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¿Qué pasó hoy en los medios?

Urge Woldenberg a regular spots

El ex consejeto del IFE propone que se mantengan los tiempos oficiales pero que se destinen en su mayoría a fomentar el debate entre partidos

El ex consejero electoral del Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, llamó al Congreso a modificar la ley electoral para acabar con la spotización, manteniendo las normas que prohiben la compra de publicidad en radio y televisión a partidos políticos y particulares.

“Antes de que inicie el próximo proceso electoral sería conveniente que el Congreso de la Unión ajustara este aspecto de la reforma de 2007 para abrir la posibilidad de que los tiempos del Estado al que tienen derecho los partidos políticos fueran distribuidos de tal manera que se fomentaran los programas de debate entre ellos”, dijo al participar en el Encuentro nacional por la Diversidad y la Calidad de los Medios de Comunicación, organizado por la AMEDI en el Centro Histórico.

Woldenberg recordó que envió, junto con otras personalidades, una carta al Senado para pedir modificaciones legales.

Propuso que se mantengan los tiempos oficiales pero que se destinen en su mayoría a fomentar el debate entre partidos y crear programas unitarios para que postulen sus diagnósticos y propuestas.

Sostuvo que podría quedarse una pequeña franja de spots.

El académico admitió que la “spotización” es una derivación perniciosa del modelo de radio y televisión creado a partir de la reforma constitucional de 2007.

“Lo que tuvimos en el año 2009 fue un alud de mensajes breves que abrumaron a buena parte de la audiencia y no sólo eso, por sus propias características esos mensajes tienden a simplificar la oferta política, a frivolizar el debate, a comprimir en una frase o un gesto lo que debe ser, creo, una propuesta sofisticada”, dijo.

Después de su intervención, Woldenberg fue interrogado sobre la supuesta campaña desatada contra el IFE por haber destinado 348 millones de pesos de ahorros a un fondo inmobiliario.

El ex consejero defendió al IFE al considerar que fue tratado injustamente.

“Como toda decisión está sujeta a debate, a muchos les pueden parecer, a otros no les puede parecer, pero lo que no hay ahí, hasta donde alcanzo a ver, es ningún mal manejo. Pero a partir de esta resolución del IFE, en efecto cayó sobre el mismo una lluvia de adjetivos que desde mi punto de vista resulta sumamente injusto”, mencionó.

 

Niega MVS necesidad de dividir espectro

Además expresó que un consorcio de cinco firmas se lograría mantener la banda de 2.5 Gigahertz junta

Es falso que se deba dividir los 190 Megahertz del espectro de 2.5 Gigahertz entre siete operadores para poder ofrecer servicios de banda ancha móvil, dijo José Antonio Abad, director general del proyecto Banda Ancha Móvil para Todos.

Lo anterior debido a que el Gobierno federal mencionó que esa cantidad de espectro en mucho para una sola firma.

Durante la presentación de este nuevo proyecto, Abad comentó que con la creación del consorcio, conformado por cinco operadores, entre los que se encuentra ya MVS, Alestra, Clean Wire e Intel, se garantizaría que no habría concentración del mercado y se daría paso a la competencia.

“Con cinco operadores se garantizaría que ese espectro no estará en manos de uno solo, que no habrá mayoría del espectro en una sola empresa y que se tomarán las decisiones por consenso”, dijo el directivo.

Además expresó que con este consorcio se lograría mantener la banda de 2.5 Gigahertz junta y se eliminaría la preocupación de que haya una dominancia de una sola compañía.

Por otra parte, explicó que contarán con un operador independiente a los otros cinco que diseñaría operaría y construiría la red.

“Hemos decidido traer, una compañía internacional como Ericsson, Nokia o Huawei y ZTE, que tendrá dos funciones, una garantizar transparencia, equidad y calidad de los servicios a los clientes y otra como fiduciario ante el Gobierno federal”, expresó Abad.

