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¿Qué pasó hoy en los medios?

Siempre en guardia

Juan Ciudadano

Reforma

Dos avances están más cerca de lograrse con la aprobación, hace unos días, del dictamen de reforma a la Ley Federal de Transparencia por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.

Además de estos avances potenciales se evitó lo que hubiera sido el retroceso legislativo más significativo en una década en materia de acceso a la información.

Se avanzó en hacerle más angosto el camino a las supuestas “inexistencias” de información y a las evasivas, sobre todo de la Secretaría de Hacienda, para abrir la información que resguardan los fideicomisos públicos.

La contención tiene que ver con el intento de algunos diputados de poner árbitros por encima del IFAI para resolver controversias.

Vamos un poco más al detalle de cada uno de estos puntos: IFAI ¿apelable?

Hay que ponerle nombre y apellido a los enemigos de la apertura informativa y seguirles la pista, no vaya ser que nos pidan el voto a la vuelta de la esquina cuando anden a la caza de un nuevo cargo público.

Desde la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados fueron Gregorio Hurtado, del PAN y Arturo Zamora, del PRI los que buscaron echar abajo la redacción del Artículo 59 de la Ley en el dictamen enviado por el Senado donde se establece que las decisiones del IFAI son definitivas e inatacables. Afortunadamente la Comisión terminó ignorando a los promotores de la contrarreforma.

Lo que se evitó no es poca cosa, se cerró la puerta a todos aquellos burócratas que a base de ampararse, por ejemplo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa contra las resoluciones del IFAI, hubieran podido convertirla en irrelevante como instancia que resuelve disputas de transparencia.

Convertido en árbitro intermedio, el IFAI hubiera terminado casi sin dentadura.

Fideicomisos En la Comisión de Gobernación se aprobaron también modificaciones a los artículos 12 y 19 bis que hacen explícita la obligación del Estado de facilitar la información relacionada con los fideicomisos públicos.

Los créditos fiscales otorgados por el Sistema de Administración Tributaria ahora también son susceptibles de ser revisados por cualquier ciudadano.

La alta burocracia de la Secretaría de Hacienda, en el sexenio del Presidente Fox y ahora con el Presidente Calderón, han sido renuentes a facilitar ambos tipos de información.

 

Con las concesiones fiscales y con los fideicomisos (por ejemplo los que tienen como destino a los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado) se gobierna; sirven para administrar favores y castigos. Estas herramientas de control político son también mecanismos a través de los cuales se maneja mucho dinero.

Que les quede muy claro a los actuales y futuros funcionarios de Hacienda, por razones económicas y políticas los fideicomisos y los créditos fiscales son información que debe estar disponible al público.

Combate a ‘inexistencias’

Cuando un funcionario público dice que la información solicitada “no existe”, las posibilidades de que la razón para ello sea que ya fue destruida ilegalmente son muy altas. Las “inexistencias” crecen año con año.

Lo que pretende el Legislativo con los nuevos artículos 46 y 55 bis es que las dependencias elaboren aquellos documentos que “no tienen”, pero tendrían que tener. Cuando de las obligaciones conferidas a un sujeto obligado -un órgano público- se desprenda que los documentos solicitados (supuestamente inexistentes) debieran obrar en archivos, entonces la dependencia está bajo la obligación de prepararlos.

Es un paso en la dirección correcta, pero falta mucho para terminar de atarle las manos a los depredadores de información.

El ir y venir de este paquete de reformas -todavía inconcluso- hace evidente que en materia de transparencia estamos ante una legislación viva.

Como todo derecho, éste, el de estar informado, existe en permanente tensión con otros derechos. Pero más importante que esto, es que el derecho a la información pública vive en tensión con intereses particulares de quienes nos gobiernan.

El que baje la guardia pierde.

 

 

 

 

 

 

Analiza Corte freno a tarifas de Cofetel

Reforma

Buscan fijar jurisprudencia sobre interconexión entre telefonías

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estudia un proyecto de sentencia que establece que las tarifas de interconexión entre las empresas de telefonía no necesariamente repercuten en los precios a los consumidores.

El proyecto del Ministro Fernando Franco, que será discutido por el Pleno de la Corte el 2 de mayo, contiene definiciones cruciales para el sector de telecomunicaciones, que desde hace años mantiene disputas constantes p r las tarifas de interconexión.

El criterio propuesto por Franco, con el que se fijaría jurisprudencia aplicable a todos los litigios posteriores, es que los jueces federales sí pueden suspender la aplicación de tarifas que fija la Comisión Federal de elecomunicaciones cuando las empresas no se ponen de acuerdo entre ellas.

“Los efectos económicos de la fijación de las correspondientes contraprestaciones que deben soportar las empresas interconectadas no necesariamente trascienden a los usuarios del servicio de telefonía fija y móvil”, seña a una de las tesis propuestas por el Ministro para resolver una contradicción entre tribunales federales.

