también se castigue el “recibir patrocinios en contravención a los dispuesto” en la nueva ley.

 

 

 

-Actores preponderantes

 

 

Rechaza Slim Domit se obligue a Telmex a dar servicios gratis a sus competidores

La Jornada Nacional

Israel Rodríguez

27 de marzo de 2014

 

 

Teléfonos de México (Telmex) está en contra de que otros concesionarios usen de manera gratuita la infraestructura en la que invirtió y que tenga que esperar dos años para poder incursionar en la televisión, afirmó Carlos Slim Domit.

 

En la declaratoria de preponderancia emitida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) se ordena la desagregación del bucle local de Telmex para que permita la entrada de otros concesionarios a distintos puntos, de forma no discriminatoria. La mayor parte de los costos correrían a cargo de la empresa y los usuarios pagarían la tarifa acordada.

 

Sin embargo, la iniciativa de legislación secundaria señala que los competidores de Telmex no pagarán el servicio de interconexión ni otros insumos, como la terminación de llamadas en la red de la empresa preponderante.

 

La iniciativa plantea, además, que para poder entrar al régimen de concesión única Telmex deberá cumplir todas sus obligaciones como agente económico preponderante durante 24 meses de forma ininterrumpida, lo cual tendrá que ser verificado por el Ifetel, y éste podrá contar con el apoyo de un tercero, experto en la materia. La concesión única permitirá a Telmex entrar al negocio de la televisión.

 

Al respecto, Slim Domit presidente de América Móvil y Telmex, en su primer pronunciamiento público sobre el tema dijo que la reforma en telecomunicaciones es muy importante y todavía la están estudiando. Sin embargo, cuestionó dos de sus principales puntos.

 

Al participar en el Congreso Business Forum, organizado por la Universidad Panamericana, a pregunta de un estudiante sobre la reforma en telecomunicaciones, Carlos Slim Domit respondió: hay dos cosas que estamos estudiando, pero no entende-mos que por ley una empresa tenga que dar gratis y sin ningún ingreso servicios a sus competidores; no hemos visto que eso suceda en otros países, y la otra es la limitación mínima de dos años para poder competir nuevamente en todos los servicios, el que México lleve tantos años rezagado en la convergencia de servicios, pues creemos que no es lo ideal para el sector. En general, estamos analizando la reforma y debemos estar de acuerdo en todo lo que sea de beneficio para nuestros usuarios y para el mercado, y la estamos revisando en detalle para tener una opinión más concreta.

 

Slim Domit precisó los cuatro principios que, desde su punto de vista, debe incluir la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones para el desarrollo del sector en México.

 

Primero, que detone la generación de inversión; segundo, que haya competencia en todos los servicios; tercero, que se fomente, sobre las redes de telecomunicaciones, desarrollo de innovación, es decir, que haya miles de empresas y personas que puedan estar desarrollando conceptos innovadores sobre las redes de telecomunicaciones, y cuarto, generar acceso, es decir, que la expansión de los servicios de telecomunicaciones pueda llegar a todo mundo.

 

Indicó que las iniciativas presentadas estimulan algunos puntos, pero en otros tiene diferencias, por lo que insistió en que una vez que se termine de estudiar la propuesta, América Móvil fijará su postura.

 

Durante su exposición, consideró que la mejor inversión es combatir la pobreza, y estimó que los retos que enfrenta México son fortalecer la salud, la educación y la generación de empleos. También es necesario, dijo, mejorar las condiciones de seguridad física y jurídica. Además de que debe haber transparencia y rendición de cuentas.

 

 

 

Slim no quiere compartir ni esperar dos años para participar en TV

Aristegui Noticias

Redacción

27 de marzo de 2014

 

 

Teléfonos de México manifestó su rechazo a que otros concesionarios usen de manera gratuita la infraestructura en la que invirtió y que tenga que esperar dos años para poder incursionar en la televisión, afirmó Carlos Slim Domit, presidente de América Móvil y del consejo de administración de Telmex, e hijo del matrimonio entre Carlos Slim Helú y Soumaya Domit.

