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IFE y televisoras

José Woldenberg
19 febrero 09
Grupo Reforma

Cuando las televisoras interrumpieron varios eventos deportivos para transmitir los anuncios del IFE y los partidos políticos manipularon la propaganda electoral para generar entre el auditorio un rechazo hacia esas entidades. Cuando colocaron cortinillas al principio y al final de esos mensajes distorsionaron su sentido original con la intención de predisponer en contra al auditorio. Cuando construyeron un “tamal” de tres minutos en el que se sucedían uno tras otro mensajes de partidos diferentes y de las autoridades electorales alteraron la idea de la propaganda, con lo cual se pretendía mostrar lo absurdo de las nuevas reglas electorales. Cuando se “encadenaron” y en todos y cada uno de los canales de Televisa y TV Azteca transmitieron a la misma hora dichos anuncios maniobraron para hacer odiosa la reforma de 2007.

Esos hechos, del tamaño de una Catedral, eran lo que pretendía sancionar el proyecto que el secretario ejecutivo del IFE presentó al Consejo General el viernes 13 de febrero. Su consistencia legal puede ser juzgada por cualquiera. Dice el artículo 350 del Cofipe: “Constituyen infracciones al presente Código de los concesionarios o permisionarios de radio y televisión: … d) la manipulación o superposición de la propaganda electoral o los programas de los partidos políticos con el fin de alterar o distorsionar su sentido original o denigrar a las instituciones, a los propios partidos…”.

No obstante, ello no sucedió porque cinco consejeros decidieron sobreseer el caso. No importó que el propio IFE hubiese iniciado el procedimiento, que el consejero presidente llamara a concluir con una obligación establecida en la ley, que todo mundo fuera testigo de las infracciones cometidas, la firma de un convenio entre la CIRT y el IFE que, en buena hora, abre la posibilidad de regularizar el comportamiento de las televisoras, fue utilizado como argumento para cerrar el “juicio” y cancelar cualquier eventual sanción.

(Lo único que fue sancionado fue la conducta de TV Azteca que insertó en su señal para Sky propaganda propia, violando el artículo 75 del Cofipe que dice: “Las señales radiodifundidas que se incluyan en los servicios de televisión restringida, deberán incluir, sin alteración alguna, los mensajes de los partidos políticos y las autoridades electorales…”.).

El episodio es revelador y preocupa por varias razones. Algunos partidos, corresponsables de la reforma de 2007, han guardado un silencio estridente. Y el propio gobierno navega como si el asunto le resultara ajeno y lejano. Da la impresión que les sucede aquello que le pasa a los boxeadores que reciben un castigo sistemático a la región hepática, que poco a poco van perdiendo vigor y de repente, con un golpe menor, se desploman como si su columna vertebral fuera un castillo de naipes. Amedrentados ante la fuerza de las televisoras proyectan la imagen de que ya se preparan para “rectificar”, luego de las elecciones, la reforma que en su momento aprobaron. Por supuesto que toda modificación legal debe ser probada, evaluada y a su vez ajustada. Ello es parte del sentido común. Pero lo que no se debe hacer es dejar de aplicar la legislación vigente.

Por otro lado, el episodio devela otra realidad preocupante: la inversión radical de las relaciones entre (algunos) poderes fácticos y los constitucionales o si se quiere entre los poderes privados y el poder público.

No se descubre nada al afirmar que durante décadas el poder público subordinó a organizaciones sociales, medios de comunicación, asociaciones civiles, etcétera. La pirámide autoritaria, en cuya cúspide se situaba el Presidente, se edificó con muy variados nutrientes: una ideología revolucionaria omniabarcante, conductos de acuerdo y negociación corporativos, crecimiento económico sostenido, pero exclusión e incluso persecución de voces disidentes. El representante de la nación era uno -el Presidente- y a él debía estar subordinada “la fauna de acompañamiento”. En ese espacio, los medios de comunicación eran, en lo fundamental, correas de transmisión de los dichos, hechos, apetitos y ocurrencias del poder público.

Por fortuna, México ha vivido un proceso democratizador nada despreciable. Bastaría observar lo que eran las elecciones, los partidos, el mundo de la representación, la relación entre los poderes constitucionales, el ejercicio de los derechos políticos, los márgenes de libertad, hace apenas 30 años y lo que son hoy, para constatar ese profundo y venturoso cambio. Y los medios fueron usufructuarios y motores de esas transformaciones. Todo ello en buena hora.

Hoy que en el terreno de los poderes constitucionales vivimos un cierto equilibrio, que en el escenario no existe una sola voz ordenadora de la política, que se reproduce el pluralismo en los más diversos ámbitos, emergen poderes fácticos que deben ser regulados para evitar que se conviertan en los nuevos déspotas de la vida pública. Es el caso de los grandes medios. Por su capacidad de influencia, su fuerza económica, su ramificación en toda la República pueden contribuir al asentamiento de relaciones democráticas o desbordarse y querer imponer sus muy particulares intereses.

Si en el pasado vivieron subordinados, ello no debe volver a ocurrir. Pero en el presente no deben pretender subordinar a los poderes constitucionales. Y lo único con lo que se cuenta para contenerlos es la ley y el ejercicio de la autoridad legítima. Por ello el episodio del viernes pasado es tan lamentable.

De último momento: tanto el PRD como el PT han interpuesto recursos de apelación ante el Tribunal Electoral para reparar la omisión del IFE. Son buenas noticias.

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