Por otra parte, el director general del proyecto, recordó que llevan 4 años en pláticas con instancias gubernamentales para echar a andar el proyecto, pero a pesar de contar con una opinión pro competencia y pro competitividad por parte de la Comisión Federal de Competencia, no han tenido respuesta del Gobierno

Presentan el Manual de autoprotección para periodistas

“En este país matar a un periodista es bien barato”, refirió el periodista Andrés Solís Álvarez, durante la presentación del Manual de autoprotección para periodistas, en el cual propone desde algunas medidas preventivas durante la cobertura de notas informativas hasta cómo actuar en caso de secuestro o proteger datos personales.

En la presentación del libro compuesto por un centenar de páginas y autofinanciado, Solís Álvarez cuestinó la ausencia de justicia, pues las cifras de agresiones contra periodistas siguen a la alza, lo que coloca a México entre los países con mayor número de ataques contra reporteros, sin embargo, hasta el momento no se ha señalado ni sancionado a ningún responsable.

“En los últimos años, del 2004 a la fecha, han sido asesinados alrededor de 80 periodistas y nadie está en la cárcel, 12 colegas están desaparecidos desde el 2004 y nadie está en la carcél, 25 medios de comunicación de este país han sido víctimas de agresiones directas con granadas o ráfagas de armas, apenas la semana pasada le pasó al periódico El Sur de Guerrero, y nadie está en la cárcel”.

Y agregó: “está documentado en informes publicados por Artículo 19, Cencos, Reporteros Sin Fronteras, todas estas organizaciones que defienden los intereses de la prensa, y efectivamente siete de cada 10 agresiones vienen de una autoridad, y de estas siete, el 70 por ciento de las agresiones vienen de una autoridad municipal, ya sea policías o funcionarios de ayuntamiento. Claro, el crimen organizado es el que asesina a los periodistas, pero los periodistas que han sido asesinados o desaparecidos fue porque investigaban cuestiones del crimen organizado con la autoridad. Al final de cuentas es la autoridad la que mata, entonces esto aumenta la impunidad, porque una autoridad no puede actuar contra otra autoridad”.

Solís Álvarez indicó que este manual ayudará a tomar conciencia de cuestiones básicas de riesgo que siempre son ignoradas, ya que un reportero no asume la responsabilidad de protegerse de posibles agresiones, secuestros y atentados, aunque a esto se suma el papel de las empresas de comunicación y su falta de compromiso para proteger al gremio, razón por la cual consideró urgente tomar medidas de autoprotección entre reporteros y fotógrafos, además de defender la cláusula de conciencia.

Cómo engulló Televisa a Cablemás en tres bocados

Enrique Galván Ochoa

La fusión de Televisa y Cablemás anunciada el pasado fin de semana nuevamente destapa la compleja red de relaciones de la empresa de Emilio III y autoridades diversas, en este caso con la Comisión Federal de Competencia. Se supone que la autorización para que la operación se lleve a cabo tiene fundamento en el hecho de que Televisa ha cumplido una serie de condiciones que impuso la comisión. Hay tres fechas decisivas: 1) En julio de 2007 la comisión impidió la concentración de Televisa y Cablemás, y advirtió que para cambiar su decisión la televisora del grupo Azcárraga debería permitir el acceso a sus contenidos y redes a todas las empresas de televisión abierta y cerrada que lo solicitaran, sin discriminación ni condicionamiento alguno y en un plazo máximo de 90 días. 2) En mayo del año siguiente ya permitió a Televisa la adquisición de 49 por ciento de Cablemás, tras determinar que había cumplido con las condiciones. 3) En marzo del año en curso trascendió un acuerdo por el cual podría adquirir las acciones restantes. La operación consiste en el incremento en el capital social de Cablemás por parte de Grupo Televisa y posteriormente, la fusión entre Grupo Televisa en su carácter de fusionante, con Cablemás como fusionada, dice un documento de Cofeco. ¿Ha cumplido Televisa sus compromisos? Pondré un caso: quiere cobrar 2 dólares mensuales por suscriptor para suministrar la señal de sus canales abiertos, una cuota totalmente disparatada. La empresa Dish, del grupo Joaquín Vargas, por ejemplo, tiene más de 2 millones de suscriptores; debería pagar alrededor de 4 millones de dólares. ¿Ignoran el presidente de la comisión, Eduardo Pérez Motta, y los demás miembros del organismo, que Televisa está violando las obligaciones que contrajo? Desde luego que no. Pero se ha convertido en una entidad no regulable, funciona de acuerdo al código de sus propios intereses. Entonces salen sobrando los discursos, las declaraciones, los foros, la realidad es otra.