Hay dos cosas que estamos estudiando, pero no entendemos que por ley una empresa tenga que dar gratis y sin ningún ingreso servicios a sus competidores; no hemos visto que eso suceda en otros países, y la otra es la limitación mínima de dos años para poder competir nuevamente en todos los servicios, el que México lleve tantos años rezagado en la convergencia de servicios, pues creemos que no es lo ideal para el sector. En general, estamos analizando la reforma y debemos estar de acuerdo en todo lo que sea de beneficio para nuestros usuarios y para el mercado, y la estamos revisando en detalle para tener una opinión más concreta, dijo, al participar en el Congreso Business Forum, organizado por la Universidad Panamericana, a pregunta de un estudiante.

Como se adelantó en este medio, Telmex fue declarado agente económico preponderante. Entre las medidas impuestas por el Ifetel, contra una de las grandes empresas que tiene Slim Helú, se ordenó la desagregación del bucle local de Telmex para que permita la entrada de otros concesionarios a distintos puntos, de forma no discriminatoria. En la iniciativa presidencial de legislación secundaria señala que los competidores de Telmex no pagarán el servicio de interconexión ni otros insumos, como la terminación de llamadas en la red de la empresa preponderante.

La iniciativa también plantea que para que un agente preponderante, como es el caso de Telmex, entre al régimen de concesión única, deberá cumplir todas sus obligaciones durante 24 meses de forma ininterrumpida, lo cual tendrá que ser verificado por el Ifetel. La concesión única permitirá a Telmex, en algún momento, entrar al negocio de la televisión, lo que ha intentado desde hace años.

Slim Domit precisó los cuatro principios que, desde su punto de vista, debe incluir la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones para el desarrollo del sector en México.

Primero, que detone la generación de inversión; segundo, que haya competencia en todos los servicios; tercero, que se fomente, sobre las redes de telecomunicaciones, desarrollo de innovación, es decir, que haya miles de empresas y personas que puedan estar desarrollando conceptos innovadores sobre las redes de telecomunicaciones, y cuarto, generar acceso, es decir, que la expansión de los servicios de telecomunicaciones pueda llegar a todo mundo.

El hijo de Slim Helú indicó que una vez que se termine de estudiar la propuesta, América Móvil fijará su postura.

 

 

 

Simulación, la relación de Telmex y Dish; impedirá la competencia, afirma Televisa

La Jornada Nacional

Miriam Posada García

27 de marzo de 2014

 

 

Para Televisa, la relación entre Teléfonos de México (Telmex) y Dish es una clara simulación y concentración prohibida que beneficia a la empresa de Carlos Slim, y echará por tierra el objetivo del must offer y must carry de generar condiciones de competencia, afirmó el vicepresidente jurídico corporativo de la televisora, Luis Alejandro Bustos Olivares.

 

Al hablar ante miembros de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade), puntualizó que Telmex y Dish escondieron dos de cinco contratos sobre una relación que no es sólo comercial y de la que Telmex se beneficia.

 

Precisó que los daños para Televisa por entregar sus canales de televisión abierta de forma gratuita, por mandato constitucional, sí tendrán impacto debido a que se violentan los derechos de autor y derechos conexos. Detalló que la empresa genera al año 60 mil horas de contenidos, en cuya elaboración están involucradas 16 mil 962 personas.

 

Bustos Olivares señaló que el derecho de autor da a los creadores el monopolio de la explotación permitido y pro competitivo, que además es un derecho a la libertad de expresión, a la información, y aseguró que hay muchas otras medidas para acotar la preponderancia que no disminuyen los derechos fundamentales.

 

Adelantó que el próximo viernes el juzgado 32 deberá acudir al tribunal a contestar la controversia constitucional que promovió el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) sobre la competencia que tiene para decidir sobre derechos de autor y retransmisión de señales.

 

Las diferencias entre Televisa y Televisión Azteca respecto de Dish y Telmex transcurren en dos escenarios que coinciden. El primero es que por mandato de la reforma constitucional las televisoras deben entregar de forma gratuita sus señales de televisión abierta a las empresas de televisión restringida, siempre y cuando no sean preponderantes, en cumplimiento del must offer. El alegato de las televisoras consiste en que Telmex, que es preponderante, está asociada con Dish, por lo que no debería tener el beneficio de gratuidad. Además alegan que Dish degrada su señal y que no la recibe de manera directa porque no se las ha solicitado.

