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¿Qué pasó hoy en los medios?

Gerardo Albarrán ombudsman de MVS Radio

La empresa MVS Radio dio a conocerhoy, durante su edición matutina, que el periodista Gerardo Albarrán de Alba será el Defensor de la Audiencia, a partir de este lunes 16, figura que se establece por primera vez en un medio electrónico de comunicación privado en México. El ombudsman de MVS surge como parte de los acuerdos alcanzados entre la periodista Carmen Aristegui y los directivos de la empresa, que condujeron al regreso de la comunicadora luego de que se le rescindiera su contrato y saliera del aire el 7 de febrero pasado. Albarrán es un periodista, que durante muchos años se desempeñó como responsable de asuntos especiales del semanario Proceso, y antes fue su corresponsal en Baja California. A su labor en Proceso sumó la creación de la página electrónica Sala de Prensa, espacio donde analistas y periodistas de varias partes del mundo escribían acerca de la comunicación, los medios, el periodismo y la libertad de prensa.

Entrevistado por la propia conductora de la emisión matutina, Albarrán señaló que su nueva función: “Va a ser una experiencia absolutamente nueva en la radiodifusión privada en México. No existe antecedente. Yo espero que venga a sentar un precedente importante para la radiodifusión privada en México.” El periodista dijo que su papel será el de “tratar de garantizar el derecho a la información que pertenece a la sociedad”, e “impulsar la libertad de expresión tanto de los periodistas de MVS como de la propia empresa”. Aclaró que su papel no es el de censor sino que tratará de ser “la conciencia ética de un medio de comunicación” con una labor que “viene a transparentar los procesos informativos de cara a la sociedad.”

El 15 de febrero directivos de MVS y Aristegui dieron a conocer un comunicado donde se anunciaba el regreso de la periodista como conductora del noticiario matutino (lunes 21), después de malos entendidos entre las partes, cuando la periodista preguntó y solicitó información, acerca del posible alcoholismo de Felipe Calderón (el viernes 4).  La salida de Aristegui provocó que sus audiencias y sectores académicos protestaran por lo que se consideró una medida extrema de censura, por haber solicitado a las autoridades acerca de la posible enfermedad de Calderón. Durante varios días se realizaron protestas a las afueras de MVS y una marcha hacia la residencia oficial de Los Pinos.

Gerardo Albarrán cuenta con doctorado en Derecho de la Información por la Universidad de Occidente. La figura del defensor de las audiencias es de reciente creación en México, y sólo ha sido creado en algunos medios públicos pertenecientes al gobierno federal. André Dorcé, de Canal 22; Mauricio Farah, Canal Once; Ernesto Villanueva, de Radio Educación y del Instituto Mexicano de la Radio, Felipe López Veneroni son los defensores de los radioescuchas y televidentes, respectivamente. Aunque en la mayoría de los estados del país existen radiodifusoras o estaciones de televisión pertenecientes a los gobiernos estatales o municipales y también a las universidades, todavía no cuentan con la figura del ombudsman.  Ahora, con la creación del Defensor de la Audiencia, MVS es la primera estación concesionada en México, que contará con esa figura

Purificación Carpinteyro

Reforma

Ni buenos ni malos

Hay que generar políticas públicas

Tal vez alguna vez, por única vez, aquellos privilegiados con la autoridad o la responsabilidad de definir el rumbo de una nación, son obsequiados con la oportunidad de trascender.

Hace poco más de dos semanas nos enteramos de las negociaciones para la compra del 50% de Iusacell por Grupo Televisa. A pesar de anuncios previos que invitan a rememorar la historia de “Pedro y el Lobo”, la noticia dejó pasmados a todos. La estrategia de esta transacción que pareciera en principio meramente financiera, tiene el potencial de alterar las fuerzas dentro del mapa geopolítico de los mercados del sector de las comunicaciones en México, en formas nunca antes vistas.

Es ahí donde surge la oportunidad de determinar las políticas públicas de este sector, y las autoridades deberán optar por dejar hacer y dejar pasar, o asumir su papel de reguladores estableciendo los lineamientos necesarios dentro del nuevo contexto que surge del desarrollo tecnológico, que siempre será aprovechado por las empresas antes de que leyes y reglamentos sean modificados para ordenarlas.

