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Autoridades, los Principales Agresores a Periodistas

La impunidad que acompaña a los homicidios y agresiones contra periodistas indica que hay una “inquietante falta de interés oficial” en México por la protección de éstos, admitió Jadranka Mihalic, representante del secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, al tiempo que Artículo XIX y Cencos advirtieron durante su último reporte sobre el 2010 que el 49 por ciento de las agresiones contra informadores provienen de las autoridades y el 26.45 por ciento de personas “presuntamente vinculadas al narcotráfico”.

Durante el foro sobre la libertad de prensa, realizado en las instalaciones del Senado, Andrew Radolf, director de la oficina de la UNESCO en San José admitió que la situación en contra de informadores “ha empeorado”, ya que al parecer “la violencia seguirá atacando a la libertad de expresión y de opinión”.

El informe de Artículo XIX y Cencos advierte que en 2010 se documentaron y registraron un total de 155 agresiones contra periodistas, trabajadores e instalaciones a los medios de comunicación en México, cifra menor a la de 2009 (244 casos), pero advirtieron que esta disminución “no responde a una mejora significativa”.

“Mientras los contextos de violencia en algunos estados del país se agudizan, la denuncia pública de las agresiones disminuye, como consecuencia de la falta de investigación del Estado mexicano. Suman ya 44 asesinatos y 8 periodistas desaparecidos en lo que va del sexenio” de Felipe Calderón Hinojosa, advierte el informe de ambas organizaciones.

El reporte advierte que el tipo de agresión más frecuente es el ataque a la integridad física o material contra reporteros e instalaciones de medios (52.9 por ciento); en segundo lugar, las amenazas y actos de intimidación y presión (31.61 por ciento).

La mayoría de las agresiones provienen de las autoridades (49.03 por ciento), ya sean agentes estatales o federales o elementos de las fuerzas armadas en labores policiacas, mientras que el 26.45 por ciento proviene de personas presuntamente vinculadas con el crimen organizado, lo cual contrasta con la tesis del gobierno federal que le atribuye al narcotráfico la principal responsabilidad de las agresiones contra periodistas.

Persecución Judicial

Por su parte, el equipo de abogados defensores de los periodistas Alfredo Rivera Flores y Miguel Angel Granados Chapa, autor y prologista del libro La Sosa Nostra, advirtieron que este 4 de mayo, la Suprema Corte de Justicia tiene la oportunidad “de frenar el uso institucional de las vías jurisdiccional como mecanismo para amedrentar el ejercicio de la libertad de prensa”.

En un comunicado, advierten que la Suprema Corte de Justicia resolverá en definitiva el recurso de revisión 1057/2010 del caso Gerardo Sosa Castelán contra los periodistas Rivera Flores y Granados Chapa, a quienes acusó de difamación y calumnias. Rivera Flores se amparó y la Suprema Corte de Justicia debe resolver este miércoles el asunto.

La abogada Perla Gómez, defensora de ambos periodistas, advierte que uno de los elementos fundamentales de la violencia o de las agresiones contra la libertad de prensa es “la persecución judicial”.

Aumenta el hostigamiento: CIDH

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos subrayó en su comunicado de este 3 de mayo que “lamentablemente se ha incrementado la violencia y el hostigamiento contra los y las periodistas en algunos estados” de América Latina. Tan sólo en 2010 se registró la muerte de 26 comunicadores y “múltiples hechos de agresión, amenaza y criminalización”.

La CIDH les recuerda a los Estados miembros –entre ellos México- el cumplimiento de una serie de recomendaciones, entre las cuales están: realizar investigaciones serias, imparciales y efectivas sobre los asesinatos, agresiones y amenazas contra periodistas; juzgar por tribunales imparciales e independientes a los responsables; adoptar medidas para garantizar la seguridad de los agredidos y amenazados; así como resguardar a los periodistas en situaciones de riesgo.

La CIDH también convocó a los Estados miembros a “abstenerse de utilizar el poder público para castigar o premiar a medios y comunicadores, en relación con su línea editorial o la cobertura de cierta información, ya sea a través de la asignación discriminatoria y arbitraria de la publicidad oficial u otros medios indirectos”.

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