 

Foto

Telmex, que es preponderante, y por su asociación con Dish, no debería tener el beneficio de gratuidad, dicen las televisorasFoto Francisco Olvera

El segundo escenario consiste en que las televisoras aseguran que Telmex y Dish no tienen una relación comercial, sino una sociedad accionaria, por lo que incurrieron en una concentración prohibida que debe ser sancionada con la revocación de concesiones.

 

Bustos Olivares aseguró que Telmex y Dish ocultaron información a la extinta Comisión Federal de Competencia (CFC) para que autorizara la supuesta alianza comercial, sólo mostraron tres contratos para actividades como facturación y cobranza, entre otros, pero ocultaron dos contratos en los que Telmex tiene la opción de compra de acciones de Dish.

 

El director de cumplimiento regulatorio de Grupo Salinas, Eduardo Ruiz Vega, dijo que están a la espera de que el Ifetel dé respuesta a las denuncias de lo que creemos que es una concentración prohibida, y se sabrá si hubo omisión dolosa de algunos documentos o si de plano hubo falsedad, porque realmente no nos explicamos con toda claridad cómo se dio en su momento este proceso de autorización que tanto cacarean los abogados de Dish, cuando nos presumen que la extinta CFC ya había aprobado esto; para nosotros es muy razonable la duda de que si lo vieron y lo aprobaron es porque no lo vieron completo.

 

Explicó que Grupo Salinas no ha recibido respuesta del Ifetel sobre la denuncia de que Telmex se beneficia a través de Dish de la regla de gratuidad que conceden must offer y must carry, en la que también se aborda el tema de preponderancia. “Es un tema palmario y clarísimo en la Constitución de que si hay un aprovechamiento de los preponderantes –hoy ya tenemos claro que son preponderantes– entonces, si estos se benefician de la regla de gratuidad, hay una consecuencia que no está sujeta a interpretación y que es la revocación del título de concesión de ambas empresas”.

 

 

 

Necesario, castigo a Telmex: Televisa

El Universal

Carla Martínez

27 de marzo de 2014

 

 

Telmex debe ser castigado porque se beneficia de la gratuidad en materia de must offer y must carry a través de Dish, de lo contrario la medida tomada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no servirá, dijo Alejandro Bustos, vicepresidente jurídico corporativo de Grupo Televisa.

 

“Si esto no se castiga como el artículo 28 constitucional dice ‘severamente’, ya que así lo imponen las autoridades a todos los actos de concentración y todas las actividades anticompetitivas realizadas por los agentes en el mercado. Esta medida detiene el objeto de emparejar la cancha en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, de lo contrario no va a servir para nada”, precisó Alejandro Bustos.

 

La piedra angular de este sistema para que genere competencia en los dos sectores es que ningún preponderante se beneficie de la gratuidad, comentó.

 

Durante un foro organizado por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, el directivo aseguró que Dish dio una lectura tergiversada de la reforma constitucional, indicando que tiene la obligación de transmitir las señales de televisión abierta, con lo que beneficia a Telmex.

 

“En el caso de Dish se autoimpone una obligación interpretando el precepto constitucional, dice ‘estoy obligado’, pero yo radiodifusor no quiero que lleves las señales, el must carry es derecho del radiodifusor y no quiero que la lleves porque en el caso tuyo no hay un tema de competencia como lo habría en el caso de otros participantes de la televisión restringida”, comentó el directivo. Eduardo Ruiz Vega, director de cumplimiento regulatorio de TV Azteca, coincidió en que al beneficiarse Dish con la transmisión de televisión abierta, también se beneficia Telmex.

 

Ruiz Vega recordó que TV Azteca interpuso diversos recursos ante el IFT sobre los lineamientos de must offer y must carry así como de la alianza Dish-Telmex y, a la fecha, no tienen respuesta. Anteriormente, se dio a conocer que Telmex tiene un posible contrato para poder adquirir a Dish.

 

Tema preocupante

A la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) le preocupa la forma en que la propuesta de ley en telecomunicaciones aborda los temas de sanciones, multiprogramación y publicidad, dijo Eduardo Ruiz Vega.