En el contexto de los pleitos mediáticos y legales orquestados al mejor estilo de las series de valientes y bandidos, en las que ingenuamente se presentan a los buenos absurdamente buenos, y a los malos terriblemente malos, no hay quién no haya caído en la retórica de la defensa, o de las televisoras y sus aliados, o de Telcel/Telmex y sus silentes cómplices. Y al final, la crónica se diluye cómo una más en el tejido de denuncias, demandas y desplegados, ante las que los buenos van con los buenos, y los malos con los malos, al gusto del consumidor de la noticia.

Pero una oportunidad como ésta no se presenta todos los días, y abre la posibilidad de modificar las reglas del juego. Considerando que en esta historia no hay buenos ni malos, sino grupos empresariales luchando por la hegemonía de los mercados en los que operan y de los que derivan poder: poder económico y poder político; y que los grupos empresariales no pueden ser culpados por hacer cuanto esté a su alcance para promover el interés de sus accionistas, la obligación de defender y promover el interés público recae exclusivamente en las autoridades, llámense comisionados, reguladores, legisladores o jueces.

Pues bien, dentro de una óptica de coyuntura y recapitulando en las necesidades de inversión en infraestructura de comunicaciones del país, para los mexicanos y las autoridades que defienden sus intereses, la noticia de la compra del 50% de Iusacell por Televisa, es una gran oportunidad.

Acostumbrados, cómo estamos, a perdernos en la crítica de las particularidades sin considerar la generalidad, muchos hemos caído en la tentación de objetar esta pretendida transacción, sin contemplar que la misma abre la puerta a infinidad de posibilidades de índole práctica, que una vez más le confieren a la autoridad la posibilidad de fincar la directriz para el desarrollo de la infraestructura indispensable para el desarrollo de las comunicaciones del país. Bajo esa óptica, es necesario evaluar que salvo algunos empresarios que buscan meramente capitalizar sus contribuciones en campañas electorales, existen operadores de comunicaciones dispuestos a apostar su capital para reforzar su presencia en el mercado mexicano, invirtiendo en infraestructura en la que el operador dominante, es decir Telmex, ha dejado de invertir.

Pongamos dos casos claros:

MVS, que con el proyecto “Banda Ancha Móvil Para Todos”, promete ofrecer en sociedad con Alestra, y las americanas Intel y Clearwire, conexión móvil a Internet a velocidad hasta 20 veces más rápida que la de hoy, a precios que permitirían que un segmento de la población que actualmente no tiene la capacidad económica de pagar por el acceso, pueda hacerlo utilizando para ello equipos de comunicación móvil conocidos como “telefonos inteligentes” o “smartphones”.

Iusacell, que está avanzando en su despliegue de red con capacidad de ofrecer un paquete de servicios bajo la marca Total Play, a través de anillos metropolitanos de fibra óptica, que ofrece acceso a internet a velocidades que exceden, y en mucho, las que están planeadas para ser ofrecidas en el corto plazo por el operador dominante, es decir, Telmex/Telcel.

Estos dos esfuerzos implican un compromiso real de inversión para desarrollo de infraestructura que la economía mexicana demanda, que de no verse satisfecha, incrementará el rezago del país, afectando aún más su competitividad como economía en un mundo globalizado, impidiendo que su población pueda aprovechar el enorme beneficio del desarrollo tecnológico.

Pero frente al compromiso de inversión por dos grupos diferentes, en proyectos con capacidad de satisfacer la sed de una población que necesita apropiarse de los beneficios de las nuevas tecnologías, están los obstáculos que implica el tener que obtener autorización del gobierno para llevarlos a cabo.

En el primer caso, en el de MVS, el proyecto no ha podido lanzarse debido a la falta de definición del gobierno en cuanto a los términos razonables para la renovación de concesiones de las bandas de frecuencias que este proyecto requiere; y aunque es innegable que las aprobaciones requeridas por ley podrían ser objetadas desde un punto meramente formal, el gobierno tiene que actuar considerando que, como dice José Ingenieros, “acatar la ley es un acto de disciplina, pero a veces implica una inmoralidad. Respetar la justicia es un deber del hombre digno, aunque para ello tenga que elevarse por sobre las imperfecciones de la ley”.

El segundo caso, el del Total Play de Iusacell, la moneda está en el aire, sujeta a la aprobación de la transacción de compra del 50% del capital de la empresa por Televisa. Desde esa perspectiva, de ser aprobada la compra, la Comisión Federal de Competencia, autorizaría la posibilidad de capitalizar a Grupo Iusacell, y eventualmente permitirle posicionarse no sólo cómo operador móvil, sino cómo operador de telecomunicaciones ofreciendo aquello de lo que en tecnología México está más sediento: banda ancha.