“Dependerá del plan de negocios de los concesionarios, de sus estrategias de inversión, de su posición en el mercado y de un sinnúmero de aspectos comerciales propios de la industria, el impacto económico que pudieran ll gar a tener las tarifas en sus costos de operación y eventualmente -sin que ello indefectiblemente siempre ocurra-, en el precio que cobrarán a sus abonados”, agrega.

La Cofetel ha sostenido que los jueces no deben conceder estas suspensiones cuando las telefónicas se amparan, porque las tarifas de interconexión sí repercuten en los consumidores, es decir, se causa un daño al interés úblico al frenar la vigencia de dichas tarifas.

Pero Franco no está de acuerdo.

“En este tipo de conflictos prevalece preponderantemente el interés económico de los concesionarios, y sólo de manera indirecta el de los usuarios del servicio”, considera.

El proyecto propone cinco tesis de jurisprudencia y aclara que los jueces no pueden suspender la sola orden de la Cofetel para interconectar redes, pues en ese caso sí se afectaría el interés público.

Originalmente, el caso fue discutido en enero pasado en la Segunda Sala de la Corte. Un proyecto de sentencia del ministro Luis María Aguilar, más cercano a la postura de la Cofetel, fue desechado por tres votos contra d s. Por su importancia, el expediente fue enviado al Pleno en febrero.

Funcionarios, políticos, litigantes de importantes despachos y altos directivos de las telefónicas han cabildeado intensamente este caso ante los ministros durante más de ocho meses.

La Corte también resolverá al menos tres amparos derivados de disputas específicas entre varias telefónicas, pero esos casos, que están en manos del ministro Sergio Valls, aún no están en lista para sesión.

 

Cofetel exige resolución de la Corte sobre TV digital

Ante la poca competencia que existe en el mercado de la televisión y la urgencia de que México se nivele con el resto del mundo en el llamado apagón analógico, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) urgió sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) al respecto.

En una reciente presentación del presidente de la Cofetel, Mony De Swaan, el funcionario dio a conocer los beneficios que se planteaban en el decreto establecido en 2010 y que ahora está analizándose en la SCJN, entre los que destaca el desarrollo de nuevos servicios a través de la televisión, como internet.

Además asegura que se liberaría la banda de 700 Megahertz para el año 2010, lo que permitiría su licitación para la prestación de otros servicios de telecomunicaciones.

De Swaan indicó también que el estándar A/53 ATSC por el que se optó por adoptar en México sería utilizado únicamente como piso mínimo obligatorio, pero con la flexibilidad de promover diferentes modelos de negocio.

MVS, chuza en Los Pinos

Antena

Javier Orozco Gómez

Hace unas semanas la estrategia de la censura gubernamental hizo “bolas” a los voceros oficiales y ahora es “banda ancha móvil para todos” la herramienta de presión de la empresa MVS para que el gobierno le resuelva la renovación de sus títulos de concesión, en la banda de 2.5 GHz.

Sólo que la historia tiene memoria. En 2008 la Cofetel emitió una opinión contra el refrendo de las concesiones en la banda de 2.5 GHz de MVS en Monterrey y Guadalajara al considerar que no han sido aprovechadas al máximo.

En efecto, esta situación la tiene comprobada la Cofetel en un estudio de radiomonitoreo y con información de la propia empresa, donde en sus resultados obtiene que el sesenta por ciento de las concesiones otorgadas a MVS es utilizada para prestar servicio a 22 usuarios o menos, en las diversas poblaciones que cubren.

GTelevisa y GSalinas: matrimonio con bienes separados

Estira y afloja

J. Jesús Rangel M.

Pues sí, los inversionistas castigaron mucho la semana pasada el precio de la acción de Grupo Televisa: perdió 9.1 por ciento, lo que equivale a una caída en el valor de mercado por alrededor de mil 100 millones de dólares, según Gregorio Tomassi, analista de Santander, quien dice que la penalización fue “suficiente”. Hay coincidencia de que la operación por Iusacell fue “excesivamente cara”, pero Santander y Banamex sugieren a los inversionistas “mantener” sus posiciones y Banorte “comprar”.

Los especialistas se fijaron en los parámetros financieros que por obviedad reflejarán una menor distribución de dividendos a corto plazo —GTelevisa utilizará recursos propios—, y no analizaron perspectivas de utilidades para el mediano y largo plazos por la participación en un nuevo mercado, el de las telecomunicaciones que es seis veces mayor al televisivo de cinco mil millones de dólares anuales.

Garantiza IFAI confidencialidad

La nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales es confiable, asegura comisionada

Las preferencias sexuales, origen racial o étnico, información genética, estado de salud y creencias religiosas de todos los mexicanos serán “debidamente resguardados” por la nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, informó la comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), María Marván Laborde.

La comisionada dijo que los datos considerados como “sensibles” sólo podrán ser incluidos en una base de datos “únicamente con el consentimiento expreso y por escrito del titular”.

 

 

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