 

“Nos preocupa este tema de cambio de régimen que se está pretendiendo hacer a la multiprogramación para los servicios digitales, porque en todo el mundo la multiprogramación ha servido para incentivar la penetración de los servicios digitales en la población”, mencionó el también representante de estudios legislativos de la CIRT.

 

En materia de contenidos y publicidad, la posición es buscar que el capítulo evolucione conforme las tendencias para que se puedan aplicar las normas de manera objetiva y clara.

 

 

 

-Atribuciones del IFETEL

 

 

IFT propondrá un precio ‘justo’ para nuevas cadenas de TV abierta

El Financiero

Ramiro Alonso

27 marzo 2014

 

 

Mario Fromow, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), dijo que el precio mínimo de referencia para la licitación de dos nuevas cadenas de televisión abierta comercial privilegiará criterios de cobertura, así como el pago por el uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico, pero también deberá ser accesible para generar interés de los inversionistas.

Después de que el IFT recibió la opinión no vinculante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para determinar el precio de salida, el pleno del regulador se apresta a deliberar en torno a cuál será el precio de salida.

“Hay dos factores determinantes, uno es la cobertura y otro lo que se debe pagar por el espectro, como bien se sabe (el espectro) es un bien de la nación y tenemos la obligación de velar porque sea un precio justo el que se ponga a disposición”, dijo el comisionado a EL FINANCIERO.

 

A decir de los analistas, el precio de salida será también un punto de conflicto entre la administración pública federal, dado que los criterios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no siempre coinciden con los criterios del regulador.

“Si ponen un valor de salida equivocado simplemente matan al mercado desde el día uno”, comentó Sergio Legorreta, abogado del despacho Baker&McKenzie.

Ermilo Vazquez, director de Regulación e interconexión de Axtel, consideró importante la manera en la que el IFT estructure los compromisos de cobertura.

“El regulador debe asegurarse de que los nuevos entrantes tengan condiciones para competir contra Televisa y TV Azteca”, comentó el ejecutivo.

 

 

 

 

Ley Federal de Competencia Económica

 

 

Ley de Competencia llega a comisiones del Senado

El Economista

Notimex

26 de marzo de 2014

 

 

El Senado de la República recibió este miércoles la minuta enviada por la Cámara de Diputados  con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Competencia Económica y reforma el Código Penal Federal, la cual fue turnada a comisiones para su análisis.

 

La víspera, en San Lázaro se aprobó esta ley reglamentaria de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica, que pretende terminar con prácticas monopólicas en el país.

 

La minuta, que empezará a analizarse de inmediato, también modifica el artículo 254 Bis del Código Penal Federal, con el objeto de regular los mercados económicos.

 

De acuerdo con la minuta, se busca brindar certeza jurídica y mejores condiciones para los consumidores, ya que coadyuvará a combatir los monopolios y hacer que productos y servicios sean más baratos.

 

También se pretende promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, donde se privilegie la equidad entre la autoridad y los agentes económicos.

 

La reforma plantea terminar con las prácticas monopólicas y demás conductas anticompetitivas que durante años han retrasado el crecimiento económico del país, mediante la regulación de un órgano autónomo, independiente e imparcial en materia de competencia económica.

 

Se establecen esquemas de libre competencia y libre concurrencia, la prevención efectiva de las prácticas monopólicas y las conductas contra la competencia y se fijan sanciones a quienes atenten contra estos mecanismos. El dictamen de ley reglamentaria contiene 130 artículos.

 

Los capítulos definen las responsabilidades entre la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

 

También la integración de la Cofece, las atribuciones de sus funcionarios y garantías a su actuación técnica, autónoma e independiente, así como los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas.

 

Además, se expone el tema de las conductas anticompetitivas y prohíbe los monopolios y sus prácticas, las concentraciones ilícitas y las barreras que disminuyen, dañan o impiden la libre competencia en la producción, el procesamiento, la distribución o la comercialización de bienes o servicios.

 

La minuta se turnó a las comisiones unidas de Comercio y Fomento Industrial, Fomento Económico y Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis.