Es incuestionable que la operación de compra tiene aristas que hacen cuestionable su posible beneficio para la sociedad, y que tendrán que ser analizadas a profundidad para determinar si serán más las ventajas que los posibles perjuicios. Pero el hecho es que la intención de llevar a cabo la operación por parte de los dos únicos grupos de televisión abierta que concentran más del 95% de las señales en México, crea el entorno para que la Comisión Federal de Competencia establezca condiciones para su aprobación.

Existe uno de varios precedentes que ejemplifican cómo, en un quid pro quo, el Estado puede condicionar los requerimientos o demandas de una empresa, al cumplimiento de ciertas condiciones. El primer caso que viene a la mente es el de Telmex, cuyo título de concesión incluye la prohibición de ofrecer servicios de televisión al público. Al efecto, desde el sexenio pasado, se entendió que el interés del gigante de las telecomunicaciones por acceder al mercado de la televisión, podría ser utilizado como palanca para establecer condiciones de sana competencia en el mercado de las telecomunicaciones –condiciones que no han sido cumplidas y por las que se le ha impedido su entrada como competidor en ese mercado–.

Siguiendo esa línea lógica, la aprobación de la operación de compra del 50% de Iusacell por Televisa, puede ser la gran oportunidad del Estado para establecer condiciones de competencia también en el mercado de la televisión, tanto restringida como abierta.

En esta dinámica, bajo una directriz de políticas públicas para establecer condiciones de inversión, competencia, cobertura y calidad de servicios, las comisiones facultadas para regular el mercado de comunicaciones, podrían aprovechar las cartas de negociación que las estrategias de negocio de los participantes en el mercado les han presentado, para finalmente nivelar el terreno de competencia.

Este sería un giro de 180 grados, que detonaría inversiones en infraestructura, al permitir la entrada de nuevos competidores en mercados cerrados que operarían al amparo de reglas que garantizan la sana competencia, misma que propiciaría mejores precios y mayor calidad de los servicios. Con esto, un mayor número de mexicanos tendrían la capacidad de pagar por los servicios, generando una demanda adicional que incrementaría el tamaño de mercado, e impulsaría nuevas inversiones, generación de empleo y desarrollo.

Esto es lo que le conviene a México ¿o no?

Buscan deuda hasta para TV

Mural

Destinarían más recursos del préstamo a la Universidad y Municipios del PRI

Los proyectos “estratégicos” por los que el Gobierno del Estado busca endeudarse por 20 años, y cuyo monto suma 6 mil 612 millones de pesos, van desde apoyo al canal de TV de la UdeG hasta instalación de baños en un parque de beisbol en Etzatlán.

En su gran mayoría la iniciativa de endeudamiento favorece a Municipios priistas y ante el reclamo del PAN, se señaló que se pedirían mil millones adicionales, por lo que la deuda inicial solicitada al Congreso fue de 5 mil 612 millones.

Por ejemplo, para Guadalajara se contempló un monto de 981 millones 547 mil pesos para obras del SIAPA, imagen urbana y maquinaria, entre otros.

Después del Ayuntamiento tapatío, la UdeG es la instancia más favorecida con la solicitud de endeudamiento propuesta por el Gobernador Emilio González, ya que sus proyectos suman 812 millones de pesos.

En la propuesta de crédito, que le hizo llegar el Gobierno estatal al Congreso para su análisis, contempla 13 millones 450 mil pesos para el canal de televisión e infraestructura televisiva de la UdeG.

El apoyo para la UdeG lo plantea el Gobernador después de sostener un enfrentamiento de varios meses con directivos de la institución, a quienes acusó de utilizar el dinero del presupuesto para hacer negocios.

Alejandro Delgado, socio director del despacho GCR Consultores, explicó que aun cuando se trata de proyectos de la UdeG también deberán evaluarse y estar soportados con un proyecto ejecutivo.

Para Zapopan, el proyecto de deuda contempla 742 millones 247 mil pesos para la Construcción del Centro Cultural Universitario, edificación de la Ciudad Judicial, Conjunto de Artes Escénicas y Biblioteca Pública del Estado, entre otros.

Además, el Ejecutivo estatal enlista obras tan sencillas como la rehabilitación eléctrica de la calle Pedro Moreno de la comunidad de Aguacaliente en Chimaltitán por un monto de 5 mil 550 pesos.

También incluye la extensión de la línea de media tensión de voltaje e instalación de un transformador para el suministro de energía eléctrica por 66 mil pesos en Huejuquilla El Alto, y 50 mil para la construcción de un rastro TIF en Villa Corona.

