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Convergencia Digital · 25 febrero 2014

El “apagón analógico”, negocio por 19 mil millones de pesos (Segunda Parte)

Homo Zapping

Jenaro Villamil

25 de febrero del 2014

Desde el origen de la definición de la política de Televisión Digital Terrestre (TDT), en julio de 2004, la política de transición del modelo analógico al digital en los medios electrónicos ha sido “accidentado, de ocurrencias, según los tiempos políticos y las necesidades de la poderosa industria televisiva”, según el ensayo del especialista Gabriel Sosa Plata, titulado Pensar la Televisión Pública.

 

Escrito en diciembre de 2011, a ocho años de haberse iniciado el proceso de TDT, el ensayo de Sosa Plata advirtió que, desde su origen, el acuerdo del 2 de julio de 2004 firmado guante el gobierno de Vicente Fox, benefició a las dos grandes compañías televisoras (Televisa y TV Azteca) porque fue el pretexto para que el Ejecutivo federal les refrendara sus concesiones hasta el 31 de diciembre de 2021. Es decir, 17 años más, a cambio de que aceptaran los plazos del “apagón analógico”.

 

Además, el gobierno de Vicente Fox y el de Felipe Calderón les otorgaron a las televisoras un canal digital adicional. A estos canales se les conoce como “canales espejo”. El acuerdo es que las televisoras devuelvan el Estado los canales analógicos originales y liberar así la banda 700 Mghz, una de las más codiciadas ahora para los servicios convergentes de triple play y banda ancha. Hasta junio de 2013, de acuerdo con el último informe de Cofetel, en México existen 313 canales digitales autorizados para operar que corresponden al 40 por ciento de las 741 estaciones de televisión analógica en operación (68 por ciento propiedad de Televisa y 28 por ciento de TV Azteca).

 

De estos 313 canales autorizados, en operación hay 146 canales digitales, de los cuales 84.2 por ciento corresponden a Televisa y TV Azteca, más sus concesionarios privados asociados en los estados (123) y el 15.8 por ciento a estaciones permisionadas (23), la mayoría de los gobiernos estatales o universidades. La principal oferta de canales digitales se localizan en las ciudades más pobladas: 14 en la Ciudad de México, 9 en Monterrey, 8 en Guadalajara, 9 en Tijuana, 8 en Reynosa-Matamoros, 7 en Ciudad Juárez y 6 en Querétaro.

 

El primer conflicto reciente entre los intereses de las grandes televisoras y el gobierno se generó el 2 de septiembre de 2010, cuando el presidente Felipe Calderón, emitió un decreto que acortó de 2021 a 2015 el plazo para el “apagón analógico”. Ese mismo decreto ordenó la liberación de la banda 700 Mhz para 2012.

 

Este decreto provocó una controversia constitucional ante la Suprema Corte, impulsada originalmente impulsada por el entonces diputado federal del PRI, Alfonso Navarrete Prida, pero con amplio apoyo de Televisa y TV Azteca. Los legisladores del PRI tacharon entonces el decreto de Calderón como “electorero, inoportuno y carente de información” porque sólo 3 millones de los 27 millones de hogares en México estaban preparados para recibir la señal digital (ver Proceso, No. 1909).

 

La Suprema Corte de Justicia resolvió el 14 de noviembre de 2011 que el decreto de Calderón es legal y se mantuvo la fecha del 31 de diciembre de 2015 para el “apagón analógico”. Las televisoras siempre han tratado de prolongar el “apagón” hasta el 2021, ya que esto retrasaría la liberación de la banda 700 Mgz y la devolución de los canales analógicos.

 

La disputa en Tijuana

Hasta ahora, la única ciudad fronteriza donde ha operado el “apagón analógico” es Tijuana, después de una agria disputa entre los comisionados de la Cofetel, las televisoras que emprendieron una campaña abierta por la “ineficacia” del órgano regulador y el PRI local que argumentó que el plan afectaba las elecciones locales de junio 2013.

 

El diferendo por Tijuana provocó la intervención del Ejecutivo federal y del Instituto Federal Electoral. Los consejeros Lorenzo Córdova, Benito Nacif y Marco Antonio Baños, solicitaron que el “apagón analógico” se difiriera del 28 de mayo hasta el 18 de julio del mismo año.

 

A cambio de aceptar este cambio, Cofetel obtuvo un incremento de 1,440 millones de pesos en el Fondo de Cobertura Social (Foncos), a través del cual se financiaron los 360 millones de pesos que costó el “apagón” de Tijuana. La compañía que ganó la distribución de decodificadores fue Teletec de México, la misma que licitó también la licitación de televisores digitales, pero no ganó.

 

El diferendo por Tijuana provocó la comparecencia en el Senado del comisionado presidente de Cofetel, Mony de Swaan, el 13 de junio, en medio de las críticas del PRI y una parte del PAN. En su exposición, el funcionario defendió lo realizado por el organismo regulador y advirtió que el “apagón analógico” es “quizá el proyecto estratégico y transversal más importante de la política en telecomunicaciones y radiodifusión”.

 

De Swaan advirtió que en “caso de que un mes antes de que corresponda realizar el apagón en una determinada localidad, no se haya alcanzado el nivel de penetración del 90 por ciento de los hogares, la Comisión debe ajustar la fecha del apagón analógico”. El 9 de septiembre de 2013, el último día legal de la existencia de Cofetel, los 1,440 millones de pesos que estarían destinados a la siguiente fase del “apagón analógico” se reasignaron a la SCT. El nuevo organismo regulador, el IFT ya no manejará las licitaciones.

 

Y en lugar de repartir decodificadores, ahora serán televisores digitales.

De acuerdo al calendario original, tras el “apagón” de Tijuana debió seguir, el 26 de noviembre de 2013, el de Monterrey, Ciudad Juárez, Mexicali, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, que abarcan 7 millones 022 mil personas. Hasta el 9 de marzo deberán estar repartidas, al menos en Nuevo Laredo y Reynosa, las 120 mil primeras televisiones digitales que formarán parte de un gran negocio de 19 mil millones de pesos.