 

Ley de Propaganda Institucional

 

 

El PRI lanza iniciativa de Ley de Propaganda, pero no limita ni sanciona sus abusos en publicidad oficial: Art. 19

Sin Embargo

David MArtínez Huerta

27 de marzo de 2014

 

 

Ciudad de México, 27 de marzo (SinEmbargo).– Los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y el Verde Ecologista de México (PVEM) presentaron una iniciativa por la que se crearía la Ley de Propaganda Institucional, una demanda ciudadana pendiente desde 2007 y que pugna por erradicar la práctica de servidores públicos –de todos los colores partidistas– que promocionan su imagen y logros con dinero público. Sin embargo, para especialistas de la organización internacional Artículo 19 ese planteamiento no ofrece detalles sobre la regulación de publicidad oficial y la libertad de expresión, ni tampoco habla de sanciones para servidores públicos y legisladores que abusan del dinero público para su autopromoción, como es el caso del propio Presidente Emrique Peña Nieto o del Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, aliado del PRI. En el marco de la presentación de las reformas a leyes secundarias en materia político-electoral, el PRI envió su propia versión para intentar poner fin a las campañas de “autoelogio”, así como la complicidad entre gobiernos o candidatos con los medios de comunicación, para promover su imagen a expensas del erario. “Una asignatura pendiente para México es la regulación de la propaganda gubernamental, que ha servido de instrumento a muchos funcionarios faltos de ética para posicionarse por ambiciones individuales, para ejercer presión sobre medios de comunicación o, incluso, para incidir sin el menor reparo en los procesos democráticos del país”, destacó la senadora Cristina Díaz Salazar al presentar la iniciativa en tribuna. Destacó que hace dos años, el entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto se comprometió a transparentar la relación entre el poder político y los medios de comunicación. Sin embargo, la priista omitió mencionar el gasto que el actual Presidente de la República realiza para promocionar su imagen en los medios de comunicación. Tampoco mencionó que el Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, surgido del PVEM pero aliado del PRI, protagonizó uno de los más recientes escándalos de promoción personal con dinero público, al gastar aproximadamente 10 millones de dólares para promover su primer informe de actividades, en medios de comunicación del Distrito Federal y otros estados del centro de la República. En México son cotidianas las campañas de “autoelogio” que realizan funcionarios y dependencias gubernamentales con dinero público, disfrazadas de gasto en propaganda gubernamental; es decir, la promoción de los programas y acciones de gobierno en beneficio de la ciudadanía. “Se están utilizando recursos millonarios en este rubro presupuestario [propaganda gubernamental] que no está regulado y que se están ejerciendo en total opacidad; no hay criterios objetivos, no hay criterios transparentes para la asignación de publicidad oficial. Y la distribución de la pauta [los mensajes que se entregan a los medios de comunicación] es totalmente arbitraria, tanto a nivel federal, como a nivel local”, detalló Ana Cristina Ruelas, Oficial del Programa de Derecho a la Información de Artículo 19, México en entrevista con SinEmbargo. Los gastos en propaganda gubernamental de los tres Poderes de la Unión han aumentado en últimos años, pasando de mil 013 millones de pesos en 2002, a 5 mil 927 millones en 2011, según un estudio sobre la calidad de la regulación electoral en México, 2000- 2012, publicado por el Centro de Estudios Espinoza Yglesias e Integralia, SC. Durante el primer semestre de 2013, el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto gastó más de 698 millones de pesos en publicidad oficial, según datos de las organizaciones Fundar y Artículo 19, entre otras. En otras palabras, se gastó aproximadamente 186 millones de pesos sólo para promover las reformas Educativa y Energética durante el año pasado. Este monto es equivalente a más de 25 por ciento del gasto en publicidad oficial. LA INICIATIVA A pesar de que la regulación a la propaganda gubernamental es una añeja demanda ciudadana y fue un compromiso de campaña del Presidente Peña, las propuestas para combatir la “spotización” de las actividades gubernamentales, no han caminado en el Senado de la República en lo que va de la administración peñista. En septiembre de 2012, los senadores Javier Corral Jurado, Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y Ernesto Ruffo Appel presentaron una iniciativa para regular la contratación de la publicidad de los tres niveles de gobierno. La iniciativa de los panistas prohíbe el uso de la comunicación gubernamental para “presionar, castigar, premiar o privilegiar a los comunicadores sociales o a los medio de comunicación en función de sus líneas informativas”. En noviembre del mismo año, el Senador Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó una iniciativa para expedir la Ley de Propaganda Gubernamental, con el objetivo de regular el gasto en medios de comunicación, impedir la promoción personalizada de los funcionarios, evitar el desvío de recursos públicos y preservar la equidad en las contiendas electorales. Este miércoles, el PRI presentó su propia iniciativa con el apoyo del PVEM. Plantea que la propaganda gubernamental deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Determina que la difusión de la propaganda deberá cumplir con los criterios de “eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”, además de respetar los límites y condiciones que se establezcan en el presupuesto de egresos anual. También establece que se evitará influir en los procesos electorales locales. Prohíbe la contratación de medios de comunicación para la difusión de propaganda institucional presentada como información periodística o noticiosa. Establece que ningún medio podrá ser discriminado en su contratación para la difusión de propaganda institucional, por razón de su línea editorial. Propone la creación del Comité de Revisión de la Propaganda Institucional del Instituto Nacional Electoral (INE), que estará integrado por tres consejeros electorales designados por el Consejo General del Instituto, cargo que ocuparán durante tres años. Para favorecer al combate a la impunidad, faculta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), o sus equivalentes en las entidades federativas, para llevar a cabo la revisión y fiscalización de los recursos públicos en materia de propaganda institucional. LA PROPUESTA IDEAL