Entre las obras que consideran “prioritarias” está la construcción de la gradería e instalación de baños en el parque de beisbol de Santa Rosalía de Etzatlán por 280 mil pesos.

Apenas el lunes, el Secretario de Finanzas, Martín Mendoza, aseguró que había varios proyectos ejecutivos, pero que también había planes conceptuales.

Castigan a GDL

Standard & Poor´s bajó su calificación de riesgo crediticio para Guadalajara.

Israel Macías, jefe de la Academia de Economía de la UP, indicó que al momento de que la calificación del Municipio baja, se crean condiciones más inseguras y, por lo tanto, obtendrá una tasa de interés más alta a la hora de adquirir el crédito.

“Para el caso de Guadalajara, el que la bajen de calificación es una mala señal, porque ahora su endeudamiento va a ser más caro y (habría que) preguntar al Presidente Municipal, al tesorero y a quien esté haciendo esta planeación financiera cómo se va a pagar ese crédito ahora”, dijo Macías.

Reta PAN a reducir préstamo

Bajar la petición de endeudamiento estatal de 6 mil 612 millones de pesos a 2 mil 500 millones y definir prioridades entre empresarios y representantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo es la propuesta de la bancada del PAN para avalarlo.

El coordinador panista, José María Martínez, lanzó este reto y dijo que el monto baja porque hay obras ya realizadas, otras en ejecución y algunas presupuestadas en este año.

Coincidió con la crítica de la IP de que la forma en que está actualmente planteado el crédito tiene tintes político-electoral.

La diputada Patricia Retamoza expuso que buscaban aprobar una prórroga de 30 a 60 días en la comisión para aprobar la solicitud del crédito, pero no hubo quórum.

Tienen interconexión gratuita de Telmex cableras que venden telefonía, tv e Internet

Esas empresas llevan una ventaja de cinco años en la venta de paquetes con esos servicios

La jornada

Teléfonos de México (Telmex) afirmó que la tarifa de interconexión que cobra a las empresas de televisión por cable en telefonía local es cero, y con ello las cableras pueden vender los servicios de telefonía, televisión e Internet desde hace casi cinco años.

En su defensa de que el gobierno mexicano autorice su cambio de título de concesión y pueda entrar al negocio de triple play, señaló que, además de los cinco años que le llevan de ventaja los cableros en la venta de paquetes de telefonía, televisión e Internet, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) lleva casi año y medio en el análisis de cambiar o no el título.

Las empresas de televisión por cable incursionaron en el triple play a raíz de que el gobierno mexicano lanzó el Acuerdo de Convergencia, en el que Telmex queda obligada a cumplir con las condiciones de ofrecer interconexión a quien lo solicite, así como interoperabilidad de redes y portabilidad numérica, para tener derecho a que se modifique su título de concesión.

Telmex explicó que el acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 3 de octubre de 2006, y gracias a ese acuerdo los operadores de televisión por cable comenzaron a ofrecer telefonía fija; incluso a los cableros que no tenían redes bidireccionales les dio un plazo de protección de dos años antes de abrir sus ciudades a la competencia con operadores de telefonía fija.

Mientras, en ese acuerdo Telmex quedó sujeta a cumplir condiciones específicas para entrar al mercado de video, las cuales consistieron en definir convenios de interconexión con los operadores para permitir la interoperabilidad con los proveedores de televisión por cable. Telmex cumplió ampliamente estos requisitos, ya que todos los operadores que pidieron interconexión tienen el servicio y cursan llamadas todos los días por nuestra red, aseguró. También afirmó que ofrece portabilidad numérica como se le requirió.

El tribunal séptimo colegiado ordenó a la SCT que conteste de forma congruente y completa la petición de autorización de Telmex para ofrecer los servicios de audio y video restringido, y el juzgado sexto acotó que debería hacerlo en un plazo de 24 horas, pero la dependencia señaló que no sería posible cumplir por tratarse de un caso complejo.

Ante ello, la empresa de Carlos Slim puntualizó que, al contrario de lo que afirman los que se oponen a que entre al negocio de la televisión de paga –principalmente los cableros afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec)–, no hay razón para que le cobren contraprestación, y tampoco para cumplir con un requisito adicional que es acatar el Plan Técnico de Interconexión.

Señaló que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) no consideró el pago de la contraprestación, y así no cabe la exigencia de que acate el Plan Técnico Fundamental de Interconexión e Interoperabilidad, debido a que no estaba considerado en el Acuerdo de Convergencia.

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