Surge consorcio que ofrecerá internet móvil

MVS formó un consorcio con Alestra, Clearwire e Intel para ofrecer el servicio de banda ancha con conexiones hasta 20 veces más rápidas a precios 50% más bajos

Ante la indefinición del gobierno federal para que MVS use el espectro asignado en la banda de 2.5 GHz para ofrecer servicios de banda ancha móvil, esta empresa formó un consorcio con Alestra, Clearwire e Intel, para el despliegue de una red de cuarta generación (4G) que permitirá ofrecer conexiones hasta 20 veces más rápidas que las existentes en el mercado y precios 50% más bajos, anticipó Joaquín Vargas.

Los reacomodos de la industria

Cuando el maestro Miguel Ángel Granados Chapa dio a conocer el 23 de enero la inminente adquisición de Iusacell por parte de Televisa, la reacción en contra del columnista y del periódico en el que escribe fue en general muy dura. En aquella ocasión las empresas aludidas marcaron sus distancias e incluso mencionaron que mantenían “varias diferencias como competidores”.

El periodista reconoció que fue un error, pero siempre prevalecieron dudas. Es evidente que, entonces, la filtración logró generar un alto impacto en el sector y que no fue una revelación ingenua porque pudo haber tenido como propósito abortar una operación que quizás avanzaba, bajo el escenario de confrontación pública entre Grupo Televisa y Grupo Salinas por la ya afamada licitación 21.

MVS propone, ¿el gobierno dispone?

Otro tema ha escapado del “control” de las autoridades y se sumará a la larga lista de pendientes del sector de las telecomunicaciones; otro asunto más que se someterá al escrutinio público y se debatirá en los medios de comunicación: las concesiones vencidas de MVS y el proyecto para la utilización de la banda de 2.5 GHz que el día de hoy dará a conocer dicha empresa.

El grupo MVS cuenta con 60 títulos de concesión que le permiten prestar servicios de voz, datos y video en gran parte del territorio nacional en la banda de 2.5 Ghz, con un ancho de banda de 190 MHz. En 2005, 20 de estos títulos se vencieron (12% de las frecuencias concesionadas), y el resto se vencerán entre 2018 y 2020. A la fecha, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), no ha resuelto en definitiva si prorrogar o no los títulos de concesión vencidos, pero han mantenido contacto con MVS para revisar el tema.

MVS ofrecerá con aliados red 4G, 20 veces más rápida

El costo será 50% menor que los paquetes del mercado, asegura

Ante la indefinición del gobierno federal para que MVS use el espectro asignado en la banda de 2.5 GHz para ofrecer servicios de banda ancha móvil, esta empresa formó un consorcio con Alestra, Clearwire e Intel, para el despliegue de una red de cuarta generación (4G) que permitirá ofrecer conexiones hasta 20 veces más rápidas que las existentes en el mercado y precios 50% más bajos, anticipó Joaquín Vargas.

Durante una reunión de trabajo con colaboradores de esta casa editorial, el presidente de MVS, dijo que se trata de una inversión de alrededor de mil millones de dólares entre los operadores participantes, y será una red abierta que podrá usar cualquier empresa que tenga autorización del gobierno para ofrecer servicios de banda ancha móvil.

Ratifica TEPJF multa de IFE por 113.5 mdp a Tv Azteca

La Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó por unanimidad las multas impuestas por el Instituto Federal Electoral (IFE) a Televisión Azteca en los estados de Chihuahua, Yucatán, Durango, Puebla y Zacatecas.

El monto total de las sanciones asciende a casi 113.5 millones de pesos por la omisión en la transmisión de diversos promocionales de partidos políticos y autoridades electorales durante los procesos electorales en dichos estados.

 

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