 

Ana Cristina Ruelas, Oficial del Programa de Derecho a la Información de Artículo 19, México, explicó que una ley de propaganda gubernamental ideal debería incluir los principios de regulación de publicidad oficial y libertad de expresión de la relatoría especial de la Comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Debería contener una definición específica de publicidad gubernamental; es decir, qué tipo de información puede ser difundida en los medios de comunicación, criterios objetivos de distribución de la pauta, en otras palabras que no privilegie a los medios que tiene mayor tráfico o presencia nacional sobre medios locales o medios que llegan a públicos específicos, por ejemplo las radios comunitarias o indígenas. Debe garantizar cada peso que se emplea para publicitar los actos de gobierno y los programas públicos. Tiene que establecer un padrón específico de proveedores, destacó. “En este caso yo quisiera comentarte que en el caso de Yucatán, en el año anterior encontramos [que otorgaba mucha publicidad a] medios fantasma, medios que no tienen una razón social, nadie sabe quiénes son en el estado. Entonces, no contar con una lista por lo menos que te permita reconocer que estos medios están acreditados, que tienen una audiencia fija, etcétera, hará más difícil acreditar cómo se están asignando los recursos, detalló Ana Cristina Ruelas. Otro punto que debería contener es un tope de gasto, el cual tiene que ser específico y congruente con el Producto Interno Bruto de la entidad. Tampoco debería sobrepasar el tope de los ingresos medios del propio agente económico. “Una de las grandes cosas que nos encontramos al momento de hacer el trabajo de campo dentro de las entidades federativas es que muchos de los medios dependían de los recursos públicos de las entidades federativas a través de la publicidad oficial. Es decir, más de 60 por ciento de los ingresos del medio dependían de la publicidad oficial, y esto hace que te alinees a lo que el gobierno quiere que digas”, afirmó la especialista de Artículo 19. Tiene que existir un órgano interno o externo que regule o controle el gasto oficial. Asimismo, detalló una ley ideal que debe contener sanciones por el uso descontrolado o indiscriminado de la publicidad oficial. “Necesita haber sanciones específicas para los funcionarios públicos que utilicen la publicidad como propaganda o plataforma política; que asignen más de los topes de gasto a publicidad oficial; que ejerzan un control arbitrario del uso de publicidad oficial”, recalcó la Oficial del Programa de Derecho a la Información de Artículo 19, en su Capítulo México. LOS ESCÁNDALOS

 

Estas campañas de “spotización” disfrazadas de propaganda gubernamental no son exclusivas de un solo partido político o entidad federativa. El Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, presuntamente gastó 10 millones de dólares, aproximadamente 130 millones de pesos, para promover su primer informe de gobierno (19 de diciembre de 2013), en una campaña mediática el Distrito Federal, a casi 900 kilómetros de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y alcanzó los estados de Nuevo León, Puebla, Veracruz, Estado de México y Sinaloa. Desplegó su propaganda en revistas de gran circulación que poco tiene que ver con el ámbito político como Tv Notas y Quién; se promocionó en televisión en la sección de espectáculos y noticias, tanto de Televisa como de Tv Azteca; así como en anuncios en periódicos circulación nacional como El Universal, Reforma o La Jornada; en el transporte público de la Ciudad de México: paradas de camiones, espectaculares, incluso salas de cine; todo esto, sin hablar de la promoción en redes sociales. Ante esta situación, el PAN presentó ante el Instituto Federal Electoral (IFE) una queja para denunciar las diversas irregularidades detectadas con motivo de la difusión del Primer Informe del Gobernador Manuel Velasco. “Pero lo más obsceno es que el Gobernador haya gastado más de diez millones de dólares en algo tan banal en un estado, que según información del Coneval es el más pobre país y que requiere de tantos recursos como sean necesarios para abatir la pobreza, la pobreza extrema y en donde la población tiene en promedio 6.7 años de educación por habitante”, aseveró en enero de este año, la Senadora Marcela Torres Peimbert. Por otra parte, el Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, según cifras oficiales, el año pasado el mandatario de origen panista gastó 124 millones de pesos para promover su imagen. La organización Fundar Centro de Análisis e Investigación, calculó que para promover su tercer informe de gobierno (15 de enero de 2014), Moreno Valle gastó 42 millones de pesos en los 10 días a los que tiene derecho a difundir imágenes con su rostro para promover el informe. De acuerdo con datos de Fundar, el gobierno de Moreno Valle gastó 194 millones 373 mil 608 pesos durante su primer año. Su llegada significó un aumento de recursos destinados a la compra de espacios en televisión. Mientras en 2010 sólo era de 17 por ciento del presupuesto de comunicación social, en 2011 ascendió a 67 por ciento. El pasado el 7 de enero, Moreno Valle fue denunciado ante el IFE por José Antonio Hernández Fraguas, representante del PRI ante el Instituto, con el argumento de que la promoción personalizada en espectaculares y parabuses no tenía justificación legal. El representante priista criticó la promoción hecha por Moreno Valle con recursos públicos, desde que era candidato a la gubernatura e incluyó en el mismo boleto al Alcalde de Puebla, el también panista Toni Gali Fayad. “Ha realizado un gasto excesivo de publicidad y ha utilizado los recursos gubernamentales para impulsar su imagen con miras a las elecciones presidenciales de 2018”, detalló entonces José Antonio Hernández Fraguas.

 

 

 

PRI propone en Senado Ley de Propaganda Institucional

Sin Embargo

Redacción/ Sin Embargo

27 de marzo de 2014

 

 

México, 26 Mar. (Notimex).- Las bancadas del PRI y PVEM en el Senado presentaron la iniciativa que expide la Ley de Propaganda Institucional, la cual busca transparentar la relación entre los poderes públicos, los partidos y los medios, así como evitar “campaña de autoelogio”, encubiertas y dispendio. En la sesión de este miércoles y en tribuna, la senadora Cristina Díaz expuso con esta iniciativa el PRI y el PVEM plantean terminar con privilegios para los partidos que gobiernan y lograr un “piso parejo” en las elecciones federales del 2015. “Debemos acabar con las campañas de autoelogio, en las que no se sabe cuánto se paga, para qué, a quién y por qué”, expuso la legisladora, quien señaló que las relaciones entre los poderes públicos y los medios deben regirse por el principio de transparencia, equidad y objetividad. “No podemos permitir más la malversación de recursos públicos para publicidad gubernamental”, argumentó. De acuerdo con la iniciativa, es necesario evitar que la publicidad institucional sea utilizada como propaganda encubierta. Con esta reglamentación se prohíbe promover implícita o explícitamente los intereses de las entidades públicas o de algún partido político, así como destacar los logros de la gestión gubernamental. La iniciativa reglamenta el Párrafo 8 del Artículo 134 de la Constitución y son sujetos obligados a la misma los poderes públicos; los órganos autónomos; las dependencias y entidades de la administración pública. Además, “prohíbe la contratación de medios de comunicación para la difusión de propaganda institucional presentada como información periodística o noticiosa”. Subraya que ningún medio de comunicación podrá ser discriminado en su contratación para la difusión de propaganda institucional, por razón de su línea editorial. Los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) plantean facultar a la Auditoría Superior de la Federación o su equivalente en los estados para revisar y fiscalizar los recursos públicos en materia de propaganda institucional. Con ello se sancionaría a los entes o servidores públicos por difundir propaganda institucional violatoria del principio de imparcialidad; difundir propaganda institucional que incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. La iniciativa fue turnada a las comisiones de Reforma del Estado, Gobernación, Justicia y Estudios Legislativos del Senado para su análisis.

 

 

 

Sin reglas claras, publicidad del gobierno “chantajea” a la prensa mexicana: Asociación Mundial de Editores

Sin Embargo

Redacción/ Sin Embargo

26 de marzo de 2014

 

 

Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).– En México la asignación de la publicidad oficial es el método más ampliamente aplicado de censura indirecta. Sin reglas claras y precisas, se utiliza como medio de influencia e incluso chantaje a dueños de medios y periodistas, denunció este día la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA). Al dar a conocer el informe ”Comprando Complacencia: publicidad oficial y censura indirecta en México” la asociación que agrupa más de 18 mil publicaciones, 15 mil sitios web y más de 3 mil empresas de 120 países diferentes dijo que mientras que los periodistas mexicanos son frecuentemente el blanco de ataques físicos, la censura indirecta es otro peligro más sutil. El informe fue realizado en colaboración con la organización de derechos humanos mexicana Fundar Centro de Análisis e Investigación, y la oficina de México y Centroamérica de Artículo 19. En éste se advierte que la libertad de prensa en el país enfrenta amenazas generalizadas y crecientes de “censura indirecta”. Precisa que estas “amenazas” incluyen el uso gubernamental de incentivos financieros y sanciones a los medios para presionar, castigar reportajes críticos y recompensar coberturas favorables. “Aunque menos visible que la terrible violencia contra los periodistas en México, la censura indirecta es muy insidiosa y debe ser reconocida como la seria amenaza que supone para la independencia de los medios y la libertad de prensa, en México y en todo el mundo”, advirtió el director ejecutivo de WAN-IFRA, Vincent Peyrègne, según se dio a conocer en un comunicado de prensa. Peyrègne  dijo que a diferencia de los ataques directos a la libertad de prensa, “la censura indirecta es mucho más sutil y rara vez genera niveles similares de indignación internacional. “ El documento revela que en México la asignación de la publicidad oficial es el método más ampliamente aplicado de censura indirecta. Cita investigaciones que exponen cómo los gobiernos federales y locales utilizan la publicidad oficial para influir líneas editoriales o para impulsar agendas partidistas, así como para financiar selectivamente a medios de comunicación que apoyan a algunos funcionarios y sus políticas. Por ello la organización internacional exige  reglas justas y transparentes para promover el desarrollo de un sector de medios de comunicación independientes. Sus nueve recomendaciones están diseñadas como punto de partida para las reformas más amplias que se necesitan urgentemente con el fin de ayudar a que la prensa mexicana cumpla su papel esencial en la promoción de la democracia, el pluralismo y la rendición de cuentas . “México no puede llegar a un nivel de rendición de cuentas efectiva o tener éxito en la democratización de su panorama de los medios sin abordar la multimillonaria asignación arbitraria de la publicidad oficial que limita el pluralismo, la libertad de expresión y el acceso a la información”, según la investigadora principal de Fundar, Justine Dupuy. Para Darío Ramírez, director de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19: “La falta de criterios para la asignación de la publicidad oficial influye fuertemente en la información que los medios de mexicanos proporcionan) y distorsiona el debate público. Esto amenaza la libertad de expresión, y se añade silenciosamente pero con fuerza al escalofriante efecto de la impunidad de la violencia contra los periodistas”. A pesar de los grandes retos que identifica, el informe ofrece algunas señales alentadoras. Unos pocos estados y algunos medios de comunicación están trabajando para infundir una nueva integridad en la práctica oficial y periodística. Y el presidente y los legisladores de México siguen estando oficialmente comprometidos con una promulgación de cambio.